Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Ampolla el detalle de los gastos presupuestarios destinados a actos taurinos entre 2013 y 2024. La reclamante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información a la interesada durante la tramitación del expediente.
Un representante del PAS solicitó a la Universidad de Barcelona (UB) diversa documentación sobre sus Servicios Jurídicos y Convenis. Tras alegar la UB la inexistencia de algunos documentos y la complejidad técnica de otros, la GAIP resuelve finalizar el proceso por pérdida parcial de objeto (información inexistente o ya facilitada) y desestimar el resto por acreditarse que su obtención supondría una tasca compleja.
La AEMPS/MINISTERIO DE SANIDAD denegó el acceso a un registro detallado de solicitudes de licencias para cultivo de cannabis con fines médicos (2010-2024), alegando confidencialidad y necesidad de reelaboración. La reclamante argumentó que la información no era personal y que la extracción de datos dispersos no era reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la extracción manual de datos de numerosos expedientes dispersos constituye una reelaboración inadmisible.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Lebrija información sobre los controles administrativos para licencias en el ámbito del PEPCH y la certificación del incremento de edificabilidad consumido. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: obliga a detallar los controles efectivos (no basta con un enlace genérico) y desestima la certificación por requerir reelaboración.
Un solicitante pidió a RENFE-Operadora información detallada sobre sus gastos y personal en FITUR 2024. RENFE denegó la mayoría por requerir reelaboración y no ser información pública, pero facilitó un convenio con costes generales. El reclamante apeló al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), alegando arbitrariedad. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la información ya proporcionada era suficiente y que el resto implicaría una reelaboración desproporcionada y la creación de un informe ad hoc, fuera del alcance de la Ley de Transparencia.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pamplona la relación de artículos y normas que regulan sus competencias en recaudación de tributos, multas y embargos. El solicitante alegó que no era una consulta jurídica sino una petición de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación por considerar que se trataba de una consulta jurídica sobre el funcionamiento administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Defensa estadísticas y retribuciones básicas del personal laboral sin convenio en el exterior, anonimizadas con el código RPT. El Ministerio proporcionó la información incompleta. El reclamante alegó que el formato no permitía la fiscalización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que la reelaboración no está justificada y que la información ya fue reconocida en una resolución previa.
El interesado solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM copia de todos los informes de la Intervención General sobre contratos menores, licitaciones y subvenciones desde 2019. La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva, requerir reelaboración y afectar al secreto profesional. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
D.ª XXX solicitó al Ayuntamiento de Salamanca un listado detallado de vehículos adquiridos o contratados entre 2006 y 2013. El Ayuntamiento estimó la solicitud parcialmente alegando que el resto requería reelaboración de información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar todos los datos solicitados.
El sindicato CSIF solicitó a Mutua Universal facturas y matrículas de servicios de taxi de enero y febrero de 2024 para un expediente de transporte no sanitario en Asturias. La Mutua entregó información parcial. El reclamante alegó que faltaban datos clave para verificar el cumplimiento de los pliegos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las productividades y gratificaciones de su personal en 2023, desglosadas individualmente y en formato editable. El Ministerio denegó las gratificaciones y entregó las productividades en papel. El reclamante alegó que la denegación era infundada y el formato incorrecto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de ambas informaciones, con nombres y apellidos, en formato editable, al considerar que prevalece el derecho de acceso y la justificación de reelaboración no es válida.
El reclamante solicitó a la AECID información detallada sobre gastos de eventos, proyectos, salarios y gestión en sus centros culturales y actividades en el extranjero. La AECID inadmitió parcialmente las solicitudes alegando que la información estaba en elaboración, requería reelaboración o era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo de las solicitudes por su elevado número, frecuencia y heterogeneidad, que colapsaban el funcionamiento del organismo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes información sobre expedientes sancionadores, actas de inspección y falta de pago de tasas de terrazas (2019-2024). El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los listados solicitados y declarando la pérdida parcial del objeto por la información ya entregada.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Lleida datos sobre altas en el padró municipal y el cumplimiento de los plazos del protocolo municipal. Tras alegar la falta de respuesta y la dificultad técnica del Ayuntamiento para extraer los datos, la GAIP decidió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la administración facilitó la información durante la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes información sobre expedientes sancionadores, actas de inspección y falta de pago de tasas de terrazas (2019-2024). El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar los listados solicitados, ya que la alegación de 'carga excesiva de trabajo' no estaba motivada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes información sobre expedientes sancionadores, actas de inspección y falta de pago de tasas de terrazas (2019-2024). El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar los listados solicitados, mientras que parte del objeto se dio por perdido al haber sido entregada la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Illescas la personación en expedientes urbanísticos y acceso a la documentación asociada. El reclamante alegó vulneración del derecho de acceso y legitimación por acción pública. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha inadmitió la reclamación porque el interesado interpuso previamente un recurso de reposición.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior (DGT) datos de empleados públicos en comisión de servicios, adscripción provisional o atribución temporal (2020-2023). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando "reelaboración". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información está digitalizada y centralizada, y la causa de inadmisión por reelaboración debe interpretarse restrictivamente.
Un solicitante pidió al Parque Móvil del Estado (PMEOA) listas nominales de conductores que solicitaron participar y de todo el personal (conductores y no conductores) que participó en cada acto de la Presidencia Española de la UE 2023. El PMEOA concedió parcialmente, alegando inviabilidad técnica y desproporción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación, ordenando al PMEOA entregar la lista nominal de todo el personal participante por evento, al considerar injustificadas las causas de inadmisión por reelaboración y protección de datos.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los nombres, apellidos y otros datos laborales de funcionarios interinos del INSS y sus oficinas. El Ministerio denegó los datos identificativos alegando protección de datos. El reclamante alegó que son datos meramente identificativos y que, como representante sindical, tiene derecho a la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos solicitados.
Se solicitó al Ministerio de Derechos Sociales el número de funcionarios que cambiaron de ministerio y los que obtuvieron informes desfavorables para traslados. El Ministerio denegó la segunda parte alegando que la información no estaba sistematizada y requeriría "elaboración". El reclamante alegó que otros ministerios sí proporcionaron datos similares. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ministerio entregar la información denegada, al considerar que la alegación de "elaboración" no justifica la inadmisión.
La Sección Sindical de CGT en Zaragoza solicitó al Ministerio del Interior datos nominales de productividad e incentivos de funcionarios de Tráfico en 2023. El Ministerio inadmitió la solicitud por supuesta reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que no hay reelaboración y que, al ser el solicitante un representante sindical, prevalece el derecho de acceso a la información sobre las retribuciones variables, sin necesidad de anonimización ni audiencia a los afectados.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre el viaje del ministro a México en febrero de 2019, incluyendo acompañantes, desglose de gastos y medios de transporte. El Ministerio concedió parcialmente la información, denegando los medios de transporte por requerir reelaboración. La reclamante alegó que era recopilación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse facilitado la información durante el proceso de reclamación, pero fuera del plazo legal inicial.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos identificativos de empleados públicos en comisiones de servicio, adscripciones provisionales o atribuciones temporales de funciones (2020-2023). El Ministerio denegó los datos identificativos alegando protección de datos y reelaboración. El reclamante, un representante sindical, recurrió. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que son datos meramente identificativos de acceso general (Art. 15.2 LTAIBG) y que la condición sindical del solicitante refuerza su derecho.
Una delegada sindical solicitó al Parque Móvil del Estado los nombres de conductores y sus días de trabajo en servicios de la Presidencia de la UE (jul-dic 2023). El Ministerio concedió los nombres pero denegó los días alegando reelaboración y protección de datos. La reclamante alegó ocultamiento y discriminación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de los días, al considerar que no requiere reelaboración compleja ni vulnera datos personales.
Un miembro del Comité de Empresa del Ministerio de Hacienda solicitó al Parque Móvil del Estado información detallada sobre los servicios (ordinarios y extraordinarios, con fechas y horas) realizados por cada conductor entre julio y diciembre de 2023. El PME inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. El reclamante alegó que la información existía digitalmente y era necesaria para su función de representación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud implicaba una reelaboración compleja que afectaría el funcionamiento ordinario del organismo.
El reclamante solicitó a la AEPD información sobre reclamaciones y resoluciones relativas a prácticas de sitios web que condicionan el acceso a cookies o pago. Ante la falta de respuesta inicial y posterior inadmisión por "reelaboración", el solicitante reclamó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación, confirmando la inadmisión, al considerar que la información, aunque no requiere una reelaboración excesiva, ya está disponible públicamente y la solicitud equivale a pedir un informe ad hoc.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre las manifestaciones del sector primario y transporte de febrero de 2024, incluyendo despliegue policial, cargas, detenciones y protocolos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando información auxiliar y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, excluyendo peticiones de explicaciones y ordenando al Ministerio entregar parte de la información solicitada, al considerar insuficientes sus justificaciones de inadmisión.
Una representante del Comité de Empresa solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de sus conductores (fechas y horas) del segundo semestre de 2022. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja de la información no prevista en la ley.
Un delegado sindical solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de sus conductores (enero-junio 2023). El solicitante alegó que los datos son digitales y no requieren reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que generar dicho informe ad hoc supone una reelaboración previa (art. 18.1.c LTAIBG).
Un miembro del Comité de Empresa solicitó al Parque Móvil del Estado (PME) el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de cada conductor (fechas y horas) del primer semestre de 2022. El solicitante alegó que la información es explotable digitalmente y necesaria para vigilar el cumplimiento laboral. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir una reelaboración compleja.
Un ciudadano solicitó a AENA los anuncios de adjudicación de contratos de obra SARA (2009-2015) para una tesis doctoral. AENA denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo por interés privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a AENA a entregar la información por no acreditarse dichas causas.
El solicitante pidió a SELAE detalles sobre premios en custodia, aclaraciones sobre un premio específico de 2018 y el proceso de reclamación de premios. Tras una respuesta parcial, el reclamante alegó falta de transparencia y contradicciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a SELAE a aclarar la incoherencia sobre el premio de 2018.
Se solicitó al CHUIMI información sobre evaluaciones de riesgos en quirófanos y urgencias desde 2012, incluyendo contratos y coordinadores. El solicitante alegó que la entidad debía facilitar los datos disponibles en lugar de denegarlos todos por requerir reelaboración. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que ya se entregó la información existente.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria y Turismo el importe de la inversión publicitaria de ENISA en 2023, las empresas beneficiarias y las cantidades recibidas. El Ministerio remitió al Portal de Contratación del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque dicha plataforma solo muestra agencias adjudicatarias y no los medios de comunicación destinatarios finales.
El solicitante pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) copia de los expedientes de jueces nombrados en 1994. El CGPJ denegó el acceso alegando complejidad en la reelaboración. El interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que inadmitió la reclamación por falta de competencia, ya que contra los actos del CGPJ solo cabe recurso judicial.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León datos detallados sobre expedientes sancionadores de empleados públicos de los últimos 10 años. Tras dos inadmisiones administrativas, la interesada reclamó ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, que desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre resoluciones de compatibilidad de diversos facultativos. El reclamante alegó que la denegación basada en la necesidad de reelaboración era un argumento genérico. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias desestimó la reclamación al considerar que la información ya es pública vía web y que el derecho de acceso no obliga a crear información nueva.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre el personal médico sin especialidad MIR, incluyendo distribución, edad y tipo de contrato. El reclamante alegó falta de respuesta y denegaciones indebidas. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias desestima parcialmente las reclamaciones, estimando solo aquella donde hubo silencio administrativo.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior la identificación y criterios de selección de interinos de la DGT (2020-2023). El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no justificarse dicha reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el número de solicitudes de prácticas en servicios centrales y exteriores (2018-2024). Tras una denegación parcial basada en la necesidad de reelaborar datos, la solicitante acotó su petición. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio acabó facilitando la información tras la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes datos detallados y desagregados sobre rectificaciones registrales de sexo. Alegó que la información parcial recibida era insuficiente para su tesis doctoral. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque obtener los datos dispersos requeriría una compleja reelaboración.
Un concejal del PP solicitó al Ayuntamiento de Pulianas el alta en el gestor documental para acceder a todos los expedientes y el desglose de actas con sus peticiones de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó el acceso general a expedientes por riesgo a vulnerar datos personales, pero estimó la entrega de las actas al no acreditarse una reelaboración excesiva.
Un representante sindical solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) las Descripciones de Lugares de Trabajo (DLT). El ICS inadmitió la petición alegando carácter abusivo y complejidad por el volumen de plazas. La GAIP estima la reclamación porque la DLT se refiere a tipos de puestos y no a plazas individuales, y el solicitante tiene un derecho de acceso reforzado por su función sindical.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans el avantproyecto de un complejo deportivo con piscina. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era un borrador interno sin interés público. La GAIP estima la reclamación al considerar que el documento es un producto finalizado, recepcionado y abonado derivado de un contrato con una empresa externa.
El ciudadano solicitó a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat el acceso a toda la documentación de las instalaciones náutico-deportivas de la Goleta de Oliva. Tras alegar la administración que la solicitud era genérica y que la información estaba en preparación, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por reconocer el derecho de acceso a dicha información pública.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat las actas de las comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospitales públicos y la actualización de protocolos clínicos. Tras la denegación basada en confidencialidad y reiteración, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas pero denegando la actualización de protocolos por requerir reelaboración.
El reclamante solicitó detalles sobre dos aportaciones económicas a fundaciones riojanas (desglose de uso y justificación). La administración alegó que una era una transferencia nominativa sin actividades singularizadas y que en la otra el plazo de justificación no había vencido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información fue entregada correctamente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Carboneras información sobre retribuciones brutas de cargos y empleados, pagos del Fondo de Acción Social e informes de habilitados nacionales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando publicidad activa y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por considerar que la información publicada no responde a lo solicitado.
Un periodista solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre protocolos de rescate de inmigrantes y subvenciones a países africanos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir los puntos estadísticos a SASEMAR.
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