Solicitud de expedientes de ayudas públicas a Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA y resolución estimatoria por defecto formal

Resolución 118/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 17 de diciembre de 2021 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: « Expedientes completos de las al menos 11 ayudas públicas concedidas a las sociedades Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA ) por parte del Ministerio. Solicito la justificación de estas ayudas, el proyecto presentado para recibir estas ayudas, la relación de cuantías otorgadas, los criterios para entregar estas ayudas, los informes de impacto ambiental, de perspectiva de género, de cumplimiento de la Agenda 2030 y el resto de documentación que obre en el Ministerio sobre estas sociedades S/REF: 001-063772 N/REF: R-0117-2022; 100-006381 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital/ICO Información solicitada : Expedientes de ayudas concedidas a Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA y sus ayudas. También pido saber en qué órganos se aprobaron las ayudas y si hubo algún miembro que se abstuvo a la hora de dar visto bueno a las ayudas.» 2. Mediante resolución de 28 de enero de 2022, el INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL contestó al solicitante lo siguiente: «El Instituto de Crédito Oficial es un banco nacional de promoción adscrito a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con una triple naturaleza de entidad de crédito, instrumento financiero de política económica y agencia financiera del Estado. En su labor como entidad de crédito gestiona con cargo a su balance diversos instrumentos de financiación, como son las líneas de mediación, la financiación directa a empresas y la financiación complementaria a la bancaria mediante bonos, pagarés, titulizaciones y fondos de capital privado y capital riesgo. En este sentido, como Entidad de Crédito, el ICO está sujeto a las exigencias, requisitos y obligaciones aplicables en términos idénticos al resto de Entidades del sector financiero y bancario español, como dispone el artículo 1 de la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Teniendo en cuenta este hecho, ha de respetar el deber de confidencialidad en el ejercicio de sus actividades y por tanto no puede facilitar ni revelar información sobre sus clientes, con independencia de la naturaleza de los mismos, a terceros y ello en base a lo dispuesto en el apartado k) del artículo 14.1 de la Ley 19/2913 de 9 de diciembre, de Transparencia, que prevé la garantía de la confidencialidad, sin perjuicio además del deber de confidencialidad que asume ICO contractualmente en el clausulado del contrato con sus clientes. Por otro lado, en su labor como agente financiero del Estado, el ICO gestiona por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las Líneas de Avales COVID. Hasta la fecha, se han aprobado dos líneas de avales para facilitar el acceso de las empresas y autónomos a la financiación: una primera línea de avales, de 100.000 millones de euros (aprobada mediante Real Decreto-ley 8/2020), que ya ha sido liberada por completo; una segunda línea, de 40.000 millones de euros (aprobada mediante Real Decreto-ley 25/2020), de los que por el momento se han liberado 26.800 millones de euros. Los avales regulados en el Real Decreto-ley 8/2020 y el Real Decreto-ley 25/2020 y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo de Ministros, respetan en todo caso la normativa financiera que regula la actividad de las entidades financieras sujetas a supervisión del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como la regulación comunitaria sobre Ayudas de Estado de la Unión Europea a empresas. Se puede consultar la base normativa y funcionamiento de las líneas de avales que rigen las operaciones avaladas, entre ellas las relativas a la consulta planteada, a través del siguiente enlace: https://www.ico.es/en/web/guest/ico/linea-avales-covid-19 . Hay que destacar que (1) se trata, en todo caso, de avales a operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que hayan suscrito con el ICO los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales; y (2) la entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. Con periodicidad mensual, el ICO publica informe sobre la evolución de la Línea de Avales Covid-19 en la siguiente página web https://www.ico.es/web/ico/informesseguimiento- linea-avales ofreciendo un grado de detalle sobre desglose geográfico, sectorial, por tamaño de empresa y plazo de operaciones. Hasta el 30 de noviembre de 2021 se han conjuntamente las Líneas de Avales Liquidez e Inversión han desplegado avales por importe de 102.975 millones de euros que han permitido movilizar más de 135.309 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.147.836 operaciones. Por otro lado, pueden realizar su consulta sobre las líneas de avales, convocatorias, fecha de concesión, importe, instrumento e importe de ayuda equivalente por beneficiario a través de la página web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 3. Mediante escrito registrado el 5 de febrero de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: «Me resulta del todo insatisfactoria la respuesta otorgada por el ICO. No se ha dado ni siquiera trámite de audiencia o alegaciones a la empresa para consultar si está o no de acuerdo en facilitar la información solicitada en relación a ayudas financieras procedentes de fondos públicos.» 4. Con fecha 8 de febrero de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al objeto de que se formulase las alegaciones que considerase oportunas; lo que efectuó mediante escrito recibido el 14 de febrero de 2022, poniendo de manifiesto lo siguiente: « Alegación 1ª. La empresa sobre la que se solicita información no tiene ni ha tenido ninguna operación de financiación con cargo al balance del ICO. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es una Entidad Público Empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, con naturaleza jurídica de Entidad de Crédito y consideración de Agencia Financiera del Estado. Los Estatutos del ICO, aprobados mediante Real Decreto 706/19991, establecen que el Instituto tiene personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, actuando con autonomía en la gestión. No consolida con las cuentas del Estado y no recurre a los Presupuestos Generales del Estado (“PGE”), obteniendo sus recursos en los mercados de capitales, contando para ello con garantía del Estado español. Como entidad de crédito, el ICO opera en condiciones de mercado ofreciendo financiación a empresas de todos los sectores y tamaños, sin conceder ayudas públicas ni subvenciones, y está sujeto a normativa de supervisión y control del Banco de España, bajo el principio de equilibrio y suficiencia financiera. En su labor como entidad de crédito gestiona con cargo a su balance diversos instrumentos de financiación, como son las líneas de mediación, la financiación directa a empresas y la financiación complementaria a la bancaria mediante bonos, pagarés, titulizaciones y fondos de capital privado y capital riesgo. La empresa sobre la que se solicita información en este expediente no tiene ni ha tenido ninguna operación de financiación con cargo al balance del ICO. En consecuencia, no procede realizar trámite de audiencia previsto en el art. 19.3 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Incluso si se hubiera formalizado alguna operación de financiación con la empresa, sería de aplicación la normativa derivada de la Ley 19/2013 y de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (“Ley 10/2014”). En el desarrollo de su actividad, las entidades de crédito deben preservar sus intereses económicos y comerciales y los de sus clientes, así como el deber de confidencialidad. A este respecto, tanto el ICO como entidad de crédito como la empresa (en el supuesto - que no es el caso - de que ICO le hubiese concedido financiación sin ayudas ni subvenciones) estarían sujetas a los casos del límite de derecho al acceso contemplados en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, entre otros, a las letras h) sobre intereses económicos y comerciales y k) sobre garantía de confidencialidad. Aún más y complementariamente, el ICO, como entidad de crédito, está sujeto a las exigencias, requisitos y obligaciones aplicables en términos idénticos al resto de Entidades del sector financiero y bancario español, como dispone el artículo 1 de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Esta misma Ley establece en su artículo 83 el deber de reserva de información, disponiendo en el mismo que las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación. Añadiendo la misma disposición que el incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo a lo previsto en el Título IV de la citada norma. En consecuencia, han de respetar el deber de confidencialidad en el ejercicio de sus actividades y no puede facilitar ni revelar información sobre sus clientes, con independencia de la naturaleza de los mismos, a terceros. Alegación 2ª. La empresa sobre la que se solicita información en este expediente ha recibido financiación por parte de las entidades financieras de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos, avalada al amparo de las Líneas de Avales establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020 y el Real Decretoley 25/2020. Los avales regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (“Real Decreto-ley 8/2020”) y el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (“Real Decreto-ley 25/2020”) y las condiciones desarrolladas en los Acuerdos de Consejo de Ministros, respetan en todo caso la normativa financiera que regula la actividad de las entidades financieras sujetas a supervisión del Banco Central Europeo y del Banco de España, así como la regulación comunitaria sobre Ayudas de Estado de la Unión Europea a empresas. Se puede consultar la base normativa y funcionamiento de las líneas de avales que rigen las operaciones avaladas, entre ellas las relativas a la consulta planteada, a través del siguiente enlace: Hay que destacar sobre las operaciones avaladas que: x Se tratan en todo caso, de operaciones de financiación otorgadas a autónomos y empresas por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de pago o entidades de dinero electrónico que hayan suscrito con el ICO los correspondientes contratos marco para participar en la Línea de Avales. • La entidad financiera es -y no el ICO- la que decide sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente elegible de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. En su labor como agente financiero del Estado, el ICO gestiona por cuenta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las Líneas de Avales COVID a través de las entidades financieras: hasta el 31 de diciembre de 2021 se han movilizado más de 135.382 millones de euros en financiación al tejido productivo en 1.148.187 operaciones. En estas operaciones de financiación, cuya concesión ha sido decidida por las entidades financieras - y no por el ICO - de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos, éstas deben preservar sus intereses económicos y comerciales y los de sus clientes, así como el deber de confidencialidad. A este respecto, las operaciones de las entidades financieras con sus clientes estarían sujetas a los casos del límite de derecho al acceso contemplados en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, entre otros a las letras h) sobre intereses económicos y comerciales y k) sobre garantía de confidencialidad. Aún más y complementariamente, la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito establece en su artículo 83 el deber de reserva de información, disponiendo en el mismo que las entidades de crédito están obligadas a guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos, posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes, sin que las mismas puedan ser comunicadas a terceros u objeto de divulgación. Añadiendo la misma disposición que el incumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo será considerado infracción grave y se sancionará en los términos y con arreglo a lo previsto en el Título IV de la citada norma. En consecuencia, han de respetar el deber de confidencialidad en el ejercicio de sus actividades y no puede facilitar ni revelar información sobre sus clientes, con independencia de la naturaleza de los mismos, a terceros. Alegación 3ª. En relación con las operaciones financiación avaladas descritas en la Alegación 2ª anterior, el ICO ha cumplido con toda la normativa y obligaciones de transparencia de acuerdo con lo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de Estado y la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas regulada en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas (“Real Decreto 130/2019”). La información sobre las operaciones de financiación otorgadas por las entidades financieras a la empresa objeto de este expediente y avaladas al amparo del Real Decreto- ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 25/2020, se encuentra publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, detallando fecha de concesión, importe, instrumento e importe de ayuda equivalente por beneficiario. En concreto se puede acceder a la misma a través de la siguiente página web en el apartado de Ayudas de Estado, e introduciendo en el cuadro dedicado a beneficiario los datos del NIF y/o nombre/razón social del beneficiario sobre el cual se quiera realizar la consulta. El propio artículo de prensa publicado con fecha 8 de febrero de 2022 y firmado por el reclamante hace mención a la información extractada de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde se ofrece información sobre fecha de concesión, importe, instrumento e importe de ayuda equivalente por beneficiario. ayudasplaybol-confidencialidad-8540510 [Se incluye a continuación un cuadro extractado de la propia noticia] (…) Por otro lado, con periodicidad mensual, el ICO publica informe sobre la evolución de la Línea de Avales Covid-19 en la siguiente página web: https://www.ico.es/web/ico/informes-seguimiento-linea-avales, ofreciendo un grado de detalle sobre desglose geográfico, sectorial, por tamaño de empresa y plazo de operaciones. Hasta el 31 de diciembre de 2021 conjuntamente las Líneas de Avales Liquidez e Inversión han desplegado avales por importe de 103.031 millones de euros que han permitido movilizar más de 135.382 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo en 1.148.187 operaciones. La totalidad de estas operaciones ha sido notificada, publicada y está accesible a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. En definitiva, el ICO ha cumplido con toda la normativa y obligaciones legales de información y transparencia prevista en la normativa vigente, y especialmente en la prevista en la normativa reguladora de la Línea de Avales ICO Covid.» 5. El 17 de febrero de 2022, se dio traslado de las citadas alegaciones al reclamante al objeto de que manifestase lo que estimara pertinente. Notificado el 23 de febrero de 2022, no consta la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide información de los expedientes de las, al menos, once ayudas públicas concedidas a las sociedades Industrias Plásticas Playbol SL y Playbol SA. El Ministerio requerido resolvió la solicitud facilitando una serie de enlaces en los que podía consultar información general al respecto de las líneas de avales del ICO. En trámite de alegaciones de este procedimiento ha ampliado la información proporcionada al solicitante indicando, entre otras cuestiones más generales, (i) que la empresa sobre la que se solicita información no tiene ni ha tenido ninguna operación de financiación con cargo al balance del ICO ; y (ii) que la mencionada empresa ha recibido financiación por parte de las entidades financieras de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos, avalada al amparo de las Líneas de Avales establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020 y en el Real Decreto ley 25/2020, lo que se puede consultar en el enlace en el que proporciona (apartado de Ayudas de Estado). Asimismo, aporta una serie de enlaces en los que el solicitante puede consultar la base normativa y funcionamiento de las líneas de avales que rigen las operaciones garantizadas, entre ellas las relativas a la consulta planteada, y el informe sobre la evolución de la Línea de Avales Covid-19. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido, si bien de forma ciertamente genérica; esto es, aportando información general sobre la naturaleza y el funcionamiento del ICO como avalista (en concreto, en relación con las Líneas de Avales COVID 19). No es sino en la fase de alegaciones de este procedimiento cuando el Departamento ministerial responde de forma concreta a la solicitud de información –subrayando que no se ha realizado ninguna operación de financiación con cargo al balance en ICO en relación con esa concreta empresa- y la amplia –aportando una serie de enlaces web donde se puede consultar los avales concedidos en el marco de la Línea de Avales COVID 19 en relación con las operaciones financiadas por entidades de crédito -. Por tanto, dado que la información concreta y adecuada a los términos en que se formuló la solicitud de información ha sido proporcionada con posterioridad al plazo legalmente establecido, y teniendo en cuenta que el reclamante no ha formulado objeción en el trámite de alegaciones que le fue concedido con posterioridad, debe reconocerse su derecho a obtener una respuesta congruente con los términos de su solicitud en plazo y estimar esta reclamación, si bien únicamente por motivos formales, sin que sea preciso instar a realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , el 5 de febrero de 2022 frente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez