Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un agente de la Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior información sobre donaciones recibidas por la Comandancia de Las Palmas y expedientes disciplinarios de su unidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, pues la información sobre sanciones está clasificada como reservada según la Ley de Secretos Oficiales y la información de donaciones ya fue concedida en otra resolución.
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a la Consejería de Sanidad el desglose individualizado de gratificaciones extraordinarias de 2020 y 2021. Tras la inadmisión por considerarse solicitud repetitiva, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para realizar el trámite de audiencia.
Se solicitó a la Diputación de Granada documentación sobre expropiaciones, trazado de la carretera GR-3417 y subsanación de informes sectoriales. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre el informe sectorial no notificada.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre la reclasificación de puestos A1 y A1A2. El Ministerio denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información obra en poder del órgano y no se justifica la complejidad técnica alegada.
El solicitante pidió a la AEAT los informes que justificaran el incremento de gastos de personal en los PGE 2023. La AEAT alegó que dichos informes no existían y que la solicitud era inadmisible por pretender la creación de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando a la AEAT a facilitar las razones y documentación disponible sobre dicho incremento.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior especificaciones técnicas y datos de contratación de la aplicación VeriPol. El Ministerio denegó el acceso alegando carácter abusivo y perjuicio a la investigación policial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por falta de motivación en los límites invocados.
D. XXX solicitó a la Diputación de Burgos información sobre contrataciones publicitarias, convenios de promoción y expedientes de la Vuelta Ciclista a Burgos de los últimos 5 años. Tras una desestimación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que las remisiones web eran incorrectas y no se justificaron las causas de inadmisión.
El solicitante pidió a la Comunidad de Regantes Salva García certificados de riego, el padrón de usuarios y diversos planos técnicos. Tras la falta de respuesta y alegaciones de la entidad sobre el carácter abusivo de la petición, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los planos técnicos.
Una ciudadana solicitó copia de su expediente administrativo al Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era repetitiva y que debía acudir presencialmente por falta de digitalización. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena la entrega de la información mediante cita presencial.
Un ciudadano solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones y motivos para no ser invitado a la Taula de l'Esport. Tras el silencio administrativo, presentó reclamación. La GAIP inadmitió la solicitud por considerarla un abuso del derecho, al intentar forzar una acción administrativa mediante el derecho de acceso.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès expedientes de subvenciones (2018-2022). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando tarea compleja y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es pública y que la carga de trabajo puede solventarse ampliando el plazo de entrega.
Una ciudadana solicitó a la UPV/EHU acceso a la documentación de méritos de otros candidatos en una bolsa de trabajo. La Universidad inadmitió parcialmente la solicitud por ser repetitiva y abusiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación al considerar que, al ser la solicitante interesada en un procedimiento administrativo en curso, debe acudir a la vía contencioso-administrativa.
El solicitante pidió a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía la fecha de publicación de la convocatoria del primer puesto de trabajo de un empleado. El solicitante alegó que la denegación era injustificada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por ser la solicitud manifiestamente repetitiva.
Una UTE solicitó a ADIF el informe de un accidente ferroviario y las grabaciones relacionadas. ADIF denegó el acceso alegando que el informe era interno y la solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a ADIF a entregar la información al considerar que el informe es relevante para la rendición de cuentas y que el interés privado no justifica la denegación.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Economía Sostenible el expediente de autorización de un centro comercial en Valencia. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo Valenciano de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar casi toda la documentación excepto el plan de negocio e inversión.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el detalle de unas gestiones y la razón de no haber obtenido una reunión con una alta responsable. El solicitante alegó la inadmisibilidad de la respuesta administrativa. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que busca forzar una actividad administrativa y no obtener información pública preexistente.
El solicitante pidió al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya detalles sobre gestiones administrativas y motivos para no concederle una reunión con la Consellera. La GAIP inadmitió la reclamación por considerar que no se busca información pública, sino forzar una acción administrativa, incurriendo en un abuso de derecho.
Se solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones para obtener una reunión con la Cap de Gabinet. El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que se utilizaba el derecho de acceso para forzar la actividad administrativa y no para obtener información pública.
Se solicitó al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya la identidad de una persona, la fecha de entrega de handbikes y el futuro de proyectos de deporte adaptado. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que busca forzar una acción administrativa y no obtener información pública preexistente.
Se solicitó al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya conocer las gestiones de una petición de reunión y los motivos para no ser invitado a la Taula de l'Esport. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP inadmitió la reclamación por abuso de derecho, al considerar que se usó la transparencia para forzar acciones administrativas y no para obtener información pública.
Se solicitó al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona información sobre los salarios de altos cargos. El solicitante recurrió a la GAIP tras la negativa del organismo. La GAIP decidió inadmitir la reclamación porque la información salarial no forma parte de las funciones públicas del colegio y por considerar que la reiteración de la solicitud es abusiva.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes información sobre licencias de actividad, padrones de mascotas y vehículos, y datos médicos del personal de limpieza. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y falta de medios. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar la información administrativa y censal, pero deniega los datos médicos por vulnerar la intimidad personal.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes documentación sobre el concurso, adjudicación y tasas del servicio de alcantarillado. El Ayuntamiento se opuso alegando falta de medios y abuso de derecho. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a entregar la información.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes diversos informes, facturas y contratos. El Ayuntamiento se opuso alegando falta de medios, volumen excesivo de solicitudes y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información, ya que no se acreditó la intención de colapsar la Administración ni concurren límites legales al acceso.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes documentación sobre una denuncia ante la Oficina Antifrau por presunta doble facturación, relación de empresas sancionadas y asistencia jurídica de la Diputación. El Ayuntamiento alegó falta de medios y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información por ser pública y no concurrir límites legales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y documentación sobre el destino y coste de equipos de protección individual (mascarillas). El reclamante alegó que la inadmisión de su solicitud fue incorrecta. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública declara la terminación de la reclamación al comprobarse que la información ya había sido facilitada previamente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Casas del Monte información sobre la previsión de arreglar un camino público. El Ayuntamiento alegó protección de datos y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud no pedía un documento existente, sino que instaba a la Administración a realizar una actuación material futura.
El solicitante pidió a MUFACE información sobre reconocimientos médicos, fechas de cambio de aseguradora y recetas médicas. Tras recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuestionando la veracidad de los datos sobre la baja en Adeslas. El CTBG desestima la reclamación al comprobar que MUFACE facilitó toda la información disponible.
Un agente solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil datos detallados sobre comisiones de servicio. El interesado alegó que la información es pública y accesible vía SIGO. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque atender la solicitud requeriría la elaboración de un informe ad hoc, incurriendo en la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIBG.
Un periodista solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los expedientes completos de accidentes e incidentes en centrales nucleares españolas. El CSN inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al CSN a facilitar los expedientes excluyendo datos personales.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Padules bases presupuestarias, retribuciones de cargos electos, un expediente sobre unas RRHH y normativa de bienestar animal. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y falta de recursos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por no acreditarse causas legales de denegación.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre nombramientos, compatibilidades y evaluaciones de jefaturas desde 2015. El reclamante alegó que la información es accesible y el volumen de puestos es reducido. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestima la reclamación, validando la inadmisión por reelaboración y carácter abusivo.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el expediente, informes y actas sobre el cambio de nombre de la primera bandera de La Legión. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que el interesado ya tenía acceso vía recurso administrativo y que la petición era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al desestimar dichas causas de inadmisión.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública microdatos de IVA y libros de registro (1990-2021) para investigación. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y desproporcionada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, debido a que la Administración no respondió en el plazo legal establecido.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia estadísticas mensuales de cartas de naturaleza (2013-2022) y datos personales de concesiones desde 2021. El interesado alegó que la información ya existía y no requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la petición exigía la elaboración de un informe ad hoc.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente de instalación de una antena de telefonía móvil. El reclamante alegó no haber recibido materialmente la documentación a pesar de que la Administración concedió el acceso tardíamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación para que se corrija el error y se remita la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre un sistema dinámico de adquisición de software y datos sobre videovigilancia y reconocimiento facial. La reclamante rechazó los argumentos del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se pedían informes ad hoc o información inexistente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Venturada informes técnicos/jurídicos de licencias de obra de 2022, relación de expedientes de un técnico, su contrato y la motivación de las licencias. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes y la información de la plantilla (RPT).
Una persona solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre gestiones de accesibilidad y competencias en la eliminación de barreras arquitectónicas. Tras una admisión parcial de la Administración, la GAIP decidió inadmitir parcialmente la reclamación por abuso de derecho y desestimar el resto al no existir la información solicitada.
Se solicitó al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya información sobre competencias y gestiones en materia de accesibilidad. El reclamante alegó que la Administración no respondió satisfactoriamente. La GAIP resolvió la inadmissión parcial y desestimación parcial por considerar que existe un abuso de derecho y que se trata de consultas jurídicas.
Se solicitó a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía un listado detallado de subvenciones y préstamos concedidos a empresas entre 2005 y 2007. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque los enlaces facilitados eran genéricos y no cubrían todas las entidades solicitadas.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el listado de viajes y gastos de sus altos cargos desde 2018. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y falta de finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no acreditarse el abuso ni la falta de interés público.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud datos sobre controles oficiales no previstos y tasas percibidas entre 2018 y 2022. El solicitante alegó que su interés es público al querer conocer la gestión de ingresos tributarios. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la información no existe en la forma solicitada y requeriría reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre la marisma de El Pinar de Huelva. Alegó que el Ministerio no remitió la solicitud al órgano competente según el art. 19.1 LTAIBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a responder sobre su propio conocimiento y tutela de las obras.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidade actas de inspección y datos de control de dos establecimientos (McDonald's y 100 Montaditos). Ante el silencio administrativo, reclamó la información. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar resolución expresa, rechazando que la finalidad del solicitante sea motivo de denegación.
Una asociación solicitó a la Ciudad Autónoma de Melilla datos estadísticos sobre la recogida y sacrificio de animales por TRAGSATEC y la identidad del supervisor técnico. La administración inadmitió la solicitud por considerarla reiterativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al no ser repetitiva.
El solicitante pidió a la Comandancia de la Guardia Civil la copia acreditativa del traslado de una solicitud al órgano competente. Tras una respuesta incompleta, el interesado alegó que la información es pública y administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio del Interior a entregar el documento.
1001–1050 de 3094