Reclamación de acceso al expediente de autorización de recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana desestimada por reserva de deliberaciones gubernamentales

RESOLUCIÓN 162/2025 S/REF: 1429317N Interna RE0114 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Consejería de Presidencia JCCM RESOLUCIÓN: DESESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 5 de febrero de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra Presidencia de la Junta de Comunidades. Este documento, con registro de entrada nº 0114 ha sido presentado por . PRIMERO: con fechas 31 de diciembre de 2024, solicita ante Presidencia de la JCCM lo siguiente: “Expone Que comparece al amparo de la ley de transparencia. Que en la sesión del Consejo de cuerdos del Consejo de Gobierno 21 de mayo de 2019 se adoptó un acuerdo sobre interposición de recurso contencioso contra el ayuntamiento de Pastrana. Solicita Copia del expediente por el que el Consejo de Gobierno resolvió autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por Decretos de la alcaldía del Ayuntamiento de Pastrana, sobre procedimiento de selección de plazas.” SEGUNDO: el 5 de febrero de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: “ que no se ha facilitado la información solicitada TERCERO: Con fecha 6 de febrero de 2025, se realiza un requerimiento Presidencia de la JCCM instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por CUARTO: con fecha 3 de marzo, remite contestación en la que manifiesta lo siguiente: “Con relación a la solicitud de información pública planteada por usted el día 31-12-2024 con número de registro 5116549 con el siguiente detalle: “Al amparo de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha: 1.- Expone: Que en la sesión del Consejo de Gobierno 21 de mayo de 2019 se adoptó un acuerdo sobre interposición de recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana y Solicita: Copia del expediente por el que el Consejo de Gobierno resolvió autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para interponer recurso contencioso-administrativo contra los acuerdos adoptados por Decretos de la alcaldía del Ayuntamiento de Pastrana, sobre procedimiento de selección de plaza.”” Se le informa lo siguiente: 1.- Usted presentó el escrito por registro único a través de una solicitud genérica, al margen del procedimiento específico establecido para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública (a partir de ahora SAIP), motivo, por el cual, no se ha contestado a su solicitud en el plazo previsto en la normativa. (1 mes desde la recepción de la misma en la Secretaría General de la Presidencia). Para evitar en un futuro situaciones similares a la que se ha dado con la tramitación de su solicitud genérica, está implantado el procedimiento específico para la gestión informática de las SAIP, P.phtml?SER_I D=KK0&PROC=SAIP , de tal forma, que cuando su gestión no ha sido completada, el sistema emite un aviso alertando de la situación, al objeto de que todas las solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a cualquier órgano de la JCCM, sean contestadas y notificadas en tiempo y forma. 2.- El Acuerdo del Consejo de Gobierno, al que usted alude en su solicitud, fue publicado el 21 de mayo de 2019, en la página web del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto al resto de Acuerdos adoptados ese día, dando cumplimiento al artículo 9, apartado 3, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 3.- Se resuelve denegar la documentación pedida en su SAIP, ya que de acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha y en relación con el artículo 16.2 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha, solo se publican los acuerdos de alcance general adoptados por el Consejo de Gobierno, y las actas de las sesiones adoptadas por el mismo, no son públicas. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse reclamación potestativa ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha o bien recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en los plazos, respectivamente, de un mes y de dos meses, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, de conformidad con lo establecido en los artículos 33.4 y 64 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen gobierno de Castilla-La Mancha y en el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.” QUINTO: Con fecha 14 de mayo se realiza nuevo requerimiento a la Consejería al no tener claro este CRT algunas cuestiones que deben ser aclarada, recibiendo respuesta el 20 del mismo mes, en la que expresa:” Primero. La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha, en su Título II “Del Consejo de Gobierno”, regula el régimen del Consejo de Gobierno, disponiendo su art. 16 que: “1. Los documentos que se presenten a las reuniones del Consejo de Gobierno, hasta que éste los haya publicado, tendrán el carácter de reservado y las deliberaciones, el de secreto. 2. Las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno no son públicas.” Este carácter reservado y secreto impide el acceso libre a los documentos e informaciones internas que no hayan sido expresamente publicados, garantizando la confidencialidad en el proceso de adopción de decisiones del órgano colegiado. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, excluye, en su Disposición adicional vigesimoprimera, la aplicación de dicha norma a los órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas, al establecer que: “Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los órganos colegiados no serán de aplicación a los órganos Colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales”. Segundo: La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desarrolla el derecho a la información pública como un derecho de configuración legal. La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, en su artículo 4, describe los sujetos obligados a la Transparencia de la actividad pública, sin que figure el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. La Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regula la obligación de publicar los Acuerdos del Consejo de Gobierno disponiendo, textual y taxativamente que: “…En el ámbito de la Administración Regional serán, asimismo, objeto de publicación en el Portal de Transparencia los acuerdos de alcance general adoptados por el Consejo de Gobierno”. El soporte documental que respalda el Acuerdo es de apoyo y auxiliar, conteniendo datos que pueden afectar a terceros, y que, al ser protegidos, deberían ser tratados, que se refieren a información de 2019, por lo que, dado el tiempo transcurrido, su acceso se extralimita a la finalidad de transparencia regulada en la Ley. El Acuerdo del Consejo de Gobierno solicitado por fue publicado el 21 de mayo de 2019, en la página web del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cumpliendo la obligación legal, en materia de transparencia impuesta por el apartado 3, del artículo 9, de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: en relación con el caso que nos ocupa, es necesario aclarar ciertos aspectos. Ni la legislación estatal ni la autonómica en materia de transparencia obligan a la divulgación pública de los expedientes internos completos relacionados con las decisiones del Consejo de Gobierno, salvo en aquellos casos que tengan un alcance general y efectos normativos, lo cual no se aplica en esta situación específica. El régimen jurídico vigente para el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha establece que los documentos presentados en sus reuniones son de carácter reservado hasta su debida publicación, y las deliberaciones que se llevan a cabo son confidenciales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre. Además, la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 40/2015 excluye a los órganos colegiados de gobierno de las comunidades autónomas del ámbito de aplicación de esta normativa. En este marco, el acceso a los expedientes internos del Consejo de Gobierno está restringido, y no existe obligación legal de incluir dichos documentos en el Portal de Transparencia. Este criterio ha sido respaldado por resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que han determinado que ciertos documentos internos no son considerados información pública bajo los términos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y que su acceso requeriría un proceso de reelaboración o se refiere a documentación auxiliar. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto y puede estar limitado por la necesidad de proteger la confidencialidad de las deliberaciones gubernamentales y la eficacia en el funcionamiento de los órganos colegiados. En este sentido, se ha establecido que la obligación de transparencia se limita a la publicación de los acuerdos de alcance general adoptados por el Consejo de Gobierno, sin extenderse a los expedientes internos que los sustentan. La Ley de Transparencia estatal regula el derecho de acceso a la información pública, pero también contempla límites específicos a este derecho. Uno de estos límites es el artículo 14.1.e), que establece como justificación legítima para restringir el acceso a la información: “La protección del proceso de toma de decisión.” Este límite se aplica directamente al contexto del Consejo de Gobierno. El proceso deliberativo interno, así como los documentos preparatorios y las actas de las sesiones, quedan fuera del alcance del derecho de acceso, dado que forman parte del proceso de formación de la voluntad del órgano colegiado. Este argumento ha sido respaldado tanto por resoluciones de órganos de transparencia como por la jurisprudencia de los tribunales, como se puede observar en: − Resolución 313/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que establece que el derecho de acceso puede ser restringido para salvaguardar la confidencialidad del proceso de toma de decisiones de los órganos de gobierno, especialmente en el contexto de los órganos colegiados. − Resolución 134/2017 del CTBG, que niega el acceso a actas y documentación de reuniones del Consejo de Ministros por estar protegidas por el principio de secreto de las deliberaciones gubernamentales. Este criterio se aplica por analogía a los órganos colegiados de gobierno autonómico. − Sentencia del Tribunal Supremo (STS 2767/2020, de 23 de julio), que respalda la posibilidad de denegar el acceso a información que forme parte de un proceso de deliberación colegiada, especialmente cuando el contenido no es definitivo o no ha sido formalmente publicado por el órgano competente. A la luz de lo anterior, el carácter reservado de los documentos presentados ante el Consejo de Gobierno y el secreto de sus deliberaciones son compatibles con la Ley 19/2013, que permite denegar el acceso cuando se pone en riesgo la protección del proceso de toma de decisiones. Esta limitación no solo es legal, sino que ha sido respaldada por los órganos de transparencia y por la jurisprudencia, especialmente en lo que respecta a órganos colegiados de naturaleza gubernamental o ejecutiva. Por lo tanto, la solicitud de copia de un expediente que forma parte de las deliberaciones internas del Consejo de Gobierno debe ser rechazada, ya que afecta directamente al ámbito protegido por el artículo 14.1.e) de la Ley de Transparencia, concurriendo así una causa legítima de denegación del acceso. Por otro lado, tal como ha manifestado la Consejería de Presidencia, el expediente que respalda su decisión es considerado auxiliar o de apoyo. El criterio interpretativo 6/2015 del CTBG establece que una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la que incluye notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos, podrá ser inadmitida a trámite cuando se cumplan, entre otras, las siguientes circunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no reflejen la posición de un órgano o entidad. 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. 5. Cuando se trate de informes no preceptivos que no sean incorporados como motivación de una decisión final. SEXTO: además, como ha señalado la Secretaria General de Presidencia, el acuerdo adoptado se basa en información dispersa, lo que implicaría que su concesión requeriría un proceso de reelaboración previa. El criterio interpretativo del CTBG 7/2015 señala que el concepto de reelaboración como causa de inadmisión se aplica cuando la información solicitada, perteneciendo al ámbito funcional del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, utilizando diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos necesarios para extraer y procesar la información solicitada, lo que resulta en la imposibilidad de proporcionar la información. Teniendo en cuenta que sería necesario recabar información de otras fuentes y la existencia de datos protegidos que requerirían una ponderación de intereses particulares, se concluye que el caso concreto efectivamente podría requerir un proceso de reelaboración previa. III. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por la reclamante y en base a los fundamentos jurídicos expuestos, se resuelve: DESESTIMAR la reclamación de solicitud de información presentada, considerándola reservada y como parte del apoyo a la deliberación y toma de decisiones del Consejo de Gobierno, además de considerar necesario un proceso de reelaboración previo por parte de la Secretaría General de Presidencia.