Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó a Renfe el coste anual de su web desde 2014, las empresas de diseño/mantenimiento y el número de caídas. Renfe inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a facilitar el coste y las empresas, al considerar que no implica reelaboración ni afecta intereses comerciales, pero desestima la petición sobre caídas al no ser un dato registrado.
El reclamante solicitó a CRTVE S.A., S.M.E. el sueldo por emisión de 34 presentadores de diversos programas. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que CRTVE no respondió en el plazo legal establecido y proporcionó la información (parcialmente para un presentador) solo tras la interposición de la reclamación, vulnerando el derecho de acceso en tiempo y forma.
ASUFIN solicitó a la AEPD copia del expediente sancionador EXP202304633 contra 4Finance. La AEPD denegó el acceso invocando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG por un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEPD facilitó acceso parcial (resolución y alegaciones de terceros) tras la reclamación, reconociendo la aplicación del límite por la investigación penal en curso.
Se solicitó a la Dirección General de Coordinación Universitaria las notas medias por colegio de la PEvAU 2024 en Granada. La entidad denegó el acceso alegando que eran resultados de evaluación del sistema educativo y por intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación ya que la entidad admitió no poseer la información pero no indicó el órgano competente.
El reclamante solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acta de adjudicación, valoraciones e informes técnicos de una licitación de satélites. El Ministerio denegó el acceso invocando límites. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar desmedida la denegación inicial por no ofrecer acceso parcial ni audiencia a terceros, lo que se subsanó durante el procedimiento.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos de importaciones de harina/aceite de pescado africano para piensos, incluyendo nombres de exportadores y compradores. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación parcial. Consideró que la divulgación de los nombres perjudicaría los intereses económicos y comerciales de las empresas (Art. 14.1.h LTAIBG), y que el interés público no prevalecía.
Un ciudadano solicitó a RENFE-Operadora datos sobre averías en escaleras y ascensores de Rodalies de Cataluña (2023): número, causas, tiempos de resolución, empresas y costes. RENFE lo denegó por reelaboración, carácter abusivo y perjuicio comercial. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, indicando que gran parte de la información no requiere reelaboración compleja, la solicitud no es abusiva y el interés público en la calidad del servicio prevalece sobre los intereses comerciales de la empresa.
Se solicitó a RENFE-Operadora EPE los pliegos, justificación y entregables de un contrato de consultoría (exp. 2024-01463). RENFE concedió acceso parcial, denegando el resto por afectar intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información tiene valor empresarial real y su divulgación perjudicaría la estrategia de negocio de RENFE y KPMG, aplicando el límite del art. 14.1.h LTAIBG.
Una persona jurídica solicitó al Ayuntamiento de la Vall de Boí datos detallados sobre la ejecución presupuestaria (2021-2024) en formato Excel. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reelaboración compleja, solicitud abusiva y límites de confidencialidad. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por no justificarse dichos límites.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (AESA) informes de una denuncia y copias de expedientes E23-2601 y G24-0069. AESA denegó el acceso por procedimientos en curso. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente E23-2601 al estar concluido, pero desestimó el acceso a los demás documentos por afectar a procedimientos en tramitación y la defensa de terceros.
D. XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información del Registro de infractores en turismo de Castilla y León, incluyendo datos completos de personas jurídicas y estadísticos de físicas. La Consejería denegó parcialmente, alegando límites. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los datos estadísticos de infracciones y sanciones de personas físicas y jurídicas. Para la identificación de personas jurídicas infractoras, se retrotrae el procedimiento para dar audiencia a terceros, al no aplicar los límites de protección de datos ni de investigación a expedientes finalizados.
El reclamante solicitó a CRTVE el sueldo individual de los participantes del programa "La Revuelta". CRTVE remitió a una resolución anterior que informaba del importe total del contrato mercantil del programa. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la información relevante para la transparencia es el gasto público total del contrato, ya proporcionado, y que su doctrina sobre retribuciones no aplica a contratos mercantiles complejos.
Una empresa se opuso a la entrega de documentos CHED-A sobre la entrada de macacos en Cataluña solicitados a través de transparencia al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Alegó abuso de derecho y afectación a secretos comerciales. La GAIP desestimó la reclamación, validando la decisión del Departamento de entregar la información anonimizada.
El reclamante solicitó copia de los contratos de RTVE para David Broncano y la producción de su programa. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra CRTVE por motivos formales, ya que la corporación no entregó la información completa en el plazo legal, proporcionando parte de ella solo tras la reclamación y sin justificar adecuadamente la denegación inicial.
Se solicitó a ADIF información detallada sobre el número de viajeros en varias estaciones de tren gallegas durante 2023, desglosando origen y destino. RENFE-Operadora inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la petición era manifiestamente repetitiva y abusiva, idéntica a otras ya rechazadas, y buscaba la elaboración de una base de datos a medida, no acorde con la finalidad de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ministerio de Economía (ICO) el número de avales formalizados para primera vivienda de jóvenes y familias, con desglose por entidad bancaria. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación porque el solicitante desistió tras recibir el número total de avales, aunque se le denegó el desglose por entidad. El desistimiento fue aceptado según el art. 94 LPAC.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació diversas facturas, actas y presupuestos del CEIP Camp de Túria de Bétera. La administración denegó el acceso alegando límites genéricos del art. 14 de la Ley 19/2013. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación y ausencia de ponderación del daño.
El Consejo de Transparencia estima la reclamación de acceso al expediente de una denuncia por irregularidades en contratación pública contra CIUDEN. Aunque el denunciante no es "interesado" bajo la LPACAP, la LTAIBG permite el acceso a expedientes archivados, priorizando el interés público en la fiscalización, siempre que se disocien los datos personales para proteger la privacidad.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
Una persona física solicitó al Departament d’Economia i Finances datos sobre beneficiarios y empresas del programa Val Escolar. Tras una estimación parcial y alegaciones del solicitante sobre la posible anonimización de datos, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre farmacéuticas, precios y cantidades de vacunas COVID-19, así como copias de contratos. El Ministerio concedió acceso parcial a cantidades, pero denegó precios y contratos por confidencialidad. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación por extemporánea, al haberse presentado un día fuera del plazo legal de un mes.
El interesado solicitó las notas medias de bachillerato y EBAU de tres centros educativos a la Consejería de Educación y F.P. de Murcia. La administración inadmitió la solicitud alegando que requería reelaboración y que la información podía generar clasificaciones prohibidas entre centros. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación al considerar que la información es meramente numérica y no requiere un esfuerzo extraordinario.
El reclamante solicitó a RENFE-Operadora informes detallados sobre incidencias en Cercanías de Málaga, Asturias y Bilbao (2012-2023). RENFE inadmitió la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y perjuicio comercial. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que RENFE no justificó las causas de inadmisión ni el daño, y que la información es de interés público, debiendo entregarse sin reelaboración compleja.
Una persona solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional el acceso a los enunciados y grabaciones de las pruebas de inglés y catalán de las EOI desde 2019. El reclamante alegó que la denegación era arbitraria y contraria a la transparencia. La GAIP desestimó la reclamación porque la información es confidencial según la normativa específica y su difusión perjudicaría el interés general.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible/RENFE Operadora los documentos que justifican la inexistencia de una línea AVLO entre Granada y Madrid. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que la petición busca una justificación o informe ad hoc sobre una decisión, no información pública preexistente, lo cual no se ajusta al concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Alaior acceso a expedientes de contratación de una empresa y a documentos relacionados con la RLT. Ante la falta de respuesta inicial, interpuso reclamación. El Ayuntamiento alegó confidencialidad de parte de la información, pero luego la entregó anonimizada. El Consejo estima formalmente la reclamación porque la administración no respondió en el plazo legal, aunque la información fue finalmente proporcionada.
El reclamante solicitó a CRTVE S.A. el presupuesto desglosado de un programa, indemnizaciones por cancelación y sueldos de presentador/colaboradores. CRTVE concedió el importe total y la inexistencia de indemnización, denegando el resto por confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo desestima la reclamación, al considerar que la información ya proporcionada es suficiente para la fiscalización pública, y el desglose de retribuciones individuales en contratos mercantiles no es esencial para los fines de la LTAIBG.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra la Autoridad Portuaria de Cartagena por denegar el acceso a las actas de su consejo de administración (2016-2023). La APC alegó abuso de derecho e invocó límites por procesos judiciales e intereses económicos. El Consejo rechazó el abuso y recordó que los límites deben ser justificados, proporcionales y permitir el acceso parcial, instando a la entrega de la información solicitada.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre un sistema de medición de flujo turístico y su impacto en la protección de datos. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y que parte de la información no existía o requería elaboración. El CTBG estima formalmente la reclamación por falta de respuesta en plazo para los ítems 1 y 2, aunque la información fue finalmente aportada. Desestima el resto por afectar a intereses económicos y propiedad intelectual de la empresa adjudicataria (ítem 3) y por requerir la elaboración de nueva información (ítems 4, 5 y 6).
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad un listado de precios de medicamentos pactados por el SNS. El Ministerio inadmitió la solicitud por su carácter abusivo y la complejidad de gestión. El CTBG desestimó la reclamación, reconduciendo la inadmisión a la necesidad de una reelaboración desproporcionada de la información (Art. 18.1.c LTAIBG), dada la complejidad y el volumen de datos, sin entrar a valorar la confidencialidad.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes la oferta técnica de la empresa adjudicataria del servicio aéreo de salvamento marítimo (expediente EM23-784). SASEMAR EPE denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, reconociendo que la oferta contiene elementos confidenciales, pero insta al Ministerio a proporcionar la parte no confidencial, ya que no se consideró el acceso parcial.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar información y documentos sobre la legalidad de una instalación eléctrica temporal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que se trataba de una denuncia particular y que requería reelaboración. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el certificado de instalación y su justificante.
La reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (Autoridad Portuaria de Cartagena) información sobre la explotación de la terminal ferroviaria de Algodor. La APC denegó el acceso alegando carácter interno, información ya publicada, naturaleza privada del contrato y perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.f LTAIBG). El Consejo estima parcialmente la reclamación, rechazando la aplicación del límite 14.1.f por falta de justificación específica y la irrelevancia de la condición de interesada, pero confirma la denegación de estudios de viabilidad y planes comerciales por proteger intereses económicos (art. 14.1.h). Insta a la APC a facilitar enlaces a información publicada y fechas de firma de contratos.
El reclamante solicitó a Correos un estudio de viabilidad económica y el nombre de su autor, que justificaban la reducción de horario de una oficina en Montserrat. Correos denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos/comerciales y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando que el estudio es secreto empresarial y la identidad del autor es dato personal sin interés público prevalente.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Consumo un informe detallado y la resolución de un expediente de denuncia. Ante la falta de respuesta, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El organismo declara la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad finalmente concedió el acceso y entregó la información.
Un ciudadano solicitó a la Agencia Estatal de Investigación información sobre tres ayudas de investigación de 2014 (duración, importe, informes de seguimiento y evaluación). Tras una denegación parcial y tardía, el reclamante acudió al Consejo. Este estima parcialmente la reclamación: confirma la denegación de informes de seguimiento por intereses económicos y propiedad intelectual, pero concede el acceso a las conclusiones de los informes de evaluación, al no ser información auxiliar y ser relevante para la transparencia.
NOSSAYU, SL solicitó a IBERMUTUA documentación sobre un contrato de suministro de licencias. IBERMUTUA inadmitió la petición por considerarla repetitiva de una anterior ya denegada y recurrida judicialmente. La reclamante alegó que las solicitudes no eran idénticas y que la resolución previa no era firme. El Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena a IBERMUTUA admitir a trámite la solicitud, al considerar que la resolución anterior no había adquirido firmeza, requisito para la inadmisión por repetitiva.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y a Correos S.A. copia de la memoria y propuesta técnica para la gestión del Bono Joven Cultural 2022. El reclamante alegó que la información es pública y sugirió la anonimización de datos sensibles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información constituye un secreto empresarial protegido.
Una persona física solicitó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya datos del registro RITSIC sobre ascensores. El reclamante alegó que el derecho de acceso es expreso según normativa de seguridad industrial. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la denegación se ajusta a la ley por proteger intereses económicos, secretos comerciales y datos personales.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Barcelona (BSM SA) expedientes de cesión de uso de locales en el Port Olímpic, estudios de mercado y la lista de invitados a un procedimiento negociado. El organismo de transparencia (GAIP) estima la reclamación porque el proceso de adjudicación ya ha finalizado, por lo que el límite de secreto comercial ha decaído.
Un solicitante pidió al Ministerio de Industria y Turismo diversa información sobre el Parador de Baiona (documentos, titularidad, contratos, estadísticas, datos financieros y un inventario de bienes). El Ministerio proporcionó parte de la información, denegó otra por no disponer de ella, requerir reelaboración o aplicar límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, desestimando las peticiones nuevas o sobre información inexistente, pero instando a entregar el inventario actualizado de bienes muebles y artísticos sin su localización física exacta.
El Consejo de Transparencia estima parcialmente una reclamación contra SAREB. Se solicitó información sobre activos inmobiliarios en Sant Julià de Ramis, incluyendo detalles de venta y políticas de transparencia. SAREB alegó inadmisión y afectación a intereses comerciales. El Consejo desestima la inadmisión y ordena a SAREB entregar la política de transparencia y detalles de ventas pasadas, pero deniega información sobre activos no comercializados y precios de venta.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la CARM el recuento desagregado de alumnos admitidos y excluidos en FP desde 2018 hasta 2024. La administración denegó el acceso alegando que los datos no están centralizados y requieren una labor de recopilación en más de cien centros. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
Una persona solicitó al Ministerio del Interior un listado detallado de contratos (incluidos menores) con centros penitenciarios y Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo desde 2015, incluyendo empresas invitadas, ofertas, importes y, para transporte, matrículas y subcontrataciones. El Ministerio respondió con un enlace genérico a la Plataforma de Contratación y denegó parte por límites de seguridad e inexistencia de información. El Consejo estima parcialmente la reclamación, exigiendo un enlace específico o la información directa de los contratos, pero desestima las matrículas y subcontrataciones por protección de datos/seguridad y falta de información en poder de la administración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Málaga el registro detallado y los resultados de inspecciones higiénico-sanitarias (2022-2023) y formularios de inspección. El Ayuntamiento denegó parcialmente alegando complejidad técnica y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento.
Un solicitante pidió a SELAE datos de ventas anuales de lotería desde 2000, desglosados por producto y municipio. SELAE concedió acceso parcial (2006-2023 por producto), denegando el desglose municipal por afectar intereses económicos y comerciales, y parte del periodo por requerir reelaboración o estar en curso. El reclamante alegó que no había competidores privados. El Consejo desestima la reclamación, validando la denegación del desglose municipal por proteger intereses comerciales de la red de ventas externa de SELAE.
Un ciudadano solicitó a CRTVE información sobre el programa "Supernanny": contratos, pagos y comunicaciones internas/externas sobre su emisión. RTVE facilitó datos de pagos, denegó contratos por confidencialidad y comunicaciones por considerarlas auxiliares. El reclamante insistió en las comunicaciones. El Consejo estima parcialmente la reclamación, ordenando a RTVE entregar las comunicaciones entre la Defensora de la Audiencia y la Directora, al considerar su interés público para la rendición de cuentas, aunque ya se hubieran divulgado.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información detallada sobre tres proyectos de investigación fundamental de 2011 (datos económicos, informes de seguimiento, memoria técnica y evaluaciones). La Agencia Estatal de Investigación concedió parcialmente los datos económicos, denegando el resto por límites legales e inadmitiendo las evaluaciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, confirmando la denegación de informes y memoria técnica, pero ordenando la entrega de las conclusiones de las evaluaciones al no ser información auxiliar.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las resoluciones sancionadoras contra aerolíneas (Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet) por cobro de equipaje de mano y otras prácticas. El Ministerio denegó el acceso extemporáneamente, alegando límites por procedimientos no firmes e intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haber respondido el Ministerio en plazo legal, sin entrar en el fondo de los límites.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad contratos de vacunas COVID-19, efectos adversos, datos de pandemia, bases científicas de tests y protocolos. El Ministerio proporcionó enlaces a informes y manuales. El reclamante alegó información incompleta y formato inadecuado. El Consejo desestima la reclamación contra la Dirección General de Salud Pública, considerando la información suficiente y el uso de enlaces válido, y no puede pronunciarse sobre la parte de la AEMPS ni sobre nuevas peticiones.
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