Reclamación de acceso a la información sobre cuotas de contratación de personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

RESOLUCIÓN 539 /2025 S/REF; 1562284P Ref. Interna: 801 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Quintanar de la Orden RESOLUCIÓN: ESTIMAR PARCIALMENTE I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 15 de julio de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden. Este documento, con registro de entrada nº 801 ha sido presentado por . PRIMERO: el 20 de enero y posteriormente el 15 de junio de 2025, , solicita ante el Ayuntamiento lo siguiente: “Informe de Cumplimiento: Informe detallado sobre el cumplimiento de la cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en la plantilla del Ayuntamiento de [Nombre de la Ciudad], incluyendo datos estadísticos y análisis comparativos con años anteriores. Procesos de Selección: Documentación relativa a los procesos de selección llevados a cabo para cubrir los puestos reservados para personas con discapacidad, incluyendo: Fechas de las convocatorias. Criterios de selección aplicados. Resultados obtenidos y número de personas con discapacidad contratadas. Medidas de Accesibilidad: Información sobre las medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad y la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la normativa vigente. Transparencia y Publicidad: Documentación que acredite la transparencia y publicidad de los procesos de contratación, así como las medidas adoptadas para informar a las personas con discapacidad sobre las oportunidades de empleo disponibles en el Ayuntamiento. Plan de Acción: Plan de acción y medidas correctoras implementadas en caso de incumplimiento de la cuota de contratación, así como cualquier iniciativa futura planificada para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Considero que la transparencia en estos procesos es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de la normativa vigente. Por ello, agradecería que se me facilite la información solicitada en el plazo más breve posible.” SEGUNDO: el 15 de julio de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: No he recibido respuesta por parte del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden a la solicitud de acceso a información pública presentada el 20 de enero de 2025, relativa al cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de contratación de personas con discapacidad. Ha transcurrido ampliamente el plazo legal de tres meses sin contestación, lo que constituye un caso de silencio administrativo conforme a lo establecido en los artículos 20 de la Ley 19/2013 y 21 de la Ley 39/2015. Por ello, solicito que se reconozca mi derecho de acceso a dicha información y se requiera a la entidad reclamada a responder conforme a la normativa vigente. TERCERO: Con 17 de julio se lleva a cabo un requerimiento al sujeto reclamado, no habiendo recibido contestación alguna. CUARTO: Con fecha 22 de julio el reclamante remite contestación del Ayuntamiento en el que se le informa: “En relación con el escrito presentado en fecha 15 de julio de 2025, con nº de registro 2025-ERE-2239, por el que solicita información relativa al cumplimiento de la cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en la plantilla municipal de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015 y en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Se le comunica que en las administraciones públicas el cupo a reservar a personas con discapacidad en la OEP debe ser del 7% previsto en el art. 59.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre de 2015. Que el ayuntamiento de Quintanar de la Orden en las OEP de años anteriores no puede cumplir con ese porcentaje por no superar cupo mínimo establecido. No obstante, en la plantilla de personal de esta entidad se supera el 2% de personas trabajadoras con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Que, en relación con la documentación relativa a los procesos de selección llevados a cabo por este ayuntamiento, se le comunica que toda la información está disponible a través de los distintos medios de difusión, Boletín Oficial de la Provincia, sede electrónica y tablón de anuncios.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: En primer lugar, lo solicitado por el reclamante entra dentro del concepto de información pública previsto en la Ley. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, desarrolla el derecho de acceso a la información pública, reconociendo a todas las personas el derecho a acceder a la información en poder de las administraciones públicas, en los términos previstos en la Constitución. Esta ley define la información pública como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho de acceso es universal, no requiere motivación y solo puede ser limitado por causas expresamente previstas, como la protección de datos personales, la seguridad o la defensa nacional. El derecho de acceso a la información pública en materia de empleo de personas con discapacidad, procesos selectivos, medidas de accesibilidad y planes de acción en la administración local se apoya en un entramado normativo robusto y coherente. La normativa específica sobre empleo público y discapacidad (Estatuto Básico del Empleado Público y Ley General de Discapacidad) impone a las administraciones la obligación de reservar un porcentaje de plazas para personas con discapacidad y de adoptar medidas de accesibilidad y ajustes razonables. El cumplimiento de estas obligaciones es materia de interés público y, por tanto, objeto del derecho de acceso a la información. La jurisprudencia y las resoluciones administrativas han interpretado de manera amplia el derecho de acceso, priorizando la transparencia y la publicidad activa en los procesos selectivos y en la gestión de las cuotas de empleo para personas con discapacidad. Se reconoce que la transparencia en estos ámbitos es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, y que cualquier restricción al acceso debe estar debidamente motivada y ser proporcional. Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos ha señalado que, en el contexto de los procesos selectivos, la transparencia y la publicidad activa del proceso prevalecen sobre el derecho a la protección de datos personales, dada la relevancia constitucional del acceso y provisión de puestos de trabajo y el interés público en conocer el cumplimiento de las cuotas de reserva, citación de autoridad Resolución Nº PS-00009-2019 de Agencia Española de Protección de Datos, 16 de Marzo de 2020. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha recordado que una interpretación restrictiva de los requisitos de acceso a la función pública puede vulnerar derechos fundamentales como la igualdad y el acceso a la función pública, principios que también informan el derecho de acceso a la información sobre estos procesos, citación de autoridad Sentencia del TSJ de Castilla - La Mancha, sala Contencioso Administrativo nº 140/2023 del 26 de mayo de 2023. SEXTO: Sentado lo anterior, es conveniente analizar, si la respuesta dada por el Ayuntamiento cumple con lo solicitado, o es genérica y ambigua. El Ayuntamiento se limita a responder de manera genérica los solicitado por el reclamante, no aportando datos ni lo solicitado en relación con ninguno de los puntos de la petición. 1.- Respecto a la primera cuestión; “Información relativa al cumplimiento de la cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en la plantilla municipal”. La respuesta no ofrece datos verificables (número total de empleados, número de empleados con discapacidad, porcentaje resultante, fecha de referencia, método de cómputo, situación por tipo de vínculo – funcionarios/laborales/temporales–), sino una mera aseveración genérica de que “se supera el 2%”. Esto impide verificar el cumplimiento real. La comunicación dice: “en la plantilla de personal de esta entidad se supera el 2% de personas trabajadoras con discapacidad” sin aportar desglose alguno. No se precisa a qué fecha se refiere el porcentaje (“plantilla a 31/12/20XX”, “media anual”, “situación actual”), ni si el cómputo incluye solo personal fijo o también temporal, ni si el cálculo se ha hecho sobre “plantilla” o “personal total”. La respuesta solo afirma el cumplimiento sin marco temporal ni metodología Omisión de documentación o evidencia que permita control ciudadano. No se aporta información alguna que respalde, al menos, el número de contratados con discapacidad. Se limita a una declaración conclusiva. El texto únicamente asevera el cumplimiento del 2% sin adjuntar soporte documental alguno. El Ayuntamiento debería detallar, además, no sólo plantilla, sino las OEP de los últimos años con: número total de plazas, plazas reservadas a discapacidad, convocatorias, resultados y cobertura efectiva de las plazas reservadas, con enlaces y referencias identificables. Se desplaza el foco a la “reserva del 7% en OEP” para AAPP ya que en “años anteriores” no se pudo cumplir por “no superar cupo mínimo”, cuestión distinta a su pregunta (que iba sobre cumplimiento del 2% en la plantilla actual). Esta digresión no contesta al núcleo de la petición y además no aporta datos concretos de OEP (años, plazas, turnos, convocatorias, resultados). 2.- Derivación genérica a “medios de difusión” sin individualizar ni localizar la información. La respuesta remite de forma vaga al BOP, sede electrónica y tablón, sin facilitar URLS concretas, identificadores de expedientes, fechas, números de boletín o enlaces a las convocatorias. Una remisión genérica impide el acceso efectivo a la información solicitada y no satisface el deber de proporcionar la información específica requerida. Esa publicidad no sustituye la obligación de dar acceso cuando se pide información específica, y que la remisión debe ser “concreta y operativa”. No se facilita el dato solicitado de forma desglosada y tampoco se invoca causa legal de inadmisión, limitación o confidencialidad; se omite la explicación. Se trata de información estadística/numérica que puede suministrarse respetando la protección de datos mediante disociación, pero no se justifica la negativa implícita a detallar. Por tanto, la afirmación de cumplimiento del 2% sin respaldo impide comprobar la veracidad. Tratándose de una cuestión de especial sensibilidad (inclusión de personas con discapacidad), el estándar esperado es aportar datos verificables y, en su caso, planes de cumplimiento. SÉPTIMO: Respecto a la última cuestión planteada en relación con iniciativa futura planificada para mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad, no puede ser estimada, ya que esta información no se ajusta a la definición de Información pública prevista en la Ley de Transparencia. La información debe existir, estar documentada y haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de funciones públicas. Los planes futuros o intenciones, si no están formalizados en documentos oficiales, no cumplen estos requisitos. Los planes o intenciones para el futuro suelen ser parte de procesos de reflexión interna, que están protegidos por el artículo 14 de la misma ley. Este artículo establece límites al acceso a la información cuando compartirla podría afectar el proceso de toma de decisiones. Hasta que no se adopte una decisión definitiva, los puntos de vista, recomendaciones u opiniones que forman parte del proceso deliberativo no son accesibles. La transparencia se basa en el principio de que la información debe estar documentada. Las ideas, intenciones o planes que aún no se han plasmado en documentos oficiales no pueden ser objeto de acceso, ya que no hay un soporte verificable. III. RESOLUCIÓN Considerando lo anterior, en cuanto a lo solicitado por , en su reclamación ante el Ayuntamiento de Quintanar de la Ordena, procede ESTIMAR PARCIALMENTE la misma, en los siguientes términos: Primero.- Respecto a la información “Informe de Cumplimiento: Informe detallado sobre el cumplimiento de la cuota del 2% de contratación de personas con discapacidad en la plantilla del Ayuntamiento incluyendo datos estadísticos y análisis comparativos con años anteriores. Ampliar la información que no se haya satisfecho. Segundo: en relación con los Procesos de Selección: Documentación relativa a los procesos de selección llevados a cabo para cubrir los puestos reservados para personas con discapacidad, incluyendo: Fechas de las convocatorias. Criterios de selección aplicados. Resultados obtenidos y número de personas con discapacidad contratadas, remitir enlaces concretos donde se encuentre publicada esta información, ya que el Ayuntamiento remite al BOP de manera genérica. En este caso podrá conceder información de listado genérico haciendo mención al número de contratados dentro de cupo, tipo de contratos y sin más datos personales. Limitar los datos a lo estrictamente necesarios para verificar el cumplimiento: totales, desgloses numerarios y porcentajes; evitar cualquier dato que permita identificar personas (nombre, DNI, iniciales, códigos internos, departamentos si pueden singularizar, etc.). Tercero: respecto a la Medidas de Accesibilidad, Documentación que acredite la transparencia y publicidad de los procesos de contratación, así como las medidas adoptadas para informar a las personas con discapacidad sobre las oportunidades de empleo disponibles en el Ayuntamiento y Plan de Acción: y medidas correctoras implementadas en caso de incumplimiento de la cuota de contratación, si existen protocolos/planes/documentos vigentes, en caso de existir deben aportarse en copia o con enlace directo, o, si no existen, que se declare expresamente su inexistencia mediante diligencia o certificado Cuarto: Respecto a futuras medidas solicitadas, INADMITIR, por lo expresando en el Fundamento Jurídico séptimo,