Reclamación sobre acceso a información de titularidad de suelos y gestión urbanística en Venturada con estimación parcial

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR EN REPRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 14 de marzo de 2025, tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por en nombre y representación de (en adelante, la interesada), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no haber recibido respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dirigió al Ayuntamiento de Venturada el 4 de febrero de 2025 con el siguiente objeto: «1) Si se han obtenido los suelos de propiedad privada con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano (la identificación numérica en color rojo del plano insertado es nuestra). (i) En caso de haberse obtenido, se solicita la identificación de los distintos expedientes que lo acredita, y (ii) En caso de no haberse obtenido, se solicita que se concrete: primero, el procedimiento establecido para hacerlo con respecto a todas y cada una de las fincas o suelos en propiedad privada que están afectos a dicho destino, y, segundo, se solicita la identificación de los distintos expedientes que están sirviendo para ello. [Imagen omitida en la que se identifican los terrenos a los que se refieren las peticiones de información recogidas en la solicitud] 2) Cuál es el grado de desarrollo en la gestión urbanística de aquellos suelos de propiedad privada que se hubieran obtenido con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano anterior. 3) Tal y como consta en el planeamiento vigente, las comunidades de propietarios de las dos grandes promociones privadas de los años 70, Tolle-Lege y Cotos de Monterrey, se han venido haciendo cargo de la conservación de sus infraestructuras y urbanización, así como de la recogida domiciliaria de basuras. Se solicita al Ayuntamiento que informe si estas urbanizaciones han sido recepcionadas por el Ayuntamiento, de forma tácita o expresa, y en su caso que informe si es el Ayuntamiento quien está haciéndose cargo de la conservación o por el contrario es una Entidad Urbanística de Conservación inscrita en el Registro correspondiente.» Junto con su reclamación, el reclamante aportó justificante de presentación de la citada solicitud. SEGUNDO. El 11 de abril de 2025 se envió al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). El mismo día se trasladó la documentación al Ayuntamiento de Venturada para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitiese un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulase las alegaciones que considerase oportunas. TERCERO. En respuesta al referido trámite, tuvo entrada el escrito de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Venturada, de 12 de mayo de 2025, en el que, en esencia, manifiesta que la reclamación debe ser desestimada porque facilitar la información solicitada requeriría realizar una acción de reelaboración de la información. Asimismo, el informe considerado manifiesta que «se ha dictado con fecha de 9 de mayo de 2025 Resolución de inadmisión conforme art. 18.1.c) y 18.1.e) en el expediente de referencia, por lo que podemos concluir que se ha dado curso a la solicitud formulada y cuya resolución se ha instando [sic.] por medio de ese Consejo de Transparencia». CUARTO. Mediante notificación de la Secretaria General del Consejo se trasladó al reclamante el informe de alegaciones del Ayuntamiento de Venturada, referido en el antecedente de hecho anterior, y se le confirió trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presentase las alegaciones que considerase oportunas. No obstante, aunque consta en el expediente acuse de recibo de la notificación aceptada por el reclamante, no consta que este haya presentado alegaciones en uso de dicho trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) LTPCM, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. El artículo 21.1 LPACAP establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Con todo, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. TERCERO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». CUARTO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». QUINTO. En el presente caso, la reclamación se interpone contra la desestimación presunta de la solicitud dirigida por la interesada al Ayuntamiento de Venturada de 4 de febrero de 2025. Un análisis del objeto de la solicitud considerada permite distinguir en ella cinco peticiones de información de contenido diverso [si bien dos son alternativas: vid. infra peticiones (2a) y (2b)], que merecen distintas valoraciones desde el punto de vista de su contenido y desde la perspectiva del derecho de acceso a la información pública. En particular, la solicitud interesa el acceso a la siguiente información: (1) si el Ayuntamiento de Venturada ha «obtenido [o no] los suelos de propiedad privada con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano [que se recoge en el escrito de reclamación]»; (2a) «en caso de haberse obtenido [la propiedad de dichos terrenos], se solicita la identificación de los distintos expedientes que [así] lo acredita[n]»; o, alternativamente, (2b) «en caso de no haberse obtenido [la propiedad de los suelos referidos], se solicita que se concrete: primero, el procedimiento establecido para hacerlo con respecto a todas y cada una de las fincas o suelos en propiedad privada que están afectos a dicho destino, y, segundo, se solicita la identificación de los distintos expedientes que están sirviendo para ello»; (3) «[c]uál es el grado de desarrollo en la gestión urbanística de aquellos suelos de propiedad privada que se hubieran obtenido con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano anterior [recogido en el escrito de reclamación]»; y (4) «[s]e solicita al Ayuntamiento que informe si […] han sido recepcionadas por el Ayuntamiento [las labores de conservación, urbanización y recogida de basuras de las urbanizaciones de Tolle-Lege y Cotos de Monterrey], de forma tácita o expresa, y en su caso que informe si es el Ayuntamiento quien está haciéndose cargo de la conservación o por el contrario es una Entidad Urbanística de Conservación inscrita en el Registro correspondiente». En relación con las dos primeras peticiones de información, referidas a (1) si el Ayuntamiento de Venturada ha «obtenido [o no] los suelos de propiedad privada con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano [que se recoge en el escrito de reclamación]»; y (2a) «en caso de haberse obtenido [la propiedad de dichos terrenos], se solicita la identificación de los distintos expedientes que [así] lo acredita[n]», este Consejo considera que ambas podrían subsumirse en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM. En particular, se verifica que, si los terrenos identificados fuesen de propiedad municipal, estos debieran constar registrados e inventariados de acuerdo con las prescripciones establecidas en los artículos 17 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL). A este respecto, el artículo 20 RBEL establece lo siguiente: «El inventario de los bienes inmuebles expresará los datos siguientes: […] g) Tratándose de vías públicas, en el inventario deberán constar los datos necesarios para su individualización, con especial referencia a sus límites, longitud y anchura. […] i) Naturaleza de dominio público o patrimonial, con expresión de si se trata de bienes de uso o de servicio público, patrimoniales o comunales.» En lo que respecta a las obligaciones de publicidad activa que deben cumplir las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid en lo que respecta a la información sobre su patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.f) y la disposición adicional octava de la LTPCM, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 19 LTPCM: «Información del patrimonio. 1. Los sujetos incluidos en el artículo 2, en relación con su respectivo patrimonio, harán pública y mantendrán actualizada la información siguiente: a) La relación de bienes demaniales afectos al uso general o servicio público. b) La relación de bienes inmuebles de que sean titulares o sobre los que se ostente algún derecho real, especificando si están ocupados o no por las dependencias de sus órganos o servicios, así como los cedidos a terceros por cualquier título y, en su caso, la persona o entidad beneficiaria y el destino de la cesión, así como la cuantía. c) La relación de bienes inmuebles arrendados y cedidos, y en su caso, el destino de uso o servicio público de los mismos, así como la cuantía del arrendamiento individual de cada uno. […] 2. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona tendrá acceso al Inventario de Bienes y Derechos de todos los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, preferentemente por vía electrónica. 3. En relación a los negocios jurídicos que tengan por objeto bienes inmuebles y derechos patrimoniales, se hará pública la información relativa a los objetivos o finalidades de las operaciones, el procedimiento desarrollado al efecto, la identidad de los participantes en el procedimiento, las ofertas presentadas, el importe o beneficio finalmente alcanzado y la identidad de los adjudicatarios finales.» En suma, de los preceptos referenciados se evidencia que la información sobre la titularidad de los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Ayuntamiento constituye información pública subsumible en el concepto del artículo 5.b) LTPCM que, además, está sujeta a una obligación de publicidad activa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 LTPCM. El hecho de que cierta información pública esté sujeta a una obligación de publicidad activa no obsta para que un ciudadano pueda solicitar dicha información ejerciendo su derecho de acceso a la información. Esta circunstancia no puede postularse como una causa para inadmitir, denegar, mucho menos para no contestar la solicitud de información en cuestión. Tal y como establece el artículo 22.3 LTAIPBG, «si la información ya ha sido publicada, la resolución [que contesta a una solicitud de acceso a información pública] podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella». Asimismo, en relación con estos supuestos, cabe considerar el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 009/2015, de 12 de noviembre de 2015, que señala la siguiente directriz: «En ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario de que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información de publicidad activa siempre que, tal información satisfaga totalmente la información solicitada pero deberá señalar expresamente el link que accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas.» Por todo lo anterior, se concluye que, si los terrenos identificados en la solicitud de acceso a la información pública considerada integran el patrimonio del Ayuntamiento de Venturada, este deberá dictar una resolución que así se lo haga constar con claridad al reclamante. Asimismo, en relación con la petición (2a), en caso de que dichos terrenos hayan sido adquiridos a través de los correspondientes procedimientos administrativos, el Ayuntamiento deberá dar acceso a la interesada a los números de referencia de dichos expedientes. Ahora bien, como se ha indicado, dada la ambigüedad de la información que se desprende de los antecedentes que obran el expediente, existe la posibilidad de que los terrenos en cuestión sean de titularidad privada. En este caso, dichos inmuebles no habrían de constar inscritos en el inventario de bienes municipales previsto en el art. 17 y siguientes del RBEL. Esta información, es decir, la eventual circunstancia de que los terrenos considerados no consten inscritos en el referido inventario de bienes de titularidad municipal, constituiría un dato a disposición de la administración a la que se ha solicitado la información. Por tanto, el derecho de acceso a la información pública de la interesada requeriría que el Ayuntamiento de Venturada dictase una resolución que contestase a su solicitud indicando, en su caso, que los terrenos considerados no constituyen bienes de titularidad municipal. SEXTO. Por otra parte, procede valorar si el objeto de las peticiones (2b), (3) y (4), tal y como han sido identificadas en el fundamento jurídico anterior, son subsumibles o no en el concepto de información pública establecido en el artículo 5.b) LTPCM. En particular, dichas peticiones interesan, respectivamente, información general sobre los procedimientos legalmente previstos para que el Ayuntamiento pueda adquirir, en su caso, los terrenos identificados (petición 2b); sobre cuál es el grado de desarrollo urbanístico de los terrenos identificados y que, según el planeamiento, están destinados a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público (petición 3); y sobre si han sido recepcionadas las labores de urbanización y conservación de las urbanizaciones de Tolle-Lege y Cotos de Monterrey (petición 4). Este Consejo considera que el objeto de estas consultas no es subsumible en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM, ya que dicha solicitud no procura obtener datos o información a disposición de la administración, en la medida en que se trata de consultas generales que exigen el desarrollo de una actividad administrativa que va más allá de requerir una información a disposición de la administración destinataria de la solicitud, sino que exige la elaboración de un informe ad hoc para contestar dichas cuestiones. Atender estas peticiones exige desplegar una actuación administrativa distinta de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones [cfr. artículo 5.b) LTPCM]. El derecho de acceso a la información pública no es el instrumento adecuado para formular y obtener contestación a este tipo de consultas, que exigirían elaborar respuestas específicamente dirigidas a atender inquietudes particulares de la interesada. La tramitación de este tipo de peticiones requiere de una actuación administrativa que excede de la mera facilitación de datos e informaciones que obren en poder de la administración por haber sido elaborados, adquiridos o conservados por esta en el ejercicio de sus funciones, sino que precisa el análisis de dudas concretas y la elaboración de informes singularizados para la interesada. En consecuencia, este Consejo suscribe las tesis del Ayuntamiento de Venturada en el sentido de que procede inadmitir estas peticiones por requerir la realización de una acción de reelaboración de la información disponible por el órgano informante y en la medida en que no están amparadas por la finalidad de la Ley en aplicación de las causas de inadmisión dispuestas en el artículo 18.1c) y e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La inadmisión de este tipo de consultas, que requieren la elaboración de explicaciones ad hoc sobre cuestiones generales o particulares de interesados, es un criterio reiterado en las resoluciones de este Consejo, como se ilustra, entre otras, en las Resoluciones de 4 de junio de 2025 (expediente núm. 175/2024 CTPD) y de 12 de agosto de 2025 (expediente núm. 119/2025 CTPD). Asimismo, este planteamiento ha sido reiterado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter general, en su Criterio Interpretativo 3/2016 1 (vid. pág. 5), así como, entre otras, en sus Resoluciones RT/298/2017, de 18 de agosto de 2017; R/276/2018, de 16 de julio de 2018; y RA/95/2024, de 12 de febrero de 2024. Por todo lo anterior, este Consejo concluye que este extremo de la reclamación debe ser desestimado porque el objeto material de las peticiones (2b), (3) y (4), tal y como han sido identificadas en el fundamento jurídico anterior, no son subsumibles en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM. En conclusión, a juicio de este Consejo, la reclamación debe ser parcialmente estimada, en el sentido de instar al Ayuntamiento de Venturada a facilitar la información pública relativa a si los terrenos identificados por el reclamante son de propiedad municipal o no y, en su caso, precise la referencia de los expedientes de los procedimientos administrativos en virtud de los cuales se hubieran adquirido dichos terrenos. No obstante, este Consejo considera que la reclamación debe ser desestimada en lo que respecta al resto de peticiones recogidas en la solicitud de la que trae causa este procedimiento en la medida en que su objeto no es subsumible en el concepto de información pública del artículo 5.b) LTPCM. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas 1 Disponible en el siguiente enlace: https://consejodetransparencia.es/content/dam/ctransparencia/portal-ctbg/publicaciones/criterios- interpretativos/C3_2016_causasinadmision_informacion_repetitivaabusiva_Censurado.pdf RESUELVO PRIMERO. ESTIMAR parcialmente la reclamación formulada por a en nombre y representación de en el sentido de facilitar, a través del Ayuntamiento de Venturada, la siguiente información: a) si el Ayuntamiento de Venturada ha obtenido o no los suelos de propiedad privada con destino a sistemas generales de espacios libres de uso y dominio público, así calificados en el planeamiento vigente y grafiados en el plano que se recoge en el escrito de reclamación; y b) en caso de haberse obtenido la propiedad de dichos terrenos, se solicita la identificación de los distintos expedientes que así lo acreditan. SEGUNDO. Instar al Ayuntamiento de Venturada a facilitar al reclamante la información indicada en el punto anterior, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. TERCERO. DESESTIMAR la reclamación, en todo lo demás. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.