Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó el expediente académico detallado (asignaturas y calificaciones) de Isabel Díaz Ayuso a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso por protección de datos personales. El Consejo de Transparencia ha decidido retrotraer las actuaciones para que la solicitud se remita a la Universidad Complutense, que es el organismo competente que posee la información.
La sociedad Garbialdi S.A. solicitó acceso a la documentación técnica (Sobre 2) de la oferta de una UTE en un contrato de limpieza integral de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La empresa alegó que la confidencialidad impuesta perjudicaba la transparencia. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por primar la normativa específica de contratación pública.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó a COMUJESA el estudio de movilidad realizado por el MIB. La entidad denegó el acceso alegando intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad no justificó un perjuicio real, concreto y evaluable.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad copia de los contratos y detalles de compra de medicamentos orales contra la COVID-19 (Paxlovid y similares). El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos omitiendo solo datos estrictamente confidenciales.
Una empresa solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los planes de inversión de tres distribuidoras eléctricas. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Les Lloses los enunciados y criterios de corrección de una oposición para arquitecto. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando derechos de autor, falta de recursos y protección del interés general. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y no existen límites legales aplicables que justifiquen la denegación.
Se solicitó a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias el acceso a expedientes, documentación contractual, contable y memorias de prospecciones arqueológicas en los yacimientos 'La Carisa' y 'Lucus Asturum'. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los inventarios de materiales, pero deniega las memorias por propiedad intelectual.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Gozón las órdenes de pago y actas de recepción del contrato menor COM 2021/73 sobre la memoria histórica del concejo. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando protección de datos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los datos personales son disociables y la información es pública.
Se solicitó al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya el acceso a expedientes de inspección de trabajo y sanciones. El reclamante alegó ser parte interesada por haber originado las quejas. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a documentos específicos para garantizar la rendición de cuentas, previa anonimización de datos personales.
Sistemas de Oficina de Rioja, S.L. solicitó a la Consejería de Desarrollo Autonómico de La Rioja la documentación de los sobres A, B y C de la oferta de Telefónica en un contrato TIC. Tras alegaciones de la adjudicataria, la Administración concedió acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificados los límites aplicados.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villalonga de Ter los enunciados y criterios de corrección de la oposición de arquitecto. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando derechos de autor, falta de recursos y protección de procesos futuros. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información por no existir límites legales aplicables.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el listado detallado de sanciones de la Inspección de Trabajo (2021-2022). El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva del personal inspector. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la tramitación a la espera de una sentencia judicial sobre un caso idéntico.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Oropesa documentación sobre la contratación de la empresa organizadora de las Jornadas Medievales (2019-2023). La administración denegó el acceso alegando que la petición era indiscriminada y que la información afectaba a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación suficiente.
Se solicitó al Consorcio de la Zona Franca de Vigo el pliego de prescripciones técnicas y un estudio de implantación de un centro de servicios al transporte. El solicitante alegó que la demora en la entrega era una estrategia para entorpecer su defensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al comprobarse que la información fue facilitada o estaba disponible.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública copia del contrato entre RTVE y la RFEF para la emisión de la Copa del Rey hasta 2025. RTVE alegó confidencialidad contractual y aportó solo datos económicos básicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el contrato con tachaduras justificadas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Madrid los expedientes justificativos de complementos de productividad de personal de nivel 26 y superiores y personal de confianza (2018-2021). El Ayuntamiento denegó parcialmente alegando protección de datos y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso solo para el personal eventual.
Se solicitó a la Consejería de Cultura de Asturias acceso a expedientes de prospecciones arqueológicas. La administración denegó el acceso a memorias e informes alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la denegación de los trabajos científicos pero ordena entregar los inventarios de materiales.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Arganda del Rey documentación sobre el proceso de selección para la sustitución del Coordinador de Cultura y la identidad del titular de la plaza. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva, y denegó el nombre por protección de datos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
Ambulancias Maiz S.A. solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco datos detallados de la flota de ambulancias en ejecución del contrato 154/2020-PS. Tras la inadmisión administrativa basada en el secreto comercial, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por prevalecer el interés público y la rendición de cuentas.
Naturgy Renovables, S.L.U. reclamó contra la Consejería de Transición Ecológica de Canarias por la concesión de acceso a la información del expediente del Parque Eólico de Puerto del Rosario. Alegó perjuicio a sus intereses económicos y propiedad intelectual. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
Un profesor universitario solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente de un concurso de licencias televisivas de 2015. Tras recibir acceso parcial, alegó indefensión y falta de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo justificó los límites aplicados una vez iniciado el procedimiento de reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el material docente utilizado en la Escuela Nacional de Protección Civil. El interesado alegó que dicha documentación es esencial y no auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que el material tiene carácter de apoyo a la actividad docente y no es base para decisiones administrativas.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Vera el acceso al expediente de declaración de fallido de un deudor principal. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información, ya que el interés público y el derecho de la deudora subsidiaria prevalecen sobre el secreto tributario.
El solicitante pidió a AENA la Evaluación de Impacto de Datos Personales (EIDP) de su sistema de reconocimiento facial. AENA denegó el acceso alegando perjuicio económico, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la EIDP omitiendo datos confidenciales específicos.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz documentos de un proceso selectivo (CVs, actas de entrevistas y registros de entrega). Tras la denegación parcial del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del CV de la seleccionada y el acta de entrevista de la solicitante.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el resumen, memoria y capacitación tecnológica del proyecto MANPREDIC (Programa COINCIDENTE 2018). El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y omitir el trámite de audiencia a terceros.
Se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre empresas canarias beneficiarias de exoneraciones por formación en ERTE. El solicitante alegó que son datos de gestión económica y fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los datos estadísticos por principios de eficacia y servicio efectivo.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior detalles sobre una intervención de la UCO en Madrid y datos sobre el hackeo de Encrochat. Alegó que la información sobre Encrochat no era judicial sino de EUROPOL. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información está clasificada como secreta por el Consejo de Ministros.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Valencia copia de dos expedientes de contratación menor. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información excepto aquello estrictamente confidencial.
La Fundación Éticas Data Society solicitó a AENA la evaluación de impacto del sistema biométrico. AENA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega del documento, permitiendo la omisión de datos confidenciales.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Transformación Económica de Andalucía documentación sobre la creación de dos universidades privadas. La entidad denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos, secretos comerciales y carga administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la mayoría de los documentos previa anonimización y test de daño.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación y el impacto presupuestario del medicamento Zolgensma®. El Ministerio y el laboratorio Novartis se opusieron alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando publicar el precio final y el impacto presupuestario.
Una entidad solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los expedientes de cambio de emplazamiento de emisoras de FM fuera de su zona de servicio. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto industrial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación detallada de los límites aplicados.
SFB Spain solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo de su solicitud de financiación al Programa de Conversión de Deuda con Cuba. Tras una denegación parcial basada en límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación concreta de los límites invocados.
Una persona solicitó a la Secretaría General de Inclusión Social de la Junta de Andalucía el expediente de una subvención concedida a Cruz Roja. El organismo denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
La Plataforma Ecologista de Ávila solicitó al Ministerio de Sanidad datos analíticos de la red de distribución de aguas de Ávila (2016-2020). El Ministerio denegó parte de la información alegando propiedad industrial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de los límites invocados.
Una empresa solicitó al Ministerio de Defensa documentación económica (facturas, albaranes y actas) de un contrato de grúas. El Ministerio denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la entrega de dichos documentos alteraría el equilibrio de las partes en el proceso judicial abierto.
Se solicitó información detallada (direcciones exactas y coordenadas) sobre el origen y destino de los servicios de ambulancias a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La reclamante alegó que la respuesta era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por ser una ampliación de la solicitud y por proteger datos personales sensibles.
Se solicitó acceso a los expedientes completos de reparación patrimonial sanitaria a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración denegó la solicitud alegando protección de datos de salud e inadmisión por ser información ya facilitada. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para realizar el trámite de audiencia de los afectados.
Se solicitó a la Universitat de Girona información detallada sobre prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. El solicitante alegó que la denegación de los nombres de las empresas por confidencialidad era improcedente al existir convenios públicos. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que la Universidad comunicó haber facilitado toda la información.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Gozón el expediente íntegro de contratación de un servicio de consultoría turística. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la documentación por no justificarse el límite aplicado.
El interesado solicitó información sobre su propia valoración en la beca Concepción Arenal y los listados de beneficiarios de cursos anteriores a la Universidad Complutense de Madrid. Tras recibir parte de la información sobre su expediente, reclamó el acceso a los listados de beneficiarios. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Sanidad el coste detallado de las vacunas contra el coronavirus y copia de los contratos. La AEMPS denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad comercial y acuerdos con la UE. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y los contratos anonimizados.
Un periodista solicitó a la EMDET informes del CEPRAN y de la consultora Judilex. La administración denegó los informes de Judilex alegando secreto profesional y confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes pero permitiendo tachar datos de denunciantes o imputaciones de responsabilidad.
Un periodista solicitó al Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona (SMHAUSA) informes de prevención penal elaborados por la empresa externa Judilex y actas del CEPRAN. La GAIP estima parcialmente la solicitud: obliga a entregar los informes de Judilex, pero deniega el acceso a datos que identifiquen a denunciantes o imputen responsabilidades infractoras.
Un periodista solicitó a la EMMCT informes del CEPRAN y de la consultora Judilex. La administración denegó los informes de Judilex alegando secreto profesional y confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes pero ordenando tachar datos de denunciantes o imputaciones de responsabilidad penal.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación del medicamento Remdesivir y su impacto presupuestario. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando publicar el precio final abonado por el SNS por ser gasto público.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía documentación técnica, análisis de suelos y notificaciones sobre el uso de fitosanitarios excepcionales (2020-2021). La Administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio económico y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de la información.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre la adquisición, financiación y distribución de mascarillas enviadas a La Palma. El reclamante alegó que la denegación inicial carecía de justificación. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias declara la terminación del procedimiento ya que la resolución impugnada fue anulada por la propia administración.
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA. La CNMC denegó el acceso alegando confidencialidad legal y límites de intereses económicos y secreto comercial, además de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la CNMC no justificó suficientemente la aplicación de los límites y ordenó facilitar la información no confidencial del expediente.
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