Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Departament d’Interior i Seguretat Pública una relación detallada de establecimientos con reservats donde los Mossos d’Esquadra realizaran actuaciones desde 2010. El reclamante alegó disconformidad con una estimación parcial previa. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Lucena el número de denuncias por perros sueltos, campañas de identificación animal y sanciones por falta de identificación en los últimos 4 años. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Lucena el número de sanciones a propietarios de gatos no microchipados ni esterilizados (oct 2023 - nov 2024). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Almería el detalle de sanciones por incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza (2023-2024). El Ayuntamiento denegó inicialmente alegando que no existía un informe compilado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía termina el procedimiento por desaparición del objeto, ya que la entidad facilitó la información disponible durante la tramitación.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Salud el informe utilizado por la Consejera para su intervención parlamentaria del 14/11/2024 y datos actualizados de listas de espera. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe por ser un documento existente y no una reelaboración de datos.
La reclamante solicitó información sobre la Relación de Puestos de Trabajo y gestión de personal al Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ministerio inadmitió las solicitudes alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que el volumen e intensidad de las peticiones constituyen un abuso de derecho.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Santa Brígida un certificado de no invasión del dominio público y datos técnicos de una parcela. Ante el silencio administrativo, reclamó ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Comisionado declara la terminación del procedimiento ya que el Ayuntamiento finalmente respondió inadmitiendo la solicitud.
El Consejo de Transparencia desestimó las reclamaciones contra el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Las solicitudes pedían información detallada sobre cambios en la RPT y datos de personal diplomático. La decisión se basó en que las solicitudes eran abusivas y desproporcionadas, conforme al artículo 18.1.e) LTAIBG, debido a su elevado número, volumen y la carga que suponían para la administración.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información detallada sobre un viaje del ministro a Brasil (fechas, costes, comitiva, acuerdos y regalos). Inicialmente sin respuesta, el Ministerio contestó durante la tramitación de la reclamación, proporcionando parte de la información. Ante esto, el solicitante desistió de su reclamación, lo que llevó al Consejo de Transparencia a archivar el expediente.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Boecillo el desglose de gastos taurinos de las fiestas de julio y septiembre de 2022. Ante la denegación presunta, reclamó. El Ayuntamiento alegó necesidad de reelaboración y carácter abusivo. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, rechazando los argumentos del Ayuntamiento y ordenando que se concrete el año con el solicitante o se entregue la información de 2022.
El reclamante solicitó información sobre licencias y normativa urbanística para una vivienda prefabricada al Ayuntamiento de Pineda de Mar. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a la información sobre el tipo de licencia, pero inadmite las peticiones por ser consultas urbanísticas.
El reclamante solicitó los horarios de los profesores de un instituto para cinco cursos escolares al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. La administración denegó la información alegando una excesiva carga de trabajo por el volumen y la necesidad de anonimizar datos. La GAIP estimó la reclamación, indicando que el volumen no justifica la inadmisibilidad.
El solicitante pidió a la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació datos estadísticos sobre la compatibilidad de complementos singulares docentes desde 2015. Tras una inadmisión inicial por requerir reelaboración, la administración rectificó y se comprometió a entregar la información. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y reconoce el derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre dietas, viajes y gastos protocolarios de diplomáticos en el exterior. Alegó que la respuesta fue insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, concluyendo que la solicitud requiere una labor de reelaboración compleja y excesiva para la administración, amparada en el art. 18.1.c.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el detalle de los gastos de representación de los presidentes de Renfe. RENFE inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración compleja y que era incongruente con la ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la tarea es mínima y la información es de interés público.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre dietas, viajes y gastos protocolarios de cónsules, embajadores y cancilleres españoles en el exterior. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implicaría una reelaboración compleja y dispersa de datos, lo cual no es exigible a la administración según el art. 18.1.c) LTAIBG y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Se solicitó al Ministerio de Transportes (RENFE) los gastos de representación de sus presidentes, desglosados por fecha, importe y lugar, para un periodo de 7 años. RENFE inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter incongruente/abusivo. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que la reelaboración requerida no era excesiva y que la solicitud no era abusiva, reforzado por precedentes de otros organismos.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el listado de dietas, viajes y gastos de diplomáticos desde 2018. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, aunque la solicitud no es abusiva, la recopilación de datos de 297 sedes constituye una labor de reelaboración compleja.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena acceso a actas y criterios de procesos selectivos. La administración alegó que la petición era repetitiva, información auxiliar y que vulneraba la tutela judicial y la protección de datos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación pero con la supresión de datos personales de los candidatos no seleccionados.
El interesado solicitó copia de los ejercicios de un proceso selectivo al Ayuntamiento de Torre Pacheco. Tras no recibir respuesta, presentó reclamación alegando silencio administrativo. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación al considerar acreditado que la información no está disponible debido a un ataque informático sufrido por el Ayuntamiento.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena actas, anexos, plantillas y criterios de corrección de procesos selectivos de personal. La APC denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información (actas, criterios) con supresión de datos personales de aspirantes no adjudicatarios, al considerar que prevalece el interés público en la transparencia de los procesos de selección sobre los límites invocados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado de dietas, viajes y gastos protocolarios de cónsules, embajadores y cancilleres españoles en el exterior desde 2018 a 2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud. La decisión se basó en que la información requería una compleja reelaboración, al estar dispersa en 297 representaciones diplomáticas, lo que excede la reelaboración básica.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública las respuestas de la Oficina de Conflictos de Intereses desde 2015. El organismo denegó el acceso alegando que requería una reelaboración excesiva y era una solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la tarea de filtrar criterios tras 10 años es una reelaboración compleja.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre incendios en el barrio de Ciudad de Los Ángeles (2015-2024). El reclamante alegó que la información es accesible y no vulnera la privacidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración desproporcionada de los datos y afectar al servicio público.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública copias de respuestas de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) sobre la interpretación de la Ley 53/1984 desde 2015. El Ministerio inadmitió la solicitud por reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la petición implicaría una reelaboración desproporcionada que paralizaría la gestión ordinaria de la OCI, conforme al art. 18.1.c) LTAIBG.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid el registro detallado de inspecciones higiénico-sanitarias en locales de restauración (2022-2023). El Ayuntamiento concedió acceso parcial, denegando datos específicos por requerir revisión manual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que la solicitud es desproporcionada y requiere reelaboración.
Un representante sindical solicitó documentación sobre una inspección de trabajo y respuestas sobre actuaciones inspectoras al Consorci d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya. La GAIP declara la pérdida parcial del objeto por haber recibido información previa y la inadmisibilidad de las preguntas que exceden el mero acceso a información.
Se solicitó a la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente datos estadísticos sobre matriculaciones de FP 2023/2024 por provincia. La entidad inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que la entidad no justificó la carga de trabajo ni realizó un esfuerzo razonable de búsqueda.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el desglose anual de reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2022-2024) según su estado. El Ministerio denegó la información alegando la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al no haberse dado una respuesta completa en plazo.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Gallegos de Argañán los contratos laborales de D. XXX de la última legislatura. El Ayuntamiento denegó la petición alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración, información auxiliar y requerimiento de consentimiento. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, rechazando los motivos de denegación del Ayuntamiento, pero ordena retrotraer el procedimiento para dar audiencia al afectado (D. XXX) antes de decidir sobre la entrega de la información.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el número de reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial de la Administración de Justicia entre 2022 y 2024, desglosadas por estado (estimadas, desestimadas, en tramitación). El Ministerio denegó parte de la solicitud alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al haberse proporcionado la justificación completa de la inadmisión de forma tardía.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda el desglose de los años por los que se aplica la retención de la PTE a determinados ayuntamientos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que su cumplimiento requeriría una labor de reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición exige un tratamiento complejo de datos y un informe ad hoc.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda ampliar la información sobre ayuntamientos con retenciones de entregas a cuenta por incumplimiento presupuestario, detallando los años de incumplimiento. El Consejo desestima la reclamación, confirmando la inadmisión del Ministerio, al considerar que la petición exige una reelaboración compleja de datos no justificada por el interés público en el formato solicitado, y que la información ya publicada es suficiente.
Se solicitó al SEM el registro anonimizado de servicios de ambulancias (2019-2024). El reclamante alegó recepción parcial e insuficiente de los datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la duración de llamadas, puntos de trayecto y motivos detallados, siempre que se apliquen técnicas de agregación para evitar la identificación de personas.
El reclamante solicitó información sobre una inspección de trabajo y documentos aportados por la Mancomunitat La Plana. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y procedimientos en curso. La GAIP desestima parcialmente (deniega copias de documentos por investigación en curso), estima parcialmente (concede responder si se entregó la documentación) e inadmite parte por no ser derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones facturas y detalles de desplazamientos de transporte de pacientes de FREMAP en Asturias. La Mutua denegó la información detallada alegando la necesidad de reelaboración y la protección de datos. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, indicando que la información detallada podría identificar a los pacientes.
El interesado solicitó a Renfe el coste, descargas y mantenimiento de su app móvil. La administración denegó el acceso alegando que requería reelaboración, era una consulta ad hoc e incumplía intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el coste y la empresa de mantenimiento, pero desestimando los datos de descargas por requerir reelaboración.
Una persona solicitó a la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía información sobre el responsable del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas, gestiones realizadas, datos estadísticos de otorgantes y datos sobre eutanasia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar mejor acceso a los datos estadísticos.
Un ciudadano solicitó a Renfe el coste de su app (desglosado por años y plataforma), el número de descargas e instalaciones, y la empresa de mantenimiento. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, requería reelaboración y afectaba intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a facilitar el coste total de la app y la empresa de mantenimiento, pero deniega los datos de descargas e instalaciones por requerir una reelaboración que excede el derecho de acceso.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Mutua FREMAP) acceso a facturas y detalles de desplazamientos de transporte de pacientes en Asturias. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de la información detallada (recorridos, horas, kilómetros, tickets) por riesgo de vulneración de datos personales de pacientes (art. 15 LTAIBG) y por requerir reelaboración manual (art. 18.1.c LTAIBG), considerando que la información ya entregada era suficiente para el control del gasto público.
El interesado solicitó a Renfe-Operadora el coste de su web desde 2014, empresas de diseño y mantenimiento, y número de caídas. La entidad inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración, carácter abusivo y protección de intereses comerciales. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el coste y las empresas, pero excluyendo las caídas por no ser un dato registrado.
El solicitante pidió detalles de facturación, trayectos y matrículas de un servicio de transporte de pacientes a Mutua Universal. La entidad denegó los detalles por protección de datos y alegó la inexistencia de matrículas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque los datos de trayecto podrían identificar a los pacientes y las matrículas no constan en los registros.
El solicitante pidió a Mutua Universal información sobre la licitación de transporte de pacientes en Asturias (facturas, trayectos y matrículas). La entidad denegó el detalle por protección de datos y por no disponer de las matrículas. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación por proteger la privacidad de los pacientes y la inexistencia de los datos de matrículas.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre sanciones de prohibición de entrada a estadios en 2023. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, pues la administración no cumplió los plazos legales de respuesta, a pesar de facilitar los datos posteriormente.
Un ciudadano solicitó a Renfe el coste anual de su web desde 2014, las empresas de diseño/mantenimiento y el número de caídas. Renfe inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a facilitar el coste y las empresas, al considerar que no implica reelaboración ni afecta intereses comerciales, pero desestima la petición sobre caídas al no ser un dato registrado.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre las sanciones de prohibición de entrada a estadios impuestas en 2023. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, aunque finalmente aportó la información durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó a Mutua Universal el detalle de facturas y desplazamientos (incluyendo matrículas y datos de recorrido) de un contrato de transporte no sanitario en Asturias. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la Mutua no dispone de matrículas ni tickets, y el detalle de desplazamientos contiene datos de salud de pacientes, protegidos por el art. 15 LTAIBG y RGPD, cuya anonimización implicaría reelaboración (art. 18 LTAIBG). Se considera que las facturas ya entregadas son información relevante para la fiscalización del gasto público.
Se solicitó a Mutua Universal información detallada sobre un contrato de transporte no sanitario (facturas, matrículas, recorridos, tiempos). El Consejo desestimó la reclamación porque las matrículas y tickets no obran en poder de la Mutua. El detalle de los desplazamientos se consideró dato personal de salud, protegido por el art. 15 LTAIBG y RGPD, y su reelaboración para anonimizarlo sería causa de inadmisión (art. 18 LTAIBG).
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes de la Policía Nacional que solicitaron autorizaciones de compatibilidad entre 2014 y 2024. La Dirección General de la Policía inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El CTBG estima la reclamación al considerar que se trata de una labor de reelaboración básica que no justifica la inadmisión.
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