Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó a RENFE el coste y condiciones del patrocinio de la Kings League y Queens League. RENFE denegó el acceso alegando que era información comercial privada y que perjudicaba intereses económicos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a RENFE revelar el coste total del patrocinio, pero no el desglose ni las condiciones, al considerar que la información es pública pero el desglose afecta intereses comerciales.
El 5 de junio de 2025, Observatorio CODE solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las memorias trimestrales y anuales de Madrid Network relativas a un convenio de préstamo de 80 millones de euros. El Ministerio denegó inicialmente por carga de trabajo y luego entregó las anuales censuradas por intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega íntegra de todas las memorias, al considerar injustificada la censura y prevalente el interés público en el uso de fondos.
CCOO solicitó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades informes sobre el superávit de personal y actas de visitas en el Centro XXX, tras el archivo de una queja por escasez de personal. Ante la denegación presunta, CCOO reclamó. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información no perjudica intereses económicos/comerciales y, de hecho, podría mejorar la reputación del centro público.
La reclamante solicitó a SAREB un listado detallado de sus propiedades en Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, incluyendo estado, dirección y referencia registral. SAREB denegó la ubicación y datos registrales alegando el art. 14.1.h) LTAIBG. El Consejo desestima la reclamación por extemporánea y porque la doctrina considera suficiente la información por término municipal, justificando la denegación de datos más específicos.
Un ciudadano solicitó a RENFE el gasto desglosado en taxis y autobuses sustitutivos por incidencias en la línea de Cercanías Guardo-Cistierna-León. RENFE estimó parcialmente la solicitud, alegando que implicaba reelaboración y afectaba intereses económicos. El reclamante argumentó que la información ya existe y que el motivo real era evitar el desprestigio. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando a RENFE entregar la información al considerar que no hay reelaboración compleja ni perjuicio económico justificado, prevaleciendo el interés público.
Una asociación solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la compra de vacunas COVID-19 (farmacéuticas, costes, cantidades y contratos). El Ministerio concedió acceso parcial a las cantidades, pero denegó costes y contratos alegando confidencialidad e intereses comerciales, basándose en una sentencia de la Audiencia Nacional. La reclamante recurrió al CTBG, argumentando que dicha sentencia no era firme al estar pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El CTBG suspende el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, dada la litispendencia.
El reclamante solicitó a Renfe (a través del Ministerio de Transportes) el número total de viajeros por año (2019, 2022, 2024) desglosado por línea y estación (subidas/bajadas) para varias líneas OSP. Renfe inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carga desproporcionada, ofreciendo enlaces a informes genéricos. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implica una reelaboración desproporcionada de información existente.
Se solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid el acceso a memorias descriptivas y económicas del convenio con Madrid Network. El reclamante alegó que la información no es confidencial por constar en el Registro Mercantil. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por existir un proceso judicial en curso sobre el mismo objeto.
Una asociación solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha el expediente completo de una concesión minera, el Plan de Restauración y los Planes de Labores. Tras una resolución de acceso parcial, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando las limitaciones impuestas por la Administración.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Barajas de Melo presupuestos, informes y proyectos sobre el alumbrado del Paseo de La Mimbrera. Tras el silencio administrativo, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima parcialmente la solicitud: deniega los presupuestos por estar en fase de contratación y ordena entregar informes y documentos formales existentes.
El reclamante solicitó a la CNMC información detallada sobre una licitación de servicios de conductores, incluyendo datos sobre el personal, uniformidad, control horario y posibles conflictos de interés. La CNMC respondió parcialmente, remitiendo a información pública y denegando el resto por afectar a la gestión interna de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación porque la CNMC no respondió en plazo.
La Asociación "Bien Común de Monesterio" solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica acceso al expediente de explotación de la mina Aguablanca. El Ministerio concedió acceso parcial, excluyendo datos confidenciales. Río Narcea Recursos S.A. (tercero afectado) reclamó ante el CTBG, alegando falta de concreción de la solicitud, ausencia de interés legítimo y protección de secretos empresariales. El CTBG desestima la reclamación de RNR al no justificar suficientemente los límites invocados, confirmando el acceso parcial.
Se solicitó a Correos información sobre contratos con Sortis (2020-2024). Correos denegó parte alegando investigación penal e intereses comerciales, y remitió a un enlace genérico para otra parte. El Consejo de Transparencia estima la reclamación porque Correos no justificó suficientemente los límites ni proporcionó un acceso preciso a la información contractual básica solicitada.
PORTSUR solicitó a la Autoridad Portuaria de Castellón acceso al expediente y acuerdo de extinción anticipada de una concesión administrativa de NOATUM. La Autoridad denegó la solicitud alegando falta de legitimación y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, indicando que la legitimación no es necesaria y que, si bien existen límites por intereses comerciales, la denegación total no fue justificada ni se valoró el acceso parcial.
PORTSUR solicitó a la Autoridad Portuaria de Castellón acceso al expediente y acuerdo de extinción anticipada de una concesión administrativa a NOATUM. La Autoridad denegó el acceso por afectar intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, recordando que el derecho de acceso es amplio y los límites deben aplicarse de forma estricta y proporcional, permitiendo el acceso parcial a la información no afectada por el límite.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid el proyecto, calendario, presupuesto y datos de talas de una obra. El Ayuntamiento denegó los dos primeros puntos por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, confirmando que la información es confidencial para proteger los intereses económicos y comerciales de la empresa.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid proyectos de construcción y urbanización de la parcela 26.2B de Montecarmelo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque la información está en curso de elaboración y contiene secretos técnicos y comerciales confidenciales de la empresa adjudicataria.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) información detallada sobre sus acuerdos, centros y gastos en China. Tras una denegación parcial basada en intereses comerciales, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por pérdida de objeto, ya que la UPM publicó posteriormente los documentos solicitados.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid presupuestos y la memoria técnica del proyecto de cubrición de la M-30 en Ventas. El Ayuntamiento concedió acceso parcial omitiendo datos confidenciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que la divulgación de la oferta técnica perjudicaría los intereses económicos y comerciales de la UTE adjudicataria.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos. La Consejería denegó parcialmente la información sobre sanciones alegando límites por daño a intereses económicos/comerciales y protección de datos. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando completar la información y retrotraer el procedimiento para dar audiencia a las personas jurídicas sancionadas, al considerar que los límites no se aplicaron correctamente y la protección de datos no aplica a personas jurídicas.
Se solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia información sobre los medios, inserciones, inversión y, especialmente, los criterios y su ponderación para la adjudicación de publicidad institucional en contratos específicos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar los criterios, al considerar que no se justificó adecuadamente la aplicación de límites de acceso.
Una parlamentaria solicitó al Departamento de Industria de Navarra copia de un contrato entre Volvo y Sunsundegui, financiado con fondos públicos. El Departamento y las empresas denegaron el acceso alegando secreto empresarial y falta de autorización de Volvo. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el interés público en el control parlamentario prevalece sobre los intereses comerciales no justificados, y que el derecho de la parlamentaria es fundamental y cualificado.
La entidad reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa información detallada sobre contratos de compra de espacios en medios para campañas de publicidad institucional, incluyendo el contrato CBA1353/2024. Inicialmente, el Ministerio inadmitió la solicitud alegando perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio concedió el acceso tardíamente durante el proceso de reclamación, sin respetar el plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó a RENFE-OPERADORA información detallada sobre causas específicas de retrasos en líneas de tren (Ourense/Vigo-A Coruña) entre junio 2025 y junio 2026, incluyendo medidas correctoras, desglosada semanalmente. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de RENFE, al considerar que la solicitud exigía una reelaboración compleja y desproporcionada (informe "ad hoc"), no amparada por el derecho de acceso a la información pública (art. 18.1.c LTAIBG).
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cártama copias de exámenes y plantillas de diversos procesos selectivos. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. Durante el procedimiento, el Ayuntamiento puso la información a disposición del interesado, quien manifestó su conformidad, por lo que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declaró la pérdida de objeto.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig datos sobre la plantilla y vacantes del servicio de recogida de RSU y limpieza viaria. El Ayuntamiento denegó la información alegando que es competencia de la empresa concesionaria y alegando límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al municipio a obtener y facilitar los datos.
Se solicitó a CRTVE la remuneración de un grupo musical por la sintonía de "La familia de la tele" y la de los presentadores de Eurovisión 2025. CRTVE remitió a enlaces con costes agregados de contratos con productoras externas. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando que la información agregada es suficiente para cumplir la transparencia, ya que las remuneraciones individuales forman parte de contratos mercantiles con terceros y no son directamente gestionadas por CRTVE.
Una regidora solicitó al Ajuntament de Vila-seca los estatutos del auditorio municipal y el justificante de pago de un grupo municipal. El Ayuntamiento denegó el importe y la identidad del pagador alegando confidencialidad tributaria. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, permitiendo el acceso al importe y fecha por las funciones de control de la regidora.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura datos de cosecha de uva por municipio desde 2015. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser manifiestamente repetitiva, ya que una petición anterior idéntica fue parcialmente denegada a nivel municipal por perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por repetitiva y la firmeza de la resolución previa.
El interesado solicitó a la Universidad de Murcia informes científicos, justificaciones económicas y documentos de reintegro de proyectos subvencionados relacionados con el Mar Menor. Tras una reclamación por silencio administrativo, la Universidad emitió una resolución estimando parcialmente la solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia declaró la pérdida de objeto y archivó el expediente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación técnica y presupuestaria del Parque de las Tres Luces. El reclamante alegó que la información era preceptiva y que no se aplicó el test de daño. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación vulneraría los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual y la confidencialidad contractual, especialmente por estar en curso la licitación de la fase 2 del proyecto.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Vilallonga de Ter los extractes bancarios y de caja de los años 2021, 2022 y 2023 para fiscalizar la gestión económica. La administración denegó el acceso alegando secreto bancario y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, permitiendo el acceso siempre que se anonimicen datos personales de terceros y se proteja la intimidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid el documento de oferta del proyecto ganador para la construcción de una losa en la M30. El reclamante alegó que no se acreditó el perjuicio y que la obra es pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por proteger los intereses económicos y comerciales de la UTE adjudicataria.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Ronda copias de exámenes y plantillas de corrección de diversos procesos selectivos. Tras una inicial inadmisión por alegar necesidad de reelaboración, la administración facilitó la información tras la reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía acepta el desistimiento del reclamante al haber sido satisfecho su interés.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de conservación de la carretera N-VI (contrato PROINTEC). El Ministerio denegó el acceso por ser información auxiliar, confidencial, y afectar a intereses económicos/propiedad intelectual de terceros. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, concluyendo que la información no es auxiliar, y el Ministerio no justificó ni ponderó adecuadamente los límites invocados, ordenando la entrega de los informes.
El Ayuntamiento de Vila-real solicitó a la Conselleria de Servicis Socials el expediente completo sobre el cierre del centro geriátrico Madrigal. Tras una estimación parcial que denegó los trámites de ejecución forzosa, el Consejo Valencià de Transparència estima la reclamación, ordenando la entrega de dicha información al no considerarse aplicables los límites alegados.
Se solicitó a RED.ES las memorias detalladas de entidades seleccionadas en un programa de atracción de talento. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y ordenó la retroacción de actuaciones, ya que RED.ES omitió el trámite de audiencia a las entidades afectadas (terceros interesados) conforme al artículo 19.3 LTAIBG, impidiendo una correcta ponderación de los límites al acceso.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad los nombres y la facturación total de 444 laboratorios farmacéuticos en 2020-2022, desglosada por recetas y hospitales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información, al considerar que no se justificó la confidencialidad ni el daño a intereses comerciales, y que la información es gasto público.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Madrid resoluciones y requerimientos sobre publicidad de medicamentos (2022-2024). La Administración alegó que la anonimización era insuficiente para proteger datos personales e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena el acceso a la información anonimizada.
Se solicitó acceso a un informe de actuaciones y la resolución de un expediente específico a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz. La administración denegó la solicitud alegando que era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decide inadmitir la reclamación porque fue presentada fuera del plazo legal establecido.
Se solicitó a la EMT de Madrid el acceso a las propuestas técnicas de licitadores, excluyendo la información marcada como confidencial. El reclamante alegó que la confidencialidad no puede ser genérica ni total. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en la protección de intereses económicos y comerciales.
El reclamante solicitó a RENFE OPERADORA copia del acuerdo de colaboración con el musical Malinche y su vigencia. RENFE denegó el acceso alegando que no era información pública, carácter abusivo y límites por intereses comerciales/confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, dictaminando que sí es información pública y que, aunque existen límites, no justifican la denegación total, debiendo Renfe proporcionar acceso parcial a los elementos esenciales del contrato.
Se solicitó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid el acceso a los proyectos técnicos de tres licitadores en un contrato de actividades recreativas. El reclamante alegó que prevalecía el interés público sobre la confidencialidad. El Consejo desestimó la reclamación basándose en la protección de intereses económicos y comerciales y la propiedad industrial.
El sindicato LAB reclamó contra el Ayuntamiento de Pamplona por denegar parcialmente el acceso a planes de trabajo de contratos de limpieza municipal, alegando confidencialidad injustificada. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando la denegación parcial. Argumentó que los intereses comerciales de las empresas (know-how, posición competitiva) prevalecen sobre el interés del sindicato, al no ejercer una atribución específica ni estar sujeto a deber de sigilo estricto.
El ciudadano solicitó información sobre planes de inspección, calidad del suministro, interrupciones eléctricas y expedientes sancionadores a la Delegación Territorial de Economía de Huelva. La administración alegó la necesidad de reelaboración para los puntos 1 y 3. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar las autorizaciones de interrupciones de Huelva.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda las fórmulas y valores numéricos para calcular las retribuciones de funcionarios en el extranjero. El Ministerio denegó el acceso alegando información auxiliar y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia suspende su resolución porque un caso idéntico anterior, estimado por el Consejo, está pendiente de sentencia firme ante la Audiencia Nacional, que ya ha suspendido cautelarmente la ejecutividad de la resolución previa del Consejo.
La Plataforma Ulloa Viva solicitó al Ministerio de Industria y Turismo el informe de evaluación de un proyecto de ayudas (PERTE-DI) de Greenfiber S.L. El Ministerio denegó el acceso por no ser interesado y por límites de intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que el derecho de acceso no requiere ser interesado, la información es pública y el Ministerio no justificó adecuadamente los límites ni el acceso parcial, prevaleciendo el interés público medioambiental.
La Asociación ASTCAM El Tablero solicitó el expediente completo del lote 4 de un contrato de servicios sociosanitarios al Cabildo Insular de Gran Canaria. La administración limitó el acceso a consulta presencial sin entregar copias. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación al considerar que la remisión a enlaces genéricos es insuficiente y requiere una respuesta concreta.
Un reclamante solicitó a CRTVE el coste, visualizaciones, sueldos de presentadores/colaboradores, condiciones de audiencia e indemnizaciones de varios programas. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Argumenta que la información económica agregada ya es pública y suficiente, y deniega el acceso a las condiciones de audiencia por proteger los intereses económicos y comerciales legítimos de CRTVE y cláusulas de confidencialidad.
Se solicitó a Circuits de Catalunya SL el contrato vigente con FOWC para la celebración del GP de Fórmula 1. Tras una estimación parcial de la entidad, el tercero afectado se opuso mediante un recurso. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información ya reconocida como pública, al considerar que el recurso del tercero fue extemporáneo y no hubo medidas cautelares.
101–150 de 1227