Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Madrid copias de comunicaciones profesionales (WhatsApp, emails), protocolos de gestión de residencias de ancianos durante la pandemia y el periodo de competencias de la Comunidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, denegando las comunicaciones privadas pero obligando a facilitar los protocolos.
Se solicitó información sobre gestión de colonias felinas y protección animal al Ajuntament de L'Estany. La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea compleja por la dispersión de datos. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, al considerar que la solicitud es concreta y no requiere una carga de trabajo desproporcionada.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Alfarrasí información sobre la contratación y facturas del community manager y redes sociales desde junio de 2023 hasta junio de 2024. El Ayuntamiento alegó falta de medios y complejidad de la solicitud. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso solo al periodo de enero a junio de 2024.
Un delegado sindical solicitó al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló información sobre aplanamientos judiciales desde 2020. El organismo inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (facturas, informes de morosidad, personal, métricas, gastos de eventos y planes de colonias felinas). Ante la falta de respuesta o respuestas insuficientes, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el trámite, facilitar información o notificar respuestas.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Pedrezuela el desglose de las propuestas de gasto de cada concejal de septiembre de 2024. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración de información y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación al considerar que no hubo motivación suficiente para la denegación.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Pedrezuela la factura de una comida con personal municipal previa a las fiestas locales. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y falta de expediente concreto. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena dar acceso a la factura si fue abonada con fondos públicos.
Un particular solicitó a la Generalitat de Catalunya listados detallados de todos los procesos de estabilización (231 procesos) de diversos cuerpos. La administración inadmitió la solicitud y el ciudadano reclamó ante la GAIP. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es genérica, implica una carga de trabajo desproporcionada e inasumible y requiere un tratamiento complejo de datos personales.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre la declaración de "Valencia Capital Verde Europea 2024" como acontecimiento de excepcional interés público, sus mecanismos de aprobación legal, informes asociados y la respuesta a una carta del Ministerio de Transición Ecológica. El Consejo desestimó la reclamación porque la información solicitada no era preexistente ni constituía información pública según el artículo 13 LTAIBG, rechazando la extemporaneidad alegada por el Ministerio.
El CSIF solicitó al Ministerio del Interior nombres y datos de funcionarios de prisiones con complemento de productividad coyuntural en 2024. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la identificación de perceptores en puestos de niveles 28, 29 y 30, al prevalecer el interés público. Suspende la resolución para el resto de funcionarios, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el acceso sindical a dicha información.
Un ciudadano solicitó múltiples expedientes y certificaciones al Ayuntamiento de Gérgal. Tras la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la información existente, pero declaró el desistimiento de algunas peticiones por falta de registro y la inadmisión de otras por no ser información pública.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Baleares el desglose del gasto en formación de 2024 entre directivos y personal de convenio, incluyendo viajes y dietas. Inicialmente, se denegó el desglose por complejidad. Tras la reclamación, el organismo aportó la información desglosada. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no haberse facilitado la información completa en plazo legal, requiriendo la interposición de la reclamación.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra el Ministerio del Interior, que denegó información sobre vestuarios de la Guardia Civil y medidas para personal transexual. La DGGC alegó necesidad de reelaboración, pero el Consejo dictaminó que existía un informe previo y que actualizarlo era una reelaboración mínima, no justificando la inadmisión según el art. 18.1.c) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos sobre denuncias disciplinarias de su personal (número, expedientes, sanciones, infracciones) desde 2015. El Ministerio no respondió en plazo, aunque luego ofreció información parcial. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al no respetarse el derecho a una respuesta en el plazo legal establecido.
Aqlara Ciclo Integral del Agua, SA solicitó a la Diputación de València documentación sobre la gestión de agua en alta en varios municipios. Tras un acceso parcial, el reclamante alegó que faltaba información relevante. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación: desestima el acceso a datos genéricos por falta de concreción, pero reconoce el acceso a documentos específicos citados por el recurrente.
El reclamante solicitó a Renfe información sobre la distribución y planes de despliegue de nuevos trenes para Cercanías Madrid y Valencia. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de Renfe, al considerar que la solicitud no versaba sobre información pública preexistente (Art. 13 LTAIBG), sino sobre la elaboración de un informe "ad hoc" sobre planes futuros y planificación organizativa, lo cual excede el derecho de acceso.
Se solicitó al Ministerio del Interior estadísticas detalladas de delitos y faltas en las comisarías de las Terminales 1 y 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas (2021-2025). El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los datos solicitados al considerar injustificadas las causas de inadmisión por reelaboración y carácter abusivo. Desestimó la solicitud de delitos no denunciados por no ser información pública y la de 2024 por estar en elaboración.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre la formación en Prevención de Riesgos Laborales de sus altos cargos en ejercicio y una ex-Secretaria. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó la inadmisión por reelaboración ni la prevalencia de la protección de datos para los cargos actuales, aunque sí para la ex-Secretaria, y que el desglose detallado era desproporcionado.
El reclamante pidió al Ayuntamiento de Los Villares datos sobre expedientes de incumplimiento urbanístico sobre plantaciones y setos. La administración concedió acceso parcial, alegando la causa de inadmisión de reelaboración para no desagregar los datos por denunciante. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación, considerando que la entidad aplicó correctamente la causa al carecer de medios para extraer la información sin una reelaboración desproporcionada.
El reclamante solicitó a Renfe el coste de artículos patrocinados en El País y otros medios, así como los criterios de selección. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la ampliación del plazo fue extemporánea e injustificada, y que la información solicitada sí es pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda datos de capacidad/necesidad de financiación SEC de ayuntamientos con más de 5.000 habitantes (2019-2024). La IGAE/ONC inadmitió la solicitud alegando falta de competencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información obra en poder del Ministerio como sujeto obligado, siendo irrelevante la unidad interna competente, y que hubo incumplimiento del plazo de respuesta.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Sevilla un resumen de las actuaciones de un expediente de consumo y copia de su resolución. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo desestimó la petición del resumen por no ser información existente y declaró la pérdida de objeto respecto a la resolución, al haber sido notificada ya.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el parque informático (ordenadores, licencias, etc.) de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo de la solicitud. Consideró que la reiteración e intensidad de las peticiones del reclamante excedían los límites normales del derecho de acceso y no respondían a una finalidad legítima de transparencia, sin entrar a valorar la necesidad de reelaboración.
Se solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el tiempo medio de espera para cita con médico de familia desglosado por centros de salud en Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Barakaldo. El interesado alegó que la administración posee los datos ya que los ha facilitado en respuestas parlamentarias. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por considerar insuficiente la respuesta parcial.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado de homicidios y asesinatos no esclarecidos en 8 provincias andaluzas desde 2018, incluyendo fecha, municipio y nombre de la víctima. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación del solicitante, confirmando la denegación del Ministerio. Aunque la solicitud no se consideró abusiva, el Consejo dictaminó que la información requeriría una reelaboración compleja y un esfuerzo técnico desproporcionado, al no estar disponible en el Sistema Estadístico de Criminalidad con el nivel de detalle solicitado.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos sobre TPVs (número, modelos, reparaciones) en centros penitenciarios. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo. Consideró que la reiteración e intensidad de las solicitudes del reclamante, con objetos muy diversos y escasa relevancia para la transparencia, excedían los límites normales del derecho y afectarían la gestión diaria.
El reclamante solicitó copias digitales de diversos expedientes urbanísticos al Ayuntamiento de Ullastrell. La administración alegó falta de medios técnicos y humanos, calificando la digitalización como una tarea de reelaboración compleja. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, ordenando la entrega en formato digital.
Se solicitó al Ayuntamiento de Olivares documentación sobre un proceso selectivo anulado. El reclamante alegó silencio administrativo por falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar información sobre pagos del tribunal, funciones del personal y declaraciones de intereses, al no acreditar la administración la inadmisión alegada.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT datos desglosados sobre el reparto de productividad PEIA (2020-2024). La AEAT concedió acceso parcial, alegando reelaboración y que la información de 2024 estaba en curso. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a completar los datos de 2020-2023, al considerar que no se justificó la reelaboración, pero desestima la de 2024 por estar en elaboración.
Se solicitó a la AEMPS información sobre autorizaciones concedidas para investigación, producción y fabricación de cannabis con fines médicos, bancos de germoplasma y origen del material, pidiendo pseudonimización. La AEMPS denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando la justificación de la AEMPS genérica e insuficiente, y que la información no requería reelaboración compleja.
Reclamación contra Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por acceso a información urbanística. Se estima parcialmente al ordenar retrotraer el procedimiento para garantizar alegaciones de terceros en un expediente sancionador, y se declara terminada la tramitación para el resto de la información facilitada.
Se solicitó al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada datos de volumen de pasajeros de tres líneas de autobús (2022-2024). El Consorcio alegó que la información requería una acción de reelaboración técnica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado un esfuerzo razonable de búsqueda.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación sobre gestiones de su comunidad de propietarios (1983-2014). La administración inadmitió la solicitud alegando condición de interesada en procedimiento en curso, reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, considerando que la petición exige reelaboración técnica compleja y carece de justificación en la finalidad de transparencia, por lo que resulta abusiva.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alpedrete el acceso a los registros de entrada y salida de julio de 2023. La reclamante alegó que la denegación vulnera su derecho de acceso como concejal de oposición y que la disociación de datos no justifica la inadmisión. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque la información no es de libre acceso, requiere reelaboración por datos personales y no se justifica su necesidad para el desarrollo de las funciones del concejal.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid los resultados de inspecciones de incendios y su protocolo. La administración denegó alegando necesidad de reelaboración y límite de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la extracción de datos requería una carga operativa excesiva y que facilitar la información podría entorpecer las funciones inspectivas municipales.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación sobre gestiones de una comunidad de propietarios desde 1983. La administración inadmitió la petición alegando condición de interesada, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que la solicitud exige reelaboración técnica y digitalización por su extensión temporal y dispersión, y que carece de justificación en fines de transparencia.
Un reclamante solicitó a la AEAT información sobre intereses de demora cobrados a autónomos por IVA (2015-2024), tasas de interés, y coste de cartas informativas. La AEAT concedió las tasas, pero inadmitió el resto por requerir reelaboración desproporcionada (art. 18.1.c LTAIBG) al no distinguir autónomos en sus bases de datos. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la inadmisión.
El reclamante solicitó a FREMAP un certificado de servicios prestados y un informe de vida laboral. FREMAP denegó la emisión por no conservar la información. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación por presentarse fuera de plazo (más de un mes después de la notificación) y porque la solicitud no se considera "información pública" al requerir la elaboración de un nuevo documento, no el acceso a uno preexistente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys la expedición de un certificado de aprovechamiento urbanístico. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación ante la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña inadmitió la reclamación porque la solicitud no es de información preexistente, sino la petición de un documento nuevo.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información detallada sobre contratos con empresas específicas en periodos acotados. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la APC no justificó adecuadamente la denegación por información ya publicada, carácter abusivo de la solicitud, necesidad de reelaboración o afectación a procesos judiciales, instando a la entrega de la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre 2.935 inspecciones de estética de 2022. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el volumen y la complejidad de la información requerida paralizarían la gestión administrativa y no se ajustan a la finalidad de la ley.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la C. de Madrid el número de canalizaciones de trasplantes hematopoyéticos por hospital. La administración alegó inadmisión parcial por necesidad de reelaboración y que los datos de 2022 estaban en elaboración. El reclamante consideró que la información era fácilmente obtenible. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al estimar aplicables las causas de inadmisión por reelaboración y por estar la información en curso de elaboración, con desaparición sobrevenida del objeto.
Se solicitó al Ayuntamiento de Meco información sobre el Plan Especial de desarrollo y ejecución del Plan General y la rectificación del cuadro de reparto. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información está en curso de elaboración, siendo una causa de inadmisión legal.
Un ciudadano solicitó diversa información administrativa y urbanística al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar enlaces directos a datos ya publicados y desestimando los puntos que requerirían una reelaboración de la información.
D. Jose Antonio García García solicitó al Ayuntamiento de Alcorcón el inventario detallado de contenedores y su asignación (colectiva o unifamiliar) para verificar el cálculo de una tasa. El Ayuntamiento alegó que no existe tal listado y que crearlo supondría una reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación.
La asociación solicitó al Consorcio de la Zona Especial Canaria un listado actualizado de empresas ZEC con número de trabajadores y CNAE. El Consorcio concedió acceso parcial, explicando las limitaciones para el resto de la información solo tras la reclamación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse proporcionado una respuesta completa y justificada en el plazo legal.
Un concejal de Tudela reclamó al Ayuntamiento por no entregarle la agenda institucional del alcalde y la relación de reuniones de los últimos seis meses. El Ayuntamiento alegó que la información no existía como documento elaborado y requeriría reelaboración. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, indicando que la información existe en formato digital y su recopilación no constituye una reelaboración compleja que justifique la inadmisión, sino una tarea inherente al derecho de acceso.
El reclamante solicitó informes policiales de los Mossos d'Esquadra al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya. Al no presentar una solicitud de acceso formal, sino una queja general, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña decidió la inadmisión de la reclamación por falta de procedimiento adecuado.
Un representante de la Junta de Personal solicitó a la Universitat de Girona un listado de plazas de PTGAS, indicando si estaban ocupadas, quién las ocupaba y la fecha de vacante. La Universidad denegó parte de la información alegando protección de datos y una carga de trabajo compleja. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información solicitada.
601–650 de 3509