Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local datos sobre órganos, servicios y dotaciones para funciones de apoyo a Diputaciones y municipios desde 2019. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la recopilación y tratamiento de los datos solicitados excedía un mero tratamiento automatizado y constituía una reelaboración desproporcionada.
El interesado solicitó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid un listado detallado de expedientes de compensación a arrendadores por suspensión de desahucios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por riesgo de identificación de personas físicas y por requerir una reelaboración de la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès diversa información sobre acuerdos laborales, horas extraordinarias y crédito sindical. Tras una estimación parcial del Ayuntamiento, el interesado reclamó ante la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por existir un proceso judicial paralelo sobre el mismo objeto.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Siero información detallada sobre expedientes sancionadores por multas de radar de 2024, incluyendo datos específicos y diferenciando entre ciudadanos y personal municipal. El Ayuntamiento alegó la necesidad de reelaboración (art. 18.1.c LTAIBG) por la complejidad y volumen de datos. El Consejo desestimó la reclamación, considerando justificada la causa de inadmisión por la dificultad de obtener la información sin una reelaboración desproporcionada.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes datos de sanitarios sancionados por mala praxis desde 2010. El Ministerio inadmitió la petición alegando un régimen especial (SIRAJ), necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El CTBG desestima la reclamación porque la información contiene datos de infracciones que requieren consentimiento o norma legal.
La reclamante solicitó a la Consejería de Presidencia de Cantabria el número de funcionarios que mantuvieron su grado personal al pasar a excedencia por cambio de cuerpo en 2015-2019 y 2020-2025. La administración denegó el acceso alegando reelaboración y uso indebido. El Consejo estima la reclamación al considerar que no se justificó la reelaboración y que el uso posterior no es causa de inadmisión, instando a la Consejería a facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el nombre y datos detallados de sanitarios penados por mala praxis desde 2010. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, priorizando la protección de datos personales relativos a infracciones penales, conforme al artículo 15 LTAIBG, al no existir consentimiento ni ley que ampare su divulgación.
Se solicitó información estadística sobre la tarifa plana para autónomos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el CTBG. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales debido al silencio administrativo, aunque dictaminó que la información solicitada constituye una elaboración ad hoc y no información pública.
La asociación solicitó al Ministerio de la Presidencia acceso digital a dos expedientes de concesión de aguas. El Ministerio para la Transición Ecológica denegó el formato digital alegando que la anonimización de datos personales suponía una reelaboración desproporcionada. El CTBG estimó la reclamación, dictaminando que la anonimización no constituye una tarea de reelaboración.
Un concejal solicita múltiples datos y documentos al Ayuntamiento de Villarrasa en su calidad de portavoz municipal. Ante la falta de respuesta o respuestas incompletas, interpone reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, confirmando el silencio administrativo positivo para algunas solicitudes e inadmitiendo otras.
El reclamante solicitó a la TGSS datos estadísticos sobre autónomos y la tarifa plana (altas, bajas, prórrogas) entre 2018 y 2024. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho a obtener respuesta en el plazo legal, aunque la TGSS argumentó posteriormente que la solicitud exigía reelaboración y era abusiva.
La asociación reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico copias digitales de dos expedientes de concesiones de agua. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información. La decisión se basa en que la anonimización no es "reelaboración" según la LTAIBG, y el Ministerio ya había ofrecido la información previamente sin objeciones, además de denegar el acceso presencial.
El reclamante solicitó información estadística sobre procedimientos administrativos al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el 26/03/2025. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación ante el CTBG. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no cumplió con los plazos legales de respuesta, aunque facilitara la información tardíamente.
Se solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat la expedición de un certificado urbanístico de no habitabilitat. El reclamante alegó que no obtuvo respuesta a su solicitud formal. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque la solicitud no versa sobre información pública preexistente, sino sobre la elaboración de un certificado.
Se solicitó al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya el listado de invitaciones recibidas por la Consellera para actos en fines de semana (enero-mayo 2025). La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea de elaboración excesivamente compleja y falta de recursos. La GAIP estimó la reclamación por considerar que la tarea no es compleja.
Se solicitó al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña un listado de las invitaciones recibidas por la Consellera para asistir a actos en fines de semana durante el periodo agosto-diciembre 2024. La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea de elaboración compleja. La GAIP estimó la reclamación al considerar que la labor no requiere especialización técnica.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información sobre procedimientos de revisión de actos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial (2023-actualidad) y el traspaso de competencias universitarias. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente facilitó parte de la información.
Se solicitó a la UNED información detallada sobre los sistemas de control horario de su personal (PTGAS y PDI). La UNED estimó parcialmente, proporcionando datos del PTGAS y normativa del PDI, pero denegó los sistemas específicos del PDI y las diferencias, alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a la UNED a aportar la información sobre la existencia y características del control horario del PDI, al considerarla información pública preexistente.
Un reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia datos sobre penas de prisión por delitos sexuales. El Ministerio inicialmente inadmitió la solicitud por incompetencia y luego por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la justificación de reelaboración del Ministerio era insuficiente y genérica, ordenando la entrega de la información solicitada.
El ciudadano solicitó información sobre planes de inspección, calidad del suministro, interrupciones eléctricas y expedientes sancionadores a la Delegación Territorial de Economía de Huelva. La administración alegó la necesidad de reelaboración para los puntos 1 y 3. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar las autorizaciones de interrupciones de Huelva.
El reclamante solicitó a la EMT Madrid datos sobre el inventario, estado y matrículas de las bicicletas de Bicimad. La administración denegó el acceso alegando que requería reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la localización, compilación y ordenación de la información solicitada constituye una reelaboración no obligatoria, por lo que procede la inadmisión.
Una delegada sindical de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat el listado de personal que cubrió guardias extraordinarias de enfermería entre abril y junio de 2024. Tras una respuesta evasiva y el posterior silencio administrativo, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al no concurrir causas de inadmisión ni límites al derecho de acceso.
El reclamante solicitó al CIS los literales de las respuestas de encuestados sobre los principales problemas de España en el barómetro de marzo de 2025, junto con su codificación y ponderación, en formato reutilizable. El CIS denegó la solicitud alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, basándose en que la información no requiere reelaboración según el art. 18.1.c) LTAIBG, la capacidad técnica del CIS y el interés público de los datos.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Poza de la Sal datos de facturación, consumos, gastos y pagos con empresas locales de mayo 2022 a abril 2025, así como los procedimientos y expedientes. El Ayuntamiento denegó por imprecisión, carga desproporcionada, conducta reiterativa y protección de datos. La Comisión estima la reclamación, ordenando la entrega de la información al no justificarse los motivos de denegación.
Solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares un certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno Local. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerar que la publicidad pasiva no contempla certificaciones. La reclamante alegó falta de motivación en la respuesta. El Consejo desestimó la reclamación, al entender que un certificado es un documento a emitir y no información pública preexistente, por lo que no procede su acceso.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Alpedrete información sobre posibles embargos en la nómina de un concejal. El reclamante alegó silencio administrativo y falta de transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por requerir la reelaboración de información y por vulnerar la protección de datos y la reserva tributaria.
Se solicitó al Ayuntamiento de Venturada información sobre la titularidad de suelos urbanísticos, expedientes de adquisición, gestión urbanística y recepción de urbanizaciones. El Ayuntamiento alegó que requeriría reelaborar información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando a informar sobre la titularidad y expedientes, pero desestima el resto por ser consultas generales.
La Fundación Civio solicitó a la Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia datos detallados sobre viviendas de protección en alquiler. Tras una respuesta inicial insuficiente, la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación, al considerar que la información requerida exige una labor de reelaboración compleja por estar dispersa en diversos archivos y soportes.
El reclamante pidió a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local el desglose del gasto en publicidad institucional (2019-2022) en formato reutilizable. La administración concedió acceso parcial, alegando que los datos de 2019 requerían reelaboración y ya estaban en su portal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la C. de Madrid desestimó la reclamación por presentarla fuera de plazo y, en el fondo, por estimar que la obtención de la información de 2019 implicaría una reelaboración indebida.
El reclamante solicitó a Metro de Madrid, S.A. un listado de actuaciones de mantenimiento y materiales para reducir ruidos y vibraciones entre las estaciones de Lavapiés y Sol. La administración inadmitió parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la petición exigía un análisis técnico ad hoc y la confección de listados inexistentes, lo que constituye una acción previa de reelaboración prohibida por el art. 18.1.c) de la Ley 19/2013.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid los datos de itinerarios de Bicimad. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la obtención de los datos exigía un tratamiento informático complejo y una carga de trabajo adicional que configura una reelaboración no exigible.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos anonimizados de trayectos de BiciMAD en Vicálvaro. La administración alegó inadmisión por necesidad de reelaboración previa. El reclamante alegó que bastaba con un filtro de base de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la obtención requiere un tratamiento informático específico de filtrado y compilación que constituye reelaboración, no acceso a información ya disponible.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid acceso a datos detallados de inspecciones alimentarias de 2022. La administración alegó inadmisión por necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por presentarse fuera de plazo y por estimar fundadas las causas de inadmisión alegadas.
Una persona jurídica solicitó información sobre hallazgos de vigilancia en centros educativos (Can Llupià, Til·lers y l'Alzina) durante 2023 y 2024 al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya. El Departamento inadmitió la solicitud alegando una carga de trabajo desproporcionada. La GAIP estima la reclamación por falta de motivación objetiva.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros un listado Excel de expedientes abiertos entre octubre y noviembre de 2024. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando imposibilidad técnica, falta de precisión para su función, carácter abusivo y necesidad de reelaboración/anonimización. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que la información es necesaria para la función de control de la concejala y que los motivos de denegación no son válidos.
Un concejal solicitó diversa información al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Ante la falta de respuesta, presentó una reclamación. El Ayuntamiento alegó falta de legitimidad, extemporaneidad y que parte de la información no existía o ya había sido accedida. El Consejo estima la reclamación porque, al no responder el Ayuntamiento en 5 días, se produjo silencio administrativo positivo, concediendo el acceso.
Un concejal solicitó a la EMT el expediente de un contrato de patrocinio con Carlos Vives y el listado de contratos de patrocinio desde 2019. La EMT estimó parcialmente la solicitud remitiendo un enlace genérico y denegando el listado por ser una petición masiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena entregar toda la información.
Se solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació datos numéricos sobre solicitudes de clases de religión y profesorado. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración, falta de motivación y protección de datos. El Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación al considerar que se solicitan datos genéricos no identificables.
La Comisión de Derechos Humanos de España solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos sobre contenciones mecánicas y químicas (2020-2024) y datos LGTBI. La administración denegó parte de la información alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2024.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad datos desagregados por hospitales sobre listas de espera y demoras en atención primaria. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y que la información no existe. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que extraer y compilar los datos requeriría una acción de reelaboración no amparada por la ley, y que parte de la información solicitada no está comprendida en el concepto de información pública.
Una ciudadana solicitó a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid documentación de su expediente de Acuerdo Personalizado para Empleo (APE) e informes personalizados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que la documentación disponible ya fue entregada y que los informes requeridos exigirían una reelaboración de datos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Almería la relación de deudas de clubes por el uso de instalaciones deportivas. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ya que operó el silencio administrativo positivo, obligando a la entidad a entregar la información existente.
El reclamante solicitó estadísticas y expedientes anonimizados de denuncias de superiores contra subordinados al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Tras una denegación parcial, la GAIP resuelve la inadmisión de la parte referente a la motivación de archivos (por no ser información preexistente) y la estimación parcial del resto, exigiendo la entrega de datos estadísticos y expedientes anonimizados respetando la protección de datos.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación contra Renfe por denegar información sobre su inversión publicitaria en medios en 2024 (empresas beneficiarias y cuantías). Se consideró que la información es pública, la reelaboración no justificada y el interés público prevalece sobre los intereses comerciales, aunque se desestimó la solicitud de fechas de transferencias por irrelevancia.
Un solicitante pidió al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tabulaciones de transacciones inmobiliarias de vivienda libre, nueva y de segunda mano por municipio desde 2004. El Ministerio inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio proporcionó la información requerida durante el proceso de reclamación, aunque fuera del plazo legal.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Sevilla un resumen de actuaciones y copia de la resolución de un expediente de consumo. Tras no recibir respuesta inicial, reclamó ante el Consejo de Transparencia de Andalucía. El Consejo inadmitió la petición de un resumen por no ser información existente y declaró la pérdida de objeto respecto a la resolución, al haber sido entregada durante el proceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos estadísticos sobre sanciones de circulación de 2022, incluyendo expedientes remitidos a vía ejecutiva o a la DGT sin resolver recursos. El Ayuntamiento alegó inadmisión por necesidad de reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la obtención de dicha información requiere una reelaboración que excede del tratamiento informático de uso corriente y del derecho de acceso.
Se solicitó a la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza datos estadísticos educativos por centros y cursos. El reclamante alegó desacuerdo por la inadmisión parcial por reelaboración y el secreto estadístico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que el secreto estadístico ampara a los centros y que la información requerida implicaba reelaboración o estaba en curso de elaboración.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Alfarrasí facturas y pagos realizados al grupo municipal Popular entre junio de 2023 y junio de 2024. El Ayuntamiento alegó falta de medios y complejidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación: desestima el periodo ya facilitado y reconoce el derecho de acceso a la información desde enero hasta junio de 2024.
Una concejala solicitó diversa información municipal (radares, personal, contratos, facturas) al Ayuntamiento de San Isidro. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a casi toda la información, excepto a un informe de cumplimiento de transparencia por requerir reelaboración.
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