Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se pidió a la Dirección General de Promoción Económica e Industrial el acceso a datos del registro de ascensores. La reclamante alegó respuesta parcial y falta de certificación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la divulgación afectaba a intereses económicos y comerciales.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre cuentas bancarias abandonadas (número, importes traspasados al Estado y certificaciones). El Consejo desestimó la reclamación. Para los puntos 1 y 2, se justificó la inadmisión por reelaboración y complejidad, dado el volumen y la necesidad de anonimizar datos de diversas fuentes. Para el punto 3, la certificación es un documento privado emitido por entidades financieras, no por el Ministerio.
La mercantil XXX solicitó a AUVASA acceso a las propuestas técnicas de sus competidores XXX y XXX en un contrato de gestión energética. Los terceros se opusieron alegando confidencialidad y secretos comerciales. AUVASA denegó el acceso, y la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación, confirmando la confidencialidad de la información y que el derecho de defensa del reclamante no fue vulnerado, ya que el informe de valoración era suficiente.
El interesado solicitó información urbanística y ambiental de una parcela al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa. La administración alegó que no podía informar de periodos previos a la incorporación del arquitecto municipal y condicionó ciertos datos al pago de tasas. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima la reclamación, obligando a buscar la información de años anteriores y aclarando el régimen de tasas.
El interesado solicitó a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia copias de documentos (presupuestos, memorias y certificados) relativos a las subvenciones concedidas a una asociación de comerciantes. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia estima la reclamación y ordena el acceso.
Se solicitó acceso a expedientes de subvenciones, presupuestos y memorias de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Águilas a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia. La administración denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual e intereses comerciales. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación por no acreditarse daño real.
Una empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid contra una resolución del Ayuntamiento de Madrid. El reclamante alegaba que sus oposiciones a difundir datos de inspecciones fueron ignoradas. El Consejo desestima la reclamación porque no se acreditó que el escrito de oposición fuera remitido al Ayuntamiento en tiempo y forma.
El reclamante solicitó a Renfe información sobre la distribución y planes de despliegue de nuevos trenes para Cercanías Madrid y Valencia. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de Renfe, al considerar que la solicitud no versaba sobre información pública preexistente (Art. 13 LTAIBG), sino sobre la elaboración de un informe "ad hoc" sobre planes futuros y planificación organizativa, lo cual excede el derecho de acceso.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santander el informe de auditoría del contrato de servicio de limpieza de colegios. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria y confidencialidad. El reclamante alegó que no es necesario motivar la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ayuntamiento no justificó adecuadamente los límites invocados, y ordena la entrega del informe.
El reclamante solicitó a Renfe el coste de artículos patrocinados en El País y otros medios, así como los criterios de selección. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la ampliación del plazo fue extemporánea e injustificada, y que la información solicitada sí es pública.
El reclamante solicitó al Comisionado para el Mercado de Tabacos información detallada sobre ventas de tabaco por distribuidor y provincia. Tras una denegación parcial, modificó la solicitud a datos agregados nacionales por producto, marca y variedad. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información modificada ya no estaba afectada por los límites de intereses económicos o secretos empresariales.
El ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco datos detallados de las ambulancias adscritas a dos contratos de transporte sanitario. Tras la inadmisión de la solicitud, el interesado alegó que la información es pública y no constituye secreto comercial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó a RTVE un listado de presentadores y productoras con cláusulas de confidencialidad en 2024-2025. RTVE denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales y ofreciendo datos agregados. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no estaba justificada para una simple lista de nombres y que la información agregada no satisfacía la solicitud específica.
Se solicitó a la Fundación del Teatro Real información sobre arrendamientos de espacios en 2024 (tipo de arrendatario, nombre si jurídico, espacio, fecha, precio, descuentos, objeto del evento) y criterios/tarifas de alquiler. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, rechazando el argumento de solicitud abusiva. Decidió que el precio individual de cada alquiler perjudica intereses comerciales, pero la Fundación debe proporcionar el total de ingresos por alquileres en 2024 y la relación de eventos con información pública, así como los criterios/tarifas globales.
Se solicitó a RENFE-Operadora el número de horas no cubiertas por empresas de vigilancia en Rodalies de Cataluña (enero-noviembre 2024). RENFE denegó la información alegando seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información es pública y que los límites invocados no fueron justificados de forma suficiente ni proporcionada.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación documentación sobre una importación comercial de pescado. El Ministerio concedió acceso parcial, alegando afectación a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la divulgación completa de datos como proveedor, importador, cantidad y tipo de mercancía supondría un perjuicio justificado a los intereses privados, sin que prevalezca un interés público en este caso de transacción entre particulares.
La Asociación ADIVA solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació información sobre la ejecución del contrato del lote 5 (vehículos) adjudicado a la UTE Escolar Valencia V5. La administración inadmitió la solicitud alegando perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (INCIBE) comunicaciones con la empresa Dream Security. INCIBE respondió con un resumen, pero sin documentos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial fue incompleta y tardía, no respetando el derecho a una resolución completa en plazo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Morata de Tajuña expedientes de una licitación de construcción. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó límites por intereses económicos y causa de inadmisión por información en elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid declaró concluso el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, al haberse facilitado la información durante la tramitación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transformación Digital copia de resoluciones que amparan emisiones de La1 UHD y contenidos promocionales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar copias actualizadas y completas de los títulos habilitantes, sin omisiones, ya que la información previa estaba desfasada y los límites invocados no fueron justificados adecuadamente.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre 2.935 inspecciones de estética de 2022. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el volumen y la complejidad de la información requerida paralizarían la gestión administrativa y no se ajustan a la finalidad de la ley.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Una fundación solicitó a la Junta de Extremadura información sobre un núcleo zoológico (registro, datos públicos, inspecciones). La administración denegó la solicitud alegando límites de protección de datos, intereses económicos y funciones administrativas. El tercero afectado se opuso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, dictaminando que los límites no estaban justificados y prevalece el interés público, ordenando entregar la información disociando datos personales irrelevantes.
La parte reclamante solicitó al Ayuntamiento de Baeza el expediente completo de contratación de la bolsa de peón de cementerio. El Ayuntamiento alegó que parte de la petición era repetitiva y abusiva, pero facilitó la documentación durante la tramitación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la petición.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los registros históricos de maquinaria agrícola del registro ROMA (2007-2019) en formato CSV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la labor de recopilación y sistematización solicitada excede la mera reelaboración básica.
El reclamante solicitó un inventario de captaciones y perforaciones en el Parc Natural del Montseny al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La administración alegó que no tenía un registro estructurado y que acceder a los expedientes físicos supondría una tarea compleja. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos digitales básicos, pero desestimó el acceso a los expedientes en papel.
Un reclamante solicitó a CRTVE copias de contratos de cesión de derechos de películas y documentales (2023-2024), luego acotó a cuatro específicos. CRTVE denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos/comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a CRTVE entregar los cuatro contratos solicitados, permitiendo censurar información sensible si se justifica el daño de forma objetiva y concreta, dada la financiación pública de la corporación.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
Un reclamante solicitó a CORREOS datos sobre el servicio Correos Cash (uso, dinero enviado, ingresos) y el coste/número de cajeros. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la información de Correos Cash y el coste de cajeros por considerarla secreto empresarial y afectar intereses comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), pero concedió el acceso al número de cajeros al no justificarse perjuicio comercial.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda el listado, resumen y copias íntegras de las aportaciones a un Anteproyecto de Ley del Mercado de Tabacos. El Ministerio concedió el listado y resumen (anonimizando personas físicas y jurídicas) pero denegó las copias íntegras por "solicitud abusiva". El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las copias íntegras, anonimizando personas físicas y categorizando personas jurídicas si sus intereses económicos se ven afectados, rechazando el carácter abusivo.
Un solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) información detallada sobre incidencias en líneas AVE en Cataluña (2019-2024), incluyendo tipos, causas y datos de indemnizaciones. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la petición implicaba la elaboración de un informe o base de datos a medida, lo cual no está cubierto por el derecho de acceso a la información pública según el artículo 18.1.c) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia el desglose detallado (comida, bebida, marcas) de 12.934,02€ en gastos de manutención del Presidente del Gobierno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la información ya facilitada sobre los costes totales es suficiente para la rendición de cuentas y que el nivel de detalle solicitado no aporta valor relevante para la transparencia, conforme a su doctrina consolidada.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado detallado de escalas de buques mercantes en puertos españoles desde 2021. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del Ministerio. La decisión se fundamenta en la aplicación de límites de la LTAIBG relativos a la defensa nacional, relaciones exteriores y confidencialidad, argumentando riesgos para la seguridad nacional y la prevención de amenazas terroristas, especialmente en el caso de materiales de defensa, y que un acceso parcial carecería de sentido.
La Asociación de Vecinos de San Rafael solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany acceso a expedientes urbanísticos y de actividades de una sala de fiestas. Ushuaïa Entertainment, S.L. se opuso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo desestima la reclamación de Ushuaïa, confirmando el acceso, al no acreditarse un daño sustancial, real y concreto que justifique la limitación.
El interesado solicitó un listado detallado de infracciones sancionadas y procedimientos de inspección desde 2010 a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El reclamante impugnó la inadmisión de su solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración excesiva y compleja.
El reclamante solicitó a Renfe el coste de colaboraciones con creadoras de contenido para publicidad en redes sociales. Renfe denegó el acceso alegando información privada, secreto comercial y petición abusiva. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, dictaminando que la información es pública, la solicitud no es abusiva y los costes específicos no constituyen secreto comercial bajo la LTAIBG, ordenando a Renfe entregar la información.
Se solicitó a la FUNDACIÓN E.O.I. F.S.P. acceso a expedientes de subvenciones concedidas a The Valley Digital Business School y Fundación Universidad Complutense. La Fundación EOI permitió acceso parcial, excluyendo datos personales, pero denegó la exclusión de información comercial/propiedad intelectual por falta de justificación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación de The Valley, al considerar que la justificación detallada de la información sensible (know-how, estrategia comercial) fue aportada, aunque tardíamente, y debe ser excluida del acceso.
Se solicitó al SEPE información sobre contratos (indefinidos, temporales, duración, rescisiones disciplinarias, despidos improcedentes) de la empresa Exlabesa Building Systems S.A.U. desde 2018. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información, aunque numérica, revela estrategias internas de una empresa privada y el interés público no prevalece sobre la protección de sus intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), además de que el SEPE no disponía de todos los datos.
La Asociación Bien Común de Monesterio solicitó a CRTVE un documento audiovisual de una reunión institucional de 1995. CRTVE denegó el acceso alegando normativa interna e intereses económicos y de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, dictaminando que las normas internas no pueden limitar el derecho de acceso y que los límites invocados no estaban justificados ni eran proporcionales, prevaleciendo el interés público.
El reclamante solicitó a Renfe el número de quejas y sugerencias de Cercanías Málaga en 2023. Renfe denegó el acceso alegando información en elaboración, carga desproporcionada y perjuicio económico. El CTBG estima la reclamación, basándose en un precedente similar (R CTBG 451/2024) que ya desestimó los argumentos de Renfe, y considera que ha transcurrido tiempo suficiente para que la información de 2023 esté disponible.
Se solicitó a Renfe Viajeros el coste desglosado de ser el "Tren Oficial" de la gira 25 aniversario de Estopa. Renfe denegó el acceso alegando que no era información pública y que afectaba intereses económicos/comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a revelar el coste total de la campaña, al considerar que la información es pública y que el límite invocado no se justifica para el coste global sin desglose.
El interesado solicitó a Renfe-Operadora detalles sobre la compra, coste y beneficiarios de las cestas de Navidad de 2024. La administración inadmitió la solicitud alegando que no era información pública y que el solicitante realizaba peticiones abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al haber informado la entidad de que no entregan dichas cestas, la solicitud se considera atendida.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
Se solicitó a la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de la Junta de Andalucía el expediente completo del proyecto minero IBERIAN BELT WEST. La entidad promotora alegó límites de intereses económicos/comerciales y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la documentación administrativa e informes, con censura previa de las técnicas innovadoras y know-how empresarial que pudieran afectar a dichos intereses.
El solicitante pidió datos de incidencias ferroviarias en el Eje Atlántico a ADIF. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y carácter abusivo de la petición. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el daño real a la competencia ni se acreditó el abuso del derecho.
El reclamante solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información detallada sobre incidencias en el Eje Atlántico de alta velocidad (A Coruña-Vigo) desde septiembre de 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales, y carácter abusivo/reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que ADIF no justificó el daño real a la competencia ni el carácter abusivo de la solicitud, y que el interés público prevalece.
El interesado solicitó a Renfe las fichas técnicas de encuestas de calidad (niveles de error, coste, empresa, etc.). La administración alegó que la información era auxiliar, requería reelaboración y afectaba a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los datos pero excluyendo fechas y horarios por considerarlos materia de reelaboración compleja.
Se solicitó a Renfe-Operadora EPE las fichas técnicas de encuestas de calidad de Cercanías Málaga (2022-2023), incluyendo datos como número, niveles de respuesta/error, empresa y coste. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, instando a Renfe a entregar la información solicitada, excepto fechas y horarios, al considerar que es información pública, no requiere reelaboración desproporcionada y no se justifican los límites de intereses económicos.
El IDRA solicitó a Mercabarna listados de empresas operadoras y copias de contratos de arrendamiento de la ZAC de los últimos 10 años. La administración alegó que la información de los últimos 25 años suponía una carga desproporcionada y que los contratos de la ZAC eran de naturaleza privada. Tras un proceso de mediación, las partes alcanzaron un acuerdo satisfactorio para el reclamante.
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