Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
La Comissió Ciutadana de Drets Humans d'Espanya solicitó a la Conselleria de Sanitat datos sobre el uso de electroshocks (2019-2023). La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que la información es sencilla de facilitar y debe entregarse tal cual conste en los archivos.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Defensa información sobre especialidades, criterios de planificación de plazas y dosieres de funciones del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información existente ya fue facilitada, parte de lo solicitado no existía o requería reelaboración, y las alegaciones del reclamante eran valoraciones jurídicas que excedían el derecho de acceso a información pública preexistente.
Un ciudadano solicitó al INSS información sobre gasto estatal, ingresos por IRPF y pensión media/mediana por jubilación desde 2000. El INSS concedió parte de la información y denegó otra por requerir reelaboración, pero no entregó lo concedido. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el organismo no respetó el plazo legal para el acceso a la información.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos históricos (2007-2019) de tractores y maquinaria agrícola del registro ROMA en formato CSV para identificación unitaria. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión del Ministerio. La decisión se basó en que la petición implicaba una compleja reelaboración de datos, superando el tratamiento básico y justificando la aplicación del artículo 18.1.c) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los registros históricos de maquinaria agrícola del registro ROMA (2007-2019) en formato CSV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la labor de recopilación y sistematización solicitada excede la mera reelaboración básica.
Se solicitó al Ayuntamiento de Bilbao el listado de incidencias de centros escolares desde el año 2000 y el protocolo de gestión. Ante el silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información desde 2011 y el protocolo, al considerar que solo los datos anteriores a 2011 requerirían una reelaboración inviable.
El reclamante solicitó un inventario de captaciones y perforaciones en el Parc Natural del Montseny al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La administración alegó que no tenía un registro estructurado y que acceder a los expedientes físicos supondría una tarea compleja. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos digitales básicos, pero desestimó el acceso a los expedientes en papel.
Se solicitó al Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón una base de datos detallada y anonimizada sobre el Bono Alquiler Joven 2023. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación y da por finalizado el proceso ya que la Administración proporcionó los datos agregados disponibles y justificó la denegación parcial por requerir reelaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el texto consolidado de un Plan Parcial. La administración inadmitió la solicitud alegando que dicho texto no existía. El reclamante intentó reformular su petición en la reclamación para evitar la causa de inadmisión por reelaboración. El Comisionado de Transparencia de Canarias desestimó la reclamación por no permitirse modificar el objeto de la solicitud en esta vía.
El solicitante pidió a la Presidencia de la JCCM el expediente que autorizó un recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana. Tras alegar la falta de respuesta, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información reservada del proceso de toma de decisiones y requerir reelaboración previa.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre aportaciones estatales al transporte público en varias ciudades (1980-2023). El Ministerio concedió acceso parcial (1990-2020) e inadmitió el formato. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a acceder a la totalidad de la información solicitada en plazo, requiriendo la interposición de la reclamación.
El reclamante solicitó a la AEAT datos sobre infracciones (art. 203 LGT) entre 2014-2024, recaudación, recursos y gastos de notificación. La AEAT inadmitió la solicitud por requerir reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la información no está parametrizada y su extracción implicaría un esfuerzo desmesurado de reelaboración, justificando la inadmisión.
Un solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) información detallada sobre incidencias en líneas AVE en Cataluña (2019-2024), incluyendo tipos, causas y datos de indemnizaciones. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la petición implicaba la elaboración de un informe o base de datos a medida, lo cual no está cubierto por el derecho de acceso a la información pública según el artículo 18.1.c) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona los planes de estudio y la distribución de módulos del Institut Escola del Treball (2022-2023). La administración alegó que la información ya es pública y que no está obligada a realizar elaboraciones de tablas nuevas. La GAIP declara la pérdida parcial del objeto al entregarse parte de lo pedido y desestima el resto por no ser información pública.
Un ciudadano solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona un desglose detallado de las notificaciones de control horario de un centro educativo. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por el volumen y carácter reiterativo de las peticiones. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que el ejercicio del derecho era abusivo y carecía de interés público.
El reclamante solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona el cómput de ausencias del profesorado aplicando criterios de análisis propios. El Consorcio inadmitió la solicitud por considerar que constituye un abuso de derecho debido al volumen y carácter reiterativo de las peticiones. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el número de becarios que pagaron cotizaciones por prácticas no remuneradas (2021-23), meses y suma total. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir una reelaboración compleja de datos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que el Ministerio justificó suficientemente la imposibilidad de cruzar las bases de datos de afiliación y cobros, lo que excede una reelaboración básica.
Una particular, presidenta de la Junta local del PP, solicitó al Ayuntamiento de Hornachos listados de subvenciones (solicitadas, desestimadas y concedidas por la Junta de Extremadura) desde 2023. El Ayuntamiento desestimó la solicitud inicialmente. La reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente entregó la información.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre cantidades reclamadas y satisfechas por prisión indebida (2014-actualidad), desglosadas por casos y CCAA. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud. La razón es que la petición implicaría una reelaboración desproporcionada de 7.600 expedientes, afectando gravemente el funcionamiento del organismo, según el art. 18.1.c) LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad actas y acuerdos de órganos colegiados de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (2000-2020). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la anonimización de datos identificativos es improcedente y que la labor de localización y digitalización de actas no justifica la inadmisión por reelaboración de la información.
El interesado solicitó un listado detallado de infracciones sancionadas y procedimientos de inspección desde 2010 a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El reclamante impugnó la inadmisión de su solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración excesiva y compleja.
Un reclamante solicitó a la AEAT información sobre la actuación de Hacienda respecto a una empresa liquidada con una gran deuda, incluyendo su personación en el concurso, deuda recuperada e inspecciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, al considerar que la Ley de Transparencia es aplicable y que la información sobre una sociedad mercantil liquidada no afecta a la intimidad, instando a la AEAT a entregar parte de la información solicitada.
El ciudadano solicitó información sobre cámaras de videovigilancia en el Raval al Ayuntamiento de Barcelona. Tras la reclamación por falta de respuesta, la administración entregó la información (aunque de forma parcial y extemporánea). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad estadísticas de partos (vaginales, cesáreas, totales) por hospital, CCAA y provincia desde 2010 hasta 2023. El Ministerio inadmitió inicialmente la solicitud, pero luego proporcionó los datos tras la reclamación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que el Ministerio no respetó el plazo legal para entregar la información completa.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia desde 2022, incluyendo detalles por caso. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta, vulnerando el derecho del reclamante a obtener una contestación completa en tiempo.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz el número de expedientes sancionadores de 2023, incluyendo los de infracción del art. 75, con reducción del 40% y recurridos judicialmente. El Consejo de Transparencia archiva la reclamación porque la información ya fue concedida en una resolución anterior más amplia (R CTBG 413/2025), perdiendo la reclamación su objeto.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lebrija informes, certificados y la exigencia de un aval relacionado con obras urbanísticas. Tras no recibir respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo desestima la reclamación por inadmitirla, al considerar que lo solicitado no es información pública, sino peticiones de elaboración de informes y actos de gestión.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre la provisión temporal (comisión de servicios o adscripción provisional) de puestos de trabajo en dos concursos específicos de 2022/2023 y 2023. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y existencia de un procedimiento en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que no se requería una reelaboración compleja y que los concursos estaban concluidos, no siendo aplicable la causa de inadmisión.
El reclamante solicitó a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales el expediente de fijación de su complemento de puesto y los expedientes de revisión de complementos desde 2020. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el primer expediente por no acreditarse su notificación y desestima la segunda parte por ser una carga de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valencia expedientes sancionadores sobre contenedores de obras y expedientes del mandato de Ramón Isidro con fines investigativos. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por abusiva y requerir reelaboración. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar la solicitud como una "fishing expedition" genérica y no concretada.
Una sección sindical solicitó al Ayuntamiento de Dénia el listado de plazas de promoción interna con el requisito lingüístico de valenciano pendiente. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, rechazando el argumento de la administración sobre la necesidad de reelaboración de la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información sobre sobrecostes en obras de 2023-2024 y los motivos de un sobrecoste específico. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no proporcionó una respuesta completa en plazo, obligando al solicitante a reclamar para ver satisfecho su derecho, a pesar de que la información fue finalmente facilitada.
El reclamante solicitó a Renfe el número de quejas y sugerencias de Cercanías Málaga en 2023. Renfe denegó el acceso alegando información en elaboración, carga desproporcionada y perjuicio económico. El CTBG estima la reclamación, basándose en un precedente similar (R CTBG 451/2024) que ya desestimó los argumentos de Renfe, y considera que ha transcurrido tiempo suficiente para que la información de 2023 esté disponible.
El Consejo de Transparencia desestima la reclamación contra Correos por la denegación de información sobre propiedades ocupadas ilegalmente y gastos de litigios. Correos justificó la inadmisión alegando que la información estaba dispersa y requería una reelaboración significativa (Art. 18.1.c LTAIBG), lo cual fue validado por el Consejo, aunque se le recordó a Correos su tardanza en responder.
Concejal de Alpedrete solicitó registros de entrada/salida. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración por datos personales y falta de justificación funcional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, confirmando que el acceso indiscriminado vulnera la protección de datos y el requisito de pertinencia para el ejercicio de funciones.
El solicitante pidió a la Generalitat de Catalunya estadísticas de 30 años sobre mociones razonadas y denuncias contra superiores jerárquicos. Alegó que la denegación del ICS era injustificada por la baja cantidad de expedientes. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una tarea de elaboración compleja y desproporcionada.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias información ambiental sobre explotaciones ganaderas cerradas por ataques de lobo, número de ataques y medidas preventivas. Ante la falta de respuesta, el solicitante reclamó. La Consejería inadmitió la solicitud alegando que no podía determinar la causa de cierre. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta.
El interesado solicitó a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes el listado de viajes, dietas y gastos de los consejeros de Cultura desde 2017. La Consejería solo facilitó datos desde la creación de su actual estructura en 2023. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación porque la información previa requiere una labor de reelaboración.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes información sobre la obligatoriedad y el estado de los vallados de la autovía A-6. El organismo alegó inadmisión por reelaboración para la segunda parte de la petición. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación al considerar que la información está dispersa en diversas demarcaciones y requiere un informe complejo.
El reclamante solicitó al Registro Central de Personal un listado del personal eventual de la AGE desde 2020. El Ministerio de Industria y Turismo inadmitió la petición alegando la necesidad de una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la extracción de datos de bases estructuradas es una tarea estandarizada y no una reelaboración compleja.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la plantilla de soluciones de un examen de 2022 y una consulta técnica sobre una pregunta específica. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación, confirmando que la información requiere reelaboración y que la consulta no constituye información pública.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información sobre la obligación de vallado de la A6, su base legal, condiciones técnicas, y tramos vallados o afectados por falta de reparación. El Ministerio concedió acceso parcial, inadmitiendo la parte sobre tramos vallados por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información está dispersa y su recopilación excede una reelaboración básica (Art. 18.1.c LTAIBG).
Un ciudadano solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid un archivo reutilizable con datos detallados de prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. La UPM inadmitió la solicitud por requerir reelaboración y ser abusiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, validando que la petición excede los límites de la transparencia.
Una ciudadana solicitó a Metro de Madrid S.A. el listado de incidencias con tiempo igual o inferior a 20 minutos. La reclamante alegó que la necesidad de realizar operaciones informáticas no justifica limitar su derecho de acceso. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
Se solicitó al Ministerio del Interior una relación anonimizada de agentes de Policía Nacional fallecidos por suicidio (2000-2022) con desgloses detallados y las plantillas correspondientes. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos de suicidios sin el desglose por provincia para proteger la intimidad, y validó la remisión tardía de un enlace a datos de plantillas ya publicados.
El solicitante pidió registros de salida de Puertos del Estado (2018-2024) en un formato Excel detallado y copias en PDF. La administración alegó que ello requería una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la petición implica la creación de un informe ad hoc con datos complejos, lo cual no es exigible por la ley.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó al Ministerio del Interior datos comparativos de las valoraciones de riesgo del sistema Viogen desde 2007. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la extracción de los datos requiere una programación compleja y un análisis que constituye una labor de elaboración de informe no exigible.
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