Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una representante de los trabajadores solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de los implicados, el informe final y las entrevistas de un expediente de acoso sexual. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso al informe final siempre que esté anonimizado para proteger la intimidad y los datos especialmente protegidos de la víctima.
Un cargo electo solicitó al Ayuntamiento de Llançà el acceso directo a los registros de entrada y salida. El Ayuntamiento denegó el acceso general alegando protección de datos. La GAIP inadmitió la reclamación porque solicitar un acceso directo y permanente no es una petición de información pública preexistente, sino una cuestión de organización interna municipal.
Reclamante solicitó documentación de solvencia técnica de la empresa adjudicataria a la Agencia Digital de Andalucía. La entidad denegó el acceso parcial alegando protección de datos. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que, dada la reducida plantilla, no era posible garantizar la anonimización de los datos personales sin identificar a los trabajadores, prevaleciendo la protección de datos sobre la transparencia.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior las calificaciones detalladas de los CV de los candidatos en un proceso de selección para el CPT. El Ministerio denegó el acceso por protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, exigiendo al Ministerio que facilite las puntuaciones desglosadas de los tres candidatos seleccionados para la terna final, priorizando la transparencia y la igualdad en procesos selectivos.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig datos sobre la plantilla y vacantes del servicio de recogida de RSU y limpieza viaria. El Ayuntamiento denegó la información alegando que es competencia de la empresa concesionaria y alegando límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al municipio a obtener y facilitar los datos.
Una ciudadana solicitó al Director General de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Comunidad de Madrid las declaraciones de bienes de los presidentes y consejeros de Hacienda de los últimos 20 años. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por considerar que la información anterior a la Ley 10/2019 tiene carácter reservado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda informes de sostenibilidad financiera de varios ayuntamientos sobre convenios con el SERMAS. El Ministerio denegó el de Alcalá de Henares y anonimizó otros. El Consejo estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe de Alcalá al constatar que el convenio sí se firmó y el límite no se justificó, y considera irrelevante la anonimización de firmas/CSV.
Se solicitó al Ministerio de Igualdad copia del proyecto "Atención integral a personas en contexto de prostitución y víctimas de trata..." de la Asociación "IN GÉNERO", subvencionado en 2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la Administración ya facilitó información suficiente y que el resto contenía datos personales sensibles (Art. 15 LTAIBG) y propiedad intelectual, justificando la denegación parcial.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación técnica y presupuestaria del Parque de las Tres Luces. El reclamante alegó que la información era preceptiva y que no se aplicó el test de daño. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación vulneraría los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual y la confidencialidad contractual, especialmente por estar en curso la licitación de la fase 2 del proyecto.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Regantes del Campo de Traslapuente actas de Juntas Generales y de Gobierno (2022-2023), grabaciones de asambleas y el censo de regantes. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la entrega de las actas de Junta de Gobierno y grabaciones (excluyendo lo privativo y datos personales no relevantes) y el censo de propietarios, al considerar que la denegación no se justificó adecuadamente y que la información solicitada se enmarca en las funciones públicas de la Comunidad.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de conservación de la carretera N-VI (contrato PROINTEC). El Ministerio denegó el acceso por ser información auxiliar, confidencial, y afectar a intereses económicos/propiedad intelectual de terceros. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, concluyendo que la información no es auxiliar, y el Ministerio no justificó ni ponderó adecuadamente los límites invocados, ordenando la entrega de los informes.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión información sobre traslados de inmigrantes (número de vuelos y personas) de Canarias a la península. El Ministerio denegó el acceso alegando límites (Art. 14.1.d y k LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no justificó ni ponderó adecuadamente el daño frente al interés público, incumpliendo el Art. 14.2 LTAIBG.
Se solicitó a RED.ES las memorias detalladas de entidades seleccionadas en un programa de atracción de talento. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y ordenó la retroacción de actuaciones, ya que RED.ES omitió el trámite de audiencia a las entidades afectadas (terceros interesados) conforme al artículo 19.3 LTAIBG, impidiendo una correcta ponderación de los límites al acceso.
Se solicitó acceso a informes de auditoría del Institut de l'Ebre a la Generalitat de Catalunya. La administración alegó la confidencialidad de las funciones de control de la Intervención General (art. 145 LGP). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, indicando que la reserva debe ponderarse caso por caso y no excluir ámbitos enteros.
El reclamante solicitó a RENFE OPERADORA copia del acuerdo de colaboración con el musical Malinche y su vigencia. RENFE denegó el acceso alegando que no era información pública, carácter abusivo y límites por intereses comerciales/confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, dictaminando que sí es información pública y que, aunque existen límites, no justifican la denegación total, debiendo Renfe proporcionar acceso parcial a los elementos esenciales del contrato.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación contra la CNMV por denegación de acceso a información de un proceso selectivo. Se solicitaban manuales, tablas de calificaciones, actas de tribunal, borradores y grabaciones. El Consejo consideró que el manual no era información auxiliar y que las actas debían ser accesibles en su contenido obligatorio, rechazando la inadmisión previa de la CNMV. Se denegó el acceso a grabaciones por inexistencia y a borradores por estar ya publicados.
La Asociación Senda de Granada Oeste solicitó al Ayuntamiento de Murcia copia digital de un expediente sobre la convalidación de pagos a la empresa EMUSA por servicios de tasa de basura. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad en procesos de toma de decisiones. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación al no acreditarse el test de daño.
Ryanair solicitó al Ministerio de Transportes un informe de la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los sobrecostes por equipaje de mano. La solicitud fue denegada por afectar a procesos judiciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia archivó la reclamación al constatar que Ryanair ya había accedido al informe por otra vía judicial, perdiendo así el objeto de la reclamación.
El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación contra Renfe por denegar información sobre su inversión publicitaria en medios en 2024 (empresas beneficiarias y cuantías). Se consideró que la información es pública, la reelaboración no justificada y el interés público prevalece sobre los intereses comerciales, aunque se desestimó la solicitud de fechas de transferencias por irrelevancia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior documentación sobre la ejecución y financiación de un contrato de emergencia para la limpieza de playas de Cullera tras la DANA. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información, al considerar que el Ministerio no justificó adecuadamente la aplicación del límite de confidencialidad en procesos de toma de decisión, especialmente al tratarse de un contrato ya adjudicado y financiado con fondos públicos.
El reclamante solicitó acceso a la documentación de un Pleno municipal al Ayuntamiento de Tiana. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información en curso de elaboración. Tras la reclamación ante la GAIP, el Ayuntamiento entregó la información, lo que provocó que la GAIP declarara la pérdida de objeto de la reclamación.
Se solicitó acceso íntegro al expediente de investigación por presunto acoso laboral (expediente 2295/2024) al Ayuntamiento de Moià. La administración denegó las actas y entrevistas alegando confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al expediente pero exigiendo la exclusión de datos especialmente protegidos de terceros.
Se solicitó a RENFE-Operadora, E.P.E. el desglose de su inversión publicitaria en 2023. La entidad denegó parcialmente alegando que no es información pública, que requiere reelaboración y afectaría a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la inversión de un organismo público es información pública y prevalece el interés ciudadano sobre los supuestos perjuicios comerciales.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento Tecartus. El Ministerio denegó el acceso por límites legales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la existencia de litispendencia, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre un recurso de casación en un caso idéntico.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento SUNLENCA 464 MG SOLUCIÓN INYECTABLE y su impacto presupuestario. El Consejo de Transparencia suspendió la tramitación de la reclamación debido a la litispendencia ante el Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre recursos de casación relacionados con sentencias de la Audiencia Nacional que anularon resoluciones previas del Consejo sobre información similar.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del tratamiento Hemgenix. El Ministerio denegó el acceso por confidencialidad. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la litispendencia de un caso similar, cuya sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, esperando su pronunciamiento.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento Abecma. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la existencia de recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo, que versan sobre sentencias de la Audiencia Nacional que anularon decisiones previas del Consejo sobre información idéntica, considerándolo un pronunciamiento determinante.
El reclamante solicitó a CORREOS información sobre contratos con Sortis Telecomunicaciones (2020-2024). CORREOS concedió acceso parcial, lo que motivó la reclamación. El Consejo de Transparencia decide archivar la reclamación porque el interesado desistió voluntariamente, al haber presentado una nueva reclamación con el mismo objeto que ya está en tramitación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda las actas del comité de cooperación en contratación pública. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar las actas con su contenido obligatorio, permitiendo acceso parcial si fuera necesario, y critica la ampliación injustificada del plazo.
La mercantil XXX solicitó a AUVASA acceso a las propuestas técnicas de sus competidores XXX y XXX en un contrato de gestión energética. Los terceros se opusieron alegando confidencialidad y secretos comerciales. AUVASA denegó el acceso, y la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación, confirmando la confidencialidad de la información y que el derecho de defensa del reclamante no fue vulnerado, ya que el informe de valoración era suficiente.
Se solicitó al Cabildo Insular de Lanzarote la identidad de los empleados públicos, sus procedimientos de provisión, vacantes y comisiones de servicio. La administración denegó la identidad alegando protección de datos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la identidad y provisión de la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Tacoronte el coste de la actuación de un grupo musical en un pregón. Tras una denegación inicial y respuestas evasivas, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración entregó la información de forma extemporánea, provocando la pérdida de objeto de la reclamación.
La reclamante solicitó al Consorcio Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a un expediente y copia de un informe. El organismo la remitió a la TGSS. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar improcedente la respuesta inicial y no haberse facilitado la información en plazo, obligando a la interposición de la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el dictamen motivado de la Comisión Europea sobre un procedimiento de infracción (INFR (2023)4009) contra España. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación, ya que la Comisión Europea considera que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y el clima de confianza para negociaciones, aplicando la excepción del Reglamento (CE) 1049/2001.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Sant Quirze del Vallès los enunciados y respuestas de procesos selectivos de los últimos cinco años. La administración denegó el acceso alegando que es documentación interna para evitar desigualdades en futuras convocatorias y que el solicitante no era parte interesada. La GAIP estimó la reclamación por ser información pública.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santander el informe de auditoría del contrato de servicio de limpieza de colegios. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria y confidencialidad. El reclamante alegó que no es necesario motivar la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ayuntamiento no justificó adecuadamente los límites invocados, y ordena la entrega del informe.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el acta firmada de la sesión 489 de la Junta de la Carrera Diplomática. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de relaciones exteriores y confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que el derecho de acceso abarca el contenido íntegro de las actas, especialmente los elementos obligatorios del art. 18.1 Ley 40/2015, y que los límites deben aplicarse de forma justificada y proporcional, permitiendo el acceso parcial.
Se solicitó a la Fundación del Teatro Real información sobre arrendamientos de espacios en 2024 (tipo de arrendatario, nombre si jurídico, espacio, fecha, precio, descuentos, objeto del evento) y criterios/tarifas de alquiler. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, rechazando el argumento de solicitud abusiva. Decidió que el precio individual de cada alquiler perjudica intereses comerciales, pero la Fundación debe proporcionar el total de ingresos por alquileres en 2024 y la relación de eventos con información pública, así como los criterios/tarifas globales.
Se solicitó a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de Madrid las actas del Consejo Escolar de 2024. Tras la denegación inicial, la Consejería propuso un acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, otorgando acceso solo al contenido mínimo esencial y votos particulares, excluyendo las deliberaciones internas.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de Madrid diversos documentos y la normativa sobre la implantación de cursos de ESO en el CEIP Nuestra Señora del Val. Tras la inadmisión de la Consejería, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el acta del consejo escolar, pero deniega el resto por ser información auxiliar o normativa.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO solicitó a la Conselleria de Sanitat copias de los informes técnicos sobre la continuidad del contrato de gestión del Departamento Elx-Crevillent. Tras la denegación basada en la confidencialidad de la toma de decisiones, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación al considerar que son informes públicos y esenciales.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès acceso a una denuncia y documentos sobre un proceso de riesgos psicosociales. La administración alegó que la denuncia no existía y que el resto de documentos estaban sujetos a reserva por tratarse de un expediente de presunto acoso laboral. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que se mantienen los límites de confidencialidad.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Un periodista solicitó a la Agencia Catalana del Agua (ACA) los consumos de agua de una empresa en el embalse del Catllar desde 1975. El ACA denegó el acceso alegando reserva de datos tributarios. La GAIP estima la reclamación y ordena entregar la información por ser datos ambientales de interés general en contexto de sequía y por no ampararse la reserva tributaria a personas jurídicas.
Se solicitó información estadística sobre denuncias de acoso laboral y sexual en institutos del CEB (2020-2024) al Departament de Presidència de la Generalitat. El reclamante alegó falta de respuesta y cuestionó la estructura de los datos. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declaró la pérdida parcial de objeto por entrega tardía y desestimó la reclamación.
Se solicitó a la Directora General de Función Pública el acta de la Comisión Paritaria del Personal Laboral del 19 de septiembre de 2024. El reclamante impugnó la denegación inicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en la confidencialidad de los procesos de toma de decisión y la protección de datos personales.
La solicitante pidió un plano topográfico y un informe favorable del Jefe de Sección de Recursos Hidráulicos sobre un proyecto de cubrimiento de un barranco al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. La administración denegó el informe alegando que era información auxiliar/interna. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación porque el informe es parte esencial del expediente.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
El solicitante pidió a la Presidencia de la JCCM el expediente que autorizó un recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana. Tras alegar la falta de respuesta, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información reservada del proceso de toma de decisiones y requerir reelaboración previa.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un listado detallado de escalas de buques mercantes en puertos españoles desde 2021. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del Ministerio. La decisión se fundamenta en la aplicación de límites de la LTAIBG relativos a la defensa nacional, relaciones exteriores y confidencialidad, argumentando riesgos para la seguridad nacional y la prevención de amenazas terroristas, especialmente en el caso de materiales de defensa, y que un acceso parcial carecería de sentido.
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