Solicitud de informes de seguridad sobre la revocación de autorizaciones de productos fitosanitarios y resultado desestimatorio

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 542/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 18 de julio de 2020, la siguiente información: En el punto A.03.1 del informe de la reunión mantenida los días 21 y 22 de octubre de 2019, por el Commitee on Plants, Animal, Food and Feed (sante.ddg2.g.5 (20197201349), relativo al acceso a estudios presentados como parte de los expedientes de autorización de un producto fitosanitario, la Comisión Europea recalca que estos estudios no pueden ser denegados a quienes los soliciten, y recuerda que hay varias sentencias de los Tribunales de Justicia sobre este asunto. Además, la Comisión recuerda que en un próximo futuro (desde marzo de 20121) todos los estudios relativos a una aprobación o renovación de una autorización de sustancias S/REF: N/REF: R/0542/2020; 100-004098 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación Información solicitada: Informes sobre revocación de autorización de productos fitosanitarios Subdirección General de Reclamaciones activas serán publicados, por lo que la denegación de acceso a estos documentos será enmendada en un breve período de tiempo. Lo cual, y con más motivo expresado en el artículo 57.1.g del reglamento CE 1107/2009 antes citado, es aplicable a las revocaciones de autorizaciones de los productos, instrucciones de la Comisión Europea que , no me cabe ninguna duda, es conocedora esta Dirección General. PRIMERO: Ha llegado a mi conocimiento la emisión durante el mes de Junio de 2019, de varias resoluciones de revocación de la autorización de diversos productos fitosanitarios, resoluciones que no me ha sido fácil su acceso, puesto que no están publicadas en ningún boletín oficial ni página web de ningún organismo oficial lo que a mi entender vulnera la obligación de la publicidad activa exigida tanto por el reglamento CE 1107/2009 como por la Ley 19/2013 en su capítulo II, ambas citadas anteriormente, y concretamente las siguientes: Producto Fecha resolución Fecha de emisión de informe del grupo expertos LAISOL 10 de Junio de 2019 11 de Abril de 2019 BASAMID 20 de Junio de 2019 15 de Abril de 2019 Granulado RAISAN-50 10 de Junio de 2019 11 de Abril de 2019 METAM SODIO-40 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 TRAGUSAN 50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 METHAM-NA 50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 METAM SODIO-50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 SOLASAN 40 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 Hay que recalcar que se trata de resoluciones de revocación de las autorizaciones de comercialización y uso hasta entonces existentes, por lo que a partir de las fechas de revocación de las autorizaciones de uso y de comercialización, dichas sustancias están prohibidas en el territorio del Estado Español, por lo que no puede existir ninguna razón de intereses económicos o comerciales al no ser posible su compraventa en España. SEGUNDO: Aun no teniendo la obligación de motivar mi solicitud de acceso a los informes del grupo de expertos de seguridad que motivaron las resoluciones de revocación de autorización de los productos anteriormente citados, y con el fin de eliminar trabas burocrática, etc, procedo a expresar los motivos que me llevan a la presente solicitud. Soy propietario de la parcela en el polígono del término municipal de (Ávila). En ella tengo edificada una vivienda unifamiliar que a la sazón es mi residencia habitual, así como cuadras donde tengo estabulados los caballos pertenecientes a mi ganadería de código REGA ES05135XXXXXX. Las instalaciones se abastecen de una captación de agua, legalizada para consumo humano, que es la que nos abastecen tanto a los animales como a mí y mi familia de agua para nuestro consumo. Asimismo, y dentro de la finca, existe una zona donde se cultivan hortalizas de forma ecológica para el consumo privado de mi familia. Apenas a 10 metros de la finca, la distancia que nos separa un camino de acceso a las fincas, existe una explotación agropecuaria destinada al cultivo de viveros de fresas, la cual tiene en cultivo activo la presente temporada en fincas vecinas y colindantes con la mía dentro de dicho polígono 2. Dicha explotación agropecuaria anualmente desinfecta las fincas donde pretende realizar el siguiente cultivo anual, utilizando usualmente las sustancias fitosanitarias Metam Sodio y Metam Potasio, las mismas que forman parte de los productos cuya autorización ha sido revocadas por lo que es de mi interés conocer las causas y motivos expresados en los informes del grupo de expertos de seguridad. No sólo ocurre en las fincas colindantes con mi explotación agropecuario, sino que pasa igual tanto en la misma comarca y provincia, llegando incluso durante esta año 2020, año en que está prohibida su comercialización y uso dichos productos, a ver la aplicación en diversas fincas, hechos que puse en conocimiento de las autoridades competentes de la Junta de Castilla y León. SOLICITO: Se me hagan llegar, en formato electrónico y por medios electrónicos, los informes del grupo de expertos de seguridad que motivaron las siguientes resoluciones de revocación de autorización de los productos reseñados en el punto primero de mi exposición, a saber: Producto Fecha resolución Fecha de emisión de informe del grupo expertos LAISOL 10 de Junio de 2019 11 de Abril de 2019 BASAMID 20 de Junio de 2019 15 de Abril de 2019 Granulado RAISAN-50 10 de Junio de 2019 11 de Abril de 2019 METAM SODIO-40 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 TRAGUSAN 50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 METHAM-NA 50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 METAM SODIO-50 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019 SOLASAN 40 3 de Junio de 2019 9 de Abril de 2019. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 24 de agosto de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente cont enido: En fecha 18 de Julio de 2020 (se adjunta en ANEXO justificante de presentación, y escrito de solicitud) presenté escrito por el que solicitaba copia en formato electrónico de los informes del grupo de expertos de seguridad por los cuales dicha Direcci ón General emitió resoluciones de cancelación de las autorizaciones de comercialización y uso de los productos que contienen las sustancias canceladas, por lo que dicho departamento tiene en su poder. A día de hoy, los plazos para su resolución están vencidos según lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de un mes. Asimismo, y en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, el silencio administrativo, acontecido con esta petición de información, debe entenderse como desestimado, ante lo cual presentamos la presente reclamación. Por todo ello SOLICITA: Se estime la presente reclamación. Se actúe ante la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con objeto de que se nos haga llegar la información solicitada y en el formato electrónico solicitado de cara a la eficiencia de su uso tal y como se dispone en el artículo 11 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y lo contemplado en la Ley 37/2007, de 16 de Noviembre, sobre la reutilización de la información del sector público, la cual volvemos se especificó en el escrito presentado en fecha 18 de Mayo de 2020 y que se adjunta como documentación. 3. Con fecha 27 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Con fecha 14 de septiembre tuvo entrada la respuesta a la solicitud de alegaciones y en la misma se indicaba lo siguiente: Esta Unidad de Información de Transparencia del MAPA no ha tenido conocimiento de este expediente hasta que se ha recibido la comunicación por el CTBG de la reclamación interpuesta, por lo que se ha solicitado informe en relación con la misma a las unidades competentes de este Departamento. La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, en su escrito de 2 de septiembre, comunica que, efectivamente, dicha solicitud no ha sido respondida en plazo, debido a la carencia de personal de esta unidad, agravada por las vacaciones de verano. Sin perjuicio de ello, considera que debe desestimarse la mencionada solicitud de información referida al acceso a los informes de evaluación de seguridad empleados en la cancelación de los productos fitosanitarios mencionados, debido a los siguientes motivos: 1) Los informes empleados para llevar a cabo las mencionadas revocaciones se encuentran sujetos a protección de datos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1 del Reglamento (CE) nº 1107/2009. En este sentido, cabe destacar que, dado que los informes objeto de petición sirvieron para denegar la autorización de los productos, se encuentran sujetos a la citada protección de datos con carácter indefinido, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1 de dicho Reglamento, el periodo de protección de datos empieza a contar desde la primera autorización o desde la fecha de renovación del producto fitosanitario, y, dado que estos productos no se renovaron, dichos informes se encontraría sujetos a la protección de datos regulada por el artículo 59 del meritado Reglamento (CE) nº 1107/2009 con carácter indefinido, y, por lo tanto, según lo establecido en el artículo 14.1, letras h) y j), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, concurre una causa que obliga a limitar el acceso a la información solicitada. 2) Asimismo, de acuerdo con el artículo 63.2, epígrafes b), f) y g) del Reglamento (CE) nº 1107/2009, los informes de seguridad para los que se pide acceso a la información ambiental incluyen información relativa a: la especificación de la impureza de la sustancia activa (regulada en el epígrafe b) del artículo 63.2 del Reglamento), información sobre la composición completa de un producto fitosanitario (regulada en el epígrafe f) del artículo 63.2 del Reglamento) y los nombres y las direcciones de las personas que hayan participado en ensayos en animales vertebrados (regulada en el epígrafe g) del artículo 63.2 del Reglamento). Con lo cual dichos informes incluirían información considerada como confidencial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63.2 del Reglamento 1107/2009, y, por lo tanto, de nuevo según lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, concurre una causa que obliga a limitar el acceso a la información solicitada. Primero.- La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 13 que se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. El artículo 14 recoge los límites al derecho de acceso, especificando que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para, entre otros motivos: “h) Los intereses económicos y comerciales.” “j) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.” El CTBG en su Criterio Interpretativo 1/2019 de 24 de septiembre de 2019, relativo a la aplicación del artículo 14, número 1, apartado h), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (perjuicio para los intereses económicos y comerciales), entre otras consideraciones, indica que cualquier invocación del art. 14.1 requiere la realización por el aplicador de dos exámenes sucesivos, los denominados test del daño y test del interés. A través del primero se comprueba la probabilidad del hipotético perjuicio o lesión y la existencia de un nexo causal entre el acceso a la información que se solicita y el perjuicio alegado. Mediante el segundo se comprueba si existe en el caso algún interés superior al protegido con la limitación que justifique el acceso solicitado. A la hora de realizar estos test, en este caso concreto, de la ponderación de los intereses en juego no procede la divulgación de la información solicitada. Estos criterios se cumplen en este caso concreto, pues se trata de informes que tienen conexión directa con la actividad de la empresa; los informes en cuestión no tienen carácter público; el titular de la información tiene la voluntad de mantener alejada del dominio público esta información; y hay un interés legítimo objetivo, de carácter económico que afecta a las empresas implicadas. Segundo.- El Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, establece las normas aplicables a la autorización de productos fitosanitarios en su presentación comercial, y a su comercialización, utilización y control en la Comunidad, recoge en su Capítulo V las disposiciones relativas a protección de datos y puesta en común de datos. En particular, el artículo 59.1 indica que “Se aplicará a los informes de ensayos y estudios la protección de datos conforme a lo establecido en el presente artículo”. Como se ha expuesto en el antecedente de hecho tercero, la unid ad competente de este Ministerio destaca que, dado que los informes objeto de petición sirvieron para denegar la autorización de los productos, se encuentran sujetos a la citada protección de datos con carácter indefinido, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1 de dicho Reglamento, el periodo de protección de datos empieza a contar desde la primera autorización o desde la fecha de renovación del producto fitosanitario, y, dado que estos productos no se renovaron, dichos informes se encontrarían sujetos a la protección de datos regulada por el artículo 59 con carácter indefinido. Por otra parte, el Capítulo VI, titulado Acceso público a la información, en su artículo 63.2 establece que “Como norma general, se considerará que irá en perjuicio de la protección de los intereses comerciales o de la intimidad e integridad de las personas de que se trate la revelación de la siguiente información:” “b) la especificación de la impureza de la sustancia activa, excepto en el caso de las impurezas que se consideren pertinentes desde un punto de vista toxicológico, ecotoxicológico o medioambiental;” “f) información sobre la composición completa de un producto fitosanitario;” “g) los nombres y las direcciones de las personas que hayan participado en ensayos en animales vertebrados.” La Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria indica que en dichos informes se incluyen estos datos que se han detallado, considerados confidenciales por el citado Reglamento. Por tanto, este Ministerio considera que la aplicación de los mencionados límites del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, está justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y en atención a las circunstancias del caso concreto, como exige el artículo 14.2, máxime teniendo en cuenta la obligación de protección de datos, confidencialidad, protección de intereses comerciales, etc., que establece el Reglamento (CE) nº 1107/2009. Tercero. Por otra parte, el artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, dispone que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes “b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Criterio Interpretativo CI/006/2015, de 12 de noviembre de 2015, indica que “es el carácter auxiliar o de apoyo de este tipo de información y no el hecho de que se denomine como una nota, borrador, resumen o informe interno lo que conlleva la posibilidad de aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.b), de la Ley 19/2013”. El Consejo de Transparencia entiende que una solicitud de información auxiliar o de apoyo puede ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, las circunstancia de que “contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad”, o cuando se trate de “informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final”. En este caso, nos encontramos en este supuesto en el que la ley permite la inadmisión de una solicitud, ya que la documentación que se pretende obtener constituye a fin de cuentas informes internos de la Administración. Cuarto. Finalmente, el interesado cita el documento siguiente: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Legislation 21 - 22 October 2019 (sante.ddg2.g.5(2019)7201349). Indica que en el punto A.03.1 la Comisión Europea recalca que estos estudios no pueden ser denegados a quienes los soliciten, y recuerda que hay varias sentencias de los Tribunales de Justicia sobre este asunto. Además, la Comisión recuerda que en un futuro próximo (desde marzo de 2021) todos los estudios relativos a una aprobación o renovación de una autorización de sustancias activas serán publicados, por lo que la denegación de acceso a estos documentos será enmendada en un breve período de tiempo. Desde este Ministerio se entiende que este documento es un informe de la reunión correspondiente del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, y, por lo tanto, su consideración como norma jurídica de general aplicación es dudosa. El informe da cuenta de las distintas posiciones de los Estados Miembros y de la Comisión sobre la cuestión, y que en el futuro -marzo de 2021- los estudios que respalden la aprobación o renovación de la aprobación de sustancias activas se publicará íntegramente, pero, en la actualidad, hasta que no se produzca esta modificación del Derecho positivo que se anuncia, lo que procede es aplicar la norma en vigor, que es el citado Reglamento (CE) nº 1107/2009, con las consecuencias ya recogidas en los antecedentes jurídicos anteriores. En consecuencia, de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos, se considera que procede desestimar la reclamación planteada. 4. El 16 de septiembre de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Las alegaciones del reclamante tuvieron entrada el 3 de septiembre de 2020 e indicaban, en resumen, lo siguiente: En base a la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno, y en base a la cual presenté esta reclamación: o En sus artículos 12 y 13, me otorga el derecho al acceso a la información pública solicitada o Respecto al artículo 14.h) que alega la parte reclamada, y en el criterio interpretativo considerado en su integridad y no a partes fuera del contexto completo, tanto por el Remarcado Interés Público como por su afección a la Salud Pública hacen que el test de interés sea muy superior al test de daño, el cual no alcanzo a entender como tampoco explica la Vicesecretaria del MAPA, dado que el daño económico y comercial a que alude en el artículo 14.1.h) ya se ha producido con anterioridad, hace un año, al emitir la DGSPA las resoluciones de cancelación de los productos que fabrican y comercialización, estando prohibida la venta y distribución de los mismos en todo el territorio nacional. Ningún nuevo daño a los intereses económicos y comerciales de las empresas se añadiría por hacer público el Informe del Grupo de Expertos en Seguridad, solicitado por la DGSPA y requerido por el protocolo administrativo de renovación de autorizaciones de sustancias y productos fitosanitarios. A lo que hay que sumar, que en el caso de la información solicitada concurre un interés superior que justifica la concesión de la información demandada. o Igualmente, y en base al criterio interpretativo 1/2019, el hecho de que en la información solicitada pudiera encontrarse algún dato protegido, ello no faculta a la administración en posesión de dicha información a denegarla como en este caso está haciendo el MAPA, sino que debe dar la información eliminando dichos datos protegidos y haciéndome constar qué datos se han eliminado. En base a la Legislación Europea, y concretamente al Reglamento UE 1107/2009 que ambas partes hemos alegado: o Dicho reglamento es claro y nítido en su artículo 57, y especialmente en su apartado g) donde legisla que la información debe hacerse pública si la cancelación (como es el caso que nos ocupa) se debe a motivo de seguridad (como se desprende de la resolución de cancelación de la DGSPA la cual afirma basarse en el informe del Grupo de Expertos en Seguridad, informes que son los que exclusivamente he solicitado y reclamado ante este Consejo de Transparencia). o No debemos dejarnos confundir con artículos referentes a la confidencialidad y protección de los documentos, ensayos y estudios aportados por la empresa agroquímica solicitante de la primera autorización (hace más de 43 años), y mucho menos admitir la falta a la verdad que se ha expresado tanto en el oficio como en las alegaciones presentadas por el MAPA en esta reclamación, y concretamente al carácter temporal o indefinido de dichas protecciones y confidencialidades, El mismo artículo que invocan, 59.1 deja clara dicha temporalidad, plazo que a día de hoy ya se ha consumido ampliamente. Considero reprobable esta actitud de intentar confundir para lograr sus intereses el MAPA, que no acierto a explicarme, y más aún reprochable tratándose de altos cargos de una administración pública. En base a las leyes europeas y normas a actuar según la Comisión Europea según el documento aludido por ambas partes: o La Comisión Europea (máximo órgano administrativo en Europa) establece con claridad y rotundidad, que los estados miembros no pueden denegar el acceso público a los documentos y estudios incluidos en el Dosier de un procedimiento administrativo de renovación de autorización de comercialización y uso de sustancias y productos fitosanitarios, como es el caso que nos ocupa, y que en base a graves riesgos de seguridad ha llevado al MAPA a cancelar dicha autorización. Por todo ello SOLICITA Se estimen las presentes alegaciones y se emita resolución atendiendo lo solicitado por mi parte. Dada la Extrema Gravedad del asunto que nos ocupa, solicito igualmente que dentro de las competencias de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se haga eco en su resolución de dicho extremo y resuelva con la mayor contundencia y dureza ante el MAPA, La Vicesecretaria General Técnica y la DGSPA por su secretismo y opacidad, injustificable y que pudiera tener repercusiones no deseadas en la salud de los ciudadanos, entre los que nos hemos encontramos yo y mi familia en primera línea de exposición. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, alegando escasos medios humanos para atender la solicitud. Aunque la carencia de recursos humanos disminuye realmente la capacidad de respuesta a los casos que se le puedan plantear, se recuerda que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. A tal efecto, y como se indica en su Preámbulo, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. A continuación, hay que analizar el contenido de la solicitud de acceso, en la que se piden los informes del grupo de expertos de seguridad que motivaron las siguientes resoluciones de revocación de autorización de los productos fitosanitarios. La Administración deniega la información en función de varios argumentos: i) La protección de datos personales ii) La especificidad de la legislación medioambiental para acceder a esta información iii) Los intereses económicos y comerciales, iv) Información que tiene carácter auxiliar o de apoyo. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html Debemos comenzar analizando la numerada en segundo lugar, relativa a la existencia de una normativa medioambiental aplicable con preferencia a la LTAIBG, dado que, de ser aceptada esta premisa, debería desestimarse la reclamación presentada. En este sentido, se cita un precedente recientemente tramitado en este Consejo de Transparencia (procedimiento R/0406/2020 ) por iniciativa del mismo reclamante frente al mismo Ministerio, en el que también se solicitaba información sobre productos fitosanitarios, concluido por resolución desestimatoria basada en los siguientes fundamentos: “En cuanto al fondo del asunto, se solicita información sobre las sustancias activas de la estadística anual de productos fitosanitarios de los años 2011 a 2018 distribuidos por año. El Ministerio deniega esta información por entender que se trata de contenidos incluidos en la legislación medioambiental, no resultando de aplicación la LTAIBG. En este punto, debe acudirse a la página web del propio Ministerio , en la que se aclara que los productos fitosanitarios son sustancias destinadas a prevenir, atraer, repeler o controlar cualquier plaga de origen animal o vegetal durante la producción, almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de productos agrícolas y sus derivados. La producción agrícola se apoya, entre otros medios de producción, en los productos fitosanitarios los cuales tiene una gran importancia económica y medioambiental. El marco jurídico dentro del ámbito comunitario para abordar la sostenibilidad de los productos fitosanitarios y así poder reducir los riesgos y los efectos del uso de éstos en la salud humana y el medio ambiente es a través de la Directiva de uso sostenible de los productos fitosanitarios. Dada la importancia económico-ambiental de los productos fitosanitarios, la Directiva de uso sostenible de los productos fitosanitarios establece la elaboración por parte de los Estados Miembros de Estadísticas sobre la Comercialización y Utilización de los plaguicidas con uso fitosanitario. La “Estadística sobre Comercialización de Productos Fitosanitarios” permite conocer las cantidades de sustancias activas, por categoría de productos y clasificación química, contenidas en los productos fitosanitarios comercializados en nuestro país, destinados al uso agrícola. Su carácter es anual. Por otra parte, la “Estadística sobre el Utilización de Productos Fitosanitarios” permite conocer el uso de los productos fitosanitarios en ciertos cultivos que por su importancia económica y/o social sean destacados dentro del sector agrario español. Su carácter es quinquenal. https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html https://www.mapa.gob es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/estadisticas-medios-produccion/fitosanitarios.aspx Por tanto, como sostiene la Administración, estamos ante inform ación de contenido medioambiental, cuyo acceso se rige por su propia normativa específica (la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente) como se desprende del apartado segundo, de la Disposición Adicional Primera, de la LTAIBG, según el cual “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.” En consecuencia, debe desestimarse la reclamación presentada.” En el caso que ahora analizamos, consideramos que se dan los mismos elementos de hecho que permiten aplicar idénticos razonamientos a los expuestos, al solicitarse también información sobre productos fitosanitarios por lo que, al igual que en el precedente señalado, debemos concluir con la desestimación de la reclamación, sin que sea preciso analizar el resto de las alegaciones presentadas. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 24 de agosto de 2020, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez