Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número y coste de las vacunas Covid-19 adquiridas desde el 30 de junio de 2021. La AEMPS denegó el coste alegando confidencialidad de los acuerdos con la Comisión Europea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al existir un precedente donde la propia Administración ya había facilitado datos idénticos.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social información y copias de actas de infracción sobre prevención de riesgos laborales de la Sanidad de Canarias (2010-2022). El Ministerio denegó el acceso alegando un régimen jurídico específico y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información previa disociación de datos personales.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el listado detallado de sanciones de la Inspección de Trabajo desde 2017, incluyendo identidad de infractores. El Ministerio denegó el acceso alegando deber de reserva y falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Agramunt acceso a alegaciones, informes del POUM y datos urbanísticos de fincas concretas. El solicitante alegó que la tramitación del expediente no impide el acceso y que los datos personales pueden anonimizarse. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lardero los expedientes justificativos de los complementos de productividad (2018-2021) para puestos de nivel 26 y superiores. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso para personal de confianza, directivo y de libre designación (niveles 28+), pero denegando el resto por protección de datos.
La sección sindical CSIF solicitó a CMMedia los nombres de los aspirantes y la documentación aportada en una convocatoria de 7 plazas vacantes. La administración alegó que se trataba de un procedimiento laboral y que la información contenía datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió retrotraer el procedimiento para que se traslade la solicitud a los terceros afectados.
Un periodista solicitó a ESPIMSA los informes del Comité de Ética, Prevención de Riesgos Penales y de Cumplimiento Normativo (CEPRAN). La GAIP desestima la reclamación debido a que la entidad ya había informado previamente de la inexistencia de dicho órgano en su estructura, quedando la reclamación sin objeto.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social detalles sobre las actuaciones de una inspección derivada de su denuncia y la identidad del funcionario actuante. El Ministerio denegó el acceso alegando un régimen jurídico específico y deber de reserva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una entidad solicitó a la SEPI los acuerdos y resoluciones sobre la ayuda financiera concedida a Ávoris Corporación Empresarial. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución de concesión y condiciones de la ayuda, pero excluyendo la estrategia empresarial.
Se solicitó a Ports de la Generalitat el expediente de prórroga de la concesión del Port d'Aiguadolç de Sitges. La administración denegó el Plan Económico Financiero (PEF) alegando secreto empresarial y derechos de propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, determinando que el PEF de una concesión administrativa es público y no afecta a la competencia al ser una prórroga sin concurrencia pública.
Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid la memoria justificativa, técnica y económica de un convenio sobre el hayedo de Montejo. El interesado alegó falta de motivación en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Participación estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Sociedad Estadio Olímpico La Cartuja S.A. el contrato de sede con la UEFA y la RFEF para la Eurocopa. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no existe un riesgo real y concreto que justifique la reserva de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes la propuesta de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental y la documentación técnica de una licitación sobre la Autovía A-44. El Ministerio denegó el acceso alegando carácter auxiliar y secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y relevancia de la información.
Una empresa minera solicitó la anulación de la resolución de la Consellería de Economía, Industria e Innovación que permitía el acceso a documentación de su expediente. Alegó falta de acción pública y protección de propiedad intelectual e industrial. La Comisión de Transparencia de Galicia desestimó la reclamación por ser el acceso un derecho general y no acreditarse el perjuicio real.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda del SAREB, sus titulares y los informes de seguimiento desde 2012. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información detallada requerida exigiría una reelaboración inadmisible y que los informes afectan a intereses económicos.
El reclamante solicitó a LABORA copias de su título, nombres de miembros de un tribunal, material didáctico y actas de finalización de cursos. La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido entregada, que era información auxiliar y que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las solicitudes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de El Romeral copia íntegra de un expediente urbanístico de 1994 y la identidad del técnico municipal firmante. La administración denegó el acceso a datos nominativos por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la identidad del técnico y la documentación de propiedad.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre el precio y condiciones de financiación del fármaco Luxturna. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el precio final fijado por la Administración es información pública.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número de profesionales sanitarios sancionados o expulsados por manipular registros de vacunación COVID-19, desglosado por centro de trabajo. La administración denegó el acceso alegando que los datos del REPS no son públicos y que la solicitud requería una reelaboración. El CTBG estima parcialmente la solicitud, ordenando facilitar el número total de sancionados, pero denegando el desglose por centros para proteger la privacidad.
Un representante sindical solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual (por nombre y apellido) de los complementos de productividad e incentivos de los empleados de la Jefatura de Tráfico de Zaragoza y el Centro de Gestión Pirineos entre 2016 y 2020. La administración alegó que era una solicitud repetitiva, que requería reelaboración y que afectaba a la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó al INAP la lista de aprobados de un examen de 2007. La administración alegó primero protección de datos y luego que no disponía de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la existencia de la información en poder de la administración es un presupuesto indispensable para el ejercicio del derecho de acceso.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de grabación de llamadas de la Policía Municipal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega los números de teléfono y las instrucciones internas por razones de seguridad pública y secreto profesional, pero obliga a entregar la información facilitada a los usuarios sobre dichas grabaciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de telefonía de la Policía Municipal (números grabados, tratamiento de datos, instrucciones de uso e información a usuarios). La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo la información facilitada a los usuarios.
La reclamante solicitó un listado detallado de centros educativos de la Comunidad de Madrid con datos sobre la detección y erradicación de amianto. La administración denegó la información alegando que era información auxiliar y que su elaboración suponía una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, instando a la entrega de un listado con datos equivalentes.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Sagunt información urbanística completa de una parcela desde 1951. La administración estimó parcialmente la solicitud, denegando los escritos de terceros. La recurrente impugnó ante el Consejo Valenciano de Transparencia, pero el organismo decidió no admitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo (extemporánea).
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las reventas de vacunas contra la Covid-19 a terceros países (precios, fechas, dosis, etc.). Tras una respuesta parcial de la AEMPS, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de los precios por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad de los acuerdos europeos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las donaciones de vacunas COVID-19 vía mecanismo Covax, incluyendo costes. La AEMPS denegó el coste por confidencialidad y la fecha de caducidad por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la confidencialidad de los costes debido a los acuerdos con la Comisión Europea.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el certificado de conformidad de un cinemómetro específico. El Centro Español de Metrología denegó el acceso alegando falta de identificación del equipo y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para dar traslado al fabricante.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara copia de los expedientes de un complemento de productividad concedido a un Ordenanza Mayor. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la solicitud al considerar que el empleado no ostenta un cargo de especial confianza o dirección, prevaleciendo su derecho a la protección de datos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Guadalajara copia digital de los expedientes que justifican el pago de un complemento de productividad a un Oficial Mayor (Ordenanza Mayor). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de datos del funcionario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el empleado no ostenta un cargo de especial confianza.
Un representante de Ecologistas en Acción solicitó a la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana copias digitales de las solicitudes y resoluciones de autorizaciones de fumigación aérea de 2020. La administración alegó protección de datos y carga excesiva de trabajo. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la información es pública y la gestión es viable.
La Federació Local de València del sindicato CGT-PV solicitó copias de resoluciones de expedientes disciplinarios internos a la Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública, con la correspondiente disociación de datos. La Conselleria denegó el acceso por falta de consentimiento de los afectados. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación.
La Fundación FAADA solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo datos sobre el tráfico de especímenes de Panthera tigris entre 2017 y 2021. La entidad alegó que no había recibido respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea, dado que la administración sí respondió en mayo de 2021 y el plazo de un mes había expirado.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Cabanillas copia digitalizada del proyecto técnico del Parque Eólico Cabanillas II. El Ayuntamiento denegó el formato digital alegando volumen excesivo y proponiendo acceso presencial. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación, validando la decisión municipal por razones de eficiencia administrativa y protección de la propiedad intelectual.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Méntrida copia de los recibos de IBI de una finca desde 1985. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de datos personales y la falta de titularidad del solicitante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que concurre el límite de protección de datos de carácter personal.
La reclamante solicitó copias de las resoluciones de alcaldía relativas al nombramiento de varios funcionarios interinos para el puesto de arquitecto en el Ayuntamiento de Parres. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales e intimidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de las resoluciones anonimizando únicamente los DNI.
El reclamante solicitó conocer la identidad de dos funcionarias que intervinieron en procedimientos judiciales ante la Agencia Madrileña de Tutelas de Adultos. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales y posible desnaturalización de la actividad administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser datos meramente identificativos.
La Associació de Mercats Municipals de la Comunitat Valenciana solicitó al Ajuntament de València información detallada sobre Mercavalència (empleados, contratos, gastos, balances, etc.) desde 2015. El organismo de transparencia (Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana) estima parcialmente la reclamación: deniega la información que contiene datos personales por proteger la privacidad, pero reconoce el derecho de acceso a las despesas de representació.
El reclamante solicitó información a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sobre los detalles y justificación de una comisión de servicio de una funcionaria. La Conselleria denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que los datos solicitados son meramente identificativos y relativos a la actividad pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Campo Real informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos y actas de las juntas de gobierno local de 2016 y 2018. Ante la falta de respuesta y la posterior denegación de las actas alegando protección de datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas tras su adecuación.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona y a la AEMT los informes del Comité de Ética, Prevención de Riesgos Penales y Cumplimiento Normativo (CEPRAN). La administración alegó secreto profesional y propiedad intelectual. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar los informes, pero exceptuando datos de denunciantes, procesos sancionadores abiertos y datos personales protegidos.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Ejido información sobre las liquidaciones del canon pagado por el adjudicatario de una parcela municipal (2015-2020). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que el interés público prevalece sobre la reserva tributaria.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yebes copias de expedientes de contratación de letrados y resoluciones de procedimientos urbanísticos. El Ayuntamiento alegó secreto profesional, intereses económicos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los expedientes de contratación pero desestimando el acceso a los urbanísticos por considerarlos abusivos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yebes expedientes de contratación de abogados y resoluciones urbanísticas. El Ayuntamiento alegó secreto profesional, intereses comerciales y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los expedientes de contratación, pero desestima el acceso a los urbanísticos por ser una petición abusiva.
El ciudadano solicitó copias de los cuadrantes de guardia de técnicos forestales a la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Valenciana. La administración requirió al interesado que motivara su petición por contener datos personales. Tras no subsanar correctamente la reclamación ante el Consejo de Transparencia en los plazos y formas exigidos, el organismo declara el desistimiento.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior la identificación y cualificación de las examinadoras de su entrevista personal en un proceso de la Policía Nacional de 2017, además de las actas. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, ordenando retroaccionar las actuaciones para proteger derechos de terceros.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Denia el acceso al expediente de unas obras en curso en su calle para conocer su objeto y proyecto urbanístico. Tras la falta de respuesta y la posterior alegación de protección de datos e intereses económicos por la administración, el interesado recurrió. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estima la reclamación e insta al Ayuntamiento a facilitar la información.
La asociación AECOVA-ITV solicitó acceso íntegro a un informe de 367 páginas sobre la reversión del servicio de ITV y sus anexos a la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana. La administración denegó la entrega de copias, permitiendo solo la consulta presencial y toma de notas. El Consell de Transparència desestima la reclamación al considerar que la limitación del formato es proporcional.
Se solicitó al Servei Català de la Salut (SCS) el acceso a las tarifas farmacéuticas del SISCAT (2018-actualidad) para terapias específicas. El SCS denegó el acceso alegando confidencialidad basada en normativa estatal. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe norma legal aplicable que justifique la reserva de dicha información pública.
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