Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Salinas de Levante S.A. reclamó ante el Consejo de Transparencia de las Illes Balears contra la resolución de la Consejería de Empresa, Autónomos y Energía que concedió acceso a un acta de precinto de maquinaria a una empresa competidora. La reclamante alegó que la información afectaba a sus intereses comerciales y que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo desestimó la reclamación.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de asesores y personal eventual con sus nombres, cargos, formación y retribuciones. La Administración denegó la identidad de la mayoría alegando riesgos de seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de nombres y retribuciones.
El interesado solicitó al Ministerio de Economía y Comercio el expediente de la consulta pública sobre la adquisición de Banco Sabadell por BBVA y el expediente del Acuerdo del Consejo de Ministros. La administración inadmitió la consulta por ser información auxiliar y denegó el expediente de concentración alegando régimen especial (LDC) y límites de interés comercial y judicial. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la consulta (anonimizada) y el expediente de la tercera fase (intervención ministerial), permitiendo la exclusión de datos confidenciales.
El solicitante pidió a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria de Asturias los datos de recaudación de sanciones por bienestar animal (Ley 7/2023) y su destino finalista. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción para que se remita la solicitud al órgano competente.
La asociación Stop Macrogranja Llucmajor solicitó información sobre la empresa Avícola Son Perot a la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Illes Balears. La empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando la protección de sus intereses económicos y comerciales. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que no se acreditó un daño real y concreto.
La Asociación Nacional de Enfermería Penitenciaria solicitó al Ministerio del Interior que se dicten instrucciones para facilitar documentación económica desglosada a los funcionarios sobre liquidaciones de sentencias. El Ministerio alegó que la petición era abusiva y no encajaba en la ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha inadmitido la reclamación porque no se solicitaba información pública preexistente, sino una actuación administrativa.
El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el acceso a un informe de la Abogacía del Estado sobre la capacidad del Consejo de Ministros para imponer condiciones en la operación Sabadell-BBVA. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando un régimen especial de la LDC. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no probarse la confidencialidad.
El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Natura solicitó datos cartográficos de geolocalización de embarcaciones pesqueras a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Illes Balears para proponer áreas protegidas. La administración denegó el acceso alegando protección ambiental y comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información compromete los intereses económicos de los armadores.
El interesado solicitó documentación detallada del contrato de suministro y mantenimiento de trenes Talgo Avril a Renfe-Operadora. La administración inadmitió la solicitud alegando intereses comerciales y secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos estadísticos y generales sobre penalizaciones e incidencias.
El solicitante pidió al Hipódromo de la Zarzuela la lista de eventos (fechas, nombres, temas, organizadores y participantes) de 2024 y 2025. La administración denegó la identidad de los organizadores alegando intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción para que se dé audiencia a los terceros afectados.
El interesado solicitó a Correos el listado de estados de entrega y sus instrucciones de uso. La entidad denegó las instrucciones alegando secreto empresarial e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al existir ya un pronunciamiento previo sobre una cuestión idéntica.
La reclamante solicitó correspondencia de empresas tabaqueras al Ministerio de Industria y Turismo. El Ministerio concedió acceso parcial, pero tachó el nombre de una empresa inversora en una carta de 2024. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la administración no justificó el daño a los intereses comerciales y que la información forma parte de la agenda de un responsable público.
El interesado solicitó a Correos los protocolos y criterios de actuación del personal de reparto para la asignación de estados de entrega. Correos denegó el acceso alegando protección de intereses económicos y comerciales (secreto empresarial). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la argumentación de la entidad fue genérica e insuficiente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrigorriaga copia de los ejercicios y la plantilla de respuestas de un proceso selectivo de Recursos Humanos. La administración alegó que la solicitud era abusiva por carecer de interés legítimo y que afectaba a intereses económicos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación al considerar que el interés particular no es causa de inadmisión.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes datos sobre sanciones de la AESA, informes internos y estadísticas de quejas de pasajeros (2018-2025). AESA denegó la identidad de las aerolíneas alegando intereses comerciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación para ordenar la retroacción de actuaciones.
El solicitante pidió información detallada sobre el sistema ONIP (transposición de la Directiva PNR), registros presupuestarios y expedientes de contratación al Ministerio del Interior. Tras recibir una respuesta parcial, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación por considerar que la solicitud constituye un informe 'a la carta' no amparado por la ley.
La solicitante pidió a la FIAP ejemplos de exámenes y respuestas de procesos selectivos anteriores. La FIAP inadmitió inicialmente la solicitud por usar el canal equivocado y, tras una segunda solicitud, concedió acceso parcial pero exigió consulta presencial y denegó las respuestas por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso electrónico y la entrega de criterios de evaluación.
El interesado solicitó al Ministerio de Industria y Turismo información detallada sobre la gestión de los fondos MRR (2021-2025), incluyendo listados de beneficiarios, informes de elegibilidad, correspondencia institucional e informes sobre el principio DNSH. El Ministerio denegó parcialmente alegando carga excesiva y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la CIPM, declaraciones de conflictos de intereses, comunicaciones con Farmaindustria, expedientes de financiación de fármacos y estudios sobre impacto de retrasos. El CTBG desestima la reclamación en la mayoría de puntos por haber sido atendida o por inexistencia de la información, pero suspende la decisión sobre los expedientes de financiación por litispendencia ante el Tribunal Supremo.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los importes de productividad pagados en 2024 a diversos cargos. La administración denegó los datos de responsables provinciales alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los sindicatos al acceso.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de productividad del personal de la AEAT de 2024. La AEAT denegó el acceso alegando protección de datos, seguridad y procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de transparencia retributiva y la labor sindical.
La Asociación Stop Macrogranja Llucmajor solicitó copias de expedientes de una explotación avícola a la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad. La administración concedió el acceso parcial, lo que motivó una reclamación de la empresa afectada alegando protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma la resolución de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el desglose de ingresos por cánones ferroviarios (2021-2024) por operador. ADIF denegó el desglose alegando intereses comerciales, ofreciendo solo datos agregados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información individualizada es sensible y estratégica.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes información sobre contratos de ADIF/RENFE, fondos PRTR, correspondencia con autoridades europeas y datos sobre prácticas discriminatorias en el sector ferroviario. Tras recibir una respuesta parcial de ADIF, el interesado reclamó ante el CTBG alegando falta de respuesta. El Consejo desestimó la reclamación porque se acreditó que la administración sí respondió y el reclamante no fundamentó su disconformidad con la respuesta recibida.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre discriminación fiscal, correspondencia sobre directivas UE y análisis de impacto de políticas fiscales. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando inexistencia de documentos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información no existe o requiere un informe ad hoc.
El reclamante solicitó información sobre sanciones recaudadas y ayudas/subvenciones percibidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Tras diversas respuestas de la administración que incluían inadmisiones por reelaboración y carácter abusivo, el interesado recurrió. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por haber precluido el plazo de impugnación de la mayoría de actos y por carecer la reclamación de fundamento al no impugnar específicamente la última resolución.
El interesado solicitó a Correos detalles sobre un contrato con la compañía AXA. La entidad denegó el acceso alegando la protección de sus intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un secreto empresarial cuya divulgación perjudicaría la posición competitiva de la sociedad mercantil.
El solicitante pidió datos de contratación y el contenido de un informe de estudio escénico sobre el Teatro Emperador a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información era de publicación general y de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos de fechas y el informe, aunque permitiendo excluir partes que comprometan la libre competencia.
Ryanair solicitó información al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre procedimientos inspectores o sancionadores contra Vacaciones Edreams. La administración denegó el acceso alegando protección de la actividad inspectora e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, concediendo los datos identificativos y las resoluciones de archivo.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) en 2003 a la SEPI. La administración denegó el acceso alegando que la información es relevante para un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso pondría en riesgo la estrategia procesal del Estado.
El reclamante solicitó a RENFE el número de pasajeros que viajan con mascotas desglosado por años (2015-2024). La administración inadmitió la solicitud alegando que requiere una reelaboración compleja y que la información no es pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la obtención de los datos exigiría una labor de procesamiento excesiva y no fiable.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre el número, identificación, ingresos y gastos de los proyectos de la empresa INECO en Cisjordania (actuales y entre 2018-2025). INECO denegó el acceso alegando que es actividad mercantil privada y que afectaría a sus intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación parcialmente.
El interesado solicitó copia íntegra de un expediente administrativo de denuncia ante la AEPD. La administración no respondió inicialmente y, tras la reclamación, entregó una copia incompleta alegando límites de seguridad y protección de datos sin justificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta a la AEPD a completar la información.
El reclamante solicitó a la Dirección General de la Policía acceso al código fuente de las librerías de código abierto utilizadas en la aplicación MiDNI. La administración denegó el acceso alegando riesgos de seguridad y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que revelar el inventario de dependencias y versiones compromete la seguridad del sistema.
La reclamante solicitó acceso a los expedientes de procedimientos de libre designación en Lehendakaritza. La administración condicionó el acceso a la finalización de los trámites alegando información en curso. Tras la reclamación, la administración remitió telemáticamente la documentación íntegra. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública declara la pérdida de objeto al haberse facilitado la información.
El interesado solicitó a la SELAE el acta notarial del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' y los logs técnicos de publicación para verificar la trazabilidad de los resultados. La SELAE facilitó el acta pero denegó los logs por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información proporcionada es suficiente para confirmar el resultado.
Un licitador excluido solicitó a Renfe Operadora facturas detalladas y justificantes de servicios de taxi para fiscalizar un contrato. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho, reelaboración, falta de carácter público e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse ninguna de las causas de inadmisión ni el límite alegado.
Un ciudadano solicitó una ingente cantidad de información sobre contratación, economía, personal y urbanismo al Ayuntamiento de Sondika (2020-2025). La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación porque el recurso de reposición previo ya agotó la vía administrativa.
El reclamante solicitó copia del proyecto y presupuesto de Golem Taldea para unas subvenciones culturales al Ayuntamiento de Barakaldo. Tras alegarse silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública declara la pérdida de objeto al constatar que la administración ya había facilitado parte de la información, aunque insta a completar el acceso parcial necesario.
Una empresa solicitó información sobre inspecciones mineras y autoridades responsables a la Administración de las Islas Baleares. La empresa Salinas de Levante S.A. reclamó alegando intereses comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que no se probó un daño real y la solicitud tiene un fin legítimo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Roque información sobre si unas plazas de aparcamiento cumplen con las ordenanzas municipales. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque, tras la queja, el Ayuntamiento anuló su inadmisión y emitió informes técnicos que responden a la cuestión planteada.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el procedimiento para detectar fraudes en la Ley Trans y el número de casos detectados por comunidad autónoma. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información está dispersa en miles de registros civiles.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León copia de los contratos y precios de adquisición del medicamento Zolgensma. La administración alegó que parte de la información ya estaba publicada y que la compra de 2023 fue una compra directa por emergencia sin expediente. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el contrato de 2023 o declarar su inexistencia.
El solicitante pidió a Correos Express los protocolos y criterios de actuación del personal de reparto. La administración no respondió y, posteriormente, la matriz (Correos) alegó que la información ya se había denegado en otro expediente por proteger secretos comerciales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la respuesta de la matriz no resuelve la solicitud de la filial.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad el número anual de alertas enviadas por el REPS al sistema IMI entre 2016 y 2025, desglosadas por profesión y tipo de sanción. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja y que el registro está en fase de implantación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El Club Nàutic Campomanes solicitó a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori documentación sobre la prórroga de su concesión (proyectos y presupuestos). La Conselleria denegó el acceso alegando intereses económicos y secretos industriales. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación debido a que el asunto está siendo juzgado judicialmente (sub iudice).
El Secretario de un Comité de Empresa solicitó la memoria técnica de los pliegos de un servicio de atención telefónica de urgencias a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y seguridad. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al considerar que el solicitante, por su condición de representante de los trabajadores, tiene un interés público legítimo para la vigilancia laboral.
El interesado solicitó al INSS todo el material elaborado mediante un convenio para la revisión del manual de médicos inspectores. El INSS inadmitió la solicitud alegando que es documentación de uso interno (art. 18.1.b). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación debido a que el interesado modificó el objeto de su petición inicial durante el procedimiento de revisión.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad estadísticas anuales (2016-2025) sobre alertas y notificaciones de suspensiones o inhabilitaciones de médicos. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja (art. 18.1.c LTAIBG) y que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios está en fase de implantación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó a ADIF un informe de INECO de 2020 sobre la rentabilidad de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel. ADIF denegó el acceso al informe íntegro alegando intereses económicos y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los perjuicios alegados son hipotéticos y que la información es de interés público.
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