Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El interesado solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM copia de todos los informes de la Intervención General sobre contratos menores, licitaciones y subvenciones desde 2019. La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva, requerir reelaboración y afectar al secreto profesional. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
El reclamante solicitó a la AECID información detallada sobre gastos de eventos, proyectos, salarios y gestión en sus centros culturales y actividades en el extranjero. La AECID inadmitió parcialmente las solicitudes alegando que la información estaba en elaboración, requería reelaboración o era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo de las solicitudes por su elevado número, frecuencia y heterogeneidad, que colapsaban el funcionamiento del organismo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Igualada información sobre campañas de seguridad vial, la memoria anual 2023 de la policía local y datos de sanciones de tráfico. El Ayuntamiento alegó ejercicio abusivo del derecho y dificultad técnica para extraer los datos. La GAIP estima la reclamación por tratarse de información pública, obligando a su entrega anonimizada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Igualada información sobre campañas de seguridad vial, la memoria anual 2023 de la policía local y datos de sanciones de tráfico. El Ayuntamiento alegó ejercicio abusivo del derecho y dificultad técnica para extraer los datos. La GAIP estima la reclamación por tratarse de información pública, obligando a su entrega anonimizada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Illescas la personación en expedientes urbanísticos y acceso a la documentación asociada. El reclamante alegó vulneración del derecho de acceso y legitimación por acción pública. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha inadmitió la reclamación porque el interesado interpuso previamente un recurso de reposición.
Un solicitante pidió al Parque Móvil del Estado (PMEOA) listas nominales de conductores que solicitaron participar y de todo el personal (conductores y no conductores) que participó en cada acto de la Presidencia Española de la UE 2023. El PMEOA concedió parcialmente, alegando inviabilidad técnica y desproporción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación, ordenando al PMEOA entregar la lista nominal de todo el personal participante por evento, al considerar injustificadas las causas de inadmisión por reelaboración y protección de datos.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián documentos posteriores al 12 de abril de 2024 relacionados con el nombramiento del director de la Guardia Municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y que no existía documentación posterior a esa fecha en el expediente original. El reclamante alegó la existencia de documentos de un recurso de reposición. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, ordenando al Ayuntamiento entregar la información, al considerar que la solicitud no era repetitiva y que los documentos existían en un expediente relacionado.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco información detallada sobre electroshocks aplicados en Euskadi entre 2019 y 2023. Ante el silencio administrativo, presentó una reclamación ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. La Comisión inadmite la reclamación por ser manifiestamente repetitiva, ya que la misma solicitud había sido presentada previamente y aún estaba en trámite.
Un sindicato solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la dirección de su sede electrónica y puntos de acceso para la ciudadanía. Ante la desestimación presunta, el sindicato reclamó. El Departamento alegó que la solicitud era repetitiva y ya había sido contestada, aunque la notificación fue rechazada. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación, al considerar que la solicitud no era repetitiva (pedía información para ciudadanos, no funcionarios) y la información previa estaba desactualizada.
Un miembro del Comité de Empresa del Ministerio de Hacienda solicitó al Parque Móvil del Estado información detallada sobre los servicios (ordinarios y extraordinarios, con fechas y horas) realizados por cada conductor entre julio y diciembre de 2023. El PME inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. El reclamante alegó que la información existía digitalmente y era necesaria para su función de representación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud implicaba una reelaboración compleja que afectaría el funcionamiento ordinario del organismo.
Una representante del Comité de Empresa solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de sus conductores (fechas y horas) del segundo semestre de 2022. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja de la información no prevista en la ley.
Un delegado sindical solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de sus conductores (enero-junio 2023). El solicitante alegó que los datos son digitales y no requieren reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que generar dicho informe ad hoc supone una reelaboración previa (art. 18.1.c LTAIBG).
Un ciudadano solicitó a AENA los anuncios de adjudicación de contratos de obra SARA (2009-2015) para una tesis doctoral. AENA denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo por interés privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a AENA a entregar la información por no acreditarse dichas causas.
Un exfuncionario solicitó al Instituto Español de Oceanografía la nulidad de un criterio de productividad, la revisión de sus haberes y el desglose de sus puntuaciones de evaluación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación porque las peticiones de nulidad y revisión no son solicitudes de información pública y la petición de datos era una reiteración de una solicitud ya resuelta y firme.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León datos detallados sobre expedientes sancionadores de empleados públicos de los últimos 10 años. Tras dos inadmisiones administrativas, la interesada reclamó ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, que desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre resoluciones de compatibilidad de diversos facultativos. El reclamante alegó que la denegación basada en la necesidad de reelaboración era un argumento genérico. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias desestimó la reclamación al considerar que la información ya es pública vía web y que el derecho de acceso no obliga a crear información nueva.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Cubo de la Solana las resoluciones de la Alcaldía de los últimos 4 años. Tras una desestimación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información previa disociación de datos personales, al no acreditarse un uso abusivo del derecho ni límites insalvables.
Una persona solicitó al Servei Català de la Salut actas de comisiones de farmacia y protocolos hospitalarios. La administración denegó el acceso alegando abuso de derecho por la reiteración de solicitudes y fines comerciales. La GAIP estima la reclamación, determinando que buscar actualizaciones temporales no es abuso y que el derecho de acceso no requiere motivación.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) copias de informes de gestión de una profesional sanitaria en residencias. Tras una inadmisión inicial del ICS, el reclamante recurrió alegando la existencia de la información. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el ICS entregó la información durante la tramitación del expediente.
Un representante sindical solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) las Descripciones de Lugares de Trabajo (DLT). El ICS inadmitió la petición alegando carácter abusivo y complejidad por el volumen de plazas. La GAIP estima la reclamación porque la DLT se refiere a tipos de puestos y no a plazas individuales, y el solicitante tiene un derecho de acceso reforzado por su función sindical.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) copias de informes de gestión de una profesional sanitaria en residencias. El ICS inadmitió inicialmente la petición alegando que no era información pública. La GAIP decide finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el ICS acabó entregando la información solicitada durante la tramitación.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat las actas de las comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospitales públicos y la actualización de protocolos clínicos. Tras la denegación basada en confidencialidad y reiteración, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas pero denegando la actualización de protocolos por requerir reelaboración.
El solicitante pidió a la Consejería de Justicia de Andalucía saber si el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa había remitido el acta de una sesión plenaria telemática. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al determinar que la información solicitada es distinta a la de peticiones previas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata la relación de secretarios municipales (2009-2023) y quién autorizó pagos al alcalde. Tras la denegación municipal, la GAIP decidió inadmitir la reclamación por falta de fundamento, ya que se trata de una reiteración idéntica de una solicitud previa ya resuelta (Reclamación 512/2024).
Una ciudadana solicitó a Renfe y Adif cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2023 para un estudio académico. Tras una estimación parcial que remitía a datos públicos generales, la solicitante reclamó por la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva e incoherente con la finalidad de la ley.
Una ciudadana solicitó a ADIF cifras detalladas de viajeros de 2023 en diversas estaciones gallegas para un análisis académico. Tras una respuesta parcial de RENFE que remitió a datos ya publicados, la interesada reclamó la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
Se solicitó a la Diputación de Guadalajara documentación sobre convenios de delegación de funciones de recaudación e inspección con el Ayuntamiento de Pastrana. La Diputación alegó que el solicitante ya obtuvo dicha información en expedientes previos. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por ser manifiestamente repetitiva.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las actas de la Junta Directiva de la Mutua MAZ (2007-2023). La Mutua denegó el acceso alegando confidencialidad, secreto empresarial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Autoridad Portuaria de Cartagena) datos sobre contratos y gastos de la carrera 10k del puerto. La administración denegó el acceso alegando un proceso judicial abierto y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Ecologistes en Acció solicitó al Ayuntamiento de la Pobla Llarga copias digitales de analíticas de agua potable de agosto de 2023. El Ayuntamiento alegó que la información ya estaba publicada y que la solicitud era repetitiva. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación porque la solicitud concretaba información no disponible en el enlace previo y no hubo abuso de derecho.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre un plan urbanístico y reuniones con asociaciones vecinales. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la solicitud son quejas o consultas normativas ajenas al derecho de acceso, y el resto es información repetitiva ya tratada en reclamaciones previas.
El solicitante pidió a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a expedientes, actas e informes de órdenes de servicio. Alegó que la solicitud era nueva pues se basaba en información obtenida previamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud era manifiestamente repetitiva, al coincidir con una petición anterior ya resuelta.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena copia de expedientes de contratación menor de servicios TIC. La entidad denegó el acceso alegando intereses comerciales, secreto profesional y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que los límites fueron invocados de forma genérica y no justificada.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato menor de asesoría jurídica. La APC denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que no es idéntica a peticiones previas ni afecta a procesos judiciales actuales.
El interesado presentó una reclamación contra el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decide inadmitirla debido a que el asunto ya había sido objeto de resolución previa y la administración ya había cumplido con la entrega de la información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Porzuna información sobre bienes del alcalde y concejales, grabaciones de plenos y gastos detallados. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha inadmitió dos peticiones por falta de competencia, estimó la entrega de una declaración de bienes y estimó parcialmente la entrega de proveedores.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre los criterios de uso de aparcamientos reservados para vehículos oficiales y posibles privilegios según la categoría profesional. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada tardíamente durante el proceso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor para eventos de la Virgen del Carmen. La entidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que el interesado no tenía legitimación según la LCSP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el detalle de gastos en publicidad de enero a abril de 2024 y el presupuesto anual. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación, requería reelaboración y era repetitiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa convenios, expedientes e informes sobre la cesión del Cuartel de Loyola y otras parcelas al Ayuntamiento de San Sebastián. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando carácter auxiliar de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información completa.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valencia el expediente completo sobre el cambio de ubicación de contenedores en la calle Mestre Josep Serrano. Tras recibir solo un informe, reiteró la solicitud sin obtener respuesta. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a entregar toda la documentación del expediente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los enunciados de las pruebas psicotécnicas de la promoción XXXIX de acceso a Escala Básica del CNP. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información al no acreditarse el carácter abusivo de la petición.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social las actas de infracción y resoluciones sancionadoras del Ayuntamiento de Madrid desde 2013. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de jurisprudencia firme del Tribunal Supremo.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Justicia de Huelva la identificación del empleado público que tramitó una solicitud previa por haber superado el plazo legal. La entidad denegó el acceso alegando que debía tramitarse vía Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar dicha identidad.
El solicitante requirió al Servicio Canario de la Salud información sobre nombramientos, remuneraciones, compatibilidades y contratos. El reclamante alegó que la inadmisión en bloque era discriminatoria y obstruccionista. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, validando la inadmisión por uso abusivo del derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata la información sobre los cobros de un regidor desde que asumió el cargo hasta 2009. El Ayuntamiento inadmitió la petición por considerarla reiterativa y basándose en la complejidad de la tarea (documentos en papel). La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar el acceso a una sentencia judicial de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que estaba disponible en el CENDOJ. La GAIP estima la reclamación porque el enlace al CENDOJ no funciona y el Ayuntamiento, al ser parte en el proceso, posee la sentencia y debe facilitarla.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque documentación técnica y proyectos de obra sobre unos estacionamientos específicos. Ante la falta de respuesta y un requerimiento de subsanación no justificado, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información y a retrotraer el proceso para dar traslado a terceros afectados.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que la identidad del funcionario es información pública y no depende de la finalidad del solicitante.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad la identificación del empleado público que tramitó una solicitud previa. La entidad inadmitió la petición por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía terminó el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
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