Reclamación por denegación de información sobre gastos y contratos del Ayuntamiento de Poza de la Sal con empresas locales entre mayo de 2022 y abril de 2025

Resolución 290/2025, de 3 de octubre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: Expediente CT-248/2025 / Reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Poza de la Sal (Burgos) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 14 de abril de 2025, D. XXX, en representación de XXX, presentó una solicitud de información pública dirigida al Ayuntamiento de Poza de la Sal (Burgos). El objeto de la solicitud se refería a lo siguiente: “Las cifras de facturación, consumos, gastos, pagos, incurridos por parte de nuestro ayuntamiento con las empresas domiciliadas en Poza de la Sal desde mayo de 2022 hasta abril de 2025. Tengo la convicción de una animadversión hacia alguna empresa o empresario en concreto y por eso nada mejor que la transparencia y poder mostrar los datos de estos dos años de legislatura y también poder ver el criterio del último año de la anterior corporación. 1. En el caso de la empresa a la que represento, solicito que se desglose XXX, en gestión de turismo. XXX., en supermercado. XXX., en alojamiento rural. XXX., en tarros de sal. 2. En el caso del supermercado, solicito se desglose Los datos de junio de 2022 a junio de 2023 Los datos de junio de 2023 a junio de 2024. Era otra empresa Los datos de junio de 2024 a mayo de 2025 que ya ha sido mi gestión. 3. Los gastos con el resto de empresas de los distintos sectores, no creo que sean más de 10 empresas pozanas con las que el ayuntamiento tiene relación económica, bares, restaurantes, negocios de alimentación, transporte (por ejemplo XXX), construcción, eventos. Igualmente requiero que por parte del secretario se aporten los datos del procedimiento que se ha seguido para llevar a cabo dichos gastos y en caso de llevar aparejado porque así lo requiere la ley, la tramitación del correspondiente expediente, se diga el número de expediente que va aparejado a cada gasto. Cabe recordar que es responsabilidad del secretario velar por el cumplimiento de la legalidad en nuestro Ayuntamiento, así como del control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria. Desconocer las irregularidades no exime de responsabilidad en ningún caso, y más aún cuando todo lleva aparejado movimiento de fondos públicos”. Hasta la fecha, la solicitud indicada no ha sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 11 de junio de 2025, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, en representación de XXX, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, esta Comisión de Transparencia se dirigió al Ayuntamiento de Poza de la Sal, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. El Ayuntamiento de Poza de la Sal ha contestado a nuestra solicitud de informe en los siguientes términos: “En relación con la solicitud de información presentada por D. XXX, en representación de la mercantil XXX, nos dirigimos a este comisionado para exponer las circunstancias que han impedido al Ayuntamiento de Poza de la Sal dar respuesta en el plazo establecido. Imprecisión en las solicitudes: Las peticiones formuladas por el ciudadano adolecen de una notable falta de concreción, lo que ha dificultado su tramitación. Se hace referencia a un largo periodo de facturación, de tres años, sin especificar el tipo de facturas que requiere, con un número indeterminado de empresas, que no precisa en su escrito de petición de acceso a la información. No se especifica con claridad la información requerida ni los documentos concretos solicitados, lo que obliga a realizar reiteradas tareas de búsqueda de información de empresas indeterminadas durante un periodo de tiempo de tres años lo que exceden la carga administrativa razonable para un Ayuntamiento con 2 trabajadores de oficina y en periodo estival y vacacional. Añadiendo a esta problemática de la imprecisión el Ayuntamiento podría encontrarse ante un problema de protección de datos ya que al no saber exactamente los documentos ni empresas solicitadas podríamos incurrir en enviar o divulgar información contraviniendo normativa de protección de datos. Carga desproporcionada de trabajo: La información solicitada implica una reelaboración sustancial de documentos internos durante un periodo de tres años, así como la extracción manual de datos dado que la petición ha sido imprecisa en los objetivos. Esto requiere una dedicación de tiempo y recursos humanos que compromete el normal funcionamiento de los servicios municipales en un momento vacacional que hace que el Ayuntamiento cuente con un personal, aún si cabe, más reducido en materia de oficina que pueda llevar a cabo la búsqueda, extracción y elaboración de estos nuevos documentos que requieren la respuesta. Conducta reiterativa y obstructiva: En un corto periodo de tiempo el mismo ciudadano ha presentado múltiples solicitudes de información, algunas de ellas de contenido similar, redundante o informado en Pleno Municipal, lo que evidencia una posible intención de obstaculizar el funcionamiento ordinario de la administración. Esta práctica, si bien amparada en el derecho de acceso, puede derivar en un uso abusivo del sistema que afecta negativamente a la eficacia y eficiencia de la gestión pública. Desde el Ayuntamiento de Poza de la Sal se trabaja para poder dar respuesta a las múltiples peticiones de acceso a información que se han realizado por este ciudadano con la clara intención de llevarlo a cabo en el menor de los tiempos posible. Por todo lo anterior, solicitamos al Comisionado que valore la concurrencia de causas justificadas para la no respuesta en este caso concreto, conforme a lo previsto en la normativa vigente sobre transparencia y buen gobierno”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la misma persona jurídica que, bajo la misma representación, presentó la solicitud de información pública que dio lugar a esta impugnación. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 11 de junio de 2025, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 14 de abril de 2025; por tanto, la reclamación fue presentada en tiempo y forma. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el caso que nos ocupa, la información solicitada se refiere a los gastos que el Ayuntamiento de Poza de la Sal ha tenido con las empresas domiciliadas en el municipio con las que ha contratado entre el mes de mayo de 2022 y el mes de abril de 2025, así como al procedimiento seguido para realizar los correspondientes gastos identificándose el expediente tramitado al efecto. La disposición adicional 2.ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), concreta las competencias en materia de contratación de las entidades locales, disponiendo lo siguiente: “Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada”. Por lo anteriormente señalado, la información solicitada por el ahora reclamante es información pública a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG. Según lo expuesto por el Ayuntamiento de Poza de la Sal en el informe remitido a esta Comisión de Transparencia, uno de los motivos por los que no debe facilitar la información solicitada es la supuesta imprecisión de esta, indicando que “se hace referencia a un largo periodo de facturación, de tres años, sin especificar el tipo de facturas que requiere, con un número indeterminado de empresas, que no precisa en su escrito de petición de acceso a la información”. Con relación a ello, cabe señalar que si el Ayuntamiento consideraba que no existía la suficiente claridad sobre el objeto de la información solicitada, debía haber procedido en la forma prevista en el artículo 19.2 de la LTIABG, donde se establece que “cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como del plazo para dictar resolución”. Sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Poza de la Sal no solicitara la aclaración correspondiente en su momento y que esta objeción a la satisfacción de la petición se mezcle con lo que sería un excesivo volumen de la información solicitada, desde esta Comisión de Transparencia se considera que el objeto de la petición se concreta en las partidas que el Ayuntamiento de Poza de la Sal ha tenido que abonar a las distintas empresas domiciliadas en el municipio con las que ha contratado desde el mes de mayo de 2022 hasta el mes de abril de 2025, el concepto al que se refieren esas partidas, así como el procedimiento seguido para realizar los correspondientes gastos, identificándose el número de expediente tramitado en su caso. Según datos del INE correspondientes a los años 2023 y 2024, en Poza de la Sal estaban domiciliadas 23 y 22 empresas, respectivamente, lo cual no quiere decir que el Ayuntamiento de Poza de la Sal haya contratado con todas las que estuvieran activas entre el mes de mayo de 2022 y el mes de abril de 2025. En cualquier caso, nos encontramos ante información que ha de ser objeto de publicidad activa conforme al artículo 8.1.a de la LTAIBG, según el cual, los sujetos incluidos dentro del ámbito de aplicación de la misma, deben hacer públicos: “Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. Además, se publicará información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), entendidas como tal según el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de contratos del sector público. La publicación de esta información se realizará semestralmente, a partir de un año de la publicación de la norma”. De hecho, en el Portal de Transparencia de la página web del Ayuntamiento de Poza de la Sal (“6. CONTRATACIÓN”/“6.3. CONTRATOS”), se puede acceder a información sobre las contrataciones hechas por el Ayuntamiento o, al menos, a parte de ellas: 8dc373512992/ En particular, dentro del apartado “6.3.1 CONTRATOS MENORES”, se recoge un documento con los contratos menores correspondientes al año 2023, indicándose el adjudicatario y el importe de la adjudicación, además de otros datos: 8174-f2b8b154b2b6/ Del mismo modo, “Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan”, deben ser objeto de publicidad activa según lo dispuesto en el artículo 8.1.e) de la LTAIBG. Tratándose la información solicitada de la que en todo caso habría de ser objeto de publicidad activa conforme a lo anteriormente expuesto, tampoco cabe considerar que el volumen de aquella información exija una acción desproporcionada por parte del Ayuntamiento para ponerla a disposición del reclamante. Por otro lado, el hecho de que, también según lo señalado en el informe que el Ayuntamiento de Poza de la Sal ha dirigido a esta Comisión de Transparencia, el mismo reclamante haya formulado otras solicitudes de información con “una posible intención de obstaculizar el funcionamiento ordinario de la administración”, sin mayor concreción al respecto por parte del Ayuntamiento, tampoco justifica que concurra la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG, referida a solicitudes “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la Ley”. En relación con la aplicación general de las causas de inadmisión que se enumeran en el artículo 18 de la LTAIBG, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto, en su Sentencia núm. 1547/2017, de 16 de octubre, lo siguiente: “Cuarto.- Cualquier pronunciamiento sobre las causas de inadmisión que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013. Resultan por ello enteramente acertadas las consideraciones que se exponen en el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Juzgado Central n.º 6 cuando señala que: en la Ley 19/2013 queda reconocido el derecho de acceso a la información pública como auténtico derecho público subjetivo, al establecer que «Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley» (Artículo 12); que la Exposición de Motivos de la Ley configura de forma amplia este derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud; que este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información - derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 (…)”. Más en concreto, en relación con la causa de inadmisión relativa al carácter abusivo no justificado con la finalidad de la LTAIBG, debemos indicar que en el Criterio Interpretativo CI/003/2016, de 14 de julio, emitido por el CTBG, se señaló lo siguiente a los efectos que aquí nos interesan: “(…) hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho y, B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: - Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, estos es «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales de ejercicio de un derecho». - Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. - Cuando sea contraria a las normas, las costumbre o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: - Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. - Conocer cómo se toman las decisiones públicas - Conocer cómo se manejan los fondos públicos - Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Consecuentemente, no estará justificada con la finalidad de la Ley cuando: - No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. - Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa”. En atención a lo expuesto, se enuncian en el citado Criterio Interpretativo las siguientes conclusiones: “a) La LTAIBG permite invocar los conceptos de solicitud repetitiva o abusiva para calificar una determinada solicitud de acceso a la información. b) Las Administraciones y Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley deben tener en cuenta que las causas de inadmisión deben aplicarse de manera restrictiva y, cuando sean aplicables, habrán de expresar los motivos que lo justifiquen. c) En todo caso, la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este criterio interpretativo requiere en ambos casos la concurrencia de dos requisitos (…) En el caso de la solicitud abusiva, ésta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. d) Las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen las causas de inadmisión a que se refiere este criterio deben hacerlo de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, y así deben justificarlo convenientemente”. Como ya se ha indicado por esta Comisión de Transparencia en anteriores ocasiones (entre otras, Resolución 160/2018, de 30 de agosto, adoptada en el expediente CT-0140/2018 y Resolución 191/2019, de 17 de diciembre, adoptada en el expediente CT-0296/2018, el CTBG (resoluciones R/0279/2015, de 30 de octubre de 2015, y R/0431/2015, de 16 de febrero de 2016) ha interpretado esta causa concreta de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública en el siguiente sentido: “Este Consejo de Transparencia entiende que una solicitud podría entenderse como abusiva si el reclamante la repite en el tiempo sin verdaderas posibilidades de prosperar, debido a que conoce de antemano el sentido de la Resolución que la Administración va a tomar. También podría entenderse como abusiva aquella petición realizada de mala fe, cuya única intención es colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento. Igualmente, podría ser abusiva una petición de información cuyo contenido ya se encuentre previamente en poder del reclamante. Se entiende también que una solicitud es abusiva cuando, atendiendo al caso concreto, puede considerarse que supone un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública. A tal efecto, se tomará en consideración la concurrencia de las siguientes circunstancias: 1.º La solicitud se puede calificar como manifiestamente repetitiva. 2.º La solicitud persigue claramente causar un perjuicio o alteración al órgano o entidad al que se dirige. 3.º Existe desproporción entre la relevancia de la información solicitada a los efectos de proporcionar transparencia a la actividad pública y el tiempo y los recursos necesarios para obtenerla”. Pues bien, en el supuesto que ha dado lugar a la presente reclamación, esta Comisión de Transparencia no considera que, en principio, haya quedado acreditada la concurrencia de cualquiera de las circunstancias que permitirían calificar como abusiva, en los términos antes descritos, la solicitud presentada. Finalmente, en el informe del Ayuntamiento de Poza de la Sal también se hace alusión a un “problema de protección de datos ya que al no saber exactamente los documentos ni empresas solicitadas podríamos incurrir en enviar o divulgar información contraviniendo normativa de protección de datos”. Con relación a esta cuestión, ya se ha hecho alusión al objeto concreto de la información solicitada por el ahora reclamante, debiendo añadirse ahora que, además de lo ya argumentado con relación a las obligaciones de publicidad activa impuestas por la legislación vigente, procede señalar que las personas jurídicas no son titulares de un derecho a la protección de sus datos y, por tanto, no puede ser objeto de tutela en caso de comunicación de estos. En efecto, la normativa reguladora de este derecho tiene por objeto la protección de las personas físicas, tal como se señala en el artículo 1 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; en este mismo sentido, también en el Considerando 14 del Reglamento se excluye expresamente del ámbito de protección los datos relativos a personas jurídicas, señalando que “la protección otorgada por el presente Reglamento debe aplicarse a las personas físicas, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia, en relación con el tratamiento de sus datos personales. El presente Reglamento no regula el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto”. Al respecto, en la Sentencia 547/2023, de 4 de mayo, del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª (fundamento de derecho cuarto), se señaló lo siguiente: “La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y el Reglamento reseñado tienen por objeto la protección de datos relativos a las personas físicas, como se desprende de su articulado que expresamente se refiere a las personas físicas, de modo que no cabe incluir en su ámbito de aplicación a las personas jurídicas, que se encuentran excluidas de su ámbito de aplicación. Ello nos lleva a interpretar lo dispuesto en los artículos 27.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con el artículo 15 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Acceso a la Información en el sentido de que el régimen específico previsto para los datos en relación con la comisión de infracciones administrativas se refiere en exclusiva a las personas físicas, en consonancia con la naturaleza del derecho fundamental a la protección de datos como control del flujo de informaciones que conciernen a cada persona ( STC 11/1998, de 13 de enero) que garantiza, en fin, el derecho de cada ciudadano al control de sus datos personales ( STC 292/2000, de 30 de septiembre) y cuyo contenido se concreta en «el poder de disposición y control sobre los datos personales que faculta a la persona a decidir cuáles de estos datos proporcionar, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar y, también permite al individuo saber quién posee estos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso» ( STC 76/2019, de 22 de mayo)”. Con todo, en el fundamento de derecho sexto fija la siguiente doctrina: “De acuerdo con el artículo 93.1 LJCA, esta Sala fija la interpretación de los artículos 14.2 y 15.1 de la Ley 19/2013, 1.1, 1.2 y 4 del Reglamento (UE) 2016/679 y 1 y 27.2 de la Ley Orgánica 3/2018, estableciendo como doctrina que el límite al derecho de acceso a la información pública relacionada con sanciones administrativas que no conllevan la amonestación pública al infractor sólo se refiere a las personas físicas sancionadas, con exclusión de las personas jurídicas”. No obstante lo anterior, en cuanto al tratamiento de datos de empresarios individuales, el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece una presunción de que se da interés legítimo en el tratamiento de los datos al que se refiere el artículo 6.1.f del Reglamento (UE) 2016/679, cuando se refieran a ellos únicamente en su condición de profesional, y no se traten para entablar una relación con ellos como personas físicas. Respecto a los datos de carácter personal de las personas físicas, también habría que tener en cuenta que el artículo 15.4 de la LTAIBG establece que no resulta aplicable lo establecido en los apartados anteriores sobre la protección de datos personales, “si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”. Por todo cuanto se ha expuesto, no se aprecia motivo que impida facilitar al reclamante los datos relativos a las partidas de gastos por las que el Ayuntamiento de Poza de la Sal ha tenido que responder con ocasión de los contractos celebrados con las distintas empresas domiciliadas en el municipio entre el mes de mayo de 2022 y el mes de abril de 2025, al concepto al que se refieren esas partidas, así como al procedimiento seguido para realizar los correspondientes gastos, identificándose en su caso el expediente tramitado. En el caso de que toda o parte de la información ya estuviera publicada, la resolución que ha de dictar el Ayuntamiento de Poza de la Sal puede limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella conforme a lo establecido en el artículo 22.3 de la LTAIBG. En todo caso, esta indicación deberá ser objeto de una referencia explícita y determinada, y no de una simple mención genérica. En este sentido, debe recordarse el Criterio Interpretativo (CI/009/2015) de 12 de noviembre de 2015, del CTBG, respecto al derecho de acceso y la publicidad activa, donde se señala lo siguiente: “I. De acuerdo con la LTAIBG, y teniendo especialmente en cuenta el artículo 1, el artículo 10.2 y la propia estructura sistemática de la norma, la publicidad activa y el derecho a la información son dos caras distintas de una misma realidad: la transparencia de la actividad pública. En un caso –publicidad activa, también llamada transparencia activa- se configura como una obligación de las instituciones y Administraciones públicas; en el otro –acceso a la información o transparencia pasiva- se configura como un derecho de las personas, basado en el artículo 105.b) de la Constitución. En ambos casos la finalidad de la transparencia es garantizar que los ciudadanos conozcan la organización y el funcionamiento de sus instituciones públicas. En este sentido, la publicidad activa ha de entenderse como un elemento facilitador de este conocimiento. A través de ella, las organizaciones y Administraciones públicas sitúan de oficio en régimen de publicidad una serie de datos e informaciones que se entienden de interés general, de manera que puedan ser consultadas por aquellos que lo deseen sin necesidad de hacer una petición expresa. De este modo, parece claro que no debe limitarse o restringirse el ámbito del derecho de acceso de los ciudadanos exclusivamente a las informaciones o datos que no estén sometidos a publicidad activa. Las obligaciones en esta materia conciernen a la Administración y no delimitan ni prejuzgan en modo alguno el derecho de acceso a la información que asiste a los ciudadanos, antes bien, se hallan al servicio de ese derecho precisamente, para facilitar su ejercicio, abreviando la vía de acceso de los interesados a los datos o informaciones que necesiten. II. A mayor abundamiento, hay que tener en cuenta que: 1. La definición de información pública accesible a través del ejercicio del derecho de acceso, que contiene el artículo 12 de la LTAIBG, no restringe en modo alguno el contenido de esa información por estar o no sometida al régimen de publicidad activa. 2. En la Ley, la publicidad activa no lleva en ningún caso aparejada una obligación de consulta por parte de los interesados. Se trata, como ya se ha adelantado, de un instrumento que obliga a las Administraciones Públicas. Los ciudadanos y personas interesadas en ejercitar su derecho a saber, pueden consultar, si lo desean, la publicidad activa. Tal consulta tiene carácter voluntario y la oportunidad de acceder a las páginas web o al Portal de Transparencia es una decisión que se ejerce libremente. 3. En la LTAIBG la publicidad activa se concreta en la publicación por los organismos o instituciones públicas de los datos e informaciones establecidos en las «correspondientes sedes electrónicas o páginas web», o en el Portal de Transparencia de la Administración, bien que con una serie de características tendentes a hacerla actual, accesible, comprensible y de acceso fácil. Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que la Ley no impone, en modo alguno, un deber genérico de uso de medios electrónicos por los ciudadanos, sino que lo declara vía de comunicación «preferentemente». La realidad nos lleva a tener en cuenta que la disponibilidad o el manejo de un ordenador o dispositivo electrónico con acceso a Internet no está al alcance de todos los ciudadanos, como ponen de manifiesto los estudios realizados hasta la fecha sobre utilización de la Administración electrónica en nuestro país y la navegación resulta complicada para algún sector de la ciudadanía, resultando que los medios electrónicos disponibles no están generalizados en igual medida entre toda la población y la totalidad de los territorios («brecha digital»)”. En este Criterio Interpretativo del CTBG, entre otras conclusiones, se enuncia la siguiente: “El hecho de que una información solicitada por cualquier persona se encuentre en publicidad activa, no exime de la obligación de dar una respuesta concreta en los plazos y condiciones que señale la ley”. Por tanto, puesto que en este caso, al menos en parte, la información solicitada ha sido publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Poza de la Sal y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.3 de la LTAIBG, podría facilitarse al reclamante el enlace que le conduzca directamente a la concreta información pedida. Sexto.- En cuanto a la formalización del acceso a la información, además de lo señalado en el fundamento jurídico anterior, procede indicar que el artículo 22.1 de la LTAIBG establece lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone lo que se transcribe a continuación: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que la misma se realice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG, previa disociación de los datos de carácter personal que, en su caso, aparezcan en los documentos, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, la solicitud de acceso a la información pública indica una dirección de correo electrónico a efectos de notificación, vía esta -la electrónica- que ha de ser la utilizada para atender esta petición. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación de XXX, ante el Ayuntamiento de Poza de la Sal (Burgos). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento debe facilitar a la reclamante, en los términos señalados en los fundamentos jurídicos quinto y sexto, los datos relativos a las partidas de gastos asumidas por el Ayuntamiento de Poza de la Sal con ocasión de los contractos celebrados con las distintas empresas domiciliadas en el municipio entre el mes de mayo de 2022 y el mes de abril de 2025, al concepto al que se refieren esas partidas, así como al procedimiento seguido para realizar los correspondientes gastos, identificándose en su caso el expediente tramitado. Tercero.- Notificar esta Resolución a XXX, como autora de la reclamación, y al Ayuntamiento de Poza de la Sal. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.