Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe el desglose de animales (gatos y perros) ingresados en la protectora concertada durante 2023 y 2024, junto con sus registros. La administración alegó que la información no estaba disponible y requería reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, indicando que el Ayuntamiento debe obtener los datos de la concesionaria.
El reclamante solicitó a RTVE el resultado de un estudio técnico de contenido de programas de una licitación específica. RTVE denegó el acceso alegando que era información auxiliar de apoyo y que su divulgación afectaría a su estrategia comercial y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el informe es un instrumento estratégico cuyo acceso dañaría la posición competitiva de la entidad.
El interesado solicitó documentos históricos (TC1, TC2, L03 y fichas físicas) sobre sus cotizaciones a la Seguridad Social de los años 1991-1995. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja y que la solicitud es repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la tarea de extracción es desproporcionada.
El interesado solicitó acceso al libro de registro de actuaciones, listados de firmas de personal de limpieza (2023-2024) y actas de reuniones a la TGSS. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse la repetitividad ni la complejidad técnica requerida.
El representante de un sindicato solicitó al MAEC datos detallados sobre la contratación temporal, encadenamiento de contratos, antigüedad y otros perfiles (becarios/asistencia técnica) en el exterior. El MAEC denegó parte de la información alegando la necesidad de una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de motivación de dicha causa.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el número de circulaciones de rescate en alta velocidad (2023-2025), pidiendo desglose por operador. ADIF denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los datos globales no afectan a la competencia.
Vacaciones eDreams, SL reclama contra la resolución de la Consejería de Salud de las Illes Balears que concedió a Ryanair el acceso a un expediente sancionador de Consumo. El reclamante alega que la entrega de información afecta a sus intereses comerciales y que la solicitud es abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por no acreditarse daño real ni abuso de derecho.
El interesado solicitó acceso al expediente y a la relación de planes de labores de la empresa Asturmet Recursos, S.L. en relación con un permiso de investigación minera. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias denegó parte de la información alegando intereses comerciales y secretos profesionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no haberse justificado el daño.
El solicitante pidió a la Diputación de Cáceres la copia completa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) incluyendo las funciones de todos los puestos. La administración alegó que la petición era genérica e inconcreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por incompetencia, al entender que el asunto no es de acceso a información, sino de publicidad activa.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre el número y coste de clases de idiomas para solicitantes de asilo (2015-2024). El Ministerio no respondió inicialmente. Tras la reclamación, el Ministerio facilitó parte de la información pero denegó el coste alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales.
El reclamante solicitó a la Corporación de Radio y Televisión Española copias de contratos con productoras de dos programas de televisión. CRTVE denegó el acceso total alegando intereses económicos y comerciales protegidos, facilitando solo un enlace con datos económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la denegación total no estaba suficientemente justificada y ordenó facilitar los contratos con las omisiones estrictamente necesarias.
El reclamante solicitó a Correos, S.A. la información sobre el importe y vigencia del contrato con Evelop Airlines. Correos denegó parcialmente el acceso al importe alegando el límite del art. 14.1.h) LTAIBG (intereses económicos y comerciales). El reclamante alegó falta de ponderación del interés público y que el límite no estaba justificado. El CTBG estima la reclamación por motivos formales al no haberse notificado la resolución en el plazo legal, habiendo sido necesaria la reclamación para obtener una respuesta completa y justificada.
Se solicitó a CRTVE la copia del contrato de adquisición de derechos de emisión de la Eurocopa 2028. CRTVE denegó el acceso alegando el límite de intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG) y una cláusula de confidencialidad. El reclamante alegó que la denegación era genérica y hipotética. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la retroacción de actuaciones para practicar el trámite de audiencia a terceros y facilitar la información contractual relevante, indicando que la cláusula de confidencialidad no es absoluta y debe ponderarse con el derecho de acceso.
Reclamación por silencio administrativo y acceso parcial. El CTBG estima la reclamación por motivos formales al no responder en plazo, aunque la administración había concedido parcialmente el acceso a planes de medios y criterios de reparto.
El reclamante pidió a la Fundación Teatro Real la copia de un contrato de alquiler para un evento. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio económico, confidencialidad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación afectaría a la estrategia comercial y competitividad de la entidad, y que ya se dispone de información suficiente para la fiscalización pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa datos estadísticos sobre licencias de exportación de productos de doble uso. El Ministerio inadmitió la solicitud por manifiestamente repetitiva y aplicó límites de defensa, relaciones exteriores e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que las peticiones anteriores fueron resueltas firmemente sin impugnación, configurándose la actual como manifiestamente repetitiva.
Se solicitó a la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid el código fuente y especificaciones del algoritmo de admisión de alumnado 2025-2026. El interesado alegó que la denegación fue genérica e infringió jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estimó la reclamación por falta de motivación y ponderación de los límites invocados.
La mercantil Ushuaïa Entertainment, S.L. reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) la resolución del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany que concedió acceso a expedientes urbanísticos de una sala de fiestas a un tercero. La reclamante alegó que la divulgación afectaría a sus intereses económicos y comerciales. El CTBG desestimó la reclamación, argumentando que los expedientes solo acreditan la legalidad urbanística y no revelan estrategia comercial, por lo que no se acredita un perjuicio real, concreto y sustancial que justifique el límite del art. 14.h) de la LTAIBG.
Una asociación de estudiantes solicitó a la Universidad de Jaén los justificantes de gasto de dos partidas específicas del Consejo de Estudiantes tras recibir un estado de cuentas genérico. La Universidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que afectaba a la protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación.
Reclamación contra AENA por denegación parcial de información sobre servicio PMR. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando a AENA facilitar datos de penalizaciones, auditorías, plantilla y equipamiento, rechazando los límites de intereses económicos y comerciales alegados por falta de justificación concreta.
El ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco datos detallados de las ambulancias adscritas a dos contratos de transporte sanitario. Tras la inadmisión de la solicitud, el interesado alegó que la información es pública y no constituye secreto comercial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó a AENA información sobre procedimientos, informes de mediciones radiológicas y comunicación con organismos competentes ante posibles fugas de radiación en escáneres del Aeropuerto de Málaga. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que AENA no facilitó toda la información relevante en el plazo legal, haciéndolo solo durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó a RTVE copia de los contratos con los últimos representantes en Eurovisión. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando a RTVE retrotraer las actuaciones. La decisión se basa en que RTVE no respondió en plazo, no justificó adecuadamente los límites de confidencialidad/intereses económicos, no consideró el acceso parcial y, fundamentalmente, no concedió audiencia a los terceros afectados (artistas/titulares de derechos) antes de resolver.
Un solicitante pidió a RTVE información sobre contratos de presentadores no estructurales y la justificación de su contratación externa. RTVE respondió parcialmente y de forma extemporánea, remitiendo a preguntas parlamentarias y alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho del solicitante a una respuesta completa en el plazo legal, lo que hizo necesaria la reclamación.
El reclamante solicitó a AENA información sobre vuelos programados, cancelados y retrasados en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat el 1 de julio de 2024, y si AENA comunicó alertas meteorológicas. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación. Denegó el acceso a datos de vuelos cancelados/retrasados por proteger intereses económicos de aerolíneas (art. 14.1.h LTAIBG), pero ordenó entregar la información sobre comunicaciones meteorológicas de AENA, al no justificarse perjuicio.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación de movimientos de caja de octubre 2023 a junio 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la APV no justificó adecuadamente la aplicación de los límites de acceso (intereses económicos/comerciales, funciones administrativas y protección de datos), ni realizó el test de daño y ponderación de intereses exigidos, prevaleciendo el interés público.
Se solicitó al ICO el beneficio neto anual de Fond-ICO Global, desglosado por fondos invertidos y entidades participadas desde 2013. El ICO concedió el dato agregado, pero denegó el desglose. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que el desglose detallado perjudicaría intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG) al revelar estrategias de inversión sensibles, y que la información agregada ya cumplía el fin de transparencia.
Se solicitó la identificación de empresas sancionadas por contaminación entre 2014 y 2024 a la Generalitat de Catalunya. La administración alegó protección de intereses reputacionales y complejidad técnica. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la identidad de las empresas en caso de sanciones muy graves.
Una persona jurídica solicitó a Taigua-Aigua Municipal de Terrassa documentación sobre la ejecución de un contrato de gestión de agua. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de legitimación y naturaleza privada del contrato. La GAIP estima parcialmente la reclamación, indicando que la información es pública y debe entregarse previa anonimización de datos personales.
El reclamante solicitó a SELAE el expediente completo de traslado y continuidad de una administración de loterías. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a SELAE a entregar la información solicitada, pero permitiendo la disociación de datos personales de terceros y la exclusión justificada de partes que afecten a intereses económicos y comerciales, conforme a los límites de la LTAIBG.
Se solicitó al ICO/Ministerio de Economía el detalle anual de inversiones de Fond-ICO Global en entidades y sus informes. El CTBG desestimó la reclamación, confirmando que la información detallada de inversiones anuales está protegida por el límite de intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), ya que su divulgación revelaría estrategias empresariales sensibles. La petición de informes internos fue inadmitida por su carácter auxiliar y su inexistencia.
Se solicitó a CRTVE la solución técnica ofertada por Telefónica en una licitación de transporte de señal por satélite. El CTBG desestimó la reclamación de acceso, confirmando la denegación inicial. Argumentó que la información es secreto empresarial, su divulgación causaría un daño real y significativo a los intereses comerciales y la propiedad intelectual, y el acceso parcial no era viable sin desnaturalizar el documento, prevaleciendo la protección de la confidencialidad sobre el interés público, ya satisfecho con la información publicada.
Se solicitó a la AP Barcelona el convenio de cesión de un pabellón para la Kings League. El Consejo desestima la reclamación de acceso a las tarifas y condiciones económicas, al considerar que la información constituye secreto comercial de Kings Competition, revelando su know-how y estrategia competitiva, y que no hay prevalencia del derecho de acceso al no comprometerse fondos públicos.
Un ciudadano solicitó a Metro de Madrid el informe justificativo de una oferta económica considerada anormalmente baja. El reclamante alegó que la denegación era insuficiente y que primaba el control del gasto público. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por prevalecer la protección de los intereses económicos y comerciales de la empresa.
El reclamante solicitó a RENFE-OPERADORA información sobre la inversión en periódicos de papel para pasajeros (2015-2024), desglosada por año y medio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación. Argumenta que la información es parte de la estrategia comercial de RENFE, no de funciones públicas, y su divulgación afectaría sus intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG).
Se solicitó a SEPI/Ministerio de Hacienda acceso a dos informes sobre la inversión en Talgo S.A. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI informes técnicos sobre la inversión en Talgo e instrucciones del Presidente del Gobierno. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en plazo, aunque consideró justificada la denegación de los informes por proteger intereses económicos/comerciales y confidencialidad.
Ecologistas en Acción solicitó documentos sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regional de Biometanización y ofertas de adjudicación a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración. Tras requerir al reclamante para que manifestara su deseo de desistir, este no respondió, lo que derivó en el archivo.
La Federación Xarxa Vendrellenca solicitó a RENFE-Operadora información sobre averías de ascensores en varias estaciones de Cataluña (2023-2025). RENFE inadmitió la solicitud por supuesta reelaboración y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información no requiere reelaboración compleja y que el interés público en la accesibilidad prevalece.
El reclamante solicitó a AENA el desglose de su inversión publicitaria en medios de comunicación en 2024, incluyendo beneficiarios y cuantías. AENA denegó la información alegando intereses económicos/comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que AENA no justificó los límites y que la información es de interés público, conforme a la LTAIBG y el Reglamento europeo sobre libertad de medios.
Un ciudadano solicitó a Renfe Operadora información sobre costes de mantenimiento de trenes, número de reclamaciones de usuarios, resultados de pruebas de fiabilidad de trenes Avril y el coste de contenidos de la app PlayRenfe. Renfe denegó parcialmente el acceso, alegando que parte de la información no era pública, requería reelaboración o afectaba intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando a Renfe entregar los datos de mantenimiento, reclamaciones detalladas y pruebas de fiabilidad, al considerar que el interés público en servicios esenciales prevalece, pero mantuvo la denegación para los costes de PlayRenfe por ser una estrategia comercial.
Se solicitó acceso a los expedientes de IBI (2009-2022) de una finca al Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona para verificar la prescripción de deudas. La administración denegó el acceso alegando la reserva tributaria y falta de legitimación. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a los expedientes previa anonimización de los datos de terceros.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de Madrid datos sobre modificaciones contractuales y facturación de cafetería y vending del Hospital Isabel Zendal. Tras obtener acceso parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos la denegación de los datos de facturación. El Consejo desestimó la reclamación por afectar a intereses económicos comerciales.
Un reclamante solicitó a SELAE información detallada sobre su inversión publicitaria en medios de comunicación en 2024, incluyendo las cantidades recibidas por cada empresa y las fechas de las transferencias. SELAE concedió acceso parcial, facilitando la inversión total y las empresas por tipo de medio, pero denegó los importes específicos por empresa y las fechas de pago, alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales y falta de posesión de la información. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a SELAE entregar el desglose de las cuantías abonadas a cada medio, al considerar que el interés público en la rendición de cuentas prevalece sobre los intereses comerciales en la publicidad institucional. Sin embargo, desestimó la petición de las fechas de las transferencias, al no considerarlas relevantes para la transparencia pública.
Se solicitó a la CNMC el número de clientes de operadores móviles virtuales (2020-2024). La CNMC denegó el acceso alegando secreto empresarial y perjuicio a intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando la justificación de la CNMC suficiente y sin apreciar un interés público superior que prevaleciera.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santander acceso a amplia documentación económica y técnica sobre la concesión del servicio de agua y alcantarillado. Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo decide suspender el procedimiento debido a la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa Aqualia.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Huelva información sobre concesiones administrativas vigentes y sus renovaciones de Fertiberia y Atlantic Copper. La APH entregó documentación desde 2004. El reclamante alegó que faltaban las concesiones originales de los años 60. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, interpretando que "vigentes" no incluye concesiones extinguidas y que su función revisora impide ampliar la solicitud inicial.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) copia completa de los expedientes de autorización de vacunas COVID-19. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los expedientes por confidencialidad (Art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación, a la espera de sentencias del Tribunal Supremo que fijarán jurisprudencia sobre la aplicación de límites y cláusulas de confidencialidad en casos similares.
El reclamante presentó 20 solicitudes de información a Renfe Viajeros sobre convenios, criterios de taquillas, accesibilidad, cambios de horario y 16 expedientes de contratación. Renfe inadmitió las solicitudes alegando ejercicio abusivo del derecho, que no era información pública, necesidad de reelaboración y protección de intereses comerciales. El reclamante recurrió, argumentando que la información era preexistente y pública. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por ejercicio abusivo del derecho de acceso (Art. 18.1.e LTAIBG), dada la cantidad, heterogeneidad y carga desproporcionada de las solicitudes, que desvirtúan la finalidad de la ley.
Un ciudadano solicitó a Renfe los criterios de elección de WhatsApp como canal de comunicación, las alternativas descartadas y los costes asociados. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, requería reelaboración y afectaba intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a Renfe a entregar la información al considerar que sí es pública, no requiere reelaboración compleja y los límites invocados no están justificados.
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