Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (INCIBE) comunicaciones con la empresa Dream Security. INCIBE respondió con un resumen, pero sin documentos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial fue incompleta y tardía, no respetando el derecho a una resolución completa en plazo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Morata de Tajuña expedientes de una licitación de construcción. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó límites por intereses económicos y causa de inadmisión por información en elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid declaró concluso el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, al haberse facilitado la información durante la tramitación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transformación Digital copia de resoluciones que amparan emisiones de La1 UHD y contenidos promocionales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar copias actualizadas y completas de los títulos habilitantes, sin omisiones, ya que la información previa estaba desfasada y los límites invocados no fueron justificados adecuadamente.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre 2.935 inspecciones de estética de 2022. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el volumen y la complejidad de la información requerida paralizarían la gestión administrativa y no se ajustan a la finalidad de la ley.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco el informe de seguridad y análisis de riesgos de la planta de regasificación Bahía de Bizkaia Gas. Tras una estimación parcial, la interesada alegó que dicha información es pública por normativa de protección civil. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por concurrir límites económicos y de seguridad.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Una fundación solicitó a la Junta de Extremadura información sobre un núcleo zoológico (registro, datos públicos, inspecciones). La administración denegó la solicitud alegando límites de protección de datos, intereses económicos y funciones administrativas. El tercero afectado se opuso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, dictaminando que los límites no estaban justificados y prevalece el interés público, ordenando entregar la información disociando datos personales irrelevantes.
La parte reclamante solicitó al Ayuntamiento de Baeza el expediente completo de contratación de la bolsa de peón de cementerio. El Ayuntamiento alegó que parte de la petición era repetitiva y abusiva, pero facilitó la documentación durante la tramitación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la petición.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los registros históricos de maquinaria agrícola del registro ROMA (2007-2019) en formato CSV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la labor de recopilación y sistematización solicitada excede la mera reelaboración básica.
El reclamante solicitó un inventario de captaciones y perforaciones en el Parc Natural del Montseny al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La administración alegó que no tenía un registro estructurado y que acceder a los expedientes físicos supondría una tarea compleja. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos digitales básicos, pero desestimó el acceso a los expedientes en papel.
Un reclamante solicitó a CRTVE copias de contratos de cesión de derechos de películas y documentales (2023-2024), luego acotó a cuatro específicos. CRTVE denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos/comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a CRTVE entregar los cuatro contratos solicitados, permitiendo censurar información sensible si se justifica el daño de forma objetiva y concreta, dada la financiación pública de la corporación.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
Un reclamante solicitó a CORREOS datos sobre el servicio Correos Cash (uso, dinero enviado, ingresos) y el coste/número de cajeros. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la información de Correos Cash y el coste de cajeros por considerarla secreto empresarial y afectar intereses comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), pero concedió el acceso al número de cajeros al no justificarse perjuicio comercial.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda el listado, resumen y copias íntegras de las aportaciones a un Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos. El Ministerio concedió el listado y resumen (anonimizando personas físicas y jurídicas) pero denegó las copias íntegras por "solicitud abusiva". El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las copias íntegras, anonimizando personas físicas y categorizando personas jurídicas si sus intereses económicos se ven afectados, rechazando el carácter abusivo.
Un solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) información detallada sobre incidencias en líneas AVE en Cataluña (2019-2024), incluyendo tipos, causas y datos de indemnizaciones. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la petición implicaba la elaboración de un informe o base de datos a medida, lo cual no está cubierto por el derecho de acceso a la información pública según el artículo 18.1.c) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia el desglose detallado (comida, bebida, marcas) de 12.934,02€ en gastos de manutención del Presidente del Gobierno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la información ya facilitada sobre los costes totales es suficiente para la rendición de cuentas y que el nivel de detalle solicitado no aporta valor relevante para la transparencia, conforme a su doctrina consolidada.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado detallado de escalas de buques mercantes en puertos españoles desde 2021. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del Ministerio. La decisión se fundamenta en la aplicación de límites de la LTAIBG relativos a la defensa nacional, relaciones exteriores y confidencialidad, argumentando riesgos para la seguridad nacional y la prevención de amenazas terroristas, especialmente en el caso de materiales de defensa, y que un acceso parcial carecería de sentido.
La Asociación de Vecinos de San Rafael solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany acceso a expedientes urbanísticos y de actividades de una sala de fiestas. Ushuaïa Entertainment, S.L. se opuso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo desestima la reclamación de Ushuaïa, confirmando el acceso, al no acreditarse un daño sustancial, real y concreto que justifique la limitación.
El interesado solicitó un listado detallado de infracciones sancionadas y procedimientos de inspección desde 2010 a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El reclamante impugnó la inadmisión de su solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración excesiva y compleja.
El reclamante solicitó a Renfe el coste de colaboraciones con creadoras de contenido para publicidad en redes sociales. Renfe denegó el acceso alegando información privada, secreto comercial y petición abusiva. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, dictaminando que la información es pública, la solicitud no es abusiva y los costes específicos no constituyen secreto comercial bajo la LTAIBG, ordenando a Renfe entregar la información.
Se solicitó a la FUNDACIÓN E.O.I. F.S.P. acceso a expedientes de subvenciones concedidas a The Valley Digital Business School y Fundación Universidad Complutense. La Fundación EOI permitió acceso parcial, excluyendo datos personales, pero denegó la exclusión de información comercial/propiedad intelectual por falta de justificación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación de The Valley, al considerar que la justificación detallada de la información sensible (know-how, estrategia comercial) fue aportada, aunque tardíamente, y debe ser excluida del acceso.
Se solicitó al SEPE información sobre contratos (indefinidos, temporales, duración, rescisiones disciplinarias, despidos improcedentes) de la empresa Exlabesa Building Systems S.A.U. desde 2018. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información, aunque numérica, revela estrategias internas de una empresa privada y el interés público no prevalece sobre la protección de sus intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), además de que el SEPE no disponía de todos los datos.
La Asociación Bien Común de Monesterio solicitó a CRTVE un documento audiovisual de una reunión institucional de 1995. CRTVE denegó el acceso alegando normativa interna e intereses económicos y de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, dictaminando que las normas internas no pueden limitar el derecho de acceso y que los límites invocados no estaban justificados ni eran proporcionales, prevaleciendo el interés público.
El reclamante solicitó a Renfe el número de quejas y sugerencias de Cercanías Málaga en 2023. Renfe denegó el acceso alegando información en elaboración, carga desproporcionada y perjuicio económico. El CTBG estima la reclamación, basándose en un precedente similar (R CTBG 451/2024) que ya desestimó los argumentos de Renfe, y considera que ha transcurrido tiempo suficiente para que la información de 2023 esté disponible.
Se solicitó a Renfe Viajeros el coste desglosado de ser el "Tren Oficial" de la gira 25 aniversario de Estopa. Renfe denegó el acceso alegando que no era información pública y que afectaba intereses económicos/comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a revelar el coste total de la campaña, al considerar que la información es pública y que el límite invocado no se justifica para el coste global sin desglose.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
Se solicitó a la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de la Junta de Andalucía el expediente completo del proyecto minero IBERIAN BELT WEST. La entidad promotora alegó límites de intereses económicos/comerciales y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la documentación administrativa e informes, con censura previa de las técnicas innovadoras y know-how empresarial que pudieran afectar a dichos intereses.
El reclamante solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información detallada sobre incidencias en el Eje Atlántico de alta velocidad (A Coruña-Vigo) desde septiembre de 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales, y carácter abusivo/reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que ADIF no justificó el daño real a la competencia ni el carácter abusivo de la solicitud, y que el interés público prevalece.
Se solicitó a Renfe-Operadora EPE las fichas técnicas de encuestas de calidad de Cercanías Málaga (2022-2023), incluyendo datos como número, niveles de respuesta/error, empresa y coste. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, instando a Renfe a entregar la información solicitada, excepto fechas y horarios, al considerar que es información pública, no requiere reelaboración desproporcionada y no se justifican los límites de intereses económicos.
El IDRA solicitó a Mercabarna listados de empresas operadoras y copias de contratos de arrendamiento de la ZAC de los últimos 10 años. La administración alegó que la información de los últimos 25 años suponía una carga desproporcionada y que los contratos de la ZAC eran de naturaleza privada. Tras un proceso de mediación, las partes alcanzaron un acuerdo satisfactorio para el reclamante.
Se solicitó al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya el acceso a las actas de inspección de gasolineras del Baix Llobregat. El reclamante reiteró su petición tras la denegación inicial. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, denegando el acceso íntegro por riesgo de perjuicio económico y reputacional a las empresas, pero obligando a entregar datos agregados y documentos seudonimizados.
Un particular solicitó al Departament d'Empresa i Treball datos detallados sobre la plataforma de control de viviendas de uso turístico (HUTS), incluyendo municipios, plataformas y nombres de usuarios. La administración denegó el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación al considerar que concurren límites legales de investigación y de intereses comerciales.
El reclamante solicitó estudios técnicos sobre un nuevo tranvía en el Bages al Departament de Territori. Tras una denegación inicial por considerar la información en elaboración, la administración entregó los documentos durante el procedimiento. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la solicitud.
El solicitante pidió a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia la relación detallada de expedientes en trámite (motivo, fecha de inicio, estado) y el personal de la Dirección General. La administración denegó la lista de expedientes alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación al confirmar que la información requiere un tratamiento previo.
Se solicitó a RENFE-Operadora el coste de retransmitir partidos de fútbol, gastos detallados de un viaje de una directiva a Chile y tarifas especiales para UGT. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación. Concedió el acceso al coste de los partidos (ya publicado) y al desglose total del viaje de la directiva, rechazando la reelaboración como causa de inadmisión. Denegó el acceso a detalles irrelevantes del viaje (hoteles, compañías) y a las tarifas de UGT por proteger intereses comerciales.
Se solicitó a RENFE-Operadora, a través del Ministerio de Transportes, información sobre el personal de mantenimiento de trenes desglosado por comunidades (2017-2024). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información es pública, no requiere reelaboración compleja, no es una solicitud abusiva y no se justificó un perjuicio a intereses económicos o comerciales.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó los registros de seguimiento de los períodos de prácticas de Mossos d'Esquadra al Departament d'Interior i Seguretat Pública. La administración denegó el acceso alegando que eran documentos auxiliares. Tras la reclamación, las partes celebraron un procedimiento de mediación ante la GAIP y alcanzaron un acuerdo para la entrega de la información, finalizando el procedimiento.
Se solicita acceso a información que podría afectar a intereses de terceros. La administración (INFO) omitió el trámite de audiencia preceptivo para los posibles afectados. El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia resuelve retrotraer el procedimiento para que el INFO conceda el trámite de alegaciones a los interesados, evitando así la indefensión.
Se solicitó copia de informes de justificación de gasto de expedientes de subvenciones al Instituto de Fomento de Murcia (INFO). Ante la falta de respuesta, el interesado interpuso reclamación. El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia decide retrotraer el procedimiento debido a que la administración no dio audiencia a los posibles terceros afectados por la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes/RENFE información sobre reclamaciones de trenes, sustituciones, presupuesto de compra, y trenes vendidos/donados. RENFE denegó la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y perjuicio a intereses comerciales. El CTBG estimó la reclamación, dictaminando que la información no requería reelaboración compleja, no era abusiva y el interés público prevalecía sobre los supuestos daños comerciales.
El interesado solicita acceso telemático a las actas del Tribunal nº 5 de la oposición a profesor de ESO (Matemáticas, 2023), específicamente el desglose de notas por cada miembro según los indicadores de la prueba de defensa de la Unidad Didáctica. La Consejería de Educación deniega el acceso alegando que dichas plantillas son información auxiliar y no forman parte del expediente administrativo.
Se solicitó a la Dirección General de Coordinación Universitaria las notas medias de la PEvAU 2024 por centros de Sevilla. La entidad denegó el acceso alegando límites de evaluación educativa e intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación porque la administración no acreditó la aplicación de los límites y, al alegar no disponer de la información, debió indicar el órgano competente según la ley.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid el registro detallado de inspecciones higiénico-sanitarias en locales de restauración (2022-2023). El Ayuntamiento concedió acceso parcial, denegando datos específicos por requerir revisión manual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que la solicitud es desproporcionada y requiere reelaboración.
Un periodista solicitó a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) el convenio y adendas para el uso del Estadio Olímpico Lluís Companys por el FC Barcelona. El reclamante alegó que la denegación total era desproporcionada. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información excepto aquello que afecte a la seguridad pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Calafell el padrón de la tasa de basuras de 2024 y el estudio técnico económico que determina sus importes. El reclamante alegó falta de respuesta (silencio). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación: denegó el padrón por confidencialidad tributaria, pero ordenó entregar el estudio técnico.
Un reclamante solicitó a la Consejería de Salud de Asturias documentos relacionados con alegaciones de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS) en un expediente de transparencia. La Consejería denegó parcialmente el acceso, anonimizando datos de personas jurídicas y físicas, alegando información sensible y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando desanonimizar los nombres de las empresas, al no estar protegidas por datos personales ni justificarse el perjuicio judicial, pero mantiene el anonimato de la persona física.
Una persona física solicitó al Departament d’Empresa i Treball datos del registro RITSIC sobre ascensores. Tras una estimación parcial el 20 de junio de 2024, el solicitante reclamó la falta de entrega de la información. La GAIP inadmitió la reclamación por ser extemporánea, ya que se presentó fuera del plazo de un mes previsto en la normativa aplicable.
Un ciudadano solicitó a Renfe el coste de su app (desglosado por años y plataforma), el número de descargas e instalaciones, y la empresa de mantenimiento. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, requería reelaboración y afectaba intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a facilitar el coste total de la app y la empresa de mantenimiento, pero deniega los datos de descargas e instalaciones por requerir una reelaboración que excede el derecho de acceso.
201–250 de 1227