Reclamación sobre acceso a datos de facturación de servicios de cafetería y vending en el Hospital Isabel Zendal y resultado desestimatorio

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El 5 de agosto de 2025 tuvo entrada una reclamación formulada por al amparo del artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no haber recibido respuesta a su solicitud, de 17 de junio de 2025, por la que solicitaba a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la siguiente información: «Se solicitan los siguientes datos sobre el expediente de contratación P.A. 8/2023 "Servicios para la alimentación de pacientes y explotación de cafetería y máquinas expendedoras en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal (en adelante HEEIZ)": 1. Con fecha 1/4/24 -diez meses después de la firma del contrato-, la Administración modifica el contrato por el importe máximo que permite la ley -un 20%-. En total, 224.840€ adicionales, impuestos incluidos. La resolución publicada no concreta el motivo de dicha modificación. ¿Qué motivó esa modificación? 2. En una segunda modificación del contrato, con fecha 30/10/24, en el antecedente segundo, si se cita sucintamente como causa de la primera modificación el "aumento de pensiones a suministrar", pero no cuantifica esa necesidad sobrevenida. ¿Cuántas pensiones adicionales contempló la primera modificación? 3. La segunda resolución de modificación, citada en el punto 2 -la de fecha 30/10/24-, tuvo por objeto volver a reducir esa cápita mínima de pensiones diarias. En su antecedente tercero, dice textualmente que se redujo de 70 pensiones diarias (la cápita original del contrato), a 40, obviando que se había realizado una primera modificación que había elevado el número de pensiones diarias por encima de las 70. ¿Qué explica esta aparente contradicción en las cifras de pensiones diarias? 4. En esta segunda modificación, el órgano de contratación sí justifica los motivos de la reducción: la futura apertura del Centro de Neurorrehabilitación Funcional y el cierre de la Unidad de Recuperación Funcional. Lo que no dice esta resolución es el importe que supone esta modificación a la baja. ¿De qué importe fue? 5. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares menciona en el punto 19 de las obligaciones generales del adjudicatario "presentar mensualmente en la dirección del HEEIZ un informe" que contenga, entre otros datos, "los servicios de alimentación a pacientes" y la "facturación en cafetería y vending". En virtud de esta obligación, solicitó el número de pensiones diarias realmente facturadas por el adjudicatario desde el inicio de la prestación del servicio hasta la última fecha disponible. 6. En virtud de lo expuesto en el punto 5, solicito igualmente la facturación mensual en cafetería y vending del adjudicatario desde el inicio de la prestación del servicio hasta la última fecha disponible.» Junto con su reclamación, el interesado aportó copia de la citada solicitud de información. SEGUNDO. El 22 de agosto de 2025 se notificó al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). El mismo día se dio traslado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de la reclamación referida en el antecedente de hecho anterior para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitiese un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulase las alegaciones que considerase oportunas. TERCERO. En respuesta al requerimiento referido en el antecedente de hecho anterior, tuvo entrada el informe de alegaciones del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, de 9 de octubre de 2025, en el que pone de manifiesto que la solicitud de la que trae causa la reclamación fue resuelta mediante la Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, de 3 de octubre de 2025 ), en la que se concedía acceso parcial a la información solicitada. Según dicho informe, la citada resolución fue notificada al interesado el 6 de octubre de 2025. Junto con el informe, se adjuntó copia de la resolución. CUARTO. El 16 de octubre de 2025 se trasladó al reclamante el informe de alegaciones referido en el antecedente de hecho anterior y se le confirió un trámite de audiencia al amparo del artículo 82 LPAC con un plazo máximo de diez días para que alegase lo que estimase conveniente. El 22 de octubre de 2025 el reclamante presentó un nuevo formulario de reclamación con un escrito adjunto en el que manifestaba su voluntad de ejercer su derecho a presentar alegaciones, así como a expresar su desacuerdo con la citada Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, de 3 de octubre de 2025. En particular, por medio de este escrito, el interesado expresa su desacuerdo con la aplicación del límite del artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG) en lo que respecta a la petición de información referida a «los datos de facturación en cafetería y vending que, según los pliegos, debe recibir periódicamente de la empresa concesionaria». En consecuencia, solicita que se estime la reclamación y se obligue al órgano informante a facilitar dichos datos. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) LTPCM, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. Según dispone el artículo 4.2. d) del Decreto 90/2025, de 19 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de este Consejo, corresponde a su presidente resolver las reclamaciones que se presenten en aplicación del citado artículo 77.1 a). SEGUNDO. El artículo 21.1 LPACAP establece la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Con todo, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. TERCERO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». CUARTO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». QUINTO. La presente reclamación se dirigió originalmente contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada por el interesado y dirigida a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de 17 de junio de 2025, cuyo objeto ha sido reseñado en el antecedente de hecho primero de la presente resolución. No obstante, en el curso de este procedimiento de reclamación se dictó la Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, de 3 de octubre de 2025 ( ), por la que se concedía acceso parcial a la información solicitada. Ambas partes han manifestado que dicha resolución fue notificada al reclamante el 6 de octubre de 2025, por lo que es un hecho no controvertido que el interesado ha tenido acceso a la información solicitada en los términos descritos en la citada resolución. Más concretamente, se comprueba, a partir de los términos de dicha resolución, que se facilitó al interesado la información correspondiente a las primeras cinco peticiones recogidas en la solicitud reseñada en el antecedente de hecho primero. Es decir, se facilitó información sobre la justificación y el alcance de las modificaciones del contrato administrativo al que se refiere la solicitud (peticiones núm. 1 a 4), así como el número de pensiones diarias prestadas por el adjudicatario de dicho contrato (petición núm. 5). No obstante, la resolución denegó el acceso a los datos sobre la «facturación mensual en cafetería y vending del adjudicatario desde el inicio de la prestación del servicio hasta la última fecha disponible» (petición núm. 6) en aplicación del límite recogido en el art. 14.1.h) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), al entender que facilitar esta información perjudicaría «los intereses económicos y comerciales» de la empresa adjudicataria. A la vista de la respuesta obtenida, el reclamante presentó un nuevo formulario normalizado de reclamación al que adjunto un escrito en el que declaraba ejercer su derecho a formular alegaciones en relación con el trámite de audiencia reseñado en el antecedente de hecho cuarto y en el que manifestaba su desacuerdo con el contenido de la citada resolución, incidiendo en que, a su juicio, esta invocaba injustificadamente el límite del artículo 14.1.h) LTAIPBG para denegar el acceso a la información sobre la facturación del adjudicatario. En relación con los antecedentes procedimentales descritos, es evidente que, con el dictado de la Resolución del Consejero Delegado de la Agencia de Contratación Sanitaria, de 3 de octubre de 2025, desapareció parte del objeto de la reclamación. Esto es así, al menos, en lo que respecta al contenido de las peticiones de información núm. 1 a 5 recogidas en la solicitud de la que trae causa la reclamación. Este particular se confirma además a partir del hecho de que el reclamante no ha manifestado su desacuerdo con la información facilitada a este respecto. Con todo, cabría plantearse la desaparición del objeto de la reclamación respecto de la petición de información núm. 6, referida a los datos de facturación del contrato administrativo al que se refiere la solicitud. A este respecto, se constata que la Resolución, de 3 de octubre de 2025, niega el acceso a esta información, por lo que este Consejo entiende que el sentido de la resolución considerada es esencialmente coincidente con el sentido negativo del silencio administrativo frente al que se formuló la reclamación original (cfr. artículos 20.4 LTAIPBG y 42.3 LTPCM). Además, es evidente, a partir de las manifestaciones recogidas en el escrito reseñado en el antecedente de hecho cuarto, que el interesado no está de acuerdo con los motivos que sostiene la resolución para negar el acceso a dicha información. En suma, de las consideraciones anteriores resulta que el objeto de la reclamación debe quedar circunscrito a analizar la petición de información núm. 6, referida a la facturación del adjudicatario del contrato al que se refiere la solicitud, así como a valorar la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIPBG por parte del órgano informante en relación con dicha petición. A este respecto, resultan ilustrativas las consideraciones recogidas en el Criterio Interpretativo 1/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en relación con la aplicación del límite del artículo 14.1.h) LTAIPBG a las solicitudes de acceso a la información: «Si se considera que el límite puede resultar aplicable, debe entrar en juego la correspondiente concreción a través del test del daño para determinar cuál es el perjuicio que se produce para la organización, empresa o entidad afectada por la difusión de la información, que puede ser tanto el organismo que ha recibido la solicitud, como una entidad tercera que pueda verse implicada. […] Por último, admitida la existencia del daño y valorado el mismo, se debe ponderar el peso de éste con respecto al interés legítimo de la ciudadanía en conocer la información que poseen los organismos y entidades sujetos a la Ley y que la misma califica como un derecho subjetivo amplio y prevalente.» La petición de información se refiere a los datos de facturación de cafetería y vending obtenidos por una empresa privada en el marco de los servicios que esta presta en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal en virtud de la adjudicación del correspondiente contrato administrativo. No obstante, los datos que ahora se consideran no se corresponden estrictamente con la actividad propia de la Administración, ni con el empleo de fondos públicos, sino que se refiere a los ingresos privados derivados de la actividad empresarial cuya titularidad corresponde exclusivamente al adjudicatario del servicio. Estas consideraciones sugieren que podría resultar aplicable en el presente caso el límite del artículo 14.1.h) LTAIPBG en aras de evitar un perjuicio sobre los «intereses económicos y comerciales» de la empresa adjudicataria. No obstante, para valorar esta posibilidad es necesario llevar a cabo, en primer lugar, el «test del daño» al que se refiere el citado Criterio Interpretativo en los siguientes términos: «A la hora de realizar el test del daño, el sujeto responsable de atender una solicitud de información o una reclamación debe analizar las siguientes cuestiones: 1º. Valorar todas las cuestiones que resulten de aplicación con identificación de los intereses económicos y comerciales que se ven afectados. 2º. Destacar la incidencia comercial o económica de la información que se solicita. 3º. Valorar en qué medida concreta proporcionar la información dañaría los intereses económicos y comerciales de una organización. Para ello, se pueden aportar datos concretos, objetivos, evaluables y efectivos que avalen la posible aplicación del límite y su incidencia en la posición competitiva de la entidad afectada. En la determinación del daño es importante analizar si la información a proporcionar es de común conocimiento o si la misma es fácil de averiguar o reproducir por parte de los competidores, en el caso de que la actividad se desarrolle en concurrencia competitiva. 4º. Determinar el nexo causal entre el acceso a la información solicitada y el daño a los intereses económicos y comerciales de la entidad presuntamente perjudicada.» Este Consejo entiende que los datos de facturación solicitados constituyen información económica sensible, cuya difusión permitiría inferir elementos estratégicos del negocio, tales como su volumen de actividad, rentabilidad, estructura económica o capacidad competitiva, afectando de manera directa a la posición del titular de la explotación frente a terceros operadores económicos, proveedores o futuros licitadores. Asimismo, la divulgación descontextualizada de estos datos, que no reflejan otros factores, como los costes, cánones, obligaciones contractuales, ni márgenes efectivos, podría dar lugar a interpretaciones erróneas con impacto económico y reputacional para la empresa adjudicataria. Por tanto, a juicio de este Consejo, se constata que facilitar la información solicitada podría ocasionar un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria. Tras el test del daño, y según las indicaciones del Criterio 1/2019, procedería realizar el test del interés. Para ello, habría que analizar las siguientes cuestiones: «· La rendición de cuentas del gasto de dinero público. Existe claramente un interés público en conocer cómo se toman las decisiones en las políticas públicas y en cómo se gasta el dinero público en cada caso concreto. · La protección del público. La sociedad tiene interés en conocer cuándo existen prácticas empresariales o comerciales dudosas por parte de organizaciones o empresas, o cuando existen productos puestos en el mercado que resultan peligrosos o dañinos. · Las circunstancias en las que la información fue obtenida por la administración pública. Si la obtención de la información procede de una obligación legal, si la misma fue aportada voluntariamente por la organización, si es fruto de una actividad de inspección y control por parte de la Administración, todas estas circunstancias influyen a la hora de proceder o no a la divulgación de la información. · Los aspectos relativos a la competencia. En economías de mercado como la española, existe un interés público en que las empresas puedan operar en un marco seguro de competencia, tanto si tal competencia tiene lugar en el ámbito ordinario de la actividad económica del país, como en el marco de la contratación pública.» En atención a estas consideraciones, este Consejo concluye que, en el presente caso, no concurre un interés público que justifique facilitar la información en cuestión. La finalidad del derecho de acceso a la información pública es el control de la actuación administrativa y del uso de fondos públicos. Dicha finalidad se encuentra principalmente satisfecha mediante la publicidad de la información contractual. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, en el presente caso, la administración ha facilitado explicaciones adicionales en relación con las modificaciones y los términos de ejecución del contrato considerade, que permiten evaluar el funcionamiento del servicio licitado a partir de determinadas métricas sobre la actividad de la empresa adjudicataria. Con todo, la información relativa a la facturación del establecimiento no resulta necesaria ni imprescindible para el control de la actividad administrativa ni para la rendición de cuentas de la Administración, al tratarse de ingresos privados que no integran el presupuesto público ni suponen gasto público alguno. En contrate, como se ha expuesto, la difusión de estos datos sí podría infringir un perjuicio sobre los intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria. En conclusión, de las consideraciones anteriores resulta que, facilitar la información a la que se refiere la petición considerada comportaría un perjuicio real para los intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria, sin que exista un interés público prevalente que desplace la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIPBG. Por todo ello, procede desestimar la reclamación en aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.1 LTPCM en relación con el límite dispuesto en el artículo 14.1.h) LTAIPBG. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por . Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.