Acceso a documento de reconocimiento de responsabilidad en expediente sancionador municipal

Acuerdo de la Comisión para las reclamaciones de acceso a la información pública por el que se estima la reclamación formulada por MI en nombre y representación de la entidad Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales.

ANTECEDENTES

Hechos

1. El 5 de noviembre de 2020, E, actuando en nombre y representación de la entidad Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA), presentó ante la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, solicitud de acceso de información, en la que expresamente solicitaba "Copia compulsada del documento mediante el cual el alcalde de Sineu reconoce la responsabilidad en el procedimiento sancionador (Expte. R-75/2019) incoado por la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación contra el Ayuntamiento de Sineu como consecuencia de haber utilizado animales vivos (gallos y conejos) en las 'Corregudes d'es Cós', celebradas en el citado Municipio".
2. Mediante Resolución de fecha 30 de diciembre de 2020, la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación desestimó la petición formulada por MN por considerar que el mismo ya tuvo acceso al expediente y que en todo momento tuvo la oportunidad de ejercitar plenamente sus derechos. Motivan la desestimación en el hecho de que versa el expediente sobre la comisión de una infracción administrativa cometida por una entidad pública, cuya comisión no conlleva la amonestación pública al infractor, y no cuentan con consentimiento expreso del afectado (el Alcalde de Sineu), considerando que el derecho de acceso en este caso puede entrar en colisión con el derecho a la intimidad del imputado.
3. El 5 de enero de 2021, E presenta ante esta Comisión reclamación, argumentándola en que el derecho a la intimidad no puede aplicarse en el caso que nos ocupa al haberse tramitado el expediente sancionador al Ayuntamiento de Sineu -persona jurídica- y no al Alcalde; y lo que él solicita es copia, disociando cualquier dato personal que pueda contener el escrito, un documento obrante al expediente tramitado, y suscrito por el Alcalde, en nombre y representación del Ayuntamiento.
4. En fecha 1 de febrero de 2021, se requirió por esta Comisión a la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación copia del expediente tramitado en su día como consecuencia de la reclamación presentada, lo que se cumplimentó en fecha 16 de febrero de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), y el art. 2 del Decreto 1/2019, de 11 de enero, regulador de la Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública, la Comisión es el órgano competente para resolver la reclamación que, en materia de acceso a la información pública, se ha interpuesto por Ma DO en nombre y representación de la entidad ANPBA, contra la resolución de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, comprendida en el ámbito de aplicación de la LTAIBG.
2. De acuerdo con el contenido del artículo 12 de la LTAIBG, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley; el artículo 13 de este texto legal, establece que se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
3. El artículo 15.1 de la citada LTAIBG establece que si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podría autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Añade dicho precepto que si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biomédicos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley, y en este precepto se ampara la Consellería para denegar el acceso del MS. Si bien, el criterio de esta Comisión es que dicho precepto efectivamente, establece dicha limitación en cuanto a los datos personales, pero en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento es el órgano supremo de la Administración municipal al que le corresponde la dirección y gobierno de los intereses morales y materiales del Municipio; ostenta su representación legal y tiene el carácter de corporación de derecho público que encarna la jurisdicción municipal. El Alcalde es, e interviene en el caso que nos ocupa, en su calidad de Presidente de la Corporación, ostentando, entre otras atribuciones, la representación del Ayuntamiento, el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, adoptando personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno, y todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
4. Precisada la competencia de esta Comisión para dictar el presente acuerdo, y la personalidad jurídica del Ayuntamiento de Sineu, y por tanto del Alcalde en cuanto representa al mismo, debemos centrar el objeto de la solicitud, que se refiere a obtener copia de un documento suscrito por el Alcalde en el cumplimiento de sus funciones como tal; y si dicha solicitud se ve incardinada en los preceptos del artículo 13 de la LTAIBG, o si puede verse limitado el derecho del solicitante por la entrada en conflicto con otros intereses protegidos y de conformidad con el régimen específico que le sea aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza singular del documento solicitado.
5. En este punto, y a la vista de los argumentos esgrimidos por la Consellería para no acceder a facilitar la información solicitada por HN, debemos ponderar tal y como nos exige el art. 15.3 de la Ley, el interés público que puede haber en la información que se solicita, y el posible derecho del alcalde a que no le sea facilitada copia compulsada del documento mediante el cual el mismo reconoció su responsabilidad en el procedimiento sancionador, y no puede concluirse más que la información solicitada debe entenderse como información pública, al ser un documento suscrito en el ejercicio de sus funciones por el Alcalde de la Corporación, y no en su propio nombre y representación, y por tanto no puede acogerse a los límites previstos en el artículo 15 respecto de los datos personales; sino que actúa en nombre y representación de una persona jurídica que es el Ayuntamiento ante el que se dirige la reclamación.

RESOLUCIÓN

En virtud de lo expuesto, dicto el siguiente Acuerdo:

• Estimar la reclamación formulada Por E en nombre y representación de la entidad ANPBA.
• Notificar este Acuerdo al interesado.
• Notificar este Acuerdo A la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Interposición de recursos

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo que dispone el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contados desde la recepción de la notificación, de conformidad con los artículos 10.1 a y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, de conformidad con lo que dispone el artículo 29.2 del mismo texto legal, cuando la Administración no ejecute el acto firme, el afectado podrá solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde su petición, el solicitante podrá formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78.