Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la identidad, DNI, tipo de contrato y ubicación de los delineantes del consistorio. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los nombres, condición de personal y ubicación, pero denegando el acceso a los DNI por no ser necesarios para la transparencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa María de Guía el desglose de las retribuciones del Subinspector Jefe de la Policía Local desde enero de 2018. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo legal.
El solicitante pidió al Ministerio de Ciencia e Innovación datos desagregados de cada caso de COVID-19 (microdatos) y la encuesta individualizada utilizada. El Ministerio denegó los datos alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: denegó los microdatos por requerir reelaboración, pero ordenó entregar la encuesta.
Un estudiante solicitó a la UNED datos sobre matriculados, correcciones preliminares, notas y respuestas de alumnos de una asignatura. La universidad denegó parte de la información alegando propiedad intelectual y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y que los exámenes contienen datos personales.
Se solicitó al Colegio Oficial de Aparelladores de Vigo acceso al expediente de una información reservada derivada de una queja y el extracto del acta de la Junta Colegial. El Colegio denegó el acceso alegando confidencialidad y naturaleza de documentos internos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación, al considerar que el expediente es información pública tras su archivo.
El solicitante pidió a la Universidad de Vigo el detalle de las retribuciones (salario base, complementos, trienios, etc.) del rector, vicerrectores y equipo gestor en 2019. La universidad denegó los conceptos variables (trienios, sexenios) alegando protección de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación, ordenando la entrega íntegra de la información.
El Colegio Profesional de Delineantes solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares los nombres, DNI, tipo de contrato y lugar de trabajo de los delineantes municipales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar nombres y datos laborales, pero excluyendo los DNI.
El reclamante solicitó a la Fundación Universidad de Oviedo un listado de encargos, contratos e investigaciones realizados desde 2017, detallando nombre, entidad, importe y responsable. La Fundación alegó que la información estaba sujeta a confidencialidad y protegería intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no aplicarse el límite.
El Colegio Profesional de Delineantes de la Comunidad de Madrid solicitó a ADIF los nombres, apellidos, DNI, tipo de contrato y ubicación laboral de sus delineantes para controlar el intrusismo profesional. ADIF denegó el acceso alegando que la finalidad no encajaba en la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, concediendo nombres, apellidos, tipo de contrato y ubicación, pero denegando el DNI por protección de datos.
El reclamante solicitó información sobre cuantías, cofinanciación y los informes finales de resultados y justificación económica de dos programas de I+D de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso a los informes alegando protección de la propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la administración no justificó el daño.
Se solicitó a la Universidad Pública de Navarra copia de los trabajos académicos calificados con la nota máxima. La administración alegó falta de competencia del receptor y extemporaneidad de la reclamación. El Consejo de Transparencia de Navarra decide retrotraer el procedimiento para que la Secretaría General, órgano competente, tramite y resuelva la solicitud.
La reclamante solicitó retribuciones, titulaciones y funciones del personal directivo y de jefatura de la Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. La administración denegó parte de la información alegando carácter abusivo de la solicitud y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información del Jefe de Área de Desarrollo Operativo.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre obras realizadas en edificios de la Guardia Civil en Córdoba durante 2019 y listados de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Tras una respuesta que el interesado consideró incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la Administración a completar los datos de las obras y a facilitar información específica de prevención de riesgos laborales.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid un listado de cotos de caza con datos de matrícula, tipo, superficie, municipio e identificación del titular. La administración denegó los datos de titularidad por protección de datos y solo ofreció un mapa interactivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega del listado en formato reutilizable.
Miembros del Consell d'Administració de la EMT y regidores del Ayuntamiento de Valencia solicitaron documentación relativa a una investigación por presunto fraude. La EMT alegó inexistencia de documentos, falta de relación con el objeto y vulneración de derechos fundamentales. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho al acceso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El reclamante solicitó copia íntegra de un expediente disciplinario contra un agente de la Policía Municipal para recurrir su archivo por caducidad. El Ayuntamiento de Madrid denegó el acceso alegando secreto profesional y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que aplica el límite del secreto profesional.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama la identidad de un funcionario municipal. Tras no recibir respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación por considerar que la solicitud es manifiestamente repetitiva, al haber sido denegada previamente una petición idéntica con firmeza.
El reclamante solicitó documentación técnica (memorias y aprobaciones) de diversos expedientes urbanísticos al Ayuntamiento de Gozón. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho, falta de finalidad legítima y riesgo para la privacidad de un cargo local. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que es información pública.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Cabrils el acceso a los decretos de alcaldía. Tras una estimación parcial y alegaciones sobre la abusividad de la solicitud, el Consejo de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad datos de volumen, sistema de contratación y precio de ciertos medicamentos (grupos ATC) desglosados por centro y fármaco. La administración entregó información agregada insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no concurren límites de confidencialidad comercial y que la información ya se había facilitado con mayor detalle anteriormente.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Espeluy el proyecto de ejecución de obras en la Barriada Buenavista y el expediente de contribuciones especiales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación: inadmite la solicitud del expediente por estar en curso y retrotrae el procedimiento del proyecto para dar traslado a terceros.
Un regidor del grupo socialista solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola diversos registros de entrada/salida, informes sobre descansos y horas extraordinarias de la Policía Local, y expedientes de gratificaciones. Tras alegar la administración falta de necesidad o protección de datos, el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó al Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo las direcciones de locales de hostelería en Pontevedra que solicitaron visado de proyecto entre septiembre y octubre de 2019. El Colegio denegó el acceso alegando confidencialidad y carácter abusivo. La Comisión de Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social informes sobre un accidente mortal en el Aeropuerto de Barajas y expedientes de inspección de una empresa. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información no busca el control público, sino fines particulares.
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social dictámenes y expedientes de la Inspección de Trabajo sobre dos empresas específicas desde 2010. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información afectaría a intereses económicos de las empresas.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón informes técnicos y jurídicos de un expediente urbanístico específico. La administración denegó el acceso alegando que la documentación solicitada no existe y que su entrega obligaría a elaborar nuevos documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por inexistencia de objeto sobre el cual ejercer el derecho.
Un ciudadano solicitó la contabilidad completa (2014-2017) al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga. El Colegio denegó el acceso alegando protección de datos y falta de disociación de la información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por considerar que dicha información no es pública.
La Asociación Bierzo Aire Limpio solicitó al Ministerio de Ciencia e Innovación copia de un dictamen ambiental del CIEMAT sobre una cementera. El Ministerio denegó el acceso alegando propiedad intelectual y que la titularidad era de la Junta de Castilla y León. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser materia de la Ley 27/2006, debiendo seguir su propio régimen de recursos.
Una entidad ecologista solicitó al Departament de Territori i Sostenibilitat copia del proyecto de una planta de incineración de residuos. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y la fase procesal del expediente. La GAIP estima la reclamación, determinando que el derecho de acceso no puede limitarse a los periodos de información pública o audiència.
La Asociación JADE solicitó a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes información sobre el contrato menor del proyecto “Cirilo y el jardín extraordinario”. Tras el silencio administrativo, la administración alegó límites de intereses económicos y propiedad intelectual. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación y ordena la entrega de la documentación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior vídeos aéreos y de cámaras corporales, así como la metodología de recuento de asistentes a la manifestación 'Huelga mundial por el clima'. Tras una respuesta parcial y tardía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar los vídeos aéreos previa disociación de datos personales.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alameda del Valle acceso y copias de expedientes urbanísticos de diversas edificaciones. La administración denegó el acceso alegando la protección de la intimidad, seguridad y falta de relevancia pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la documentación es información pública.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible copia de la resolución de un procedimiento sancionador sobre maltrato animal. Tras recibir respuesta tardía, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por carecer de competencia, al ser información medioambiental regulada por normativa específica.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Parla expedientes de licencias de obra, un proyecto de ejecución y un acta de reunión vecinal. Tras una respuesta insuficiente del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar las licencias y el proyecto (previo tratamiento de datos), pero desestima el acta por ser una solicitud repetitiva.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid un detalle exhaustivo de las multas impuestas por los Agentes de Movilidad en los últimos cinco años en formato Excel. La administración alegó que la información requería una reelaboración excesiva y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud exige una labor de análisis y agregación no obligatoria.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cubelles información identificativa de un perro y su propietario tras un ataque. El ciudadano alegó falta de respuesta y posterior denegación de datos personales. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento acabó facilitando la información solicitada durante el procedimiento.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE los costes de retransmisión de las campanadas 2020, del especial Feliz 2020 y la copia del contrato de producción de este último. El interesado alegó que solo recibió información breve sobre la contratación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que ya se facilitaron los costes económicos.
El reclamante solicitó a la Universitat de València la memoria completa de un proyecto de investigación de un becario y una certificación de la realización de dicha colaboración. El organismo de transparencia (Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana) estimó parcialmente la solicitud: ordenó facilitar la certificación, pero denegó la memoria por proteger la propiedad intelectual del autor.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los datos anonimizados y el balance anual de usuarios de los informes 'Análisis del perfil del jugador online' (2014-2017). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información no existe en bruto y su obtención requeriría una reelaboración de los datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo información sobre actuaciones inspectoras contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La administración inadmitió la solicitud alegando normativa sectorial y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones para que el solicitante concrete su petición.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes información sobre respuestas a preguntas en plenaria, tarjetas de aparcamiento y datos fiscales de un regidor. El solicitante alegó que las respuestas orales eran insuficientes y exigió respuestas escritas. La GAIP resuelve la pérdida parcial del objeto y desestima parcialmente la solicitud por ser la información fiscal reservada por ley.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Just Desvern el proyecto ejecutivo de un edificio. Tras alegar la administración la necesidad de dar audiencia a terceros afectados, la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento facilitó la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Just Desvern el proyecto ejecutivo de un edificio. Tras alegar la administración la necesidad de dar audiencia a terceros afectados, la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento facilitó la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre el contenido, función y régimen jurídico de diversas aplicaciones informáticas (ZÚJAR, TESEO, etc.). Alegó que la respuesta de la AEAT fue vaga y genérica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a concretar la función y contenido de cada programa.
Un portavoz sindical solicitó a Aigües d'Alacant Empresa Mixta el contrato de servicios de la empresa Aquaectos para 2018-2019. La empresa no respondió. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación porque la entidad no es un sujeto obligado al acceso público, al ser una sociedad mercantil con participación privada igual o superior al 50%.
La reclamante solicitó diversos expedientes administrativos y documentos de gestión al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó. Tras recibir respuestas tardías y en un formato PDF escaneado (sin foliar ni indexar), alegó que no se cumplía con el derecho a recibir copias electrónicas de documentos electrónicos. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el coste, comisarías y contenido del Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE), así como informes relacionados. El interesado alegó disconformidad con la respuesta inicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El reclamante solicitó acceso a los expedientes de los convenios colectivos de Puertos del Estado al Ministerio de Hacienda. La administración alegó protección de datos, seguridad nacional e interés económico. El CTBG resuelve estimar parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información con cautelas para proteger datos de terceros.
El interesado solicitó acceso a los expedientes de selección de personal para el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. Alegó que la denegación de los currículos de los no seleccionados le impedía verificar la imparcialidad del proceso. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación al considerar que la protección de datos de terceros no seleccionados prevalece.
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