Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) los cinco ejercicios mejor calificados de una asignatura de Enfermería. Alegó que era un proceso competitivo y que la anonimización bastaría. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación porque prevalece el derecho a la intimidad de los alumnos, cuyos trabajos contenían reflexiones personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias información sobre sanciones por incumplimiento de la normativa COVID-19 a vecinos y cargos públicos específicos (Alcalde y Teniente de Alcalde de Pelayos de la Presa). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la información de los vecinos de forma anonimizada, pero deniega el acceso a los datos de los cargos públicos por protección de datos.
Se solicitó información estadística sobre trabajadores del Área Sanitaria V afectados por COVID-19 (cuarentenas y positivos) a la Consejería de Salud del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos desagregados pero anonimizados.
El interesado solicitó un listado de centros educativos de la Comunidad de Madrid financiados con fondos públicos que contaran con servicio de enfermería en los cursos 2017-2020. La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de datos y que afectaba a la protección de datos de alumnos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El solicitante pidió información sobre cuantías y criterios de reparto de productividad y gratificaciones extraordinarias de 2019 en la Administración General del Estado. La administración denegó la identificación nominal alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando facilitar la identificación de cargos de confianza y directivos.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI el expediente administrativo de la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo copia de diversos proyectos empresariales para los Fondos Next Generation. La administración denegó el acceso alegando carácter auxiliar y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que prevalecen los intereses económicos de las empresas.
El interesado solicitó a la IGAE el informe inicial de auditoría y las alegaciones de la AEAT sobre las cuentas anuales de 2019. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el art. 145.1 de la Ley General Presupuestaria impide a la IGAE conceder el acceso, estableciendo que las solicitudes deben dirigirse directamente a los destinatarios de los informes.
Una entidad ecologista solicitó al Departament d’Empresa i Coneixement la autorización, actas de inspección e informes de seguridad de una industria química tras un accidente grave. La entidad alegó un interés público ambiental. La GAIP desestimó la reclamación basándose en el límite de seguridad pública y la confidencialidad de la normativa de seguridad industrial.
La Associació Contra la Corrupció Administrativa solicitó información al Ayuntamiento de Orpesa sobre el uso de medios públicos, registros de jornada, complementos de productividad y contratos de defensa jurídica de un funcionario. El Ayuntamiento alegó dudas sobre la protección de datos y la necesidad de informes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación.
Una regidora del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas solicitó acceso a los registros de entrada y salida del consistorio desde junio de 2019. La administración denegó el acceso directo y generalizado alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho de acceso pero condicionándolo a la previa ponderación y disociación de datos protegidos.
El reclamante solicitó acceso a copias electrónicas de expedientes urbanísticos de licencias de obra al Ayuntamiento de Gozón. Un tercero se opuso alegando falta de motivación, antigüedad de los documentos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública, permitiendo la omisión de datos personales.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Llucmajor una relación de licencias de obra en suelo rústico (2015-2017), licencias desde 1984 con criterios específicos y expedientes concretos. La administración denegó parte de lo pedido alegando carácter abusivo y falta de digitalización. La Comisión para las Reclamaciones estima parcialmente la reclamación, ordenando revisar la inadmisión de la primera parte.
El sindicato USO solicitó a la CRTVE las retribuciones anuales brutas del personal directivo desde 2016 hasta la actualidad. Tras una denegación parcial basada en la protección de datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información por prevalecer el interés público sobre la intimidad de los directivos.
Una periodista solicitó al Departament d’Empresa i Coneixement el historial de sanciones a empresas petroquímicas de Tarragona y Ebro. El organismo denegó el acceso basándose en la Ley de Seguridad Industrial. La GAIP estima la reclamación al considerar que prevalece el derecho reforzado a la información periodística y el interés público tras un accidente industrial grave.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda acceso a un expediente de denegación de incentivos regionales de la empresa Enfermundi, S.A. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto industrial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información previa omisión de datos confidenciales.
El reclamante solicitó datos detallados sobre inspecciones higiénico-sanitarias en establecimientos de restauración en diversas ciudades de Asturias. La Consejería de Salud denegó el acceso alegando la protección de datos personales y la falta de normativa para la publicidad de sanciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerarla información pública de interés para la salud pública.
El interesado solicitó a la AEAT la cuantía que ingresa la Iglesia católica en concepto de impuesto de sociedades en el último ejercicio disponible. La AEAT inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, aunque la AEAT erró en el procedimiento, la información solicitada está protegida por el secreto tributario.
El solicitante pidió el expediente completo de la licencia de obra mayor 153/2018 al Ayuntamiento de Torrelodones. Tras una denegación parcial basada en la propiedad intelectual, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG desestima la reclamación al considerar que el límite de propiedad intelectual es aplicable al proyecto de construcción.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó datos semanales de pruebas PCR de coronavirus realizadas en el Centro Nacional de Microbiología. Tras el silencio administrativo, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Finalmente, la entidad desistió del procedimiento al haber recibido una respuesta parcial de la Administración, por lo que el Consejo procedió al archivo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda la cuantía total y la identificación individualizada de los empleados que percibieron productividad y gratificaciones en 2019. La administración denegó la identificación individual alegando que era una solicitud abusiva y que existía normativa específica de función pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
Una empresa recurre la decisión de la Jefatura Territorial de A Coruña de conceder acceso a un plan de labores mineros, alegando indefensión y secreto industrial. La Comisión da Transparencia de Galicia decide retrotraer el procedimiento debido a que la resolución recurrida fue dictada por un órgano sin competencia delegada, incurriendo en un vicio de nulidad.
Una empresa reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia contra la decisión de conceder al Ayuntamiento de Teo el acceso a su plan de labores 2020. Alegó indefensión, falta de legitimación del Ayuntamiento y secreto industrial. La Comisión declaró la no conformidad a derecho e instó la retroacción del expediente por nulidad del acto administrativo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acceso a expedientes sancionadores de diversas empresas pesqueras y comunicaciones enviadas a la UE. La administración no respondió, incurriendo en silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, ordenando facilitar las resoluciones sancionadoras.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre ocupación efectiva, productividades y relaciones nominales de trabajadores (RNT). La administración alegó que la información ya era pública, que el interesado ya tenía acceso como delegado y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
La reclamante solicitó a la Presidència de la Generalitat la agenda oficial del presidente, la identidad del medio solicitante y el nombre del periodista de una entrevista con The Guardian. La administración entregó una relación de actos, pero la solicitante alegó que no era una copia auténtica. El Consell de Transparència estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la agenda y la comunicación de la solicitud, pero deniega el nombre del periodista por ser dato personal.
El solicitante pidió una copia de la memoria presentada por otro candidato en un proceso de selección para una bolsa de empleo a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. El organismo desestimó la solicitud porque el interesado no acreditó ser parte del proceso ni justificó un interés superior.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Valencia el detalle de las inspecciones sanitarias e higiénicas en locales de restauración entre 2016 y 2019, incluyendo nombres y resultados. La administración entregó la información anonimizada alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, ordenando facilitar los datos sin anonimizar.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona copia de sentencias judiciales sobre el IVTNU (enero-julio 2020) con datos anonimizados. La administración inadmitió la solicitud alegando complejidad técnica y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación, declarando la nulidad de la denegación y obligando a la entrega de la información previa dissociación de datos personales.
Una entidad vecinal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell las actas del consejo de administración de las entidades gestoras del agua desde 2015. Tras el silencio administrativo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar las actas previa eliminación de secretos comerciales, intereses económicos legítimos y datos personales de terceros ajenos a la administración.
El interesado solicitó a la EMT de Madrid un histórico de datos (enero 2018 - enero 2020) sobre la disponibilidad de plazas en parkings públicos. La administración alegó que no disponía de dicho histórico y que su obtención requeriría una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que se pretendía la confección de un informe ad hoc.
El reclamante solicitó copia de los documentos de propuesta y concesión de comisiones de servicio en diversos institutos de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Educación denegó la identidad de los docentes alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la administración realizó una correcta ponderación entre el interés público y la privacidad.
Una empresa solicita la retroacción de un procedimiento tras impugnar la resolución de la Xefatura Territorial de Lugo que concedió el acceso a información de un expediente minero a una asociación. La empresa alegaba indefensión y protección de secretos industriales. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación para retroaccionar el procedimiento por un vicio de forma en la competencia.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los informes del grupo de expertos de seguridad que motivaron la revocación de autorizaciones de varios productos fitosanitarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada es de contenido medioambiental y se rige por su propia normativa específica (Ley 27/2006).
La Fundación Civio solicitó un listado de pasajeros que acompañan a autoridades en vuelos oficiales. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo denegó la identidad de los acompañantes alegando protección de datos y no aportó copias de solicitudes por considerar que requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la identidad nominal de los acompañantes (excluyendo seguridad).
El Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya solicitó al Ajuntament d'Alaquàs información sobre resoluciones de complementos de productividad de trabajadores (activos y jubilados) y los criterios de suspensión de un acuerdo regulador. El Ayuntamiento no respondió. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, alegando que la información es pública y necesaria para la actividad sindical.
El reclamante solicitó acceso al expediente administrativo 23950/2019 del Ayuntamiento de Orihuela. El ciudadano alegó mala gestión y falta de respuesta tras su solicitud inicial. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación debido a que la información solicitada contiene datos de terceros y no se cuenta con su consentimiento expreso ni interés público que lo justifique.
El reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud las resoluciones y copias de los nombramientos de 45 puestos de libre designación y la motivación de su provisión. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y que la información ya había sido facilitada de forma parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El reclamante solicitó copias de los nombramientos de 45 puestos de libre designación del Área de Salud Llerena-Zafra y la motivación reglamentaria de su provisión. La Junta de Extremidad (SES) denegó el acceso alegando protección de datos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por prevalecer el derecho a la protección de datos.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Duero el número e importe de sanciones impuestas a la Comunidad de Regantes del Cauce de Castañares o del Morco. La administración denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el límite de protección de datos no aplica a personas jurídicas.
El ciudadano solicitó a una profesora de la Universidad Pública de Navarra copia de los cinco informes con mayor calificación en una asignatura. La profesora denegó el acceso alegando propiedad intelectual y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra acuerda retrotraer el procedimiento ya que la solicitud no se dirigió al órgano competente (Secretaría General).
El grupo municipal Navarra Suma solicitó al Ayuntamiento de Zizur Mayor acceso automatizado a los documentos del Registro Electrónico de Entradas. El Ayuntamiento denegó la petición. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación por considerar que el derecho de acceso de los concejales requiere solicitudes puntuales y no un mecanismo de acceso masivo y atemporal.
El solicitante pidió al Parque Móvil del Estado (Ministerio de Hacienda) las cuantías y criterios de reparto de la productividad y gratificaciones de 2019. La administración denegó el acceso alegando que existía normativa específica para sindicatos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada los nombres, DNI, tipo de contrato y lugar de trabajo de los delineantes municipales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los nombres y datos laborales, pero excluyendo los DNI.
El Colegio Profesional de Delineantes CAM solicitó al Ayuntamiento de Pinto los nombres, DNI, tipo de vinculación (funcionario o laboral), lugar de trabajo y tipo de contrato de los delineantes del consistorio. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la identidad y datos laborales, pero denegando el DNI.
El Colegio Profesional de Delineantes solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes los nombres, DNI y datos contractuales de los delineantes de la plantilla. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse facilitado la información (que no existen tales puestos) fuera del plazo legal.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz los nombres, DNI, tipo de vinculación y contrato de los delineantes de la corporación. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud: ordenó facilitar nombres, tipo de personal y contratos, pero denegó el acceso a los DNI por no ser necesarios para la transparencia.
El Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón nombres, DNIs, tipo de vinculación, ubicación de servicios y tipo de contrato de los delineantes del consistorio. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la identidad y datos laborales, pero denegando los DNIs.
El Colegio Profesional de Delineantes de CAM solicitó al Ayuntamiento de Parla los nombres, DNI, tipo de contrato y ubicación de los delineantes municipales. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos sobre el tipo de vinculación y ubicación, pero denegando el acceso al DNI.
El Colegio Profesional de Delineantes solicitó al Ayuntamiento de Aranjuez los nombres, DNI, tipo de contrato y ubicación laboral de sus delineantes. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve estimar parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos profesionales pero denegando el acceso a los DNI por no ser necesarios para la transparencia.
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