Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió al Consell Insular de Mallorca la copia íntegra de un expediente de denuncia y medidas de protección/asesoría. El organismo denegó el acceso alegando la confidencialidad de la Ley 2/2023. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la Ley 2/2023 es un régimen especial que prevalece sobre la Ley de Transparencia.
El interesado solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes documentación sobre la supuesta obsolescencia de un estudio de viabilidad de 2015. ADIF inadmitió la solicitud alegando que la información no era pública (art. 13) y que se pretendía una elaboración de información ex novo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la petición busca respuestas a consultas para confirmar hipótesis, no acceso a documentos preexistentes.
Se solicitó a ENAIRE el acceso a informes y análisis jurídicos sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. El reclamante impugnó la respuesta de ENAIRE, que derivó la solicitud a la Abogacía del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación contra ENAIRE porque este actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano que elaboró la información.
Se solicitó a ENAIRE el acceso a informes y análisis jurídicos sobre la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo. El reclamante impugnó la respuesta de ENAIRE, que derivó la solicitud a la Abogacía del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación contra ENAIRE porque este actuó correctamente al remitir la solicitud al órgano que elaboró la información.
El reclamante solicitó copia del acta del consejo escolar de enero de 2025 de un colegio y una lista de inversiones a la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana. La administración alegó que solo podía consultar el acta presencialmente y que debía certificarse los acuerdos. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, ordenando la entrega de la copia solicitada.
El reclamante solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el expediente completo de Beka Values Agencia de Valores S.A. La CNMV denegó el acceso invocando el deber de secreto del art. 233 LMVSI. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, al considerar que la aplicación automática de la reserva sectorial vulnera el derecho constitucional a la información, ordenando la entrega de los documentos no confidenciales tras ponderación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad aclaraciones sobre nacimientos registrados en España y límites de donantes de gametos. El Ministerio denegó parcialmente alegando protección de datos. El reclamante interpuso reclamación por silencio y denegación. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales al no respetarse el plazo legal de respuesta, aunque se facilitó la información con posterioridad.
La empresa solicitó a la AEAT/MH los expedientes de matriculación de vehículos para abonar el IVA. La AEAT denegó el acceso alegando reserva tributaria (art. 95 LGT). La reclamante alegó que, al ser parte interesada, el art. 95 LGT no aplica y citó jurisprudencia. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, ya que la AEAT rectificó y facilitó el acceso al área personal, reconociendo el derecho del interesado sin necesidad de invocar límites.
El reclamante solicitó a la AEAT/MINISTERIO DE HACIENDA información sobre dietas sindicales pagadas por la AEAT (2022-2025). La AEAT amplió plazo, no resolvió en plazo y luego concedió parcialmente, denegando nombres/importes por protección de datos. El CTBG estima parcialmente la reclamación: ordena completar la información faltante (objetos de convocatoria) y desestima la entrega de nombres/importes al aplicar el límite del art. 15.1 LTAIBG (datos especialmente protegidos sin consentimiento).
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El sindicato USCA solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un informe jurídico de ENAIRE sobre la ejecución de una sentencia del TS. La Abogacía del Estado denegó el acceso alegando perjuicio a la igualdad procesal y confidencialidad. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la divulgación anticipada afectaría gravemente la estrategia de defensa de la Administración en los procesos individuales pendientes, prevaleciendo la tutela judicial efectiva sobre el interés público en la transparencia.
El reclamante pidió a la Fundación Teatro Real la copia de un contrato de alquiler para un evento. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio económico, confidencialidad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación afectaría a la estrategia comercial y competitividad de la entidad, y que ya se dispone de información suficiente para la fiscalización pública.
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El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa datos estadísticos sobre licencias de exportación de productos de doble uso. El Ministerio inadmitió la solicitud por manifiestamente repetitiva y aplicó límites de defensa, relaciones exteriores e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que las peticiones anteriores fueron resueltas firmemente sin impugnación, configurándose la actual como manifiestamente repetitiva.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes heridos en la Vuelta Ciclista, su grado de gravedad y bajas médicas. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando datos sanitarios por protección de datos. El reclamante alegó que al no identificar a los agentes, no se vulneraba la privacidad. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio completó la información durante el procedimiento, respetando el derecho de acceso.
Reclamación contra Ayuntamiento de Santa Eufemia por denegación de acceso a contrato, funciones, horario y vacaciones de un empleado. El Consejo estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar funciones y horario, y retrotraer el procedimiento para el contrato y vacaciones por falta de trámite de alegaciones de terceros afectados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de dos informes de intervención policial. La administración denegó el acceso alegando que son documentos internos con datos personales y que, al formar parte de actuaciones judiciales, rige un régimen específico. El CTBG estimó la reclamación, considerando que no existe procedimiento judicial en curso, que el solicitante es parte interesada y que la mera posibilidad de futura judicialización no justifica la denegación total, ordenando el acceso con posible anonimización de datos de terceros.
La reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda documentación sobre la retirada de RTVE de Eurovisión por la participación de Israel. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo y censura ilegal del acta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al no respetarse el plazo legal de respuesta, aunque reconoció la validez jurídica de las omisiones en el acta por garantía de confidencialidad en órganos colegiados.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Carboneras copia del proyecto técnico modificado y el certificado final de obra de una licencia de licencias de obras. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procedimientos judiciales y la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se acreditó un riesgo real para los procedimientos judiciales.
Reclamación contra AENA por denegación parcial de información sobre servicio PMR. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando a AENA facilitar datos de penalizaciones, auditorías, plantilla y equipamiento, rechazando los límites de intereses económicos y comerciales alegados por falta de justificación concreta.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Torrelavega el acta y video-acta de una sesión de la Comisión Informativa Municipal. Tras una denegación basada en la no publicidad de las sesiones y un posterior silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que el video-acta afecta a la confidencialidad de la toma de decisiones.
Una mercantil solicitó al Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) informes y comunicaciones sobre la idoneidad de las instalaciones de Loro Parque para albergar cetáceos. Tras una respuesta parcial y la alegación de nulidad del informe por incompetencia del órgano, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información fue facilitada o es inexistente.
Se solicitó a RTVE copia de los contratos con los últimos representantes en Eurovisión. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando a RTVE retrotraer las actuaciones. La decisión se basa en que RTVE no respondió en plazo, no justificó adecuadamente los límites de confidencialidad/intereses económicos, no consideró el acceso parcial y, fundamentalmente, no concedió audiencia a los terceros afectados (artistas/titulares de derechos) antes de resolver.
El reclamante solicitó certificaciones y copias de nóminas del periodo julio-septiembre de 1995 a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha. La Administración inadmitió la solicitud por ser reiterativa y por la inexistencia de registros. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación al confirmar la inexistencia de la información y el carácter abusivo de las peticiones.
Se solicitó al ICO el beneficio neto anual de Fond-ICO Global, desglosado por fondos invertidos y entidades participadas desde 2013. El ICO concedió el dato agregado, pero denegó el desglose. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que el desglose detallado perjudicaría intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG) al revelar estrategias de inversión sensibles, y que la información agregada ya cumplía el fin de transparencia.
Se solicitó al ICO el listado de promotores y entidades que accedieron a la Línea ICO MRR Promoción Vivienda Social, con detalles de los proyectos. El ICO denegó por deber de reserva bancaria. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, indicando que la información de proyectos aprobados, financiados con fondos públicos para interés social, no es secreto bancario y debe ser pública, a diferencia de los proyectos no aprobados.
Se solicitó al ICO/Ministerio de Economía el detalle anual de inversiones de Fond-ICO Global en entidades y sus informes. El CTBG desestimó la reclamación, confirmando que la información detallada de inversiones anuales está protegida por el límite de intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), ya que su divulgación revelaría estrategias empresariales sensibles. La petición de informes internos fue inadmitida por su carácter auxiliar y su inexistencia.
Se solicitó a CRTVE la solución técnica ofertada por Telefónica en una licitación de transporte de señal por satélite. El CTBG desestimó la reclamación de acceso, confirmando la denegación inicial. Argumentó que la información es secreto empresarial, su divulgación causaría un daño real y significativo a los intereses comerciales y la propiedad intelectual, y el acceso parcial no era viable sin desnaturalizar el documento, prevaleciendo la protección de la confidencialidad sobre el interés público, ya satisfecho con la información publicada.
Se solicitó a SEPI/Ministerio de Hacienda acceso a dos informes sobre la inversión en Talgo S.A. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI informes técnicos sobre la inversión en Talgo e instrucciones del Presidente del Gobierno. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en plazo, aunque consideró justificada la denegación de los informes por proteger intereses económicos/comerciales y confidencialidad.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Madrid datos sobre la prescripción de un medicamento específico a niños de 0 a 12 años, detallando recetas por médico, sexo y edad. El reclamante alegó que se trataba de datos agregados anonimizables. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación para proteger la intimidad de los menores.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informes jurídicos/técnicos y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) vinculados a procesos judiciales y de libre designación. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la documentación existente o indicar su inexistencia, pero desestima la petición de aclaraciones.
Un reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información detallada sobre la creación, reuniones y documentación del SOC 5G. El Ministerio concedió acceso parcial, alegando perjuicio para la seguridad nacional y la confidencialidad de los procesos de toma de decisión, dado que el SOC 5G se integra en la estructura de ciberseguridad nacional y su información puede ser clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que los límites aplicados por el Ministerio estaban debidamente justificados y eran proporcionales, y que la Ley de Secretos Oficiales prevalece sobre la Ley de Transparencia para la información clasificada, excluyendo la competencia del Consejo en estos casos.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad actas, minutas, órdenes del día, listas de asistentes y documentos de trabajo de un Grupo de Trabajo sobre Chemsex. El Ministerio concedió acceso parcial, proporcionando actas resumen elaboradas a posteriori y denegando presentaciones y listas de asistentes por considerarlas información auxiliar y datos personales sensibles, respectivamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, confirmando la denegación de los documentos auxiliares, pero instando al Ministerio a entregar las listas de asistentes, distinguiendo entre participantes institucionales/profesionales y usuarios de riesgo, para los que se debería aplicar anonimización o exclusión por protección de datos sensibles.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores copia de un memorándum sobre la oficialidad del catalán, gallego y euskera en la UE. El Ministerio inadmitió la solicitud por confidencialidad en procesos de toma de decisión. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó ni la aplicación del límite ni su proporcionalidad, y no respondió en plazo.
La solicitante pidió al Servicio Extremeño de Salud las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de sus hospitales. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración, carácter abusivo de la solicitud y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de inadmisión por reelaboración previa.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia informes de la Abogacía del Estado sobre expedientes sancionadores a aerolíneas. El Ministerio denegó el acceso por afectar la igualdad procesal y confidencialidad. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que la revelación anticipada de los informes perjudicaría la estrategia de defensa de la Administración en un litigio judicial ya materializado, prevaleciendo la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) copia completa de los expedientes de autorización de vacunas COVID-19. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los expedientes por confidencialidad (Art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación, a la espera de sentencias del Tribunal Supremo que fijarán jurisprudencia sobre la aplicación de límites y cláusulas de confidencialidad en casos similares.
El reclamante solicitó a ADIF las actas íntegras del Tribunal de Evaluación sobre la resolución de alegaciones a preguntas de un proceso selectivo. ADIF denegó el acceso alegando confidencialidad y que ya se había publicado una nota informativa. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a ADIF a entregar las actas, incluyendo la motivación de los acuerdos, al considerar que esta información no está cubierta por el límite de confidencialidad y es esencial para la transparencia.
Una representante sindical solicitó copia de un expediente de protocolo de acoso y una certificación al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos de salud. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al informe de investigación pero denegando la denuncia y la certificación.
Un representante sindical solicitó a la Diputación de Cuenca información sobre puestos vacantes en la RPT y la identidad de sus ocupantes (interinos o en comisión de servicios). El reclamante alegó que la información recibida era insuficiente, incompleta y carecía de validez formal por no estar firmada electrónicamente. El Consejo Regional de Transparencia de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación al considerar que la administración acreditó la entrega material de la información.
La reclamante solicitó al Servicio Canario de la Salud la copia completa y ordenada de un expediente de acoso laboral, incluyendo actas y grabaciones. La administración denegó el acceso alegando la confidencialidad del protocolo de acoso y la protección de datos. El Comisionado de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas (contenido mínimo) e informes anonimizados.
Un ciudadano solicitó a RENFE el coste y condiciones del patrocinio de la Kings League y Queens League. RENFE denegó el acceso alegando que era información comercial privada y que perjudicaba intereses económicos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a RENFE revelar el coste total del patrocinio, pero no el desglose ni las condiciones, al considerar que la información es pública pero el desglose afecta intereses comerciales.
El ciudadano solicitó a la AVSRE copias de las comunicaciones con los Ministerios del Interior y Defensa para la intervención de la UME y protocolos de emergencia el 29 de octubre de 2024. Alegó que la denegación era genérica y no motivada. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación de los límites alegados y reconoce el derecho de acceso.
La solicitante pidió información sobre la sustitución de una empresa contratista en las obras del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Tras recibir parte de la documentación, alegó que la respuesta era incompleta. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que la Fundación ya facilitó toda la documentación existente en su poder.
Una asociación solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la compra de vacunas COVID-19 (farmacéuticas, costes, cantidades y contratos). El Ministerio concedió acceso parcial a las cantidades, pero denegó costes y contratos alegando confidencialidad e intereses comerciales, basándose en una sentencia de la Audiencia Nacional. La reclamante recurrió al CTBG, argumentando que dicha sentencia no era firme al estar pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El CTBG suspende el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, dada la litispendencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Murcia la cartografía del servicio de limpieza viaria del barrio de La Purísima-Barriomar. El interesado alegó la necesidad de la información para fiscalizar el servicio tras recibir una respuesta que calificaba el documento como interno y auxiliar. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia la inadmite por haber sido presentada de forma extemporánea.
La Fundación Montescola solicitó a la Consejería de Economía y Hacienda copia del "Grant Agreement" del proyecto europeo MIREU. Ante la desestimación presunta y luego expresa por confidencialidad, la Fundación reclamó. La Comisión desestima la reclamación, justificando la denegación inicial por el proyecto en curso, pero recomienda reevaluar una futura solicitud, ya que el proyecto ha finalizado y la información es ahora pública.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden información detallada sobre la cuota de contratación de personas con discapacidad, procesos selectivos y medidas de accesibilidad. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima parcialmente la reclamación por considerar que la respuesta municipal fue genérica y ambigua.
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