Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa acceso a documentos del expediente de elaboración de un Proyecto de Real Decreto sobre factura electrónica. El Ministerio denegó parcialmente el acceso invocando el límite de confidencialidad en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de toda la información al considerar que el límite no es aplicable, ya que los documentos ya están generados y no se justificó un perjuicio concreto al proceso deliberativo.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo con Indra (15/10/2024) y la relación de contratos del BSC-CNS sobre tecnologías duales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no justificó el daño concreto ni la ponderación de intereses para el acuerdo, y para los contratos, no se acreditó su clasificación formal ni el informe preceptivo para la no publicación.
El reclamante solicitó acceso al expediente 1/2024/17 al Ayuntamiento de Granollers. La administración denegó el acceso alegando que el interesado era el único afectado. Tras la reclamación, el Ayuntamiento facilitó el expediente electrónicamente, lo que provocó la pérdida de objeto de la reclamación según la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).
Se solicitó a Renfe Viajeros el coste desglosado de ser el "Tren Oficial" de la gira 25 aniversario de Estopa. Renfe denegó el acceso alegando que no era información pública y que afectaba intereses económicos/comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a revelar el coste total de la campaña, al considerar que la información es pública y que el límite invocado no se justifica para el coste global sin desglose.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Fernando saber si ciertos inmuebles estaban al corriente de pago de tasas de vado y los motivos por los que carecían de señalización. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era repetitiva y que los datos tributarios eran reservados. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente: ordena retrotraer el trámite para alegaciones de terceros en la primera petición e inadmite la segunda.
El ciudadano solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya datos sobre salidas escolares (número, características y presupuesto) desglosados por centro, municipio y tipología en las comarcas de Berguedà y Bages. La administración denegó la identificación de los centros alegando riesgo de segregación escolar. La GAIP estimó la reclamación.
Una ciudadana solicitó al IMIDRA el expediente completo de la adjudicación de un arrendamiento rústico en Aranjuez para oponerse al proceso. El IMIDRA inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, alegando que la información estaba en curso de elaboración, era de carácter auxiliar y la adjudicación ya era pública.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes grabaciones de cámaras e informes sobre un descarrilamiento ferroviario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Denegó los informes por perjuicio a una investigación en curso (Art. 14.1.e LTAIBG) y las grabaciones por su carácter reservado y uso restringido a investigaciones policiales/judiciales (Art. 42.4 Ley 5/2014).
El solicitante pidió al Instituto Valenciano de Cultura el acceso a los documentos del proceso de selección para la Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinematografía. Tras la falta de respuesta y una denegación posterior basada en la confidencialidad, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación por ser el solicitante interesado en el expediente.
Se solicitó a Canal de Isabel II, S.A. el proyecto constructivo del tercer colector de Rejas. El reclamante alegó que la inadmisión por información en curso de elaboración era improcedente y carecía de plazo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el proyecto está en elaboración y su divulgación previa afectaría a la confidencialidad y la igualdad en la futura licitación.
La reclamante solicitó a una mercantil gestora de un recinto deportivo los planes de emergencia de un partido de baloncesto. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, entendiendo que la entidad es una empresa privada concesionaria que no percibe subvenciones, por lo que no está sujeta al ámbito de aplicación de la ley de transparencia y no se le exige el acceso a dicha información.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
Una persona solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) las actas de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de varios hospitales. Tras recibir la información del Hospital Arnau de Vilanova excesivamente anonimizada, el solicitante alegó que se ocultó contenido esencial. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de las actas íntegras, excluyendo solo datos identificativos.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad/INGESA la evaluación de impacto sobre la privacidad de un sistema biométrico de identificación de pacientes. INGESA denegó el acceso, alegando que el sistema estaba en desarrollo y que la EIPD solo se comparte con la AEPD, invocando luego el límite del art. 14.1.k) LTAIBG. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar la denegación injustificada y desproporcionada, y que el interés público en la información prevalece, instando a la entrega de la EIPD, con posible exclusión justificada de partes sensibles.
Se solicitó la identificación detallada de puestos de trabajo y su oferta en procesos selectivos de la categoría de Titulado Medio Educador a la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid. El reclamante impugnó la inadmisión de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por ser información en curso de elaboración y por pérdida de objeto.
Se solicitó al Ayuntamiento del Vendrell copia de facturas de un grupo municipal e informes de intervención desde 2022. La entidad reclamante alegó silencio administrativo al no recibir respuesta. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación porque la documentación es objeto de investigación por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena actas, anexos, plantillas y criterios de corrección de procesos selectivos de personal. La APC denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información (actas, criterios) con supresión de datos personales de aspirantes no adjudicatarios, al considerar que prevalece el interés público en la transparencia de los procesos de selección sobre los límites invocados.
Se solicitó información sobre procesos de entrevista para directivos y composición/actas de consejos escolares de dos centros educativos al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de respuesta, la GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación tras aplicar la anonimización necesaria para proteger la privacidad.
Una persona solicitó el acta del Consejo Escolar sobre una sanción a un menor, reclamando la identidad de los miembros y el código de verificación (CSV). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena revelar la identidad de los miembros adultos, pero mantiene la anonimización de las intervenciones individuales y el ocultamiento del CSV.
Viatris Pharmaceuticals solicitó al Ministerio de Sanidad/AEMPS información sobre la evaluación y autorización del medicamento Micrazym, incluyendo la posición de AEMPS en el proceso descentralizado. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, al considerar que la denegación inicial de AEMPS carecía de motivación suficiente para los límites invocados y que la LTAIBG no exige que el procedimiento esté concluido ni ser interesado. No obstante, solo se concedió acceso a la información elaborada o adquirida por la AEMPS en el ejercicio de sus funciones.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el resultado de un expediente y copias de informes de la Abogacía del Estado sobre un acuerdo entre el SUP y Desokupa. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación del acceso. La decisión se basa en la aplicación del límite del art. 14.1.k) LTAIBG, ya que el Ministerio aún no ha tomado una decisión final, prevaleciendo la protección del proceso deliberativo.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona documentación sobre el estudio de calidad del aire y su contrato. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando confidencialidad de las licitadoras. La GAIP estima la reclamación porque el Ayuntamiento no justificó la confidencialidad ni emitió informe del órgano de contratación, siendo este el único responsable de validar dicho límite.
Se solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso completo a un expediente de inspección de trabajo para usarlo en un proceso judicial. El reclamante alegó su derecho de acceso a la información pública. La GAIP desestimó la solicitud porque el interés es meramente privado y la información debe obtenerse a través de la vía judicial correspondiente.
Se solicitó a RENFE-Operadora EPE los pliegos, justificación y entregables de un contrato de consultoría (exp. 2024-01463). RENFE concedió acceso parcial, denegando el resto por afectar intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información tiene valor empresarial real y su divulgación perjudicaría la estrategia de negocio de RENFE y KPMG, aplicando el límite del art. 14.1.h LTAIBG.
Una persona jurídica solicitó al Ayuntamiento de la Vall de Boí datos detallados sobre la ejecución presupuestaria (2021-2024) en formato Excel. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reelaboración compleja, solicitud abusiva y límites de confidencialidad. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por no justificarse dichos límites.
Un periodista solicitó a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras las actas de las reuniones de su patronato de los últimos cinco años. La Fundación denegó el acceso alegando confidencialidad basada en el Código Civil de Cataluña. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que no existe una ley que imponga dicho secreto.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (AESA) informes de una denuncia y copias de expedientes E23-2601 y G24-0069. AESA denegó el acceso por procedimientos en curso. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente E23-2601 al estar concluido, pero desestimó el acceso a los demás documentos por afectar a procedimientos en tramitación y la defensa de terceros.
El reclamante solicitó copia de los contratos de RTVE para David Broncano y la producción de su programa. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra CRTVE por motivos formales, ya que la corporación no entregó la información completa en el plazo legal, proporcionando parte de ella solo tras la reclamación y sin justificar adecuadamente la denegación inicial.
Se solicitó al Ministerio de Economía (ICO) el número de avales formalizados para primera vivienda de jóvenes y familias, con desglose por entidad bancaria. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación porque el solicitante desistió tras recibir el número total de avales, aunque se le denegó el desglose por entidad. El desistimiento fue aceptado según el art. 94 LPAC.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla el expediente completo de un procedimiento de acoso escolar, incluyendo correos electrónicos y la identidad de funcionarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información siempre que se disocien los datos de terceros y se proteja la intimidad de los menores.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre farmacéuticas, precios y cantidades de vacunas COVID-19, así como copias de contratos. El Ministerio concedió acceso parcial a cantidades, pero denegó precios y contratos por confidencialidad. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación por extemporánea, al haberse presentado un día fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó a la ITSS el informe y resolución de una inspección a la mutua MAZ MCSS Nº11 y un manual de botiquines. La ITSS denegó el acceso. El reclamante interpuso un recurso de reposición, que se desestimó por silencio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque, al haberse interpuesto ya un recurso de reposición, la reclamación ante el Consejo no procedía, siendo la vía contencioso-administrativa la siguiente.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de la Granadella información sobre gestión tributaria, calendarios, ordenanzas y notificaciones. Tras la falta de respuesta municipal, la GAIP estima parcialmente el acceso a documentos personales, calendarios y ordenanzas, desestima el listado general de notificaciones por confidencialidad fiscal e inadmite peticiones de motivación o acciones administrativas.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre hospitales psiquiátricos de larga estancia (datos de camas, pacientes, costes, etc. de los últimos 5 años). El Ministerio respondió con enlaces genéricos a bases de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la información completa y específica fue facilitada fuera de plazo y tras la intervención del Consejo, vulnerando el derecho de acceso en tiempo.
Una persona solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional el acceso a los enunciados y grabaciones de las pruebas de inglés y catalán de las EOI desde 2019. El reclamante alegó que la denegación era arbitraria y contraria a la transparencia. La GAIP desestimó la reclamación porque la información es confidencial según la normativa específica y su difusión perjudicaría el interés general.
El reclamante solicitó a CRTVE S.A. el presupuesto desglosado de un programa, indemnizaciones por cancelación y sueldos de presentador/colaboradores. CRTVE concedió el importe total y la inexistencia de indemnización, denegando el resto por confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo desestima la reclamación, al considerar que la información ya proporcionada es suficiente para la fiscalización pública, y el desglose de retribuciones individuales en contratos mercantiles no es esencial para los fines de la LTAIBG.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por denegar el acceso a las actas de su consejo de administración (2016-2023). La APC alegó abuso de derecho e invocó límites por procesos judiciales e intereses económicos. El Consejo rechazó el abuso y recordó que los límites deben ser justificados, proporcionales y permitir el acceso parcial, instando a la entrega de la información solicitada.
Una reclamante solicitó a CRTVE copias de las actas de mesas de valoración de cine de 2020-2024, incluyendo detalles de películas aprobadas/denegadas, motivos y anexos (XLS/CSV). CRTVE entregó parte de las actas, omitiendo opiniones, pero la reclamante alegó la falta de cinco actas, información sobre películas denegadas y los anexos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a CRTVE a entregar la información restante al no justificar su denegación parcial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes informes y justificaciones sobre la no adjudicación y asignación de lotes en el proyecto de acceso a El Musel. El Ministerio inadmitió la petición alegando que era información auxiliar/interna y de carácter abusivo, y que la aclaración no era información pública. El Consejo desestima la reclamación, considerando que ya se ha proporcionado información pública suficiente y que el resto es auxiliar o no constituye información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación actas, listados de miembros (actuales e históricos), y gastos del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, así como los motivos de incumplimiento de ciertas obligaciones. El Ministerio inadmitió las actas por repetitivas, remitió a BOE para miembros, y denegó gastos y motivos. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio facilitar las actas (con supresión de deliberaciones), los listados de miembros y los gastos desde la creación del Consejo, pero desestima la solicitud de los motivos de incumplimiento.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe del presidente del TSJ de Madrid sobre la sucesión del Condado de Cienfuegos. El Ministerio denegó el acceso por confidencialidad en proceso de toma de decisión. El reclamante alegó que la decisión ya era pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la decisión ya estaba publicada en el BOE, invalidando la aplicación del límite.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la vacunación COVID-19 de presidentes autonómicos, del Gobierno y ministros. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos de salud y el fin de la crisis sanitaria. El reclamante alegó interés público y precedentes. El Consejo desestima la reclamación, indicando que el fin de la pandemia elimina el interés público prevalente y que los datos de salud requieren consentimiento expreso o norma legal.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informes judiciales sobre indultos pendientes. El Ministerio denegó el acceso tardíamente, alegando confidencialidad en el proceso de toma de decisión (art. 14.1.k LTAIBG) al no haberse resuelto aún los indultos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, debido a la respuesta tardía del Ministerio.
La reclamante solicitó a CRTVE copias de las actas 53 y 54 de su Consejo de Administración, pidiendo justificación para cualquier omisión. CRTVE entregó las actas con supresiones de opiniones y manifestaciones, sin justificar cada una. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a CRTVE a entregar las actas completas o, en caso de supresiones, a indicar claramente la información omitida y el límite legal que justifica cada exclusión, conforme a la LTAIBG y el Convenio de Tromsø.
Se solicitó a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació el expediente de elaboración del Decreto Ley 3/2024. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar de la información y la no existencia de un expediente formal. El reclamante alegó la existencia de aportaciones de consejos insulares. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a entregar las actas de la Comisión de Simplificación donde se debatieron dichas aportaciones, excluyendo deliberaciones individuales.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia copias de laudos arbitrales internacionales condenatorios contra España por energías renovables, órdenes de embargo, relación de los mismos, honorarios legales pagados y datos sobre cesiones a fondos. El Ministerio denegó la mayoría por confidencialidad y límites legales, o por no poseer la información. El CTBG estima parcialmente: deniega copias íntegras de laudos y embargos por confidencialidad y estrategia de defensa, pero concede acceso a una relación de los mismos (excluyendo datos confidenciales) y a los honorarios pagados por España, instando al Ministerio a remitir la información o la solicitud al órgano competente. Deniega el resto por inexistencia o desconocimiento.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades un informe del Instituto de España sobre la idoneidad de conceder el título de "Real" a la Academia de la Lengua Balear. El Ministerio lo remitió al Instituto, que denegó el acceso alegando que no era información pública generada en el ejercicio de sus funciones, confidencialidad y carácter auxiliar. El Consejo desestima la reclamación al considerar que la información no se generó en actividades sujetas a Derecho Administrativo, quedando fuera del ámbito de la LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores informes técnicos sobre el Galeón San José. El Ministerio denegó el acceso alegando sensibilidad del asunto y negociaciones diplomáticas. El reclamante alegó falta de fundamentación y omisión de acceso parcial. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la divulgación afectaría las relaciones exteriores y la protección del patrimonio subacuático, especialmente con Colombia.
El reclamante solicitó a RTVE las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones de su Consejo de Administración desde marzo de 2024. RTVE entregó las actas 54, 55 y 56, pero con gran parte del contenido anonimizado, alegando confidencialidad en el proceso de toma de decisiones. El reclamante recurrió, argumentando falta de justificación detallada para las supresiones. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a RTVE a entregar la información completa, justificando clara y específicamente cada omisión según la LTAIBG y la doctrina del Tribunal Supremo.
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