Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó a COMUJESA el estudio de movilidad realizado por el MIB. La entidad denegó el acceso alegando intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad no justificó un perjuicio real, concreto y evaluable.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social la cuantía de la deuda de la empresa Manufacturing Textiles de Béjar SL con la Seguridad Social. El solicitante alegó que el interés público prima sobre la reserva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando a entregar la información.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya copia de las pruebas de nivel C2.2 de inglés. El solicitante alegó que es una práctica habitual en otras oposiciones. La GAIP desestimó la reclamación porque la información es confidencial según el RD 1/2019 y su divulgación perjudicaría gravemente el interés general y la seguridad de las pruebas.
OPEMAR solicitó a la Autoridad Portuaria de Málaga el expediente completo de la concesión de la empresa NOATUM. Tras una denegación parcial basada en secretos comerciales y confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar pliegos, ofertas, solicitudes de modificación e informes, previa tacha de datos confidenciales.
El reclamante solicitó acceso a información pública al órgano requerido. Este denegó el acceso alegando la excepción de confidencialidad. El reclamante interpuso reclamación ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la respuesta del órgano requerido se ajustaba a la normativa vigente y cumplía los requisitos legales.
Un periodista solicitó al Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya un informe de la Intervención General sobre la dirección de Meteocat. Tras la denegación administrativa, la GAIP estima la reclamación y ordena derivar la solicitud al Servei Meteorològic de Catalunya para garantizar el acceso a la información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores las circulares enviadas a los consulados sobre la Ley de Memoria Democrática. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que eran comunicaciones internas auxiliares. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no ser meramente auxiliar.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona informes sobre cinco contratos menores de 2020. La administración denegó el acceso alegando que la Oficina Antifrau de Catalunya estaba investigando dichos contratos. La GAIP estima la reclamación porque la Oficina Antifrau confirmó que el hecho de integrar un expediente de investigación no constituye per se un límite al acceso a la información.
Un concejal de Vilanova del Vallès solicitó al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) información sobre reuniones y un préstamo para obras municipales. El ICF denegó el acceso alegando secreto bancario. La GAIP estima la reclamación y ordena al ICF derivar la solicitud al Ayuntamiento, ya que este es el cliente y puede consentir la entrega de la información.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona informes sobre cinco contratos menores de 2020. La administración denegó el acceso alegando que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) estaba investigando dichos contratos. La GAIP estima la reclamación porque la OAC informó que el hecho de que la documentación integre un expediente de investigación no constituye per se un límite al acceso.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la composición, actas y dictámenes de una reunión de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, así como relaciones cronológicas de reuniones. El reclamante alegó que la falta de publicación no exime de suministrar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la composición y el orden del día.
Se solicitó a la CNMC la relación de personal no funcionario que participó en tres inspecciones concretas. El solicitante alegó que la CNMC aplicó incorrectamente los límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando retroceder las actuaciones para dar audiencia a los afectados y posteriormente facilitar la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el contrato y diversos informes técnicos y jurídicos sobre la construcción de trenes de Cercanías en Cantabria y Asturias. Tras una respuesta parcial y tardía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El interesado solicitó información desglosada sobre los beneficiarios de becas para enseñanza privada de los cursos 2021/22 y 2022/23 a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación por falta de motivación.
Una persona jurídica solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso a expedientes de inspección de trabajo derivados de una denuncia. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad sectorial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al escrito de denuncia y al informe final (anonimizado), pero deniega el resto por riesgo de perjuicio comercial.
Se solicitó a la Diputación Provincial de Cádiz el análisis de riesgos, la evaluación de impacto y la comparativa RGPD-ENS de EPICSA. La entidad denegó el acceso alegando seguridad nacional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información salvo que comprometa la seguridad pública.
El interesado solicitó acceso al expediente sancionador completo y a las inspecciones de la resolución Obra Civil 2 S/0021/10 a la CNMC. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de confidencialidad y la falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la confidencialidad no es absoluta y no se justificó el daño.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información detallada sobre la deuda de Cuba y Venezuela con España desde 2004. Tras una concesión parcial, el solicitante reclamó basándose en un precedente del CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución a la espera de una sentencia firme de la Audiencia Nacional sobre un caso idéntico.
Un delegado sindical solicitó a Correos actas y acuerdos sobre la normativa de las Bolsas de Empleo Temporal. El solicitante alegó que no se le facilitaron las actas íntegras, solo los acuerdos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que Correos entregó toda la normativa aplicable solicitada, cumpliendo así el objeto de la petición.
Se solicitó a la Agència Catalana de Consum información sobre los trámites de un expediente sancionador relativo a un contador de agua. El solicitante reclamó ante la GAIP la desestimación parcial y la inadmissió de su petición. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Una persona solicitó a la Universidad de Huelva acceso al expediente de su tesis doctoral, incluyendo votos secretos y un recurso de alzada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima el acceso a los votos por ser secretos y a una carta interna, pero estima parcialmente la solicitud sobre el recurso de alzada, ordenando retrotraer el procedimiento para dar audiencia a los afectados.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Oropesa el traslado de un escrito del secretario relativo a su persona y la identificación de los funcionarios responsables de la tramitación. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso al ser el solicitante interesado en el procedimiento y tratarse de información personal.
El solicitante pidió acceso a información sobre el uso de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación al Ministerio de Hacienda. Tras una respuesta insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información detallada solicitada.
Se solicitó al Ministerio de Justicia el expediente de indulto de una persona, pidiendo su anonimización. El Ministerio denegó el acceso alegando la naturaleza del derecho de gracia y la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las razones del indulto y los dictámenes del Fiscal y el Tribunal, previa supresión de datos personales.
Una persona solicitó el expediente íntegro de un procedimiento de acoso laboral a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva. El interesado alegó indefensión por no haber recibido la documentación completa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque el solicitante era parte interesada en un procedimiento administrativo en curso.
Se solicitó al Ministerio de Justicia el expediente de un indulto concedido, pidiendo su anonimización. El Ministerio denegó el acceso alegando la naturaleza del derecho de gracia y la imposibilidad de anonimizar datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las razones del indulto y los dictámenes del Fiscal y el Tribunal.
Un profesor universitario solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente de un concurso de licencias televisivas de 2015. Tras recibir acceso parcial, alegó indefensión y falta de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo justificó los límites aplicados una vez iniciado el procedimiento de reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (SEPI) dos informes de valoración de la sociedad Molypharma (2013 y 2014). La SEPI inadmitió el primero por no poseerlo y denegó el segundo por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la entrega parcial de ambos documentos.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (ICO) el acceso a los informes trimestrales de la consultora PwC sobre impagos de créditos COVID. El ICO denegó el acceso alegando secreto bancario y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar los informes previa anonimización de las empresas.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Agricultura de Sevilla datos sobre comunicaciones previas, inspecciones y medidas provisionales de venta directa de productos primarios en Villamanrique de la Condesa, así como la identidad del personal inspector. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar datos numéricos y a retrotraer el procedimiento para dar audiencia a terceros afectados.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores la carta enviada al Parlamento Europeo sobre el uso de lenguas cooficiales. El Ministerio denegó el acceso alegando reserva por política exterior. El reclamante alegó interés público y difusión previa en prensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no justificarse el perjuicio en las relaciones exteriores.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente sancionador contra Guardias Civiles por mofas en Lourdes, aceptando la anonimización de datos. El solicitante alegó que el silencio administrativo y la posterior denegación vulneraban la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales (falta de respuesta en plazo), aunque desestima el fondo.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz documentos de un proceso selectivo (CVs, actas de entrevistas y registros de entrega). Tras la denegación parcial del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del CV de la seleccionada y el acta de entrevista de la solicitante.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las guías de formación para funcionarios penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad pública y confidencialidad de procesos selectivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación detallada y justificación del daño real.
El ciudadano solicitó a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública acceso a expedientes, actas y grabaciones de diversas oposiciones. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a los expedientes y actas, pero denegando las grabaciones y ciertos exámenes específicos.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Salud la identidad de los miembros de la CCOAFT. La entidad denegó el acceso alegando la necesidad de garantizar la confidencialidad y evitar presiones externas en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, considerando que la identidad de empleados públicos es accesible por regla general.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Jaén declaraciones e informes sobre un caso de acoso escolar. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información que no afecte a terceros o esté disociada.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores la carta del Presidente al Rey de Marruecos y el documento de remisión al diario El País. El Ministerio denegó el acceso alegando reserva por relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la carta ya es de conocimiento público, anulando así el límite de confidencialidad.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación y el impacto presupuestario del medicamento Zolgensma®. El Ministerio y el laboratorio Novartis se opusieron alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando publicar el precio final y el impacto presupuestario.
SFB Spain solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo de su solicitud de financiación al Programa de Conversión de Deuda con Cuba. Tras una denegación parcial basada en límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación concreta de los límites invocados.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid información sobre plazas y listas de espera del programa para alumnos con altas capacidades (PEAC). La administración denegó parte de los datos alegando protección de datos de menores. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la lista de espera anonimizada.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el detalle, autorizaciones e informes de riesgo de los envíos de armas a Ucrania. El solicitante alegó que el Tratado de Comercio de Armas de la ONU obliga a la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada como secreto.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad/AEMPS información sobre la compra de vacunas contra la viruela del mono, incluyendo costes y contratos. El organismo denegó inicialmente el precio alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó extemporáneamente durante el proceso.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua las actas de la Junta de Gobierno Local y del Pleno. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y vulneraba la confidencialidad de las deliberaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al municipio a entregar la información por ser de interés público.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (SEPI) la resolución y acuerdos sobre la ayuda financiera concedida a Air Europa. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y régimen específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución y condiciones de la ayuda, pero excluyendo el plan de viabilidad.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Petrer los trámites de elaboración del trabajo de valoración de puestos de trabajo. Ante la falta de respuesta, reclamó al Consell Valencià de Transparencia. Este organismo desestima la reclamación por concurrir causas de inadmisibilidad (información en curso de elaboración y de carácter auxiliar), aunque insta a informar de la fecha estimada de finalización.
El solicitante pidió a la Diputación Provincial de Badajoz el catálogo de vestigios de la guerra civil y el franquismo, actas y dictámenes del comité de expertos. La administración denegó las actas alegando confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar las actas, previa eliminación de datos personales y opiniones individuales.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Sanidad el coste detallado de las vacunas contra el coronavirus y copia de los contratos. La AEMPS denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad comercial y acuerdos con la UE. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y los contratos anonimizados.
Un periodista solicitó a la EMDET informes del CEPRAN y de la consultora Judilex. La administración denegó los informes de Judilex alegando secreto profesional y confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes pero permitiendo tachar datos de denunciantes o imputaciones de responsabilidad.
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