Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número y coste de las vacunas Covid-19 adquiridas desde el 30 de junio de 2021. La AEMPS denegó el coste alegando confidencialidad de los acuerdos con la Comisión Europea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al existir un precedente donde la propia Administración ya había facilitado datos idénticos.
El solicitante pidió a RTVE el desglose individual de los votos del jurado del Benidorm Fest. Alegó que es información de interés público necesaria para fiscalizar la transparencia del proceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en la protección de la confidencialidad en procesos de toma de decisión.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal. Tras una denegación parcial basada en el carácter auxiliar de los documentos y el sigilo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar las actas y el importe exacto de las dietas.
La reclamante solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz información sobre el estado y acceso a la documentación de un expediente disciplinario, así como detalles sobre plazos y órganos superiores. El CTBG estima parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la documentación por estar el procedimiento en curso y desestimando la petición de explicaciones por ser una actuación material.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Lodosa el contrato y el informe de servicios de un trabajador temporal del puesto de Encargado de jardines y desbroces. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por ser datos profesionales y no personales.
Una ciudadana solicitó al Colegio de Abogados de Badajoz el estado y documentación de una denuncia disciplinaria, plazos de tramitación y el órgano superior de deontología. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega el acceso al expediente por no ser firme y rechaza la petición de explicaciones por no ser información pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia de un informe sobre la revisión de etiquetas medioambientales de la DGT presentado en el Consejo de Ministros. Alegó que la información es de interés ambiental y clave para las Zonas de Bajas Emisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al no existir un documento físico, sino un informe oral secreto.
Se solicitó información estadística sobre menores tutelados víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual desde 2010 a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública de La Rioja. La administración alegó necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no requiere reelaboración compleja.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el acceso a las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales de Madrid desde 2019. La interesada alegó que la información no requería reelaboración ni afectaba a la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid decidió archivar la reclamación por desistimiento voluntario.
Se solicitó al Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona el acceso a expedientes de impagos de IBI y tasas de una asociación de vecinos. El reclamante alegó el deseo de fiscalizar la gestión administrativa. La GAIP desestimó la solicitud basándose en el carácter reservado de la información tributaria establecido por ley.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
El sindicat CSIF Comunitat Valenciana solicitó información sobre la plantilla y plazas vacantes de la Generalitat Valenciana a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. El sindicato alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consell Valencià de Transparència inadmitió la reclamación al no acreditarse la existencia de la solicitud original ante la administración.
El solicitante pidió al Concello de Santiago de Compostela información sobre aportaciones económicas a convenios y contratos de la empresa pública INCOLSA. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando confidencialidad comercial. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por considerar que los límites al acceso fueron invocados de forma genérica.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública las retribuciones y actas del Consejo de Administración de Paradores de Turismo (2021). El interesado alegó que se pixeló información excesiva e injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la entidad protegió correctamente los intereses comerciales y la confidencialidad de las deliberaciones.
Una entidad solicitó a la SEPI los acuerdos y resoluciones sobre la ayuda financiera concedida a Ávoris Corporación Empresarial. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución de concesión y condiciones de la ayuda, pero excluyendo la estrategia empresarial.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los expedientes de ayudas públicas concedidas a las sociedades Playbol. El reclamante alegó que la respuesta del ICO fue insatisfactoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información concreta se proporcionó fuera del plazo legal.
Un concejal del Ayuntamiento de Valencia solicitó acceso al expediente de actuaciones de la Agència Antifrau. El Ayuntamiento autorizó el acceso pero pospuso la entrega de un informe de investigación por ser provisional. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación, considerando que al ser un informe provisional elaborado por otro organismo, se trata de información en curso de elaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pastrana copias de los expedientes justificativos de los complementos de productividad de funcionarios de niveles 26 o superiores y de cargos públicos/confianza (2018-2021). Tras la denegación del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el interés público no prevalece sobre la protección de datos de los empleados de dicha categoría.
Se solicitó a la Sociedad Estadio Olímpico La Cartuja S.A. el contrato de sede con la UEFA y la RFEF para la Eurocopa. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no existe un riesgo real y concreto que justifique la reserva de la información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la entrada en España de Brahim Ghali y las instrucciones a las Fuerzas de Seguridad. El Ministerio denegó la información alegando reserva judicial y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no ser documentación procesal.
El reclamante solicitó a RTVE el detalle de las candidaturas para Eurovisión 2022. RTVE denegó la identidad de los autores alegando confidencialidad contractual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la confidencialidad de los nombres mediante anonimización, pero obliga a RTVE a entregar los datos numéricos totales de artistas invitados.
Una plataforma ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Riells i Viabrea un estudio de una consultora sobre el servicio del agua. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la plataforma había incumplido compromisos de confidencialidad. La GAIP estima la reclamación, dictaminando que el clima de confianza no es causa legal para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó una serie de informes técnicos de la Dirección General de Salud Pública sobre la adopción de medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19 en Cantabria. La Consejería de Sanidad denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria diversos informes técnicos que fundamentaron las restricciones sanitarias por COVID-19. La Administración denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones y necesidad de reelaboración para anonimizar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre el precio y condiciones de financiación del fármaco Luxturna. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el precio final fijado por la Administración es información pública.
Un representante de la ONG EDRi solicitó al Ministerio de Justicia las respuestas de España a un cuestionario de la Comisión Europea sobre retención de datos para investigación criminal. El solicitante alegó que otros países habían publicado su información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo a la seguridad pública y confidencialidad.
Una periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el listado de grandes tenedores de viviendas, incluyendo nombres de personas jurídicas y direcciones. Alegó que la protección de datos no debería aplicarse a entidades jurídicas. La GAIP desestimó la reclamación porque el uso de bases de datos tributarias y catastrales para este fin vulnera la confidencialidad legal.
Un aspirante a la Policía Local de Buñol solicitó su perfil psicológico y el informe de la psicóloga que motivó su calificación de 'no apto' en un proceso selectivo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y carácter auxiliar de la información. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, pues la información es pública y necesaria para la defensa de sus derechos.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Se solicitó al Ayuntamiento de Almassora el resultado de un estudio de puestos de trabajo y su manual. La administración respondió alegando que es información en fase de trabajo. El reclamante recurrió ante el Consell Valencià de Transparència, pero este decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
La Fundación Montescola solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el expediente e informes de un proyecto de competitividad turística. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y era de carácter auxiliar. El CTBG estima parcialmente la reclamación al considerar que la información entregada es incompleta.
La reclamante solicitó un listado detallado de centros educativos de la Comunidad de Madrid con datos sobre la detección y erradicación de amianto. La administración denegó la información alegando que era información auxiliar y que su elaboración suponía una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, instando a la entrega de un listado con datos equivalentes.
La Fundación Civio solicitó datos estadísticos desglosados sobre el Ingreso Mínimo Vital al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Tras una respuesta inicial parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, al considerar que el desglose por unidades territoriales inferiores a la provincia conlleva un riesgo de reidentificación de personas vulnerables y una carga desproporcionada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad estadísticas de partos (inducidos, episiotomías, instrumentales y totales) desglosadas por cada hospital del SNS desde 2010. El Ministerio denegó el desglose por hospital alegando secreto estadístico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la Ley de Función Estadística protege la identidad de las personas jurídicas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola la documentación sobre la entrega de uniformidad, equipos de protección y credenciales de los últimos 4 años para policías locales y otros empleados. La administración alegó la necesidad de reelaboración y carácter abusivo por la carga de trabajo. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a la información de la Policía Local.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las reventas de vacunas contra la Covid-19 a terceros países (precios, fechas, dosis, etc.). Tras una respuesta parcial de la AEMPS, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de los precios por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad de los acuerdos europeos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las donaciones de vacunas COVID-19 vía mecanismo Covax, incluyendo costes. La AEMPS denegó el coste por confidencialidad y la fecha de caducidad por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la confidencialidad de los costes debido a los acuerdos con la Comisión Europea.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las fechas y las actas de las reuniones del Comité Nacional Fitosanitario de 2021. La administración denegó las actas alegando funciones de vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas tras eliminar datos personales y opiniones.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copia de todos los expedientes de incentivo por jubilación anticipada desde 2018. La administración alegó protección de datos y carácter repetitivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser una solicitud manifiestamente repetitiva, ya que la información ya había sido facilitada previamente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Guadalajara copias digitales de las declaraciones de bienes y rentas, así como de incompatibilidades de representantes locales (2013-2018). Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que es información pública y ordenar al Ayuntamiento su entrega tras la revisión de datos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara copias digitales de las declaraciones de bienes, rentas e incompatibilidades de cargos locales entre 2013 y 2018. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que es información pública y la administración no acreditó su entrega tras alegar procesos de digitalización.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copias de los expedientes de incentivos por jubilación anticipada desde 2018. El solicitante alegó falta de imparcialidad en informes previos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva, ya que la información ya había sido facilitada anteriormente.
La reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha las autorizaciones de contratación de CMMedia entre enero y octubre de 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de recopilación y ordenación que constituye reelaboración.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Alcobendas el expediente completo de una queja por acoso psicológico. Alegó que la denegación de un informe técnico basándose en la protección de terceros era incorrecta. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por considerar razonable la limitación para proteger la intimidad de terceros y la confidencialidad del proceso.
Un regidor del Grup Municipal Socialista de Santa Pola reclamó ante el Consell de Transparència el acceso a listados de contratos, informes de gastos de fiestas patronales y videograbaciones de comisiones. El organismo estimó la reclamación sobre las videodactas por falta de respuesta y declaró la pérdida de objeto respecto al resto al haber sido facilitada la información posteriormente.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la estadística desglosada de partos totales, vaginales y cesáreas por hospital desde 2010. La administración denegó el acceso alegando secreto estadístico y protección de la identidad de los centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar los datos de partos sin vincularlos al nombre del hospital.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Fene copia del primer examen de un proceso selectivo para funcionario interino. El Ayuntamiento denegó el acceso por no ser interesado en el expediente. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, determinando que el derecho de acceso a la información pública no requiere la condición de interesado.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública informes y expedientes relativos a la valoración de méritos de funcionarios de Administración Local. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el solicitante es interesado en un procedimiento administrativo en curso, debiendo regirse por la normativa de dicho procedimiento.
Se solicitó a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais el acceso a un informe sobre materias críticas en Galicia. El solicitante alegó que se denegó el acceso por confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la administración justificó que la revelación causaría perjuicios económicos y especulativos en la fase de diagnóstico.
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