Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Pedro del Romeral los expedientes de contratación de los últimos 5 años con un profesional específico. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar que la información contractual es de carácter público y obligatorio.
El solicitante pidió a la Junta de Andalucía información sobre una auditoría financiada con fondos públicos realizada a la Agencia IDEA. La Intervención General denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestima la reclamación manteniendo la denegación por afectar al control administrativo.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Pedro del Romeral el acceso a los expedientes de contratación formalizados con un profesional específico en los últimos 5 años. La administración alegó falta de recursos técnicos y la necesidad de proteger datos personales e intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información contractual es pública.
Se solicitó el número de Seguridad Social de una persona jurídica a la Tesorería General de la Seguridad Social. La administración denegó el acceso alegando el carácter reservado de los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación debido a que el interesado no subsanó la falta de copia de la solicitud original tras ser requerido.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Torrejón del Rey la relación de expedientes urbanísticos de 2018 resueltos sin informe técnico preceptivo y sin denuncia al fiscal. La administración alegó que la petición era masiva, requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva según el art. 18.1 e).
El interesado solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha la documentación técnica (libro del edificio, planimetrías, etc.) de una vivienda en Zarza de Tajo. El Colegio denegó el acceso alegando la necesidad de autorización de los autores y la protección de derechos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
EMAYA solicitó al IGME (CSIC) los datos de muestreos analíticos en formato editable del Proyecto Mercurio. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar, propiedad intelectual y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un soporte auxiliar para el informe final.
Un ciudadano solicitó al Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) los temarios, esquemas y tests de los cursos de preparación para la promoción interna de 2019. El IAAP denegó el acceso alegando que la información estaba reservada al personal público. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior las notas de los exámenes psicotécnicos de la escala básica ordenadas de mayor a menor. Tras el silencio administrativo, el Ministerio alegó la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso a calificaciones de otros candidatos excede la finalidad de la ley.
El ciudadano solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social saber si El Corte Inglés S.A. devolvió las bonificaciones de los ERTE pandémicos. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad de los datos de la Seguridad Social. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y acuerda retrotraer las actuaciones para realizar la ponderación de intereses y dar traslado a la empresa.
Un representante sindical de CCOO solicitó al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló las resoluciones de personal desde 2016 hasta enero de 2021. La administración no respondió, alegando posteriormente la protección de datos y la desproporción por el volumen de información. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando el acceso previa disociación de datos sensibles.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Orpesa la copia digital de los expedientes de licencias de primera ocupación concedidas en 2016. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y supondría una carga excesiva y riesgo para datos de terceros. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Consorci de Serveis Socials de Barcelona el programa de actividades y el documento técnico de una residencia. La entidad y la fundación gestora alegaron confidencialidad y propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, determinando que no se justificó la confidencialidad ni se solicitó en el momento de la oferta, prevaleciendo el derecho de acceso.
El reclamante solicitó información sobre inspectores y listados de mataderos y granjas al Gobierno de Cantabria. La administración alegó falta de competencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer el procedimiento porque la administración debió dar traslado de la solicitud al órgano competente (Consejería de Sanidad) en lugar de denegarla.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el manual de imagen institucional y elementos similares. Tras la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El reclamante solicitó posteriormente el desistimiento de la reclamación, por lo que el Consejo decide archivar las actuaciones.
Se solicitó al Departament d'Educació documentación sobre riesgos psicosociales y protocolos de acoso laboral. El reclamante alegó que la información denegada le afectaba a él o a un tercero que dio su consentimiento. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a datos propios y consentidos, pero deniega los documentos de la Inspección de Trabajo por su carácter confidencial.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya información sobre la actuación de los servicios de emergencia y mediciones de calidad del aire tras un accidente químico. La Administración denegó parte de la solicitud alegando seguridad pública y procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de expedientes de la Inspección de Trabajo contra el PP y PSOE desde el año 2000. El interesado alegó el interés general de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones por no haber dado audiencia a los terceros afectados.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia los expedientes de indulto de varios políticos catalanes. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la información debidamente anonimizada y sin datos personales, familiares o sociales.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina información sobre la bolsa de trabajo y procesos selectivos de Técnico de Administración General. El Ayuntamiento alegó que los expedientes están judicializados y que no puede facilitar datos médicos por ser sensibles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de plazos.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia las propuestas motivadas para la concesión de ocho indultos. El Ministerio denegó el acceso alegando la protección de datos personales e imposibilidad de anonimización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar la información debidamente anonimizada y sin datos personales, familiares o sociales.
La reclamante solicitó el expediente de alta en el REGA de una explotación ganadera al Gobierno de La Rioja para verificar la licencia municipal. La administración denegó el acceso alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior diligencias de investigación sobre vertidos ilegales en la playa de Boiro. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en manos judiciales y afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al acreditarse que la información seguía en poder de la policía.
Se solicitó información sobre la investigación por vacunación irregular de Covid-19 en la residencia Casablanca Valdesuer a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por existir un interés público superior.
El reclamante solicitó información sobre la investigación de una vacunación irregular de Covid-19 en la residencia Casablanca Valdesur. La Comunidad de Madrid denegó el acceso alegando protección de datos e intereses de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública con interés social relevante.
El Ayuntamiento de Pontevedra solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social información sobre el alta de un trabajador en otra empresa para verificar incompatibilidades. La Tesorería General de la Seguridad Social denegó el acceso alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por improcedencia del cauce legal elegido.
El reclamante solicitó copias de licencias de actividad y funcionamiento, así como declaraciones responsables de diversas instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid al Ayuntamiento de Madrid. Aunque la administración facilitó un listado de expedientes, el recurrente exigía mayor detalle. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar la solicitud abusiva.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola documentación sobre contratos, facturas y actuaciones de un abogado externo y otros letrados. La administración denegó el acceso alegando que los informes se referían a asuntos penales en curso. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la documentación contractual previa a procesos judiciales.
Se solicitó a la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya la copia digital de la plantilla y las retribuciones anuales por puesto de trabajo de 2019 y 2020. La administración alegó protección de datos y principio de minimización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información conforme a los criterios de transparencia.
El interesado solicitó copia digital de los expedientes de contratación de letrados y procuradores desde 2015 al Ayuntamiento de Hontoba. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración entregó la información fuera del plazo legal.
El reclamante solicitó a la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya la plantilla y las retribuciones anuales por puesto de trabajo de 2019 y 2020. La administración alegó protección de datos y principio de minimización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando a la entrega de la información, salvo en las retribuciones de niveles bajos donde prima la intimidad.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
La Colla Ecologista d'Alacant solicitó a la Autoridad Portuaria de Alicante actas del Consejo de Administración, dietas, contratos, convenios y cuentas desde 2015. Alegó denegación de acceso y falta de transparencia en la publicidad activa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar las actas (sin deliberaciones) y las dietas detalladas.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de La Romana información sobre subvenciones, registros de entrada/salida y gestiones sanitarias. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana. El organismo estima parcialmente la solicitud, ordenando facilitar la lista de subvenciones y las gestiones médicas, pero no el registro por necesidad de anonimización.
El solicitante pidió a la Consejería de Salud y Familias el acuerdo de licencia con la empresa Innovaxis sobre un ensayo clínico de terapia celular. La Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud denegó el acceso alegando que el documento contiene información confidencial sobre propiedad intelectual e industrial, basándose en la Ley 19/2013 y la Ley 1/2014.
El solicitante pidió a la Consejería de Salud y Familias el contrato de licencia entre Rexgenero Ltd., la Fundación Progreso y Salud y el SAS. La Fundación denegó el acceso alegando confidencialidad de la propiedad industrial. El organismo de transparencia (no especificado explícitamente el nombre del órgano resolutor, pero actúa como tal) mantiene la denegación por proteger secretos industriales.
La Asociación Justicia por la Sanidad solicitó a la Intervención General de la Junta de Andalucía informes de control financiero del Hospital Univ. Virgen de las Nieves (2004-2019). El organismo denegó el acceso alegando el deber de confidencialidad del auditor público según la normativa de auditoría del sector público y la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades confirmar la titulación universitaria de una tercera persona. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada tiene un fin puramente particular y vulnera la privacidad del tercero.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social la agenda y actas de una reunión de la Fundación España Salud en Venezuela. El Ministerio denegó la agenda por protección de datos y negó la existencia de la reunión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la agenda pero denegando los documentos de la fundación por ser una entidad privada extranjera.
La asociación Gurelur solicitó al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra la documentación de las autorizaciones de anillamiento científico de aves de 2021. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, confirmando que la información se entregó fuera de plazo y validando la denegación de memorias científicas por propiedad intelectual y la disociación de datos personales.
Se solicitó copia del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vila-real y la empresa Huawei Technologies España, SL. El recurrente alegó la denegación de la información. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que el documento es información pública y que las cláusulas de confidencialidad del convenio no pueden oponerse al derecho de acceso.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda, pagos y comunicaciones de la UE respecto al SAREB. Tras un acceso parcial, el ciudadano alegó falta de motivación en la denegación de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y retrotrae las actuaciones.
El interesado solicitó al Colegio Oficial de Arquitectos de Cuenca la documentación técnica de una vivienda. El Colegio denegó el acceso alegando la necesidad de autorización de los arquitectos autores (propiedad intelectual). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el Colegio actuó correctamente al proteger los derechos de terceros.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda la identificación de los asesores externos que intervinieron en la concesión de ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas a varias compañías. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por defecto formal.
El reclamante solicitó la copia del acta del Consejo Escolar de un colegio público, pidiendo la disociación de datos de terceros. La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha entregó el acta anonimizando también a los miembros del propio Consejo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información entregada es completa y que el resto de peticiones implican obligaciones de hacer.
Se solicitó al Ajuntament del Campello copia del expediente 2575/2020 del Departamento de Estadística con datos disociados. El reclamante alegó que la información facilitada era ilegible y que la disociación de datos personales era deficiente. El Consell de Transparenció de la Comunitat Valenciana declara la pérdida de objeto porque el Ayuntamiento entregó la documentación tras la reclamación.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó al Ayuntamiento de Jerez los justificantes de cobro del canon del campo de golf y su concepto económico. El Ayuntamiento denegó los justificantes alegando reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando entregar el concepto económico y retrotraer el proceso de los justificantes.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Barcelona documentación detallada sobre su evaluación en una prueba de selección para bomberos. Tras alegar que la respuesta inicial era insuficiente, la GAIP intervino y el Ayuntamiento acabó facilitando la información. La GAIP decide finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la solicitud.
Se solicitó información sobre la vacunación contra la COVID-19 del Presidente del Gobierno a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. La reclamante alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, dado que la administración respondió fuera del plazo legal tras la interposición de la reclamación.
La reclamante solicitó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2019 de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, incluyendo la identificación de sus ocupantes. Alegó que la información facilitada por la entidad no coincidía y dificultaba el acceso a los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la administración cumplió con la normativa.
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