Acceso a información sobre valoración de méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación nacional

Resolución 198/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 2 de enero de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Con relación a la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional y la Resolución de 21 de diciembre de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (publicada en el Boletín Oficial del Estado núm 310, de 27 de diciembre de 2021) , SOLICITO: - Copia de cuantos informes, antecedentes y reclamaciones haya habido con relación a la Orden TFP/153/2021. S/REF: 001-064188 N/REF: R/0251/2022; 100-006574 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda y Función Pública Información solicitada: Valoración de méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional - Copia de informes sobre interpretación, aplicación, solicitudes de corrección de errores y reclamaciones haya habido hasta el día de dictar resolución sobre este derecho a la información solicitado con relación a la Resolución de 21 de diciembre de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. - Copia del expediente que haya dado lugar a la resolución de 21 de diciembre anteriormente citada. 2. Mediante resolución de fecha 10 de marzo de 2022, el MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA contestó al solicitante lo siguiente: Con fecha 10 de enero de 2022, esta solicitud se recibió en la Dirección General de la Función Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. No obstante, mediante Resolución de 25 de enero de 2022 de esta Dirección general, se acordó, en base al mismo precepto, la ampliación del plazo máximo para resolver por otro mes, al requerir la información solicitada de una acción de búsqueda y elaboración. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 12, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones, de una parte, que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley y, de otra, que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Analizada la solicitud, esta Dirección general resuelve conceder el acceso a la información solicitada en los siguientes términos: Mediante Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, se reguló la valoración de los méritos generales del personal de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. En relación con la citada Orden, se acompañan documentos en formato PDF y Word con la documentación relativa a la consulta pública, las conformidades internas, audiencia pública, informe de la Secretaría General Técnica y el proceso de negociación colectiva. Por lo que se refiere a las reclamaciones y copia del expediente que ha dado lugar a la Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección general de la Función Pública, por la que se pública la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, esta Dirección general acuerda inadmitir la solicitud formulada en base a lo dispuesto en la Disposición adicional primera apartado 1 de la Ley 19/2013, toda vez que el interesado en la fecha de presentación de la solicitud de información pública a través del Portal de Transparencia ha ejercitado las acciones legales administrativas o judiciales previstas en la citada Resolución, existiendo, por lo tanto, un procedimiento administrativo en curso sobre el citado asunto en donde podrá solicitar los medios de prueba que estime pertinentes para la defensa de sus intereses. 3. Mediante escrito registrado el 17 de marzo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: 1.- Con respecto a la documentación que remiten, obvian la multitud de reclamaciones en contra de la orden de méritos presentadas por particulares, la documentación es por tanto incompleta. 2.- Con respecto a la negociación colectiva no constan convocatorias, actas firmadas por Presidente y Secretario ni absolutamente nada que desprenda que la negociación se ha llevado a cabo. No consta negociación alguna con COSITAL (negociar no es consultar). 3.- Con respecto a la inadmisión del resto de documentación, el que suscribe no forma parte de ningún expediente administrativo como alega la entidad reclamada. Dado que no puedo aportar una prueba negativa entiendo que no me corresponde probar a mí que no formo parte de un expediente administrativo ( que ni se cita ni se detalla). Es más ante la última circunstancia alego indefensión ya que no se a qué procedimiento administrativo se refieren. En caso de que detallen algo solicito que se me de audiencia de la nueva información de modo que pueda alegar algo antes de resolver el expediente y no me encuentre en indefensión ante la imposibilidad de alegar. 4. Con fecha 21 de marzo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. 5. El 22 de marzo de 2022, el reclamante presentó alegaciones complementarias con el siguiente contenido resumido: Que analizado el contenido de la resolución y con respecto a la parte estimatoria relativa a la orden de méritos se me dice que se me facilita la información si bien, en la práctica ello no es cierto una vez comprobada la documentación que se me ha facilitado. En concreto no se han incorporado ni el texto ni la relación de todos los alegantes. Al efecto adjunto fotografía en la que se acredita que el que suscribe realizó alegaciones en tiempo y forma y sin embargo, no se me ha incluido en la lista de alegantes. Por referencias sé que hay más personas que han presentado alegaciones y el Ministerio no lo ha incluido en la información que se me ha facilitado. 6. El 11 de abril de 2022 se recibió escrito del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, con el siguiente contenido: 1. Respecto a la alegación de que no se han facilitado todas las reclamaciones contra la resolución individualizada de méritos generales publicada el 21 de diciembre de 2021, de la Dirección general de la Función Pública, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, es de señalar que se han suministrado la que se hallaban en poder de la Administración en el momento de emitirse la resolución que ascendía a un total de 39; de hecho como se expondrá más adelante, el recurso contencioso administrativo que se sustancia en estos momentos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afecta a 32 reclamantes. 2. Por lo que se refiere a la Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, a través de la cual se regula la valoración de méritos generales del personal de la Administración Local con habilitación de carácter nacional se significa que parece que el Sr. … no solicita, sino que vierte la sospecha de que el procedimiento para dictar la Orden se ha efectuado sin seguir los trámites legales establecidos al efecto. Pues bien, la citada Orden se ha elaborado con la participación de las Comunidades Autónomas, la Federación española de Municipios y Provincias, el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, así como con las organizaciones sindicales más representativas en el marco del dialogo social, tal y como figura en el Preámbulo, en caso contrario, hubiese sido impugnada por las citadas organizaciones y representación territorial. Respecto a que no figura el texto de su reclamación, de la cual acompaña una foto, es porque no se entendió necesario incorporar la del propio solicitante y, la del resto de reclamantes, no se hizo, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales. Hacerlo, hubiese implicado tener que dar trámite de audiencia a todos los reclamantes o anonimizar un total de 546 documentos (39 reclamaciones que constan de 7 hojas, más 2 documentos de 2 hojas). La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones tiene en su relación de puestos de trabajo, 17 puestos de los cuales 12 (71%) están ocupados y 5 vacantes(29%), lo que evidencia dada la carga de trabajo actual de la citada Subdirección general, la ausencia de medios suficientes o el carácter limitado de los mismos para llevar a cabo la referida tarea, a riesgo de paralizar, al menos, temporalmente la actividad habitual de las personas que integran dicha Unidad, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado. 3. El interesado alega que no forma parte de ningún expediente administrativo y que por otra parte le produce indefensión. Pues bien, a este respecto, es de señalar que con fecha 11 de enero de 2022 tuvo entrada en el Registro Auxiliar de la Secretaría de Estado de Función Pública, escrito de corrección de la relación individualizada de méritos generales publicada el 21 de diciembre de 2021 antedicha, a la que se le dio la consideración de recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Simultáneamente, solicitaba la información que aquí se considera a través del portal de transparencia, motivo por el cual, se le indicaba al que la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo sería la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo, es decir el recurso de reposición interpuesto. A mayor abundamiento, y como ya se indicó anteriormente, ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Resolución de 21 de diciembre de 2021 y contra la de la Directora general de la Función Pública de 14 de enero de 2022 que desestima el recurso de reposición interpuesto por el . Quiérese decir con ello, que si la Resolución controvertida dejaba expedita la vía administrativa y posterior judicial, para reclamar, se considera que si se hace uso de alguna de ellas, será a través de la misma, donde debe solicitarse toda la documentación que se requiera. Siendo de aplicación en este caso la limitación de acceso a la información del Artículo 14 1 f) de la Ley 19/2013. Lo anterior es cuanto procede alegar por este Centro Directivo respecto a la reclamación formulada. 7. El 19 de abril de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 26 de abril de 2022, el reclamante aportó el escrito que remitió al Ministerio, el 10 de enero de 2022, con el siguiente contenido: “Que en el baremo de méritos de los habilitados nacionales aparezco con 2 puntos sobre el total de 2,5 en el apartado de titulaciones. Que dado que tengo dos titulaciones aportadas distintas y la dicción de la orden de méritos es que DENTRO DE CADA TITULACIÓN, no haciendo referencia a titulaciones distintas, la titulación ( no titulaciones) superior excluirá a las inferiores, entiendo que debo tener los 2,5 puntos sobre el máximo y ha habido un error material. Si son titulaciones distintas no cabe comparación de niveles ni exclusión alguna. Lo vemos con varios ejemplos. A) Ejemplos de comparación de titulaciones “dentro” de la misma titulación: Derecho. Opera la comparación de niveles. -Un FHN es Graduado en Derecho (1.5 puntos) o Licenciado en Derecho (2 ptos) y posteriormente obtiene la titulación de Doctor en Derecho (2,5 puntos). Solo se le valora el Doctorado con 2.5 puntos, ya que es una titulación superior al Grado o a la Licenciatura “dentro de la titulación” de Derecho. -Un FHN es Graduado en Derecho (1.5 puntos) y posteriormente obtiene la titulación de Master Universitario en Derecho (2 puntos). Solo se le valora el Master con 2 puntos, ya que es una titulación superior al Grado “dentro de la titulación” de Derecho. B) Ejemplos de titulaciones “distintas”: Derecho y Ciencias Políticas. No opera la comparación de niveles. -Un FHN es Licenciado en Derecho (2 puntos) y posteriormente obtiene la titulación de Grado en Ciencias Políticas (1.5 puntos). Se le valorarán las dos titulaciones con 2.5 puntos (el máximo), ya que no son una misma titulación (Derecho - Políticas), son “titulaciones distintas” y por tanto valorables las dos, por lo que es indiferente cuál de ellas sea de nivel inferior o superior, no procede la comparación de niveles por no estar en el supuesto que establece la Orden de “Dentro de cada titulación…” -Si ese mismo FHN fuese Graduado en Derecho (1.5 puntos) en vez de Licenciado, y posteriormente obtiene la titulación de Grado en Ciencias Políticas (1.5 puntos), se le valorarán las dos titulaciones con 2.5 puntos (el máximo), pero no porque son titulaciones del mismo nivel (Grado-Grado) como sostiene el Ministerio, sino porque son titulaciones distintas (Derecho - Políticas) siendo irrelevante si son de igual o distinto nivel. Es evidente que esto último es lo que demuestra la existencia de un error material ya que de lo contrario se estaría atacando frontal y directamente contra la igualdad, mérito y capacidad al valorar en mayor medida dos grados que una licenciatura y un grado, es claro que sería además absurdo. Solicita que se corrija el error material indicado, de modo que aparezca con 2,5 puntos y no con 2 en titulaciones, ya que ha existido un error material al no incluirme la segunda titulación distinta. Se prohíbe expresamente cualquier tipo de notificación postal, de modo que la presente solicitud de corrección de error material (que no recurso) debe ser notificada telemáticamente”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relacionada con una Orden Ministerial por la que se regula la valoración de los méritos generales de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y con una Resolución de la Dirección General de Función Pública por la que se publica la relación individualizada de méritos generales de esta concreta clase de funcionarios, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración concede el acceso parcial, alegando que “por lo que se refiere a las reclamaciones y copia del expediente que ha dado lugar a la Resolución de 21 de diciembre de 2021, de la Dirección general de la Función Pública, por la que se pública la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, esta Dirección general acuerda inadmitir la solicitud formulada en base a lo dispuesto en la Disposición adicional primera apartado 1 de la Ley 19/2013, toda vez que el interesado en la fecha de presentación de la solicitud de información pública a través del Portal de Transparencia ha ejercitado las acciones legales administrativas o judiciales previstas en la citada Resolución, existiendo, por lo tanto, un procedimiento administrativo en curso sobre el citado asunto en donde podrá solicitar los medios de prueba que estime pertinentes para la defensa de sus intereses“. Añade que “ha interpuesto recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Resolución de 21 de diciembre de 2021 y contra la de la Directora general de la Función Pública de 14 de enero de 2022 que desestima el recurso de reposición interpuesto, siendo de aplicación en este caso la limitación de acceso a la información del Artículo 14 1 f) de la Ley 19/2013”. En fase de audiencia del expediente, el reclamante remite copia del escrito enviado al Ministerio, el 10 de enero de 2022, en el que se habla no de un recurso de reposición, sino de una corrección de errores materiales. 4. Así las cosas, lo primero que debemos analizar es si resulta de aplicación al presente caso el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG como ha puesto de manifiesto la Administración. A este respecto, cabe recordar que si bien el artículo 13 -en relación con el artículo 12 de la LTAIBG- reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública obrante en los organismos y entidades incluidos en su ámbito de aplicación, no es menos cierto que dicha norma indica, en el apartado 1 de su Disposición Adicional Primera, que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Respecto a esta disposición deben formularse algunas consideraciones para que pueda ser invocada como motivo de inadmisión: primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso; segundo, el reclamante debe ser un interesado en el mismo; y, finalmente, tercero, el procedimiento debe estar en curso. Analizando estos requisitos en la actual reclamación, con relación al primero de ellos debe concluirse que, a juicio de este Consejo, concurre la condición de interesado del reclamante en el procedimiento al que se solicita acceso porque así lo han reconocido explícitamente tanto el interesado –a través de los documentos aportados- como el órgano instructor competente para ello. En cuanto a si ese procedimiento administrativo estaba efectivamente en curso o no en el momento de la solicitud de acceso a la información (enero de 2022), la respuesta debe ser afirmativa. En efecto, como consta en el expediente, el reclamante aporta al procedimiento copia del escrito enviado al Ministerio el 10 de enero de 2022 en el que se alude no de un recurso de reposición, sino de una corrección de errores materiales. Se trate de uno u otra, lo cierto es que este documento da testimonio de que el reclamante era interesado en el procedimiento de valoración de méritos generales en el seno de un concurso para funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Dado que la solicitud de acceso a la información se presentó el 2 de enero de 2022, es obvio que aquel procedimiento administrativo estaba efectivamente en curso en el momento de la solicitud de acceso. Por tanto, resulta de aplicación al caso el apartado 1 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG. 5. Finalmente, debemos aclarar que no es competencia del Consejo de Transparencia convertirse en una especie de organismo revisor y sustituir la voluntad o la competencia de los órganos de selección de personal ni la de modificar sus decisiones sobre las valoraciones de los candidatos emitidas según su leal saber y entender. En todo caso, los reclamantes, como ha sucedido en el caso ahora analizado, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes tal y como establece el artículo 123 de la Ley 39/2005, que dispone que 1. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. 2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto. En conclusión, la reclamación presentada debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, de fecha 10 de marzo de 2022. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez