Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó acceso a informes de auditoría del Institut de l'Ebre a la Generalitat de Catalunya. La administración alegó la confidencialidad de las funciones de control de la Intervención General (art. 145 LGP). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, indicando que la reserva debe ponderarse caso por caso y no excluir ámbitos enteros.
El reclamante solicitó a Renfe copia del convenio con el musical Malinche. Renfe denegó el acceso alegando que es información comercial privada y está sujeta a confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, pues considera que es información pública y debe facilitarse un acceso parcial, suprimiendo solo lo que afecte a intereses comerciales.
El reclamante solicitó a RENFE OPERADORA copia del acuerdo de colaboración con el musical Malinche y su vigencia. RENFE denegó el acceso alegando que no era información pública, carácter abusivo y límites por intereses comerciales/confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, dictaminando que sí es información pública y que, aunque existen límites, no justifican la denegación total, debiendo Renfe proporcionar acceso parcial a los elementos esenciales del contrato.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación contra la CNMV por denegación de acceso a información de un proceso selectivo. Se solicitaban manuales, tablas de calificaciones, actas de tribunal, borradores y grabaciones. El Consejo consideró que el manual no era información auxiliar y que las actas debían ser accesibles en su contenido obligatorio, rechazando la inadmisión previa de la CNMV. Se denegó el acceso a grabaciones por inexistencia y a borradores por estar ya publicados.
La Asociación Senda de Granada Oeste solicitó al Ayuntamiento de Murcia copia digital de un expediente sobre la convalidación de pagos a la empresa EMUSA por servicios de tasa de basura. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad en procesos de toma de decisiones. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación al no acreditarse el test de daño.
Ryanair solicitó al Ministerio de Transportes un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los sobrecostes por equipaje de mano. La solicitud fue denegada por afectar a procesos judiciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación al constatar que Ryanair ya había accedido al informe por otra vía judicial, perdiendo así el objeto de la reclamación.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación contra Renfe por denegar información sobre su inversión publicitaria en medios en 2024 (empresas beneficiarias y cuantías). Se consideró que la información es pública, la reelaboración no justificada y el interés público prevalece sobre los intereses comerciales, aunque se desestimó la solicitud de fechas de transferencias por irrelevancia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior documentación sobre la ejecución y financiación de un contrato de emergencia para la limpieza de playas de Cullera tras la DANA. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información, al considerar que el Ministerio no justificó adecuadamente la aplicación del límite de confidencialidad en procesos de toma de decisión, especialmente al tratarse de un contrato ya adjudicado y financiado con fondos públicos.
El reclamante solicitó acceso a la documentación de un Pleno municipal al Ayuntamiento de Tiana. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información en curso de elaboración. Tras la reclamación ante la GAIP, el Ayuntamiento entregó la información, lo que provocó que la GAIP declarara la pérdida de objeto de la reclamación.
Se solicitó acceso íntegro al expediente de investigación por presunto acoso laboral (expediente 2295/2024) al Ayuntamiento de Moià. La administración denegó las actas y entrevistas alegando confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al expediente pero exigiendo la exclusión de datos especialmente protegidos de terceros.
Se solicitó a RENFE-Operadora, E.P.E. el desglose de su inversión publicitaria en 2023. La entidad denegó parcialmente alegando que no es información pública, que requiere reelaboración y afectaría a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la inversión de un organismo público es información pública y prevalece el interés ciudadano sobre los supuestos perjuicios comerciales.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento Tecartus. El Ministerio denegó el acceso por límites legales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la existencia de litispendencia, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre un recurso de casación en un caso idéntico.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento SUNLENCA 464 MG SOLUCIÓN INYECTABLE y su impacto presupuestario. El Consejo de Transparencia suspendió la tramitación de la reclamación debido a la litispendencia ante el Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre recursos de casación relacionados con sentencias de la Audiencia Nacional que anularon resoluciones previas del Consejo sobre información similar.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del tratamiento Hemgenix. El Ministerio denegó el acceso por confidencialidad. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la litispendencia de un caso similar, cuya sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, esperando su pronunciamiento.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento Abecma. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la existencia de recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo, que versan sobre sentencias de la Audiencia Nacional que anularon decisiones previas del Consejo sobre información idéntica, considerándolo un pronunciamiento determinante.
El reclamante solicitó a CORREOS información sobre contratos con Sortis Telecomunicaciones (2020-2024). CORREOS concedió acceso parcial, lo que motivó la reclamación. El Consejo de Transparencia decide archivar la reclamación porque el interesado desistió voluntariamente, al haber presentado una nueva reclamación con el mismo objeto que ya está en tramitación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda las actas del comité de cooperación en contratación pública. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar las actas con su contenido obligatorio, permitiendo acceso parcial si fuera necesario, y critica la ampliación injustificada del plazo.
La mercantil XXX solicitó a AUVASA acceso a las propuestas técnicas de sus competidores XXX y XXX en un contrato de gestión energética. Los terceros se opusieron alegando confidencialidad y secretos comerciales. AUVASA denegó el acceso, y la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación, confirmando la confidencialidad de la información y que el derecho de defensa del reclamante no fue vulnerado, ya que el informe de valoración era suficiente.
Se solicitó al Cabildo Insular de Lanzarote la identidad de los empleados públicos, sus procedimientos de provisión, vacantes y comisiones de servicio. La administración denegó la identidad alegando protección de datos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la identidad y provisión de la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Tacoronte el coste de la actuación de un grupo musical en un pregón. Tras una denegación inicial y respuestas evasivas, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración entregó la información de forma extemporánea, provocando la pérdida de objeto de la reclamación.
La reclamante solicitó al Consorcio Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a un expediente y copia de un informe. El organismo la remitió a la TGSS. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar improcedente la respuesta inicial y no haberse facilitado la información en plazo, obligando a la interposición de la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre un procedimiento de infracción (INFR (2023)4009) contra España. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación, ya que la Comisión Europea considera que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y el clima de confianza para negociaciones, aplicando la excepción del Reglamento (CE) 1049/2001.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Sant Quirze del Vallès los enunciados y respuestas de procesos selectivos de los últimos cinco años. La administración denegó el acceso alegando que es documentación interna para evitar desigualdades en futuras convocatorias y que el solicitante no era parte interesada. La GAIP estimó la reclamación por ser información pública.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santander el informe de auditoría del contrato de servicio de limpieza de colegios. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria y confidencialidad. El reclamante alegó que no es necesario motivar la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ayuntamiento no justificó adecuadamente los límites invocados, y ordena la entrega del informe.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el acta firmada de la sesión 489 de la Junta de la Carrera Diplomática. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de relaciones exteriores y confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que el derecho de acceso abarca el contenido íntegro de las actas, especialmente los elementos obligatorios del art. 18.1 Ley 40/2015, y que los límites deben aplicarse de forma justificada y proporcional, permitiendo el acceso parcial.
Se solicitó a la Fundación del Teatro Real información sobre arrendamientos de espacios en 2024 (tipo de arrendatario, nombre si jurídico, espacio, fecha, precio, descuentos, objeto del evento) y criterios/tarifas de alquiler. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, rechazando el argumento de solicitud abusiva. Decidió que el precio individual de cada alquiler perjudica intereses comerciales, pero la Fundación debe proporcionar el total de ingresos por alquileres en 2024 y la relación de eventos con información pública, así como los criterios/tarifas globales.
Se solicitó a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid las actas del Consejo Escolar de 2024. Tras la denegación inicial, la Consejería propuso un acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, otorgando acceso solo al contenido mínimo esencial y votos particulares, excluyendo las deliberaciones internas.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de Madrid diversos documentos y la normativa sobre la implantación de cursos de ESO en el CEIP Nuestra Señora del Val. Tras la inadmisión de la Consejería, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el acta del consejo escolar, pero deniega el resto por ser información auxiliar o normativa.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat copias de los informes técnicos sobre la continuidad del contrato de gestión del Departamento Elx-Crevillent. Tras la denegación basada en la confidencialidad de la toma de decisiones, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación al considerar que son informes públicos y esenciales.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès acceso a una denuncia y documentos sobre un proceso de riesgos psicosociales. La administración alegó que la denuncia no existía y que el resto de documentos estaban sujetos a reserva por tratarse de un expediente de presunto acoso laboral. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que se mantienen los límites de confidencialidad.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Un periodista solicitó a la Agencia Catalana del Agua (ACA) los consumos de agua de una empresa en el embalse del Catllar desde 1975. El ACA denegó el acceso alegando reserva de datos tributarios. La GAIP estima la reclamación y ordena entregar la información por ser datos ambientales de interés general en contexto de sequía y por no ampararse la reserva tributaria a personas jurídicas.
Se solicitó información estadística sobre denuncias de acoso laboral y sexual en institutos del CEB (2020-2024) al Departament de Presidència de la Generalitat. El reclamante alegó falta de respuesta y cuestionó la estructura de los datos. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declaró la pérdida parcial de objeto por entrega tardía y desestimó la reclamación.
Se solicitó a la Directora General de Función Pública el acta de la Comisión Paritaria del Personal Laboral del 19 de septiembre de 2024. El reclamante impugnó la denegación inicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en la confidencialidad de los procesos de toma de decisión y la protección de datos personales.
La solicitante pidió un plano topográfico y un informe favorable del Jefe de Sección de Recursos Hidráulicos sobre un proyecto de cubrimiento de un barranco al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. La administración denegó el informe alegando que era información auxiliar/interna. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación porque el informe es parte esencial del expediente.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
El solicitante pidió a la Presidencia de la JCCM el expediente que autorizó un recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana. Tras alegar la falta de respuesta, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información reservada del proceso de toma de decisiones y requerir reelaboración previa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado detallado de escalas de buques mercantes en puertos españoles desde 2021. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del Ministerio. La decisión se fundamenta en la aplicación de límites de la LTAIBG relativos a la defensa nacional, relaciones exteriores y confidencialidad, argumentando riesgos para la seguridad nacional y la prevención de amenazas terroristas, especialmente en el caso de materiales de defensa, y que un acceso parcial carecería de sentido.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa acceso a documentos del expediente de elaboración de un Proyecto de Real Decreto sobre factura electrónica. El Ministerio denegó parcialmente el acceso invocando el límite de confidencialidad en procesos de toma de decisión (art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de toda la información al considerar que el límite no es aplicable, ya que los documentos ya están generados y no se justificó un perjuicio concreto al proceso deliberativo.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo con Indra (15/10/2024) y la relación de contratos del BSC-CNS sobre tecnologías duales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no justificó el daño concreto ni la ponderación de intereses para el acuerdo, y para los contratos, no se acreditó su clasificación formal ni el informe preceptivo para la no publicación.
El reclamante solicitó acceso al expediente 1/2024/17 al Ayuntamiento de Granollers. La administración denegó el acceso alegando que el interesado era el único afectado. Tras la reclamación, el Ayuntamiento facilitó el expediente electrónicamente, lo que provocó la pérdida de objeto de la reclamación según la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP).
Se solicitó a Renfe Viajeros el coste desglosado de ser el "Tren Oficial" de la gira 25 aniversario de Estopa. Renfe denegó el acceso alegando que no era información pública y que afectaba intereses económicos/comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a revelar el coste total de la campaña, al considerar que la información es pública y que el límite invocado no se justifica para el coste global sin desglose.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Fernando saber si ciertos inmuebles estaban al corriente de pago de tasas de vado y los motivos por los que carecían de señalización. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era repetitiva y que los datos tributarios eran reservados. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente: ordena retrotraer el trámite para alegaciones de terceros en la primera petición e inadmite la segunda.
El ciudadano solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya datos sobre salidas escolares (número, características y presupuesto) desglosados por centro, municipio y tipología en las comarcas de Berguedà y Bages. La administración denegó la identificación de los centros alegando riesgo de segregación escolar. La GAIP estimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes las grabaciones de cámaras y los informes sobre un descarrilamiento ocurrido en octubre de 2024. La administración denegó el acceso alegando que eran informaciones auxiliares y que las imágenes estaban protegidas por la Ley de Seguridad Privada. El CTBG desestima la reclamación, confirmando la denegación por la vigencia de la investigación y la protección de la privacidad.
Una ciudadana solicitó al IMIDRA el expediente completo de la adjudicación de un arrendamiento rústico en Aranjuez para oponerse al proceso. El IMIDRA inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, alegando que la información estaba en curso de elaboración, era de carácter auxiliar y la adjudicación ya era pública.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes grabaciones de cámaras e informes sobre un descarrilamiento ferroviario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Denegó los informes por perjuicio a una investigación en curso (Art. 14.1.e LTAIBG) y las grabaciones por su carácter reservado y uso restringido a investigaciones policiales/judiciales (Art. 42.4 Ley 5/2014).
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander la respuesta de un cuestionario de 14 puntos dirigido al Jefe de RRHH sobre su proceso de contratación y cese. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que no consistía en información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud pretendía obtener justificaciones y no documentos preexistentes.
El solicitante pidió al Instituto Valenciano de Cultura el acceso a los documentos del proceso de selección para la Dirección Adjunta de Audiovisuales y Cinematografía. Tras la falta de respuesta y una denegación posterior basada en la confidencialidad, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación por ser el solicitante interesado en el expediente.
Se solicitó a Canal de Isabel II, S.A. el proyecto constructivo del tercer colector de Rejas. El reclamante alegó que la inadmisión por información en curso de elaboración era improcedente y carecía de plazo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el proyecto está en elaboración y su divulgación previa afectaría a la confidencialidad y la igualdad en la futura licitación.
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