Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia acceso a un expediente judicial, alegando falta de respuesta y deficiencias en el acceso al sistema. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque las solicitudes versan sobre actividades sujetas a Derecho Procesal y constituyen quejas o denuncias, no solicitudes de acceso a información pública según la LTAIBG.
La mercantil COCO GOURMET GATRONOMÍA, S.L. solicitó al Consorcio de Compensación de Seguros el acceso a un informe pericial y al expediente de un siniestro por inundación. Tras presentar erróneamente la solicitud como reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar el procedimiento ya que la interesada formalizó la solicitud por la vía correcta y ya obtuvo una resolución de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre la puntualidad de las líneas C1 y C2 de Cercanías Málaga en 2023. ADIF inadmitió la petición alegando falta de disponibilidad, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un delegado sindical de la UGT solicitó al Ayuntamiento de Arrecife diversa documentación sobre personal, contratos y seguros. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que el solicitante debía usar la normativa laboral específica. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la relación de expedientes y la URL de la póliza.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre las compatibilidades y actividades autorizadas de un Guardia Civil concreto. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por la multiplicidad de peticiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó detalladamente el abuso para esta solicitud concreta.
El solicitante pidió al SEPE copia de todas las denuncias interpuestas contra él desde 2014. Alegó que los procedimientos estaban concluidos y no en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al ser el solicitante el afectado, debe acceder a dicha información a través de la normativa de procedimiento administrativo y no por la LTAIBG.
Se solicitó a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha el expediente de intervención arqueológica en la Colegiata de Pastrana y copias de inspecciones de obras. La Consejería alegó extemporaneidad, uso incorrecto del canal de solicitud y reiteración abusiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarla reiterativa y desproporcionada.
El solicitante pidió a la Diputación de Guadalajara sentencias judiciales mencionadas en su Plan de Ordenación de Empleo Público. Alegó que la respuesta recibida era insuficiente al remitir un enlace genérico. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación considerando correcta la actuación de la Diputación.
Un ex trabajador solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia actas sobre la reclasificación retroactiva de la Policía Portuaria. La entidad denegó el acceso alegando que era información laboral privada y que podría afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Noalejos detalles sobre las retribuciones y gastos de representación del Alcalde y la corporación (2019-2024). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era abusiva y repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información por no acreditarse tales causas.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de El Piñero el expediente de modificación de créditos 2/2023. Tras alegar una denegación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación porque el Ayuntamiento ya había resuelto favorablemente la solicitud previa, habiendo sido la notificación rechazada por el propio interesado vía electrónica.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Boecillo los contratos realizados con una empresa específica desde 2015. El Ayuntamiento alegó que la petición requería reelaboración y era abusiva. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el proceso para dar audiencia a la empresa afectada y posteriormente facilitar la información.
D. XXX solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León datos detallados sobre grandes incendios de los últimos 10 años. La Consejería inadmitió la solicitud alegando abuso por volumen y necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos, excepto la información sobre labores preventivas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander información sobre el proyecto urbanístico de la Colonia del Mar y el proceso administrativo de ejecución de obras. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información disponible se facilitó tardíamente y fue necesaria la intervención del Consejo.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Tejeda el acta de la Junta de Gobierno Local del 25/01/2019. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un uso abusivo de solicitudes que obstaculizaba la eficacia administrativa. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, aceptando que la carga de trabajo paralizaba la actividad administrativa.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Cartagena actas de la mesa negociadora y documentación sobre la Relación de Puestos de Trabajo. Tras alegar silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia declaró la pérdida de objeto porque el Ayuntamiento ya había facilitado la información y atendido las dudas, e inadmitió nuevas peticiones por ser reiterativas.
Se solicitó a Mercasevilla, S.A. copia de los títulos de cesión de inmuebles y naves vigentes desde enero de 2019. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad respondió a una solicitud anterior distinta y no justificó legalmente la denegación de la petición actual.
Un funcionario solicitó al SEPE una descripción detallada de sus funciones, normativa aplicada y experiencia técnica en un periodo concreto. El solicitante alegó que la Administración posee dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque lo solicitado no es información pública, sino un certificado de funciones de carácter particular.
Se solicitó al Ministerio de Defensa copia de las Instrucciones Técnicas (IT) vigentes para la gestión de expedientes de militares del Ejército de Tierra. El solicitante alegó que son información de relevancia jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información al no concurrir causas de inadmisión.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible datos detallados sobre horarios reales, retrasos y pasajeros de Renfe Cercanías Barcelona. El solicitante alegó fines periodísticos y cuestionó los tests de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una reelaboración de datos desproporcionada.
La asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó a ARCGISA la forma de provisión, formación y puestos ocupados por una empleada. ARCGISA denegó el acceso alegando falta de legitimación y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la solicitud: ordena facilitar la forma de provisión y formación, pero deniega los puestos específicos para proteger la integridad de la empleada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Lora del Río los contratos y pagos realizados a dos empresas de ambulancias desde 2004. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declaró la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad entregó la información solicitada durante la tramitación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Tordesillas los motivos de la nulidad del 'Toro de la Vega' de 2009, 2010 y 2012. El Ayuntamiento alegó que la petición era abusiva por su antigüedad y que los documentos no constaban en el archivo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información o notificar formalmente su inexistencia.
Electricidad Amaro, S.A. solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza diversa documentación sobre contratos, facturas y certificaciones de alumbrado público. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación: obliga al Ayuntamiento a entregar la información de expedientes concretos, pero inadmite la solicitud de facturas genéricas y obras del año 2000 por ser indeterminadas y abusivas.
El solicitante pidió a la Xunta de Galicia el detalle del gasto en publicidad institucional (2022-2023) desglosado por medio, empresa y CIF. Alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes y no requerían reelaboración. La Comisión de la Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible vía portal y que el desglose solicitado implicaría una reelaboración abusiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz actas del Consejo Escolar, contratos del bar, resúmenes de gastos y presupuestos de un IES. El solicitante alegó que la información existía en sistemas informáticos y que la denegación era injustificada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a facilitar la información o retrotraer el proceso.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla informes relativos a un Recurso Extraordinario de Revisión sobre calificaciones escolares. La entidad inadmitió la petición por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse la identidad objetiva entre solicitudes.
El reclamante solicitó acceso a información a la Autoridad Portuaria de A Coruña mediante un escrito sin petición concreta. El organismo inadmitió la solicitud por abusiva y carente de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el escrito original no constituía una solicitud de información pública según la LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Tendilla copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2014 y 2015. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la solicitud por considerarla abusiva, al requerir un esfuerzo desproporcionado que paralizaría la gestión municipal.
Se solicitó información estadística sobre alumnos, notas de selectividad, EBAU, promoción en ESO y procesos de admisión de centros educativos a la Consejería de Educación de Castilla y León. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y requería una reelaboración desproporcionada. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de El Tejado balances detallados y extractos bancarios de 2014 a 2018. Tras una presunta desestimación por silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación por considerar la solicitud manifiestamente repetitiva, ya que la información fue ya concedida y remitida en procedimientos anteriores.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copias anonimizadas de los planes mensuales y cantidades percibidas por miembros de la Comisión Paritaria del III Convenio de Puertos del Estado. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso y vulneración de la libertad sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El interesado solicitó a la Diputación de Guadalajara el acceso a los expedientes de concesión de retribuciones por productividad desde 2019. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerarla reiterativa y por prevalecer la protección de datos personales sobre el interés de transparencia.
El portavoz del Grupo Popular solicitó al Cabildo Insular de Gran Canaria la relación de entidades con reintegros de subvenciones (documentos DRI), importes e intereses de demora. El Cabildo inadmitió la solicitud alegando protección de datos y carácter abusivo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la lista y los importes, pero no los intereses de demora por no existir dicha información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Llinars del Vallès la publicación de los acuerdos de la Junta de Govern Local. Tras alegar la falta de publicación y la demora administrativa, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por centrarse en obligaciones de publicidad activa y no en un derecho de acceso individual.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Renfe cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2022 para un estudio académico. El reclamante alegó que los servicios están financiados con fondos públicos y que no es necesaria la motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
La Asociación Club Ciclista Los Dalton solicitó al Ayuntamiento de San Roque el número exacto de planes de seguridad de 2021 y 2022 firmados por un técnico concreto. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva por la carga irrazonable de trabajo que supone revisar 176 expedientes uno a uno.
Se solicitó al Ayuntamiento de Gérgal el acceso al Libro de control de las Resoluciones de Alcaldía (2022 y parte de 2023). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo/repetitivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que el solicitante concrete su petición.
Una trabajadora solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra las instrucciones sobre las funciones de su puesto de trabajo. La administración denegó el acceso alegando un interés puramente privado y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud tiene una finalidad laboral y particular ajena al control de la gestión pública.
Un ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre empleo público, contratos y convenios. El interesado alegó que la inadmisión en bloque de sus peticiones era discriminatoria y obstruccionista. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, validando la inadmisión por uso abusivo y repetitivo de los medios públicos.
Un ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre los nombramientos y expedientes personales de diversos profesionales. El reclamante alegó que no se realizó una ponderación adecuada de los derechos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la información solicitada afecta a datos personales de empleados no directivos.
Un ciudadano solicitó información sobre puestos de trabajo a la Dirección General de Función Pública de Navarra. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva respecto a peticiones del año anterior. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, argumentando que el paso de un año permite variaciones en los datos de la plantilla.
Una ciudadana solicitó a la Junta Administrativa de Etura actas de concejos, un acta específica sobre la "Finca Moisés" y documentación judicial relacionada. Tras la denegación basada en que la interesada ya conocía los temas por asistir a las sesiones, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica información sobre inspecciones en parcelas de Doñana. Tras la inadmisión del Ministerio alegando protección de datos y carga administrativa, el reclamante alegó que se le podía entregar la información no restringida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar los datos anonimizados.
Un ciudadano presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias solicitando la aclaración y retractación de una resolución previa que calificaba su conducta de abusiva y revelaba su actividad laboral. El Comisionado estima parcialmente la reclamación, limitándose a aclarar los fundamentos jurídicos del abuso de derecho y la protección de datos.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior información sobre el gasto ejecutado en la Medida Segunda del Acuerdo Administración-Sindicatos de 2019 y resoluciones de la CECIR. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando reelaboración y abuso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las resoluciones de la CECIR pero denegando el dato del gasto.
Un funcionario solicitó al SEPE información sobre comisiones de servicio en Zaragoza (nombres, puestos y plazos). El SEPE denegó los datos personales y inadmitió la solicitud de motivos de la gestión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos identificativos, pero desestima la petición de justificaciones administrativas.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un proceso selectivo de Policía Portuario, incluyendo costes, contratos de consultoría y motivos de cambios en el tribunal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y la justificación del contrato de consultoría, pero deniega el resto por no ser información preexistente o ser auxiliar.
Se solicitó a la Universidad Pablo de Olavide copia de expedientes académicos de alumnos premiados. La Universidad inadmitió la petición alegando que se pretendía reabrir un procedimiento finalizado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, pues la gestión de fondos públicos (premios) justifica el interés público y el acceso.
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