Reclamación por denegación parcial de acceso a resoluciones y requerimientos sobre publicidad de medicamentos de uso humano

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El día 9 de mayo de 2024, formuló una reclamación ante el extinto Consejo de Transparencia y Participación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifestaba no estar de acuerdo con la resolución de fecha 10 de abril de 2024, dictada por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se estimó parcialmente su solicitud de acceso a la siguiente información pública: «-Copia íntegra de todas las resoluciones dictadas por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre el 7 de abril de 2022 y el día de la resolución en que se conceda acceso a esta información y mediante las que se hayan concluido procedimientos sancionadores por incumplimiento de cualquier disposición del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano y/o del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios relativa a la publicidad o promoción de medicamentos de uso humano. -Copia íntegra de todos los requerimientos cursados por la Jefa del Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre el 7 de abril de 2022 y el día de la resolución en que se conceda acceso a esta información ordenando el cese de cualquier actividad promocional o publicitaria de cualquier medicamento de uso humano incluyendo requerimientos de cese de difusión de cualquier material, o de realización de cualquier otra actividad de promoción o publicidad de cualquier medicamento de uso humano». SEGUNDO. El día 7 de octubre de 2024 este Consejo de Transparencia y Protección de Datos envió al reclamante una comunicación y dio traslado de la reclamación a la Consejería de Sanidad para que, según lo dispuesto en los artículos 79 y 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), remitiese informe en relación con el asunto objeto de la misma y formulase las alegaciones que considerasen oportunas, ya que no constaba en el expediente que dicho traslado hubiera sido realizado por el extinto Consejo de Transparencia y Participación. El día 25 de octubre de 2024 tuvo entrada el escrito de alegaciones de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria en el que, en síntesis, manifestó lo siguiente: 1. Que se reiteraba en lo expuesto en la Resolución impugnada y que se consideraba que el acceso a la documentación solicitada afecta a materias sobre las que actúan algunos límites de los previstos en la normativa de transparencia, entre ellos la protección de datos personales y los intereses económicos y comerciales. 2. Que la mera anonimización de los datos personales de los documentos no resulta suficiente para garantizar la privacidad de los datos de los interesados u otros derechos legítimos que pudieran verse afectados. 3. Que la remisión de la documentación en los años 2020 y 2022 ha permitido al solicitante conocer la legislación y los criterios de los órganos directivos de la Comunidad de Madrid en relación con las infracciones y sanciones en materia de promoción y publicidad de medicamentos de uso humano, ya que ni la legislación ni lo criterios de dichos órganos han cambiado desde 2022. TERCERO. Mediante notificación de la Secretaria General del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, de fecha 29 de octubre de 2024 se dio traslado de la citada documentación al reclamante, ya que no consta en el expediente que dicho trámite hubiera sido realizado por el extinto Consejo de Transparencia y Participación. Se confirió al reclamante el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC y se le concedió un plazo máximo de quince días para que presentase alegaciones. Obra en el expediente un certificado del servicio de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHÚ) en el que consta que el reclamante accedió al contenido de la notificación ese mismo día 29 de octubre de 2024. No obstante, no hay constancia de que el reclamante haya efectuado alegaciones en uso del trámite de audiencia conferido por este Consejo. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. Asimismo, la disposición transitoria única de la Ley 16/2023, de 27 de diciembre, de medidas para la simplificación y mejora de la eficacia de instituciones y organismos de la Comunidad de Madrid, establece que las reclamaciones en materia de acceso a la información pendientes de resolución a 22 de mayo de 2024, fecha del nombramiento del Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, serán resueltas por este Consejo. SEGUNDO. Según dispone el artículo 48 LTPCM, la reclamación «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». En este caso, la reclamación fue presentada dentro del citado plazo. TERCERO. El artículo 5.b) LTPCM define la información pública como «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». CUARTO. Este Consejo ha tenido conocimiento de la Sentencia N.º 1 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo N.º 6 de Madrid, de diez de enero de 2022. En ella, se impugnó la Resolución de 15 de marzo de 2021 de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se desestimó una reclamación presentada por haberse denegado al solicitante el acceso a la siguiente información: «Copia íntegra de todas las resoluciones dictadas por la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre el 1 de enero de 2015 y el día de la fecha y mediante las que se hayan concluido procedimientos sancionadores por incumplimiento de cualquier disposición del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de medicamentos de uso humano y/o del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios relativa a la publicidad o promoción de medicamentos de uso humano. Copia íntegra de todos los requerimientos cursados por la Jefa del Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre el 1 de enero de 2015 y el día de la fecha ordenando el cese de cualquier actividad promocional o publicitaria de cualquier medicamento de uso humano incluyendo requerimientos de cese de difusión de cualquier material, o de realización de cualquier otra actividad de promoción o publicidad de cualquier medicamento de uso humano». Como puede apreciarse, la información solicitada en ese caso coincide con la que fue objeto de la solicitud enmarcada en el presente procedimiento de reclamación y simplemente difieren en el marco temporal. En la citada Sentencia, se expusieron las siguientes apreciaciones en relación con los contenidos solicitados: «Pero además ocurre que no se aprecia que el conocer unas resoluciones administrativas definitivas, adoptadas por la Administración, que en parte han de ser objeto de publicación, como establece la art. 114.4 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, a cuyo tenor “Las sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves serán publicadas en el diario oficial correspondiente una vez que adquieran firmeza”, pueda redundar y comportar un perjuicio para la compañías farmacéuticas a las que tales resoluciones se refieren En cualquier caso, y como el recurrente admite, la entrega de la información solicita habrá de hacerse, para mayor garantía en la protección de los datos personales que en las resoluciones se pudieran contener, “previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”, como autoriza el art. 15.4 de la LTAIBG». Por tanto, en el presente procedimiento de reclamación nos encontramos ante una solicitud de acceso a la información cuyo objeto es idéntico (con excepción del marco temporal) a aquél sobre el que ya se pronunció el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo N.º 6 de Madrid en su Sentencia N.º 1, en la que se otorgó el carácter de información pública a los contenidos solicitados y se concluyó que facilitarlos al reclamante no implicaba ningún perjuicio para las compañías farmacéuticas. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO. ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a las resoluciones y requerimientos solicitados debidamente anonimizados. SEGUNDO. Instar a la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad a facilitar a la persona reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.