Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
El sindicat CSIF Comunitat Valenciana solicitó información sobre la plantilla y plazas vacantes de la Generalitat Valenciana a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El sindicato alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consell Valencià de Transparència inadmitió la reclamación al no acreditarse la existencia de la solicitud original ante la administración.
El solicitante pidió al Concello de Santiago de Compostela información sobre aportaciones económicas a convenios y contratos de la empresa pública INCOLSA. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando confidencialidad comercial. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por considerar que los límites al acceso fueron invocados de forma genérica.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública las retribuciones y actas del Consejo de Administración de Paradores de Turismo (2021). El interesado alegó que se pixeló información excesiva e injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la entidad protegió correctamente los intereses comerciales y la confidencialidad de las deliberaciones.
Una entidad solicitó a la SEPI los acuerdos y resoluciones sobre la ayuda financiera concedida a Ávoris Corporación Empresarial. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución de concesión y condiciones de la ayuda, pero excluyendo la estrategia empresarial.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los expedientes de ayudas públicas concedidas a las sociedades Playbol. El reclamante alegó que la respuesta del ICO fue insatisfactoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información concreta se proporcionó fuera del plazo legal.
Un concejal del Ayuntamiento de Valencia solicitó acceso al expediente de actuaciones de la Agència Antifrau. El Ayuntamiento autorizó el acceso pero pospuso la entrega de un informe de investigación por ser provisional. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación, considerando que al ser un informe provisional elaborado por otro organismo, se trata de información en curso de elaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pastrana copias de los expedientes justificativos de los complementos de productividad de funcionarios de niveles 26 o superiores y de cargos públicos/confianza (2018-2021). Tras la denegación del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el interés público no prevalece sobre la protección de datos de los empleados de dicha categoría.
Se solicitó a la Sociedad Estadio Olímpico La Cartuja S.A. el contrato de sede con la UEFA y la RFEF para la Eurocopa. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no existe un riesgo real y concreto que justifique la reserva de la información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la entrada en España de Brahim Ghali y las instrucciones a las Fuerzas de Seguridad. El Ministerio denegó la información alegando reserva judicial y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no ser documentación procesal.
El reclamante solicitó a RTVE el detalle de las candidaturas para Eurovisión 2022. RTVE denegó la identidad de los autores alegando confidencialidad contractual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la confidencialidad de los nombres mediante anonimización, pero obliga a RTVE a entregar los datos numéricos totales de artistas invitados.
Una plataforma ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Riells i Viabrea un estudio de una consultora sobre el servicio del agua. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la plataforma había incumplido compromisos de confidencialidad. La GAIP estima la reclamación, dictaminando que el clima de confianza no es causa legal para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó una serie de informes técnicos de la Dirección General de Salud Pública sobre la adopción de medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19 en Cantabria. La Consejería de Sanidad denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria diversos informes técnicos que fundamentaron las restricciones sanitarias por COVID-19. La Administración denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre el precio y condiciones de financiación del fármaco Luxturna. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el precio final fijado por la Administración es información pública.
Un representante de la ONG EDRi solicitó al Ministerio de Justicia las respuestas de España a un cuestionario de la Comisión Europea sobre retención de datos para investigación criminal. El solicitante alegó que otros países habían publicado su información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo a la seguridad pública y confidencialidad.
Una periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el listado de grandes tenedores de viviendas, incluyendo nombres de personas jurídicas y direcciones. Alegó que la protección de datos no debería aplicarse a entidades jurídicas. La GAIP desestimó la reclamación porque el uso de bases de datos tributarias y catastrales para este fin vulnera la confidencialidad legal.
Un aspirante a la Policía Local de Buñol solicitó su perfil psicológico y el informe de la psicóloga que motivó su calificación de 'no apto' en un proceso selectivo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y carácter auxiliar de la información. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, pues la información es pública y necesaria para la defensa de sus derechos.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Se solicitó al Ayuntamiento de Almassora el resultado de un estudio de puestos de trabajo y su manual. La administración respondió alegando que es información en fase de trabajo. El reclamante recurrió ante el Consell Valencià de Transparència, pero este decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
La Fundación Montescola solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el expediente e informes de un proyecto de competitividad turística. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y era de carácter auxiliar. El CTBG estima parcialmente la reclamación al considerar que la información entregada es incompleta.
La reclamante solicitó un listado detallado de centros educativos de la Comunidad de Madrid con datos sobre la detección y erradicación de amianto. La administración denegó la información alegando que era información auxiliar y que su elaboración suponía una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, instando a la entrega de un listado con datos equivalentes.
La Fundación Civio solicitó datos estadísticos desglosados sobre el Ingreso Mínimo Vital al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras una respuesta inicial parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, al considerar que el desglose por unidades territoriales inferiores a la provincia conlleva un riesgo de reidentificación de personas vulnerables y una carga desproporcionada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad estadísticas de partos (inducidos, episiotomías, instrumentales y totales) desglosadas por cada hospital del SNS desde 2010. El Ministerio denegó el desglose por hospital alegando secreto estadístico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la Ley de Función Estadística protege la identidad de las personas jurídicas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola la documentación sobre la entrega de uniformidad, equipos de protección y credenciales de los últimos 4 años para policías locales y otros empleados. La administración alegó la necesidad de reelaboración y carácter abusivo por la carga de trabajo. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a la información de la Policía Local.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las reventas de vacunas contra la Covid-19 a terceros países (precios, fechas, dosis, etc.). Tras una respuesta parcial de la AEMPS, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de los precios por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad de los acuerdos europeos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las donaciones de vacunas COVID-19 vía mecanismo Covax, incluyendo costes. La AEMPS denegó el coste por confidencialidad y la fecha de caducidad por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la confidencialidad de los costes debido a los acuerdos con la Comisión Europea.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las fechas y las actas de las reuniones del Comité Nacional Fitosanitario de 2021. La administración denegó las actas alegando funciones de vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas tras eliminar datos personales y opiniones.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copia de todos los expedientes de incentivo por jubilación anticipada desde 2018. La administración alegó protección de datos y carácter repetitivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser una solicitud manifiestamente repetitiva, ya que la información ya había sido facilitada previamente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Guadalajara copias digitales de las declaraciones de bienes y rentas, así como de incompatibilidades de representantes locales (2013-2018). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que es información pública y ordenar al Ayuntamiento su entrega tras la revisión de datos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara copias digitales de las declaraciones de bienes, rentas e incompatibilidades de cargos locales entre 2013 y 2018. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que es información pública y la administración no acreditó su entrega tras alegar procesos de digitalización.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copias de los expedientes de incentivos por jubilación anticipada desde 2018. El solicitante alegó falta de imparcialidad en informes previos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva, ya que la información ya había sido facilitada anteriormente.
La reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha las autorizaciones de contratación de CMMedia entre enero y octubre de 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de recopilación y ordenación que constituye reelaboración.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Alcobendas el expediente completo de una queja por acoso psicológico. Alegó que la denegación de un informe técnico basándose en la protección de terceros era incorrecta. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por considerar razonable la limitación para proteger la intimidad de terceros y la confidencialidad del proceso.
Un regidor del Grup Municipal Socialista de Santa Pola reclamó ante el Consell de Transparència el acceso a listados de contratos, informes de gastos de fiestas patronales y videograbaciones de comisiones. El organismo estimó la reclamación sobre las videodactas por falta de respuesta y declaró la pérdida de objeto respecto al resto al haber sido facilitada la información posteriormente.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la estadística desglosada de partos totales, vaginales y cesáreas por hospital desde 2010. La administración denegó el acceso alegando secreto estadístico y protección de la identidad de los centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar los datos de partos sin vincularlos al nombre del hospital.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Fene copia del primer examen de un proceso selectivo para funcionario interino. El Ayuntamiento denegó el acceso por no ser interesado en el expediente. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, determinando que el derecho de acceso a la información pública no requiere la condición de interesado.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública informes y expedientes relativos a la valoración de méritos de funcionarios de Administración Local. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo en curso, debiendo regirse por la normativa de dicho procedimiento.
Se solicitó a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais el acceso a un informe sobre materias críticas en Galicia. El solicitante alegó que se denegó el acceso por confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la administración justificó que la revelación causaría perjuicios económicos y especulativos en la fase de diagnóstico.
El reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha copias digitales de acuerdos de entidades locales sobre la cobertura de plazas de arquitecto desde 2016. La administración denegó el acceso por ser una solicitud abusiva y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo.
El interesado solicitó a la Junta de Compensación de Valdemarín Este actas de asambleas y escrituras de compraventa. La entidad denegó el acceso alegando su naturaleza privada. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas vinculadas a funciones públicas delegadas, pero deniega las escrituras por ser tráfico privado.
La asociación AECOVA-ITV solicitó acceso íntegro a un informe de 367 páginas sobre la reversión del servicio de ITV y sus anexos a la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana. La administración denegó la entrega de copias, permitiendo solo la consulta presencial y toma de notas. El Consell de Transparència desestima la reclamación al considerar que la limitación del formato es proporcional.
Se solicitó al Servei Català de la Salut (SCS) el acceso a las tarifas farmacéuticas del SISCAT (2018-actualidad) para terapias específicas. El SCS denegó el acceso alegando confidencialidad basada en normativa estatal. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe norma legal aplicable que justifique la reserva de dicha información pública.
La interesada solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid evaluaciones y decisiones de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica. La administración denegó parcialmente alegando secreto profesional y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la relación de avales ejecutados en subastas de energía renovable (2016-2017). El Ministerio denegó el acceso alegando límites genéricos de confidencialidad e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación motivada de dichos límites.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana los resultados agregados de una encuesta de contexto realizada a familias de centros escolares. La administración denegó el acceso alegando riesgos de desanonimización y el uso indebido para clasificar centros. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que los datos son anónimos y agregados.
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza solicitó al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco las actas y documentación de la Mesa General de Negociación desde 2017 y su envío futuro. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas previa anonimización de datos personales protegidos.
Un miembro del Comité de Empresa solicitó diversas informaciones y documentos a la Fundación Centro de Acogida San José. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la copia de un contrato mercantil y las actas patronales (con tachaduras), inadmitiendo el resto por extemporaneidad o falta de objeto público.
Una ciudadana solicitó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea las actas y decisiones de las comisiones sobre medicamentos en guías farmacoterapéuticas desde 2010. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad e información auxiliar. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, ordenando la entrega de las actas previa anonimización de datos personales y opiniones individuales.
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