Reclamación de acceso a la información sobre el expediente de intervención arqueológica en la Colegiata de Pastrana desestimada por reiteración abusiva

RESOLUCIÓN 124/2024 S/REF: 1305101Q REF Interna RE0232 Fecha: La de la firma Reclamante: Dirección: Administración/Organismo: Consejería de Educación, cultura y deportes Resolución: Desestimar ASUNTO: RECLAMACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 17 de abril se presenta, en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y buen gobierno de Castilla- La Mancha escrito de con registro de entrada nº 232, de reclamación de acceso contra petición realizada contra la Consejería de Educación , cultura y deportes. En él solicita: “ Solicita copia expedientes 11.1430 de intervención arqueológica en la Colegiata de Pastrana, copia de las inspecciones realizadas en relación a las obras del museo." Con fecha 19 de abril se remite a la Entidad escrito, y se le concede plazo para que manifieste lo que considere oportuno. Ésta remite contestación con fecha 17 de mayo en el que manifiesta lo siguiente: “En relación con la reclamación presentada por el 17 de marzo de 2024 ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, por la omisión de contestación a su solicitud previa en materia de bienes de interés cultural (expediente 11.1430 de intervención arqueológica en la Colegiata de Pastrana, Guadalajara), se realizan las siguientes consideraciones: Primera. Con carácter previo, se pone de manifiesto que del requerimiento enviado por el Consejo (nº 131566) no es posible deducir o identificar la solicitud inicial dirigida por el interesado a la Delegación Provincial de Guadalajara, a efectos de conocer la fecha concreta de su presentación. En este sentido, una vez consultada por esta Secretaría la citada Delegación, esta ha remitido una solicitud con idéntico objeto de fecha 8 de marzo de 2024 (documento nº 1), por lo que a la vista de la fecha de la reclamación (en principio, salvo error, en el requerimiento se indica la del 17 de marzo) cabe deducir que la reclamación se ha presentado por el interesado de forma extemporánea, al no haber transcurrido entre ambas fechas el mes previsto en el artículo 64.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno, lo que determinaría su inadmisión por tal motivo. Segundo. La solicitud inicial se formuló por el interesado como solicitud genérica en el Registro Único de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no a través del medio habitualmente previsto para la presentación de estas solicitudes, el Portal de Transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, razón que ha motivado que la Unidad de Transparencia de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, creada en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, no haya tenido conocimiento de la solicitud hasta este requerimiento derivado de la reclamación frente al Consejo, sin que, por tanto, desde esta Secretaría General se haya tenido ocasión de instar la contestación de la solicitud por parte del órgano gestor o, en su caso, analizar en el momento de su presentación las posibles causas de inadmisión o los límites en el acceso que pudieran concurrir previstos en la citada normativa de transparencia y que pueden considerarse presentes en este procedimiento. Tercera. En cuanto al fondo del asunto, de acuerdo con lo señalado por el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura y Deportes y según consta, asimismo, en la documentación que obra en esta Secretaría General, se informa que ya se le dio el acceso al citado expediente 1.1430 mediante la Resolución 65/2020, de 6 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que se adjunta (documento nº2). En concreto, teniendo en cuenta el elevado volumen de la documentación del expediente, su falta de digitalización y los medios personales existentes, se facilitó el acceso a dicha información por comparecencia personal en las dependencias de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, en los términos señalados en la propia Resolución. Al no estar conforme con ello, el interesado presentó una reclamación frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal, que fue desestimada mediante Resolución RT 0632/2020, de 3 de marzo de 2021, al considerar el citado Consejo que esta Consejería actuó de conformidad con lo previsto en la normativa de transparencia (documento adjunto nº2). En consecuencia, entendemos que procede inadmitir la presente reclamación en tanto que ya se facilitó el acceso al expediente solicitado en los términos indicados anteriormente. Asimismo, tal y como ya se hizo constar por esta Secretaría con ocasión de otra reclamación presentada por esta persona, recientemente resuelta por este Consejo (Resolución 103/2024), desde el órgano competente de esta Administración en materia de protección del Patrimonio Cultural se han remitido desde hace años numerosas respuestas (mediante comunicaciones escritas y telefónicas, correos electrónicos, etc.) directamente a así como a otros organismos públicos (Ministerio de Cultura) u organizaciones no gubernamentales (ICOMOS) en el marco de la tramitación de denuncias o escritos presentados por aquel sobre el desarrollo de las obras en la Colegiata de Pastrana. Todo ello pone de manifiesto una evidente reiteración de en la presentación de solicitudes y escritos relacionados con las obras en la Colegiata de Pastrana, que podría resultar abusiva y desproporcionada dado que se le ha facilitado el acceso a la información pública disponible en esta Consejería sobre dicho Bien de Interés Cultural.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia y Buen gobierno, se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 2.-Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. 3.- Igualmente el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Buen gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. 4.-La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 5.- En primer lugar en cuanto a lo manifestado por la Consejería en su apartado segundo : “La solicitud inicial se formuló por el interesado como solicitud genérica en el Registro Único de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no a través del medio habitualmente previsto para la presentación de estas solicitudes, el Portal de Transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, razón que ha motivado que la Unidad de Transparencia de la Consejería de Educación Cultura y Deportes, creada en cumplimiento del artículo 58 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, no haya tenido conocimiento de la solicitud hasta este requerimiento derivado de la reclamación frente al Consejo, sin que, por tanto, desde esta Secretaría General se haya tenido ocasión de instar la contestación de la solicitud por parte del órgano gestor o, en su caso, analizar en el momento de su presentación las posibles causas de inadmisión o los límites en el acceso que pudieran concurrir previstos en la citada normativa de transparencia y que pueden considerarse presentes en este procedimiento.” Conviene aclarar a la misma que dicha justificación no es la excusa más adecuada para justificar el retraso de la contestación de dicha petición. Ya que la Ley 39/2015, de 1 de octubre por la que se aprueba la Ley de procedimiento de las Administraciones Públicas , dispone en su artículo 16.4, que : 4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. 5. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no susceptibles de digitalización. Visto lo anterior, el reclamante puede presentar su reclamación por cualquier vía que permite la ley 39/2018, y que sea tramitada con la misma diligencia que presentándolo por el sistema que la Junta de Comunidades tenga estipulado para materias de transparencia, el reclamante tiene derecho a elegir la forma que más le interese. Por otra parte, visto los antecedentes parece ser que el reclamante ya realizó varias peticiones similares al respecto, peticiones que ya le fueron concedidas. Igualmente existen resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, RT 0632/2020, de 3 de marzo de 2021 y 103/2024, en las que se desestima su petición por considerarlas abusivas y desproporcionadas dado que se le ha facilitado el acceso a la información pública en otras ocasiones sobre la misma cuestión III. RESOLUCIÓN Por todo lo anterior y observando el expediente remitido se puede concluir que se debe DESESTIMAR a reclamación presentada por reiterativa y desproporcionada y haber sido concedida en otras ocasiones y existiendo resoluciones del Consejo de Transparencia similares en este caso. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno11, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.