Solicitud de acceso a actas, órdenes del día y cuantía de dietas del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal con resultado estimatorio

Resolución 244/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 10 de febrero de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: En relación al Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, solicito: - Identificación de sus miembros y méritos. - Reglamento de funcionamiento y sus cargos (Presidente y Secretario). - Copia de los órdenes del día de sus reuniones y de sus actas. S/REF: 001-065717 N/REF: R-0274-2022; 100-006599 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública/IEF Información solicitada: Identificación de los miembros del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, reglamento de funcionamiento, órdenes del día, actas, dietas, videos e informes. - Dietas que cobran sus miembros por sus funciones. - Publicación en el B.O.E de sus nombramientos y de las normas de funcionamiento. - Vídeos de sus reuniones. - Copia de los informes emitidos. 2. Mediante resolución de fecha 21 de marzo de 2022, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA contestó al solicitante lo siguiente: Primero. – En relación con sus pretensiones de “Identificación de sus miembros y méritos”, “Reglamento de funcionamiento y sus cargos (presidente y secretario)” y “Publicación en el B.O.E de sus nombramientos y de las normas de funcionamiento”, se CONCEDE el acceso a la información solicitada relativa a la identificación de los miembros del comité de expertos para la reforma tributaria, sus cargos (presidente, secretario, vocal) y méritos, las normas de funcionamiento, así como las indemnizaciones por comisiones de servicio y asistencias de sus miembros a las reuniones del comité, ya que ésta información es pública y por tanto de libre acceso a través de la web del Mº de Hacienda y Función Pública: *Resolución de 12 de Abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se crea el Comité de Personas Expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. *Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se amplía la composición del Comité de Personas Expertas para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Adicionalmente, puede consultarse el curriculum profesional detallado, de las personas que forman el grupo de expertos, en la web del Instituto de Estudios Fiscales, OOAA del Mº de Hacienda y Función Pública. https://www.ief.es/Investigacion/ComiteExpertos.vbhtml Sin embargo, debe señalarse que tales documentos no han sido objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Segundo. – En relación con su pretensión de “Copia de los informes emitidos”, se CONCEDE el acceso a la información solicitada relativa a los informes emitidos, informarle que en fecha tres de marzo de 2022, el Comité de Personas Expertas presentó y entregó el libro blanco sobre la reforma tributaria, a la Ministra de Hacienda y Función Pública. Siendo el contenido completo de éste libro blanco público y que puede consultarse y descargarse en el siguiente enlace https://www.ief.es/Investigacion/Com LibroBlanco.vbhtml Tercero. – En relación con sus pretensiones de “Copia de los órdenes del día de sus reuniones y de sus actas” y “Vídeos de sus reuniones”, se le indica que según el artículo 18.1 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre: “Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. En este sentido, se considera que los órdenes del día de sus reuniones y sus actas, son documentos internos de carácter auxiliar y además si fuesen facilitados, se vulneraría el compromiso de sus miembros, a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso, para elaborar el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Ha de informársele también que en las sesiones del Comité de personas expertas no se realizaron grabaciones audiovisuales y que, incluso si hubiesen sido realizadas, éstas serían de carácter interno y auxiliar. Es más, comunicar dicha información también vulneraría el compromiso de sigilo sobre la evolución de los trabajos, que recoge en la Resolución de 12 de Abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se crea el Comité de Personas Expertas, y se vería afectado por el límite de acceso previsto por el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013: “El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. En función de lo expuesto anteriormente se INADMITE su solicitud referente a grabaciones, los órdenes del día de sus reuniones y sus actas. Cuarto.– En relación con su pretensión de “Dietas que cobran sus miembros por sus funciones”, se CONCEDE el acceso, informándole de que los miembros de Comité de Expertos perciben asistencias por cada reunión plenaria a la que acuden, no recibiendo cantidad alguna por los trabajos en ponencia. En virtud de lo establecido en la citada Resolución de 12 de abril de 2021 las asistencias se abonan de acuerdo con lo recogido en el artículo 28 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en el que se regulan las asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración. Así como en virtud de lo regulado en la normativa propia, la Resolución del Director General del Instituto de Estudios Fiscales de 22 de enero de 2021 sobre módulos retributivos. 3. Mediante escrito registrado el 22 de marzo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: No estoy de acuerdo con que me nieguen las actas y los órdenes del día de este organismo colegiado del estado que es el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal. Está muy feo que un organismo colegiado del Estado que está sujeto a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público considere dicha documentación como son las actas y los órdenes del día como documentación auxiliar o de apoyo, y de carácter confidencial y secreto. Hay que recordar que con la reforma fiscal el Estado pretende cobrar a los españoles unos 50.000 millones de euros adicionales. Qué menos que saber ese informe que avala dicho incremento de impuestos en qué condiciones se ha elaborado por medio del análisis de las actas y los órdenes del día de dicho comité de expertos, y más cuando hubo disensiones en su seno que llevaron a la dimisión de dos de sus miembros. Por otro lado, no me informan de las dietas o retribuciones que han cobrado. Me remiten a unos enlaces pero ahí no aparece lo que han cobrado los miembros de dicho Comité de Expertos. Requiero igualmente esta información. 4. Con fecha 22 de marzo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 6 de abril de 2022 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: En cuanto a la solicitud de información relativa a “Copia de los órdenes del día de sus reuniones y de sus actas” y “Vídeos de sus reuniones”, la información no se puede facilitar por las siguientes razones: o No se realizaron grabaciones Audiovisuales de las reuniones del Comité de Personas Expertas, por lo que no se puede entregar aquello de lo que no se dispone. o Incluso si hubiesen sido realizadas, así como a la copia de los órdenes del día y las actas, ésta información es de carácter interno y auxiliar, por lo que incurre en causa de inadmisión conforme al artículo 18.1 b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. A este respecto, debe recordarse que el CTBG ha interpretado este precepto en el CI 6/2015, afirmando que se incurre en esa causa de inadmisión, entre otras: “3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud.” Así, resulta evidente que los órdenes del día y las actas de las reuniones tan solo son documentos en los que se va documentando el avance de los trabajos y el contenido de las discusiones estrictamente profesionales y técnicas que se mantuvieron en el seno del Comité, las cuales estaban dirigidas a poder elaborar el Libro Blanco finalmente presentado. En consecuencia, tales documentos tan solo recogen la preparación del informe final, que fue publicado, por lo que incurre manifiestamente en esa causa de inadmisión. Es más, comunicar dicha información también vulneraría el compromiso de sigilo sobre la evolución de los trabajos que recoge en primer párrafo del punto Quinto de la Resolución de 12 de Abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se crea el Comité de Personas Expertas: “Todos los miembros se comprometen a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso.” Por ello, facilitar dicha información supondría que se traspasaría el límite de acceso previsto por el artículo 14.1.k) de la Ley 19/2013. Por todo lo anterior, se reitera la alegación contenida en la resolución recurrida de que dicha información no puede ser facilitada por: a) no existir; b) incurrir en causa de inadmisión por ser información auxiliar; y c) incurrir en causa de denegación por vulnerar el secreto y confidencialidad de la toma de decisiones. Por otro lado, en relación con la pretensión de las “Dietas que cobran sus miembros por sus funciones”, se considera que se le ha facilitado la información solicitada, al informársele de que “los miembros de Comité de Expertos […] no recibiendo cantidad alguna por los trabajos en ponencia”. Asimismo, se le indicó que sí que reciben “asistencias por cada reunión plenaria a la que acuden”, que se rigen por el artículo 28 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, en el que se regulan las asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración. Por todo lo anteriormente expuesto, en opinión de este Organismo Autónomo, toda la información solicitada y que no incurre en causa de inadmisión, ya ha sido facilitada al solicitante en la resolución de 21 de marzo de 2022. 5. El 7 de abril de 2022, se concedió audiencia al reclamante. El 7 de abril de 2022, se recibió escrito con el siguiente contenido: No estoy de acuerdo con lo alegado por la reclamada. De seguir ese criterio, no tendríamos acceso nunca a las actas de los órganos colegiados. Siempre he tenido acceso a las mismas en múltiples ocasiones que las he solicitado, porque no son documentos de carácter interno o auxiliar, sino que son documentos públicos que recogen los acuerdos adoptados. Por ejemplo, en las sociedades mercantiles, las actas son documentos que recogen los acuerdos y se introducen en un libro de actas firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración. Por lo tanto, entiendo que mi pretensión es ajustada a Derecho porque lo que busca es hacer un escrutinio público de esos acuerdos, así como también de por qué se han producido dimisiones en el seno de ese órgano colegiado. Por otro lado, en cuanto a las retribuciones, preciso conocer esas indemnizaciones por razón de servicio que han cobrado los miembros de ese órgano colegiado, porque no hay forma de saberlo y porque no los han especificado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de diversa información relativa al Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El organismo competente concede el acceso a una parte de la información solicitada e inadmite la solicitud en lo referido al resto. En concreto, deniega el acceso a (i) los videos de las reuniones señalando que “no se realizaron grabaciones audiovisuales” de las sesiones; y (ii) a los órdenes del día de sus reuniones y sus actas, por considerar que “son documentos internos de carácter auxiliar y además si fuesen facilitados, se vulneraría el compromiso de sus miembros, a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y el contenido de la documentación a la que tengan acceso”. Por otra parte, en lo concerniente a las dietas, informa que “los miembros de Comité de Expertos perciben asistencias por cada reunión plenaria a la que acuden, no recibiendo cantidad alguna por los trabajos en ponencia”, e indica que “las asistencias se abonan de acuerdo con lo recogido en el artículo 28 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”, así como “en virtud de lo regulado en la normativa propia, la Resolución del Director General del Instituto de Estudios Fiscales de 22 de enero de 2021 sobre módulos retributivos.” El reclamante considera infundada la denegación del acceso a los órdenes día y a las actas e insuficiente la respuesta relativa a las dietas porque no se da la información sobre el importe cobrado. Centrado así el objeto del presente recurso, se va a proceder al examen de ambas cuestiones por separado. 4. En lo que respecta al acceso a los órdenes del día y a las actas del Comité, se ha de partir del hecho relevante de que el órgano requerido no niega su existencia, sino que reconoce implícitamente que obran en su poder al manifestar en su resolución que “son documentos internos de carácter auxiliar” y que, “si fuesen facilitados, se vulneraría el compromiso de sus miembros, a guardar absoluto sigilo sobre la evolución de los trabajos y contenido de la documentación a la que tengan acceso”; y, más claramente aún, en las alegaciones al sostener que “solo son documentos en los que se va documentando el avance de los trabajos y el contenido de las discusiones estrictamente profesionales y técnicas que se mantuvieron en el seno del Comité”. Sentada esta premisa, es preciso recordar que el Tribunal Supremo, confirmando la línea interpretativa mantenida por este Consejo, ha establecido en la STS de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2021:704) una nítida doctrina sobre el contenido y alcance del derecho de acceso a las actas de los órganos colegiados y sobre los términos en los que dicho acceso es compatible con el límite de la “garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión” previsto en el art. 14.1 k) LTAIBG. Dada su relevancia para resolver la controversia aquí planteada, resulta pertinente reproducir en detalle los razonamientos y los pronunciamientos del Alto Tribunal exteriorizados en dicha sentencia. En primer lugar, con ocasión del examen de la cuestión controvertida acerca de si la garantía de confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones puede ser modulada una vez que el proceso concernido haya finalizado, precisa el fundamento y la extensión del límite al derecho de acceso a la información pública contenido en el artículo 14.1 k) LTAIBG en los siguientes términos: “Conviene empezar por aclarar que el derecho de acceso a la información, respecto del proceso de toma de decisiones de los órganos colegiados cuyas sesiones no sean públicas, está sujeto a ciertos límites, pues las opiniones y manifestaciones realizadas por sus miembros en las deliberaciones reservadas no deben tener trascendencia externa, manteniéndose en la esfera interna lo afirmado por cada uno de los vocales al tratar los diferentes puntos del orden del día, salvo, como más adelante veremos, que ellos mismos voluntariamente opten por dar publicidad a su intervención. Esta restricción se refleja en el artículo 14.1.k de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia al establecerse que el derecho de acceso a la información podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para "[...] La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión". En definitiva, este límite debe entenderse referido al contenido literal de las opiniones, intervenciones y manifestaciones de cada uno de los integrantes del órgano colegiado durante la deliberación, pues, salvo que las sesiones sean públicas, el debate previo a la toma de decisión debe preservarse del conocimiento público, manteniendo una cierta reserva y confidencialidad como garantía del correcto funcionamiento del órgano y de la libertad de sus miembros en su actuación interna. Este Tribunal, en STS de 17 enero de 2020 (rec. 7487/2018), ha sostenido que no tiene la consideración de información, a los efectos de la Ley de Transparencia, el conocimiento del voto individualizado de cada uno de sus miembros, pues por sí mismo carece de trascendencia puesto que lo relevante es la voluntad única de la mayoría de sus miembros. Siendo esto así, con mayor motivo no lo son las opiniones individuales emitidas por los miembros del consejo durante la discusión y deliberación del órgano colegiado. Esta conclusión es aplicable aun cuando la reunión ya se hubiese celebrado y el procedimiento ya hubiese finalizado, pues una decisión que permita acceder libremente a las opiniones y manifestaciones realizadas por los miembros de un órgano colegiado en procedimientos ya concluidos se proyectaría sobre el funcionamiento futuro de este mismo órgano en la medida en que los integrantes serían conocedores que lo manifestado en estas reuniones podría hacerse público en un futuro inmediato, coartando así su libertad en futuras discusiones o deliberaciones.” (F.J. 3º) Una vez clarificados estos extremos, respondiendo a la controversia suscitada sobre si el derecho de acceso a la información pública alcanza sólo al contenido de los acuerdos adoptados o abarca también las actas de las reuniones, razona y se pronuncia en los siguientes términos: «[…] es cierto, como sostiene la sentencia de instancia, que debe diferenciarse entre las "actas" de las reuniones de un órgano colegiado y sus "acuerdos". Las primeras contienen una información básica sobre el desarrollo de la sesión en los términos previstos en la Ley 40/2015, como inmediatamente analizaremos. Mientras que los acuerdos reflejan la decisión colegiada adoptada en la reunión y han de contener la motivación de la decisión. Ahora bien, esta distinción no tiene la trascendencia pretendida, no pudiendo compartirse la solución alcanzada en la sentencia de instancia cuando afirma que el deber de confidencialidad afecta también a las actas de las sesiones. A tal efecto argumenta que en las actas se reflejan las opiniones y manifestaciones realizadas por sus miembros en los debates del Consejo de Administración. La conclusión alcanzada solo sería acertada si se parte, como parece dar por supuesto la sentencia impugnada, que las actas de las reuniones de un órgano colegiado tienen obligación de recoger el contenido íntegro de la discusión y las opiniones y manifestaciones de sus miembros en el proceso de toma decisión. Pero esta premisa no es correcta. Ya la anterior ley de procedimiento administrativo, Ley 30/1992, distinguía en su art. 27 entre el contenido obligatorio y el facultativo de las actas. A tenor de dicho precepto se consideraba contenido obligatorio o necesario del acta: la mención a "los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados" Por el contrario, se consideraba un contenido meramente facultativo, pues solo se incluía a solicitud de los miembros del órgano: "el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable" o "[...] la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma". Y en similares términos se pronuncia la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, reproduciendo este esquema general. Así, el art. 18.1 dispone que "De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados", lo que se corresponde con el contenido necesario del acta. En definitiva, en las actas de las reuniones de un órgano colegiado no se recogen, como contenido mínimo necesario, las discusiones y deliberaciones integras ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo "los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados". Sin que la mera referencia genérica a lo que se debatió, y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados en dicha sesión, pueden quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación. Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron. Es cierto que, al igual que ocurría con la anterior ley de procedimiento, la vigente Ley 40/2015 del Sector público permite incorporar al acta otros extremos, incluida la grabación de la sesión del órgano colegiado o la transcripción íntegra de la intervención de un miembro, pero este contenido adicional es meramente facultativa o debe ser solicitado por el interesado. Así se desprende de lo dispuesto en el art. 18. 1 último inciso y en el art. 19.5 de dicha norma. En el primero se dispone: "Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones." (art.18.1) Y en el art. 19.5 se establece: "5. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que, en ausencia de grabación de la reunión aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma". En definitiva, de la lectura de tales preceptos no se desprende que las actas de las reuniones de un órgano colegiado incluyan, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros, por lo que su contenido no está, en principio, excluido del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, tal y como ha sido interpretado anteriormente.” (F.J. 4º) Y, finalmente, concluye estableciendo la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del límite del artículo 14.1.k) LTAIBG a la materia que nos ocupa: “En respuesta a la cuestión sobre la que se apreció interés casacional debemos afirmar que las actas de las reuniones de un órgano colegiado no están, en principio, excluidas del conocimiento público al amparo del art. 14.1.k de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, ya que los datos en ella incorporados de forma obligatoria no afectan a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en la formación de voluntad del órgano colegiado, al no reflejar, como contenido mínimo necesario, la totalidad de la deliberación ni las opiniones y manifestaciones integras de cada uno de sus miembros. Por ello, y de conformidad con lo hasta ahora expuesto procede estimar el recurso de casación declarando que el derecho de acceso a la información pública comprende no solo los acuerdos adoptados sino también a las actas de las reuniones […]” (FJ. 5º) En aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta al presente caso, procede estimar la reclamación en este punto y reconocer el derecho de acceso a la información pública correspondiente al contenido obligatorio de las actas determinado en el artículo 18.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, según el cual: “De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados". No obstante, se ha de advertir que, en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, deberán excluirse de la información facilitada, en su caso, aquellos datos o informaciones referidos a personas físicas identificadas o identificables que no formen parte del órgano colegiado y cuya identificación no resulte relevante para los fines de control de la actuación de los poderes públicos. 5. En lo que concierne a la parte de la solicitud relativa a las “dietas que cobran sus miembros por sus funciones”, no cabe sancionar que el objeto de la solicitud resulte satisfecho con la mera indicación de que el abono de las asistencias se efectuó de acuerdo con la normativa aplicable pues, con independencia de la mayor o menor precisión en el uso de los términos empleados por el ciudadano –al que no se le puede exigir un conocimiento certero de las complejas categorías retributivas establecidas en el ámbito de las administraciones públicas-, del contenido y contexto de la solicitud se deriva con claridad que lo que se solicita es la cuantía de las retribuciones percibidas por los miembros del Comité, con independencia de que en el lenguaje administrativo se denominen “dietas” , “asistencias” o “indemnizaciones por razón del servicio”. A estos efectos, cabe recordar que el artículo 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, bajo la rúbrica de “Asistencias por la concurrencia a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de administración de empresas con capital o control públicos”, dispone, literalmente, lo siguiente: “1. Las asistencias por la concurrencia, personal o por representación, a reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos, cualquiera que sea la naturaleza y funciones de dichos órganos, se abonarán, excepcionalmente, en aquellos casos en que así se autorice por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. A tal efecto, este Ministerio, a iniciativa del Departamento interesado, fijará inicialmente las correspondientes cuantías máximas a percibir en concepto de asistencias que tendrán validez durante el ejercicio en curso y el siguiente. Para periodos bienales sucesivos el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorizará, en su caso, a solicitud del propio órgano, a través del Departamento al que está adscrito o vinculado, la continuidad de las mismas una vez tenido en cuenta el cumplimiento de lo previsto sobre la comunicación periódica a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior. Teniendo en cuenta cuanto se acaba de exponer, dado que la cuantía de las asistencias percibidas por los miembros de un órgano colegiado de la Administración es información pública que obra en poder del órgano requerido y cuyo conocimiento por la ciudadanía entronca directamente con los fines de la transparencia de “conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones” consagrados en el Preámbulo de la LTAIBG, no habiéndose justificado la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18 , este Consejo debe proceder a estimar en este punto la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA), de fecha 21 de marzo de 2022. SEGUNDO: INSTAR al INSTITUDO DE ESTUDIOS FISCALES (MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: - Copia de las actas del Comité de Personas Expertas para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal, de acuerdo con lo indicado en el fundamento jurídico cuarto. - Importe de las asistencias percibidas por los miembros del Comité de Personas Expertas para la elaboración del Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez