Reclamación de acceso a la información sobre envíos de armas al Gobierno de Ucrania y su denegación por ser materia clasificada

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 5 de abril de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «En relación a los envíos de armas al Gobierno de Ucrania, solicito la siguiente información: -Detalle de las armas enviadas, fechas de su elaboración y las fechas de sus envíos a Ucrania. -Autorizaciones administrativas de dichos envíos así como copia de toda la documentación de los expedientes de autorización. -En relación al Tratado sobre el Comercio de Armas, solicito todos los informes de evaluación de riesgos asociados a los sucesivos envíos sobre si dichas armas y S/REF: 001-067686 N/REF: R/0386/2022; 100-006762 [Expte. 165-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Información solicitada: Envíos de armas al Gobierno de Ucrania R CTBG Número: 2023-0155 Fecha: 14/03/2023 específicamente, si pueden ser utilizadas por las fuerzas armadas ucranianas contra la población civil, en crímenes de guerra o en violaciones de los derechos humanos en la zona del Dombass.» 2. Mediante resolución de fecha 27 de abril de 2022, el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO contestó al solicitante lo siguiente: «(…) Segundo. – Corresponde al Ministerio de Defensa aportar la información correspondiente al primer punto. Tercero. - En cuanto a la información solicitada sobre las autorizaciones administrativas y los Informes de evaluación de riesgos asociados a los envíos de armas al Gobierno de Ucrania, conviene indicar que, de acuerdo a las letras a), b) y k) del apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley 19/2013, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional; la defensa; y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la divulgación de la información a la que se pretende acceder supondría un perjuicio para la materia señalada en el expositivo precedente, toda vez que, de acuerdo con una Jurisprudencia consolidada, no cabe facilitar copia de las autorizaciones de exportación de material de defensa y doble uso así como de los informes preceptivos y vinculantes emitidos por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), que forman parte del expediente de autorización, ya que los datos que se toman en consideración para la emisión de las autorizaciones al estar inescindiblemente vinculados a los informes de la JIMDDU, integran el contenido de las Actas de sus reuniones y estas han sido declaradas materia clasificada con la calificación de secreto por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987 y como tales constituyen documentación clasificada de acuerdo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, que en su artículo 13 establece que las materias clasificadas no podrán ser comunicadas, difundidas, ni publicadas, ni utilizado su contenido, fuera de los límites establecidos por esta Ley (Sentencia 369/2010, de 31 de marzo del TSJM (Sección 8ª) y Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 13 de octubre de 2020. Este criterio ha sido recogido en el informe nº 271/2019, de 25 de septiembre, emitido por la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Comercio en el cual, se indica “que el carácter secreto afecta a toda acta de la JIMDDU, lo que incluye sus Anexos que forman parte integrante de las mismas (…). Por lo que se concluye que “la calificación R CTBG Número: 2023-0155 Fecha: 14/03/2023 de “materia clasificada” con la calificación de “secreto” que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, realizó de las actas de la JIMDDU afecta a todos los documentos incluidos en los Anexos de dichas Actas”. Dicha argumentación ha sido avalada por Resolución nº 648/2019, de 4 de diciembre de 2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y confirmada por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, en las sentencias de 15 de septiembre y 30 de septiembre de 2021. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1, letras a), b) y k) y 14.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que contempla los límites al derecho de acceso a la información vinculados con la protección concreta de un interés público racional y legítimo que impide su acceso, se deniega el acceso a la información solicitada.» 3. Disconforme con la respuesta recibida, mediante escrito registrado el 28 de abril de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: «Manifiesto mi disconformidad por lo alegado por el Ministerio de Industria y Comercio a mi petición de información según la Ley de Transparencia. En cuanto a mi primera petición sobre el “Detalle de las armas enviadas, fechas de su elaboración y las fechas de sus envíos a Ucrania”, dicho Ministerio dice que no obra en su poder dicha información; entonces lo que deberían hacer ese Ministerio a mi juicio es trasladar mi petición, tal y como establece la ley aplicable, al Ministerio competente (según expresan, el Ministerio de Defensa). En cuanto al resto de documentación pública solicitada, me la niegan porque según dicho Ministerio “supondría un perjuicio para la seguridad nacional; la defensa; y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”. Deseo manifestar también mi disconformidad a lo expuesto por el Ministerio de Industria y Comercio a este respecto. La Ley española 53/2007 de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, no dice en ningún sitio de que las documentaciones relativas a la exportación de armas sean confidenciales, clasificadas o secretas. Además, según normativa internacional es preciso que haya transparencia a este respecto. El Tratado Internacional del Comercio de Armas de la ONU que ha suscrito España consultable en https://thearmstradetreaty.org/hyper- images/file/TratadosobreelComerciodeArmas/TratadosobreelComerciodeArmas.pdf? templateId=137280 dice lo siguiente: Artículo 1 Objeto y fin: Promover la cooperación, la TRANSPARENCIA y la actuación responsable de los Estados parte en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos. Artículo 5. Aplicación general: 5. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para aplicar las disposiciones del presente Tratado y designará a las autoridades nacionales competentes a fin de disponer de un sistema nacional de control eficaz y TRANSPARENTE para regular la transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y de elementos comprendidos en el artículo 3 y el artículo 4. Es decir, la transparencia es un objeto y fin y además un criterio de aplicación en el comercio internacional de armas, como tratado internacional suscrito por España es aquí de obligado cumplimiento y no puede por lo tanto el gobierno escudarse en reservas, confidencialidades u opacidades. Por otro lado, los informes que he solicitado en mi petición son perfectamente escindibles de las actas a las que están incorporadas. El hecho de que hayan sido incorporados como anexos a unas actas no debería impedir su acceso público. Nótese además que España firmó este tratado internacional de control de armas entre los 65 primeros países, concretamente el 3 de junio de 2013, y lo ratificó en 2014. El tratado entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. Por lo tanto, este Tratado internacional y su aplicación en España habría dejado sin efecto cualquier otra disposición previa que limitara la transparencia a estos efectos. Entiendo que el Ministerio está haciendo una interpretación restrictiva del derecho a la transparencia porque tampoco justifica adecuadamente en qué medida mi petición de información supone un peligro para la seguridad nacional y l a defensa, cuando lo que verdaderamente afecta a la seguridad nacional y a la defensa de España, a mi juicio, es implicarnos en un conflicto externo con el envío de armas por parte de España a Ucrania. Es pacífica doctrina del Consejo de la Transparencia el deber de la Administración de justificar ese alcance limitativo al derecho de la transparencia, circunstancia que no se da en este caso salvo su mera mención, sin explicar en qué medida dicha información podría afectar a esos elementos de seguridad o defensa nacional. Es preciso conocer esos informes solicitados para hacer un escrutinio de la función pública al respecto de cómo se estaría implicando a España en la guerra de Ucrania, así como conocer si se han llevado a cabo todas las autorizaciones administrativas que exige exportar armas españolas a una zona en conflicto. Es muy preocupante que el Gobierno español pretenda crear zonas grises en este campo por los riesgos que ello nos puede ocasionar de entrar en un conflicto. Los españoles tenemos derecho a saber en qué condiciones se han tomado esas decisiones y los informes y las autorizaciones correspondientes. El Ministerio alega para fundamentar su oposición la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, que es una Ley franquista anticonstitucional por ser previa a la Constitución de 1978 y es inaplicable en este caso por no respetar el derecho de la Transparencia, tal y como se deriva de la propia Constitución y de la Ley que la desarrolla.» 4. Con fecha 29 de abril de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 19 de mayo de 2022 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: «(…) RESPECTO A la petición de información sobre “Detalle de las armas enviadas, fechas de su elaboración y las fechas de sus envíos a Ucrania”, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dio traslado de la petición de información al Ministerio de Defensa una vez determinado que ese era el ministerio competente para responder de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. RESPECTO A la denegación de la información sobre “Autorizaciones administrativas de dichos envíos, así como copia de toda la documentación de los expedientes de autorización”. En relación con la solicitud formulada, esta Dirección General considera pertinente su denegación en base a los límites al derecho de acceso recogidos en las letras a), b) y k) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, denominado “Acuerdo por el que se clasifican como Secreto las Actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas y Explosivos” se declara como “materia clasificada” con la calificación de “secreto” las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas y Explosivos. Para entender la relevancia de esta clasificación se debe atender a lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales que, como norma general considera que la publicidad debe ser característica de todos los órganos del Estado, sin embargo “es innegable la necesidad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional. Destacan por su especial importancia aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la Nación”. La normativa sobre secretos oficiales constituye un régimen especial en relación con la normativa de transparencia de acuerdo con lo previsto en la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y así se dispone concretamente en sus artículos segundo y octavo. En este sentido se han pronunciado tanto el criterio interpretativo del Consejo de Transparencia 8/2015, de 12 de noviembre, como la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección 7, de 23 de octubre del 2017. En su artículo octavo A) se contiene lo siguiente: “Solamente podrán tener conocimiento de las “materias clasificadas" los órganos y las personas debidamente facultadas para ello y con las formalidades y limitaciones que en cada caso se determinen”. Por otro lado, en el artículo segundo se previene que “A los efectos de esta Ley, podrán ser declaradas “materias clasificadas” los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” añadiendo el artículo cuarto que “La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefe de Estado Mayor”. Respecto a las materias clasificadas el artículo trece dispone que “no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado, si procediere, conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso, considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave”. Queda por ello establecido la relevancia de la información que se trata en las reuniones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) y la obligación, por parte de todos los órganos ministeriales que forman parte del proceso, de guardar la debida confidencialidad. En este sentido, la propia Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, ya indica en su artículo 1, Objeto y finalidad de la Ley, lo siguiente: La presente Ley tiene como finalidad la de contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, evitar su desvío al mercado ilícito, y combatir su proliferación, al tiempo que se da cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos por España a este respecto y se garantizan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado. Pues bien, teniendo en cuenta la sensibilidad de la materia, la mencionada Ley 53/2007, de 28 de diciembre, establece que corresponde a la JIMDDU informar, con carácter preceptivo y vinculante, las autorizaciones administrativas (artículo 14). Este informe, que es vinculante, tiene como consecuencia directa el otorgamiento o denegación de las autorizaciones administrativas que son competencia del titular de la Secretaría de Estado de Comercio (artículo 31. 3 del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso). Queda, por lo tanto, establecido que las Autorizaciones Administrativas de Exportación que emite la Secretaría de Estado de Comercio (SEC) son una consecuencia directa de las decisiones e informes de la JIMDDU y por ello, tales informes y los documentos concernidos, esto es, las mismas autorizaciones administrativas de exportación integran las Actas de las sesiones de la JIMDDU; en la medida que estas actas son reflejo documental del criterio adoptado por la JIMDDU, esos informes y las autorizaciones sobre los que versan, se encuentran jurídicamente amparados en su contenido material por la declaración oficial de secreto. Este criterio ha sido confirmado en el informe nº 271/2019, de 25 de septiembre, emitido por la Abogacía del Estado en la Secretaria de Estado de Comercio. Por lo que se concluye que la calificación de “materia clasificada” con la calificación de “secreto” que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, realizó de las actas de la JIMDDU afecta a todos los documentos incluidos en los Anexos de dichas Actas, entre ellos, las autorizaciones administrativas de exportación y documentación asociada cuya copia se solicita ya que forman parte del mismo cuerpo documental al que se refiere dicha calificación". RESPECTO a los motivos invocados por el reclamante sobre la aplicación de los artículos 1 y 5 del Tratado Internacional del Comercio de Armas de la ONU (TCA) y su obligado cumplimiento en cuanto a la denegación de “los informes de evaluación de riesgos asociados a los sucesivos envíos sobre si dichas armas y específicamente si pueden ser utilizadas por las fuerzas armadas ucranianas contra la población civil, en crímenes de guerra o en violaciones de los derechos humanos en la zona del Dombass”. Entre los fines del TCA, cuyo objeto es establecer normas inter nacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales y prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío, se incluyen el de promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable para fomentar la confianza entre los Estados parte en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos. El Tratado fija las obligaciones de transparencia, así como sus límites, en el artículo 13.3 relativo a la presentación de informes por los Estados. Dicho artículo establece que “cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, (…), un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, correspondientes al año civil anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados partes. (…) Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional”. La obligación de transparencia asumida por los Estados firmantes del TCA debe entenderse, inequívocamente en el contexto de los derechos y obligaciones asumidos conforme a su ámbito subjetivo de aplicación general (artículo 5) hacia otros Estados parte del Tratado, no respecto de los ciudadanos y es decisión discrecional de los Estados restringir el acceso a información comercialmente sensible o que afecte a la seguridad nacional. En este sentido, el TCA reafirma en su Preámbulo “el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, conforme a su propio sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que se encuentren exclusivamente dentro de su territorio” así como, reconoce “Los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad de los Estados en relación con el comercio internacional de armas convencional”. El reclamante afirma que la transparencia es, además, un criterio de aplicación en el comercio internacional de armas. No obstante, los criterios de aplicación del TCA se encuentran recogidos en el artículo 6 relativo a las prohibiciones y en el artículo 7 relativo a la exportación y evaluación de las exportaciones. Las autoridades de control españolas cumplen con los compromisos asumidos en virtud del TCA en cuanto a los informes previstos en su artículo 13 en el análisis de riesgo de las operaciones autorizadas según los criterios recogidos en los artículos 6 y 7. En base a todo lo expuesto, esta Dirección General se ratifica en la desestimación de la solicitud de acceso a la información presentada.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a «los envíos de armas al Gobierno de Ucrania, con detalle de las armas enviadas, de las autorizaciones administrativas de dichos envíos y de los informes de evaluación de riesgos asociados a los sucesivos envíos sobre dichas armas», formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El Ministerio requerido informa de que el Ministerio de Defensa es el órgano competente para resolver la parte de la solicitud relativa al detalle de las armas enviadas. Respecto del resto de peticiones recogidas en la solicitud de información, acuerda la denegación del acceso alegando que resultan de aplicación los límites recogidos en las letras a), b) y k) del apartado 1 de su artículo 14 LTAIBG. Razona, en este sentido, que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Armas y Explosivos han sido declaradas “materia clasificada” con la calificación de “secreto” y que, precisamente, la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, establece que corresponde a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) informar, con carácter preceptivo y vinculante, las autorizaciones administrativas (artículo 14). Este informe, que es vinculante, tiene como consecuencia directa el otorgamiento o denegación de las autorizaciones administrativas que son competencia del titular de la Secretaría de Estado de Comercio (artículo 31. 3 del Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso). Finaliza indicando, respecto de los informes de evaluación de riesgos asociados a los sucesivos envíos, que los mismos están recogidos en el Tratado Internacional del Comercio de Armas de la ONU (TCA) el cual no solo fija las obligaciones de transparencia, sino también sus límites reconociendo «[l]os intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad de los Estados en relación con el comercio internacional de armas convencional». 4. Centrada la cuestión en los términos descritos, y en lo concerniente a la parte de la solicitud relativa al detalle de las armas enviadas al Gobierno de Ucrania, se manifiesta en la reclamación que, de considerar el Ministerio requerido que el Departamento ministerial competente para resolver es el Ministerio de Defensa, debería haberle remitido directamente la solicitud de información con arreglo lo dispuesto en el artículo 19.1 LTAIBG — «[s]i la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante»—. Sobre este particular, si bien es cierto que de la redacción utilizada en la resolución inicial, en la que el Ministerio requerido identifica al Ministerio de Defensa como el departamento ministerial competente para resolver, no se despre nde inequívocamente que se le hubiera remitido la solicitud en la parte de la información que le corresponde; también lo es que, en trámite de alegaciones en esta reclamación, el Ministerio manifiesta que efectuó dicho traslado cumpliendo así con el mencionado precepto legal. Este Consejo no tiene motivos para poner en duda lo manifestado por lo que habrá de estarse a lo resuelto por el Ministerio de Defensa y, en consecuencia, procede desestimar la reclamación en este punto. 5. Sentado lo anterior, y por lo que respecta al resto de la información solicitada, la presente resolución se circunscribe a verificar la concurrencia de los límites al ejercicio del derecho de acceso que ha invocado el Ministerio para denega r la información. Desde esta perspectiva, conviene señalar, en primer lugar, que el Ministerio no aporta una argumentación diferenciada para cada uno de esos límites, sino que los invoca conjuntamente, poniendo el acento en que se trata de información reservada clasificada con carácter de secreto por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de abril de 1987 con arreglo a lo dispuesto en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, cuestión que debe abordarse en primer lugar pues, de apreciarse esta excepción, su carácter determinante haría innecesario el análisis de los demás motivos. La regulación relevante a estos efectos está contenida en el artículo 4 de la Ley 9/1968, con arreglo al cual, la calificación de una materia en la categoría de secreto y reservado corresponde al Consejo de Ministros, a lo que añade el primer inciso del artículo 10.1 que tales calificaciones se conferirán mediante un acto formal. Sobre este particular señala el Ministerio que las actas de las reuniones de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) han sido declaradas materia clasificada con la calificación de secreto por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987; y que tanto las autorizaciones de exportación de material de defensa y doble uso como los informes preceptivos y vinculantes emitidos que forman parte del expediente de autorización, se encuentran inescindiblemente vinculados a los informes de la JIMDDU, e integran el contenido de las Actas de sus reuniones; por lo que no pueden ser revelados. En este sentido trae a colación el informe nº 271/2019, de 25 de septiembre, emitido por la Abogacía del Estado en la Secretaría de Estado de Comercio en el cual, en el que se indica «que el carácter secreto afecta a toda acta de la JIMDDU, lo que incluye sus Anexos que forman parte integrante de las mismas (…). Por lo que se concluye que “la calificación de “materia clasificada” con la calificación de “secreto” que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, realizó de las actas de la JIMDDU afecta a todos los documentos incluidos en los Anexos de dichas Actas». 6. Teniendo en cuenta lo que antecede, la decisión de este Consejo sobre el objeto de la reclamación viene determinada por el reciente pronunciamiento de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en sentencia de 7 de febrero de 2023 (ECLI:TS:ES:2023:319), sobre una cuestión análoga —acceso a información relativa a las licencias concedidas y otros para la exportación de armas a Arabia Saudí, que fue denegada en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987— en la que se desestima el recurso de casación con apoyo en el siguiente razonamiento: «En relación con la segunda cuestión, sobre el alcance de la calificación de determinados documentos como materia clasificada y secreta, esta Sala ha venido declarando, por todas, en sentencia de 4 de abril de 1997 (recurso contencioso administrativo nº 634/1996) que las propias exigencias de eficacia de la acción administrativa, aludidas en el artículo 103.1 de la Constitución o la necesidad de preservar la existencia misma del Estado, en cuanto presupuesto lógico de su configuración como Estado de Derecho, pueden justificar que se impongan límites a la publicidad de la acción estatal y más concretamente, y por lo que hace al caso a resolver, que se encomiende al Gobierno, a quien compete, la dirección de la defensa del Estado - artículo 97 de la Constitución-, una competencia primaria, en los términos que fije el legislador - artículo 105.b) de la Constitución-, para decidir sobre la imposición de restricción a la publicidad de la acción estatal frente a cualquier autoridad, con mayor razón cuando en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, se prevé la posibilidad de que el ejercicio de ciertos derechos pueda ser sometido a restricciones que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional -artículos 10.2. y 11.2-, por lo que debe reconocerse validez, desde la perspectiva constitucional a la Ley de secretos oficiales de 1968, al menos en los aspectos en los que atribuye competencia al Consejo de Ministros, para clasificar o desclasificar como secretos determinados asuntos o actuaciones estatales, a través del procedimiento que en esa Ley se establece. (…) la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, establece que las actividades reservadas por declaración de Ley y las "materias clasificadas" no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado, si procediere, conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso, considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave. Tal como sucede con las actas solicitadas que fueron declaradas "materia clasificada" y secreta, por Acuerdo del Consejo de Ministros. La solicitud de información sobre los detalles de la exportación a Arabia Saudí de los porta morteros Alakran que se pretende conocer, no justifica suficientemente el interés público esencial que avala tal pretensión, ni poderosas razones sobre la lesión de los derechos fundamentales afectados o los bienes jurídicamente protegidos que determinen el acceso a los detalles de tal operación, mediante el alzamiento de la declaración de "materia clasificada" y secreta de la misma. De modo que no se ha puesto de relieve el carácter innecesario o superfluo de tal confidencialidad, atendida la afectación que concurre a la defensa, a los particulares y a la protección de sus datos, así como a los daños y los perjuicios en el ámbito comercial y económico que se derivarían del acceso a una información de esa naturaleza. Téngase en cuenta que se trata de "materia clasificada" que se predica de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (artículo 2 de la Ley de secretos oficiales), y en este caso las actas referidas tiene no sólo el carácter de "materia clasificada", sino que también tienen el carácter de secreto, pues a tenor del artículo 3 de la expresada Ley, se admite la calificación, de las materias clasificadas, en dos categorías: secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran. Y en el caso examinado tienen el nivel más intenso pues se trata de "materia clasificada" con calificación de secreta.» Y sienta como doctrina jurisprudencial que: «En lo relativo a la segunda cuestión de interés casacional, debemos señalar que, en el supuesto de tratarse de materia clasificada y calificación de secreta, como es el caso, ha de justificarse suficientemente el interés público esencial que avala tal pretensión de información y las poderosas razones relativas a la lesión de los derechos fundamentales afectados, o los relevantes bienes jurídicamente protegidos, que determinen el acceso a los detalles de tal operación mediante el alzamiento por el Consejo de Ministros de la declaración de "materia clasificada" y secreta.» 7. Dado que la doctrina del Tribunal Supremo resulta directamente aplicable al supuesto aquí analizado por cuanto la información solicitada se encuentra indisolublemente vinculada con el contenido de las actas de la JIMDDU que están formalmente clasificadas con el grado de secreto por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de marzo de 1987, este Consejo carece de facultades para disponer que se conceda el acceso a la misma y, en consecuencia, debe proceder a desestimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, de fecha 27 de abril de 2022. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez