Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La reclamante solicitó a una mercantil gestora de un recinto deportivo los planes de emergencia de un partido de baloncesto. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, entendiendo que la entidad es una empresa privada concesionaria que no percibe subvenciones, por lo que no está sujeta al ámbito de aplicación de la ley de transparencia y no se le exige el acceso a dicha información.
La reclamante solicitó información sobre pagos y servicios técnicos de un contrato de recursos humanos a la Autoridad Portuaria de Cartagena. La administración denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y la solicitud abusiva. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo fue entregada tras la interposición de la reclamación, incumpliendo los plazos legales.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
Una persona solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) las actas de la Comisión de Farmacia y Terapéutica de varios hospitales. Tras recibir la información del Hospital Arnau de Vilanova excesivamente anonimizada, el solicitante alegó que se ocultó contenido esencial. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de las actas íntegras, excluyendo solo datos identificativos.
El solicitante pidió información sobre los proyectos de Pablo Echenique Robba, gasto en investigaciones de género (2017-2024) y mantenimiento del Real Jardín Botánico al CSIC/Ministerio de Ciencia. El organismo inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y fraude de ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse el abuso ni la falta de finalidad pública.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la evaluación de impacto de privacidad de un sistema de identificación biométrica. La administración denegó el acceso alegando que es información interna. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la entrega del documento permitiendo la exclusión de las partes que afecten a límites legales.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad/INGESA la evaluación de impacto sobre la privacidad de un sistema biométrico de identificación de pacientes. INGESA denegó el acceso, alegando que el sistema estaba en desarrollo y que la EIPD solo se comparte con la AEPD, invocando luego el límite del art. 14.1.k) LTAIBG. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar la denegación injustificada y desproporcionada, y que el interés público en la información prevalece, instando a la entrega de la EIPD, con posible exclusión justificada de partes sensibles.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el protocolo de valoración económica del daño a la fauna silvestre. La administración denegó el acceso alegando que se trataba de una comunicación interna. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación al considerar que el documento tiene un fin técnico y no constituye una deliberación interna.
Se solicitó la identificación detallada de puestos de trabajo y su oferta en procesos selectivos de la categoría de Titulado Medio Educador a la Dirección General de Función Pública de la Comunidad de Madrid. El reclamante impugnó la inadmisión de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por ser información en curso de elaboración y por pérdida de objeto.
Se solicitó al Ayuntamiento del Vendrell copia de facturas de un grupo municipal e informes de intervención desde 2022. La entidad reclamante alegó silencio administrativo al no recibir respuesta. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación porque la documentación es objeto de investigación por la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena acceso a actas y criterios de procesos selectivos. La administración alegó que la petición era repetitiva, información auxiliar y que vulneraba la tutela judicial y la protección de datos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación pero con la supresión de datos personales de los candidatos no seleccionados.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena actas, anexos, plantillas y criterios de corrección de procesos selectivos de personal. La APC denegó el acceso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información (actas, criterios) con supresión de datos personales de aspirantes no adjudicatarios, al considerar que prevalece el interés público en la transparencia de los procesos de selección sobre los límites invocados.
Se solicitó información sobre procesos de entrevista para directivos y composición/actas de consejos escolares de dos centros educativos al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de respuesta, la GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación tras aplicar la anonimización necesaria para proteger la privacidad.
Viatris solicitó a la AEMPS información sobre el procedimiento de autorización del medicamento Micrazym. La AEMPS denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la documentación elaborada por la propia AEMPS, pero excluye la de origen extranjero.
Una persona solicitó el acta del Consejo Escolar sobre una sanción a un menor, reclamando la identidad de los miembros y el código de verificación (CSV). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: ordena revelar la identidad de los miembros adultos, pero mantiene la anonimización de las intervenciones individuales y el ocultamiento del CSV.
Viatris Pharmaceuticals solicitó al Ministerio de Sanidad/AEMPS información sobre la evaluación y autorización del medicamento Micrazym, incluyendo la posición de AEMPS en el proceso descentralizado. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, al considerar que la denegación inicial de AEMPS carecía de motivación suficiente para los límites invocados y que la LTAIBG no exige que el procedimiento esté concluido ni ser interesado. No obstante, solo se concedió acceso a la información elaborada o adquirida por la AEMPS en el ejercicio de sus funciones.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior informes de la Abogacía sobre el convenio SUP-Desokupa. La administración alegó que no disponía de la información y que el acceso vulneraría la confidencialidad en procesos de toma de decisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el informe es un trámite previo que debe protegerse para garantizar la deliberación.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el resultado de un expediente y copias de informes de la Abogacía del Estado sobre un acuerdo entre el SUP y Desokupa. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación del acceso. La decisión se basa en la aplicación del límite del art. 14.1.k) LTAIBG, ya que el Ministerio aún no ha tomado una decisión final, prevaleciendo la protección del proceso deliberativo.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona documentación sobre el estudio de calidad del aire y su contrato. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando confidencialidad de las licitadoras. La GAIP estima la reclamación porque el Ayuntamiento no justificó la confidencialidad ni emitió informe del órgano de contratación, siendo este el único responsable de validar dicho límite.
Se solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso completo a un expediente de inspección de trabajo para usarlo en un proceso judicial. El reclamante alegó su derecho de acceso a la información pública. La GAIP desestimó la solicitud porque el interés es meramente privado y la información debe obtenerse a través de la vía judicial correspondiente.
El reclamante solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro los nombres de empleados en situaciones administrativas especiales y el detalle nominal de complementos de productividad (2020-2023). La administración denegó la identidad de los empleados alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución debido a una litispendencia judicial.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible acceso a los pliegos, la justificación y los entregables de un contrato de consultoría de Renfe Alquiler de Material Ferroviario. Renfe concedió acceso parcial (solo lo publicado). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información restante contiene secretos comerciales.
Se solicitó a RENFE-Operadora EPE los pliegos, justificación y entregables de un contrato de consultoría (exp. 2024-01463). RENFE concedió acceso parcial, denegando el resto por afectar intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información tiene valor empresarial real y su divulgación perjudicaría la estrategia de negocio de RENFE y KPMG, aplicando el límite del art. 14.1.h LTAIBG.
Una persona jurídica solicitó al Ayuntamiento de la Vall de Boí datos detallados sobre la ejecución presupuestaria (2021-2024) en formato Excel. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reelaboración compleja, solicitud abusiva y límites de confidencialidad. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por no justificarse dichos límites.
Un periodista solicitó a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras las actas de las reuniones de su patronato de los últimos cinco años. La Fundación denegó el acceso alegando confidencialidad basada en el Código Civil de Cataluña. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que no existe una ley que imponga dicho secreto.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (AESA) informes de una denuncia y copias de expedientes E23-2601 y G24-0069. AESA denegó el acceso por procedimientos en curso. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente E23-2601 al estar concluido, pero desestimó el acceso a los demás documentos por afectar a procedimientos en tramitación y la defensa de terceros.
El solicitante pidió copia de los contratos de RTVE para la contratación de David Broncano y su programa. Alegó que la administración no justificó la denegación y que las cláusulas de confidencialidad no son suficientes para restringir el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse entregado la información relevante solo tras la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el desglose de avales del ICO para vivienda joven por entidad bancaria. La administración alegó intereses económicos y confidencialidad para denegar el desglose. El reclamante, al recibir parte de los datos, decidió desistir de su reclamación, por lo que el Consejo de Transparencia procede al archivo de las actuaciones.
El reclamante solicitó copia de los contratos de RTVE para David Broncano y la producción de su programa. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra CRTVE por motivos formales, ya que la corporación no entregó la información completa en el plazo legal, proporcionando parte de ella solo tras la reclamación y sin justificar adecuadamente la denegación inicial.
Se solicitó al Ministerio de Economía (ICO) el número de avales formalizados para primera vivienda de jóvenes y familias, con desglose por entidad bancaria. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación porque el solicitante desistió tras recibir el número total de avales, aunque se le denegó el desglose por entidad. El desistimiento fue aceptado según el art. 94 LPAC.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla el expediente completo de un procedimiento de acoso escolar, incluyendo correos electrónicos y la identidad de funcionarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información siempre que se disocien los datos de terceros y se proteja la intimidad de los menores.
El reclamante solicitó a la Fundación CIUDEN el expediente de una denuncia por presuntas ilegalidades en contratación pública. La Fundación denegó el acceso alegando que el denunciante no tiene la condición de interesado según la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega del expediente pero exigiendo la previa disociación de los datos de carácter personal.
La federación de organismos de radio y televisión solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre inspecciones de IVA de la CRTVE. La administración denegó el acceso alegando límites de seguridad, intereses económicos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación pues, aunque los límites del art. 14 no se justificaron bien, la información está protegida por la reserva de datos tributarios del art. 95 LGT.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad datos sobre contratos y precios de las vacunas COVID-19. El Ministerio alegó la aplicación de límites de acceso por intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha decidido inadmitir la reclamación por ser extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de un mes.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre farmacéuticas, precios y cantidades de vacunas COVID-19, así como copias de contratos. El Ministerio concedió acceso parcial a cantidades, pero denegó precios y contratos por confidencialidad. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación por extemporánea, al haberse presentado un día fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó a la ITSS el informe y resolución de una inspección a la mutua MAZ MCSS Nº11 y un manual de botiquines. La ITSS denegó el acceso. El reclamante interpuso un recurso de reposición, que se desestimó por silencio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque, al haberse interpuesto ya un recurso de reposición, la reclamación ante el Consejo no procedía, siendo la vía contencioso-administrativa la siguiente.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de la Granadella información sobre gestión tributaria, calendarios, ordenanzas y notificaciones. Tras la falta de respuesta municipal, la GAIP estima parcialmente el acceso a documentos personales, calendarios y ordenanzas, desestima el listado general de notificaciones por confidencialidad fiscal e inadmite peticiones de motivación o acciones administrativas.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre hospitales psiquiátricos de larga estancia (datos de camas, pacientes, costes, etc. de los últimos 5 años). El Ministerio respondió con enlaces genéricos a bases de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la información completa y específica fue facilitada fuera de plazo y tras la intervención del Consejo, vulnerando el derecho de acceso en tiempo.
La reclamante solicitó datos estadísticos sobre hospitales psiquiátricos de larga estancia al Ministerio de Sanidad. El organismo respondió remitiendo a enlaces web, lo cual la interesada consideró una respuesta poco práctica y difícil de navegar. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la respuesta adecuada se produjo fuera del plazo legal establecido.
Un agente de la Autoridad Portuaria de Valencia solicitó copia de los expedientes de una denuncia por acoso laboral y el expediente disciplinario resultante. La administración inadmitió la solicitud alegando que es información de carácter laboral y privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución final del Director General.
Una persona solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional el acceso a los enunciados y grabaciones de las pruebas de inglés y catalán de las EOI desde 2019. El reclamante alegó que la denegación era arbitraria y contraria a la transparencia. La GAIP desestimó la reclamación porque la información es confidencial según la normativa específica y su difusión perjudicaría el interés general.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los documentos que justificaran la ausencia de una línea AVLO entre Granada y Madrid. Alegó que, al ser Renfe una empresa pública, dicha información debe ser accesible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se pedía una justificación de decisiones y no información preexistente.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda el desglose del presupuesto de un programa de RTVE y las retribuciones de su presentador y colaboradores. RTVE denegó el desglose por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, argumentando que en contratos mercantiles, el importe total es suficiente para la fiscalización y el desglose de salarios individuales no es esencial.
El reclamante solicitó a CRTVE S.A. el presupuesto desglosado de un programa, indemnizaciones por cancelación y sueldos de presentador/colaboradores. CRTVE concedió el importe total y la inexistencia de indemnización, denegando el resto por confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo desestima la reclamación, al considerar que la información ya proporcionada es suficiente para la fiscalización pública, y el desglose de retribuciones individuales en contratos mercantiles no es esencial para los fines de la LTAIBG.
El reclamante solicitó las actas de las reuniones del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena desde 2016. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho y aplicó límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la entrega de la documentación permitiendo la supresión de datos protegidos.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por denegar el acceso a las actas de su consejo de administración (2016-2023). La APC alegó abuso de derecho e invocó límites por procesos judiciales e intereses económicos. El Consejo rechazó el abuso y recordó que los límites deben ser justificados, proporcionales y permitir el acceso parcial, instando a la entrega de la información solicitada.
Una reclamante solicitó a CRTVE copias de las actas de mesas de valoración de cine de 2020-2024, incluyendo detalles de películas aprobadas/denegadas, motivos y anexos (XLS/CSV). CRTVE entregó parte de las actas, omitiendo opiniones, pero la reclamante alegó la falta de cinco actas, información sobre películas denegadas y los anexos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a CRTVE a entregar la información restante al no justificar su denegación parcial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes informes y justificaciones sobre la no adjudicación y asignación de lotes en el proyecto de acceso a El Musel. El Ministerio inadmitió la petición alegando que era información auxiliar/interna y de carácter abusivo, y que la aclaración no era información pública. El Consejo desestima la reclamación, considerando que ya se ha proporcionado información pública suficiente y que el resto es auxiliar o no constituye información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación actas, listados de miembros (actuales e históricos), y gastos del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, así como los motivos de incumplimiento de ciertas obligaciones. El Ministerio inadmitió las actas por repetitivas, remitió a BOE para miembros, y denegó gastos y motivos. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio facilitar las actas (con supresión de deliberaciones), los listados de miembros y los gastos desde la creación del Consejo, pero desestima la solicitud de los motivos de incumplimiento.
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