Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La parte reclamante solicitó a la Consejería de Educación del Principado de Asturias documentación relativa a las actuaciones tras una denuncia. La administración no respondió en plazo, alegando una suspensión por audiencia a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información de forma anonimizada.
La parte reclamante solicitó a la Consejería de Educación del Principado de Asturias todos los escritos sobre su persona en poder de la inspección educativa. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de menores y afectación a funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica diversos informes jurídicos, correspondencia con la Comisión Europea, evaluaciones de impacto, un censo de concesiones y borradores de planes de reforma. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información facilitada es suficiente y completa.
El interesado solicitó documentación detallada del contrato de suministro y mantenimiento de trenes Talgo Avril a Renfe-Operadora. La administración inadmitió la solicitud alegando intereses comerciales y secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos estadísticos y generales sobre penalizaciones e incidencias.
El interesado solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) y la documentación de consultas, propuestas e informes del trámite de audiencia de una Orden sobre empleo público para personas con discapacidad. El Ministerio denegó parte de la información alegando que era documentación auxiliar y que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los documentos e informes solicitados.
Se solicitó a TRAGSATEC acceso a informes de una investigación interna de compliance, actas de órganos de gobierno, protocolos de contratación y correspondencia con el Senado. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad por la Ley 2/2023 y carácter interno/auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar las actas y el Plan de Acción.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos anónimos de funcionarios con bajas de más de 86 días, incluyendo su número de registro profesional, puesto y días de baja (2021-2024). El organismo denegó el número profesional alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por riesgo de reidentificación y protección de datos de salud.
Se solicitó copia del expediente de concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort a un condecorado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La administración inadmitió la solicitud alegando un régimen de acceso específico a través de su Archivo General. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
El reclamante solicitó información detallada al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre la regulación y el impacto de la plataforma Meta en España. El Ministerio denegó el acceso alegando que no posee dicha información y que parte ya está publicada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud exige una elaboración de informes "a la carta".
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre supuesta discriminación fiscal, correspondencia sobre directivas UE e informes de impacto de políticas fiscales. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, ya que la AEAT alegó la inexistencia de la información o la aplicación de límites por confidencialidad y carácter auxiliar.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior la identificación nominativa y las cuantías de productividad de los funcionarios de centros penitenciarios. El Ministerio denegó los datos de identidad de la mayoría de los empleados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho a la transparencia retributiva.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información desglosada y anonimizada sobre el reparto de gratificaciones y productividades extraordinarias de 2024 y 2025. El Ministerio denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, fundamentándose en el principio de transparencia retributiva.
El solicitante pidió información detallada sobre el sistema ONIP (transposición de la Directiva PNR), registros presupuestarios y expedientes de contratación al Ministerio del Interior. Tras recibir una respuesta parcial, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación por considerar que la solicitud constituye un informe 'a la carta' no amparado por la ley.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa información sobre el impacto de la fusión de Vodafone y Three en el mercado de telecomunicaciones. El ciudadano alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la solicitud pretende la elaboración de un informe 'a la carta' y la información requerida no es competencia del Ministerio.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle de las gratificaciones por servicios extraordinarios de varios organismos en Barcelona (2018-2025), incluyendo identificación de perceptores. Alegó que la respuesta fue parcial al entregarse datos globales sin identificar a los trabajadores. El CTBG estimó parcialmente la reclamación tras el fallo del Tribunal Supremo sobre transparencia retributiva.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle de las cuantías de productividad de diversos cargos en 2024. El Ministerio denegó la identificación de algunos perceptores alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos identificados para niveles altos.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el detalle de las gratificaciones por servicios extraordinarios de trabajadores en Barcelona (2018-2025) con identificación de perceptores. La administración entregó datos globales sin identificar personas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando identificar a los perceptores de niveles 28, 29 y 30.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa información sobre el impacto macroeconómico, políticas de negociación y provisiones presupuestarias relativas a los laudos del TCE contra España. El reclamante alegó falta de proporcionalidad y ponderación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud pretende la elaboración de un informe ad hoc.
La reclamante solicitó al Instituto de Biomedicina y Genética Molecular la relación individualizada del complemento de productividad de su personal. La administración no respondió, incurriendo en silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información del funcionario de nivel 29 y suspendiendo el resto por litispendencia.
Se solicitó la relación del complemento de productividad de los funcionarios de la Delegación de Defensa de Valladolid al Ministerio de Defensa. El interesado alegó la vigencia del art. 23.3.c LMRFP y la relevancia del control sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de acceso.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los importes de productividad pagados en 2024 a diversos cargos. La administración denegó los datos de responsables provinciales alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los sindicatos al acceso.
Una vocal de la Junta Vecinal de Barcenillas del Ribero solicitó actas, documentos presupuestarios, información de pagos a una empresa y datos sobre una ocupación ilegal. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, ordenando la entrega de las actas y la documentación económica, pero no de los datos sobre la ocupación por protección de datos.
El Ayuntamiento de Urkabustaiz solicitó acceso a diversos expedientes sobre plantas solares fotovoltaicas al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en fase de información pública. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (ADIF) el sueldo de una directora de proyecto, datos del proceso de selección y la oferta de empleo. ADIF denegó el sueldo alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del sueldo por existir interés público en la gestión de fondos.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información técnica y estratégica sobre la validez de laudos TCE y reformas energéticas. El Ministerio inadmitió los puntos 1 a 4 por ser información auxiliar o requerir reelaboración, y denegó el punto 5 por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar ajustadas las causas de inadmisión.
El reclamante solicitó a la CNMC informes sobre discriminación fiscal y correspondencia con otros órganos. La CNMC inadmitió la solicitud alegando falta de competencia fiscal y carácter de información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el solicitante ya ha sido objeto de resoluciones de inadmisión por presentar solicitudes abusivas y desproporcionadas.
El interesado solicitó a Correos detalles sobre un contrato con la compañía AXA. La entidad denegó el acceso alegando la protección de sus intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un secreto empresarial cuya divulgación perjudicaría la posición competitiva de la sociedad mercantil.
El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa informes de sostenibilidad de deuda, actas de reuniones y correspondencia con el BCE/CE. La administración concedió acceso parcial y denegó el resto alegando que es información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es excesivamente generalista.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda puntuaciones y documentación técnica del proceso de evaluación del Programa FEDER EDIL para el Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad en procesos de decisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el interés público en el control de fondos FEDER prevalece.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) en 2003 a la SEPI. La administración denegó el acceso alegando que la información es relevante para un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso pondría en riesgo la estrategia procesal del Estado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el expediente íntegro de los adjudicatarios de un concurso específico para verificar su idoneidad. La Administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales y ofreciendo una vista por videoconferencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando el acceso a los méritos profesionales mediante anonimización.
El reclamante solicitó a la AEAT estadísticas detalladas sobre la tramitación de solicitudes de transparencia y peticiones de derecho de petición. La AEAT facilitó parte de la información pero inadmitió otras alegando que requerían una reelaboración compleja por falta de parametrización en sus bases de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar justificada la inadmisión.
Una concejala del Ayuntamiento de Almería solicitó copia del proyecto preliminar de reordenación del transporte público urbano. La administración alegó que la información estaba en proceso de elaboración y análisis técnico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, al considerar que el documento ya era un producto concluido de una contratación pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información detallada sobre la gestión de fondos MRR, incluyendo listados de beneficiarios y auditorías. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requeriría un análisis complejo de 1.700 expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la petición constituye una reelaboración excesiva.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Ibarra el plan de gestión de colonias felinas, el censo de las mismas y el número de gatos identificados a nombre del consistorio. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación debido a que la administración denegó la información de forma genérica, sin motivar los límites legales ni valorar la entrega de datos agregados.
Una asociación solicitó copia del expediente E23-2601 a la AESA. La administración inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva, pues su representante ya había pedido la misma información anteriormente como persona física. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la asociación tiene personalidad jurídica propia e independiente.
El solicitante pidió al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un informe técnico sobre usos de vivienda en alquiler en zonas tensionadas. El Ministerio denegó el acceso alegando que el proceso de decisión estaba en fase inicial y debía protegerse la confidencialidad deliberativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega del informe.
FONDENEX solicitó al Consorcio Ciudad Monumental de Mérida documentación sobre un proyecto de urbanización (actas, proyectos técnicos y estudios ambientales). El Consorcio denegó el acceso alegando que la información estaba pendiente de publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del acta de la Comisión Ejecutiva.
Un ciudadano solicitó una ingente cantidad de información sobre contratación, economía, personal y urbanismo al Ayuntamiento de Sondika (2020-2025). La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación porque el recurso de reposición previo ya agotó la vía administrativa.
El interesado solicitó información sobre el funcionamiento de una Consejería de Turismo en el exterior a Turespaña. La administración denegó parte de lo pedido por confidencialidad o inadmisión por ser información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena facilitar informes de instrucción previa (disociando datos personales) y la remisión de peticiones al órgano competente.
El interesado solicitó documentación financiera, contratos y detalles de gastos de la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas desde 2019. La administración no respondió, alegando posteriormente que la solicitud era abusiva por haber sido el solicitante vocal de la Junta. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al no probarse el carácter abusivo ni la posesión previa de la información.
El interesado solicitó tres informes técnicos sobre la acupuntura al Ministerio de Sanidad. Alegó que la administración no facilitó un informe (bajo la causa de información en elaboración) y que los enlaces proporcionados para otros informes eran inaccesibles o incorrectos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al no haberse respetado los plazos legales de respuesta.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Salamanca diversos informes jurídicos y resoluciones de sanciones administrativas tras alegar que la información era pública y pedía su disociación. La administración denegó el acceso por falta de consentimiento de los afectados. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación al considerar que la disociación no es posible.
El Secretario de un Comité de Empresa solicitó la memoria técnica de los pliegos de un servicio de atención telefónica de urgencias a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y seguridad. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al considerar que el solicitante, por su condición de representante de los trabajadores, tiene un interés público legítimo para la vigilancia laboral.
El reclamante solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones saber si una pensión excepcional concedida por la Ley 13/1973 sigue pagándose a sus herederos. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retroaccionar el procedimiento para realizar el trámite de audiencia obligatorio.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el detalle de la puntuación provisional de proyectos de fondos FEDER (Fondo EDIL). La Administración denegó el acceso alegando que la información estaba en fase de evaluación y podía comprometer la confidencialidad de la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el riesgo de perjuicio no era real.
Se solicitó al Ayuntamiento de Antequera copia de los enunciados y plantillas correctoras de los exámenes de un proceso selectivo para Técnico de Administración General. La administración alegó que la solicitante no era parte interesada y que el procedimiento estaba en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y es de libre acceso.
El reclamante solicitó a RTVE el resultado de un estudio técnico de contenido de programas de una licitación específica. RTVE denegó el acceso alegando que era información auxiliar de apoyo y que su divulgación afectaría a su estrategia comercial y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el informe es un instrumento estratégico cuyo acceso dañaría la posición competitiva de la entidad.
El interesado solicitó acceso al libro de registro de actuaciones, listados de firmas de personal de limpieza (2023-2024) y actas de reuniones a la TGSS. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse la repetitividad ni la complejidad técnica requerida.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León datos estadísticos sobre consultas de salud mental (psicología y psiquiatría) y días de espera. La administración denegó parte de la información alegando que no existía la diferenciación solicitada y que los datos de 2021 estaban en curso de elaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación.
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