Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Ryanair pidió a la CNMC el expediente de costes de AENA. La CNMC denegó parcialmente alegando confidencialidad legal, intereses económicos y secreto comercial. Ryanair reclamó al CTBG por acceso insuficiente. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, indicando que la confidencialidad no es absoluta y que la CNMC no justificó los límites, instando a facilitar la documentación no confidencial.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación del medicamento Lanadelumab y su impacto presupuestario. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de intereses económicos, secreto profesional y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el precio final abonado por el SNS es información pública y que la Administración no justificó debidamente el perjuicio a terceros ni la afectación a la confidencialidad del proceso decisorio ya concluido.
El reclamante solicitó al Ministerio información sobre concesiones en el Puerto de Huelva. La Autoridad Portuaria de Huelva la inadmitió por abusiva, inconcreta y por exigir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, al entender que la petición estaba bien delimitada, que el interés privado no la hace abusiva y que la administración no acreditó los límites.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, derecho al honor y tutela judicial efectiva por procesos penales en curso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizando datos personales) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por inexistencia.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Compliance Officer y de la empresa Judilex. ESPIMSA alegó secreto profesional, protección del honor, tutela judicial efectiva y confidencialidad de denunciantes. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Judilex (anonimizados) y declarando pérdida de objeto sobre los del Compliance Officer por su inexistencia.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes el expediente de contratación de formación. Al recibir solo un enlace a la plataforma, interpuso reclamación ante el CTBG alegando información incompleta. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la información extemporáneamente durante el trámite de alegaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente de contratación de asistencia técnica para evaluación del desempeño. Tras una respuesta inicial que solo facilitaba un enlace a la plataforma de contratación, interpuso reclamación por considerar la información incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la información de forma extemporánea durante el trámite de alegaciones, sin que el solicitante objetara.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente de contratación de software de la Autoridad Portuaria de Castellón. Tras recibir solo un enlace de búsqueda, interpuso reclamación por información incompleta. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la respuesta de forma extemporánea durante el procedimiento, sin que el interesado objetara.
Un regidor del Grup Municipal Popular solicitó al Ayuntamiento de Valencia el acceso al expediente administrativo E-03201-2021-2021 y otra documentación. Tras la reclamación, el Ayuntamiento autorizó el acceso. El Consell Valencià de Transparència declara la pérdida de objeto por haber sido satisfecha la solicitud, aunque señala que la respuesta administrativa fue extemporánea.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución que fija el precio y financiación del fármaco Zolgensma. Al producirse silencio administrativo, interpuso reclamación ante el CTBG alegando falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el precio final y condiciones de financiación son información pública de interés general, y que la Administración no justificó debidamente que su divulgación perjudique los intereses económicos, comerciales o la confidencialidad de las negociaciones.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Vega de Espinareda copias de un presupuesto y una memoria técnica de un expediente urbanístico. El Ayuntamiento denegó las copias alegando protección de datos y propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación y ordena facilitar los documentos, previa disociación de datos personales.
FACUA solicitó a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba la copia íntegra de un expediente administrativo. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad y sigilo profesional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado un riesgo real y concreto que justifique la denegación.
Ecologistas en Acción solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía autorizaciones y planes de aplicación aérea de fitosanitarios (azoxistrobin + difenoconazol) en 2020. La Administración denegó el acceso alegando secreto profesional y perjuicio económico/reputacional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Badia del Vallès información sobre ayudas sociales a una persona fallecida y memorias anuales del área de derechos sociales. Tras una respuesta parcial y un silencio administrativo, la GAIP admitió la reclamación, pero decidió finalizarla por pérdida de objeto ya que el Ayuntamiento acabó facilitando la información solicitada.
Un Ayuntamiento solicitó al Departament d’Empresa i Treball una copia del expediente de análisis cuantitativo de riesgo de una industria farmacéutica. Tras alegaciones de empresas afectadas sobre seguridad y propiedad intelectual, la GAIP estima la reclamación al considerar que el interés público del municipio en materia de seguridad prevalece sobre los límites invocados.
El ciudadano solicitó acceso a expedientes de licencia urbanística y declaración responsable al Ayuntamiento de Valencia. Tras recibir solo parte de la documentación, presentó reclamación alegando falta de motivación en la denegación de los proyectos técnicos. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y reconoce el derecho de acceso a la información no entregada.
SERVOFFLINE SL solicitó al Ayuntamiento de Gaucín acceso a expedientes de licencias de obra. El Ayuntamiento denegó los proyectos técnicos alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento por no haber dado trámite de alegaciones a los terceros afectados.
La solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) seis exámenes de oposiciones de diversas categorías. ADIF denegó el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información por no acreditarse un perjuicio real y por ser insuficiente la motivación.
Se solicitó al Hipódromo de la Zarzuela S.A. S.M.E. el contrato y condiciones económicas del acuerdo de emisión de carreras con Telefónica. El organismo denegó parcialmente alegando que la información era de terceros y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que ambas entidades son sujetos obligados y no se justificaron los límites al acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios y la intimidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, considerando que el interés público prevalece sobre la confidencialidad tributaria.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y gestión económica del adjudicatario de un centro gourmet. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios de la LGT. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y gastos de mantenimiento de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios de la LGT. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre la confidencialidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando el secreto tributario y la intimidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, considerando que prevalece el interés público sobre la reserva de datos tributarios.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y gestión económica de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, considerando que el interés público prevalece sobre la confidencialidad tributaria.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios (LGT). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, priorizando el interés público sobre la confidencialidad tributaria.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información detallada sobre deudas tributarias y gestión económica de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios de la LGT. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, priorizando el interés público sobre la confidencialidad tributaria.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra información sobre deudas tributarias y expedientes de gestión de un adjudicatario del mercado de abastos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de la Pobla Llarga una copia del enunciado de un ejercicio práctico de un proceso selectivo de arquitecto técnico. El Ayuntamiento alegó extemporaneidad, propiedad intelectual y la imposibilidad de localizar el documento tras 10 años. El Consell Valencià de Transparència desestima la solicitud al constatar que la administración buscó la información pero no pudo hallarla.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco copia de un estudio sobre los depósitos de agua Soroborda y Buskando. La Administración denegó el acceso alegando protección de la propiedad intelectual. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una propietaria solicitó al Ayuntamiento de Deltebre la licencia urbanística y el proyecto técnico de su vivienda. El Ayuntamiento denegó el proyecto alegando secreto profesional y propiedad intelectual. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto por falta de motivación y por ser la solicitante la interesada.
Se solicitó a la CNMV la copia completa del expediente sancionador contra Banco Popular Español, S.A. La CNMV alegó la prevalencia de la Ley del Mercado de Valores y la confidencialidad de la supervisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información salvo datos concretamente justificados como confidenciales.
Un tercero interesado reclama contra el Ayuntamiento de Muro de Alcoy tras la resolución que estimaba la solicitud de un ciudadano para acceder al proyecto de obras de una plaza. El reclamante alegaba indefensión por falta de notificación y la necesidad de acreditar un interés legítimo. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación del tercero, confirmando que el acceso es posible previa disociación de datos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Cabrils el expediente 1943/2018, un informe jurídico y extractos bancarios de la Fundación Agraria. El Ayuntamiento denegó el informe alegando propiedad intelectual y secreto profesional. La GAIP estima la reclamación, determinando que el derecho de acceso de los electos locales se rige por el TRLMRLC y no por la LTAIPBG.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los planos y reportaje fotográfico de un proyecto de reordenación de tráfico en la A-44. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el perjuicio competitivo.
El interesado solicitó copias digitales de los registros diarios de asistencia de un parque y una oficina de la Consejería de Fomento. La administración denegó el acceso por protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que no prevalece el interés público sobre el derecho a la protección de datos de los trabajadores.
El solicitante pidió información sobre el ingreso hospitalario del líder del Frente Polisario en Logroño. El Servicio Riojano de Salud denegó el acceso alegando la protección de datos de salud y la intimidad del interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que la fecha de ingreso es información pública y no vulnera la confidencialidad sanitaria.
Un ciudadano solicitó a la Federación Andaluza de Natación actas de selección y diversos informes técnicos deportivos. La entidad denegó la información alegando inexistencia de órganos colegiados y protección de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación y ordena el acceso a la información.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Barcelona copias digitalizadas de pruebas psicotécnicas y de personalidad de un proceso selectivo. Tras alegar silencio administrativo y defender su derecho de defensa, la GAIP estima parcialmente la solicitud: permite el acceso presencial (con vista) a las pruebas y pautas de valoración, pero deniega las copias digitales para proteger la propiedad intelectual y la eficacia de los tests.
La sección sindical de CCOO-PV solicitó información sobre personal, organización y presupuestos de la empresa pública Divalterra a la Diputación de Valencia. La administración alegó falta de legitimación, inexistencia de documentos y necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información de personal y presupuestos.
Se solicitó a la CNMV el texto completo de resoluciones sancionadoras contra Banco Popular y Popular Banca Privada. La CNMV denegó el acceso alegando confidencialidad según la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información basándose en doctrina del Tribunal Supremo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pozohondo el acceso al Libro Mayor de Cuentas de los ejercicios 2020 y 2021 en formato digital. El Ayuntamiento denegó la información alegando protección de datos personales y falta de concreción de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, señalando que la información es pública y los datos personales pueden ser suprimidos.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el estudio sobre el impacto de la subida del SMI en la desigualdad y el empleo. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no justificó el daño ni la naturaleza auxiliar del informe.
Una fundación solicitó al Instituto Aragonés de Fomento el 'Grant Agreement' y anexos del proyecto europeo MIREU. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Aragón desestimó la reclamación, considerando que prevalece el compromiso de confidencialidad asumido en el acuerdo sobre el derecho de acceso a la información.
El reclamante solicitó información detallada sobre la bolsa de vigilantes de recintos públicos del Ayuntamiento de Alaquàs, incluyendo datos de contrataciones y comparativa con otros aspirantes. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de expedientes sancionadores contra el PP y el PSOE desde el año 2000. Tras una denegación inicial y una resolución previa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que ordenó retroactuar actuaciones, el CTBG decide inadmitir esta nueva reclamación por carecer de objeto y fundamento.
501–550 de 1321