Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó datos sobre la impresión y expedición de títulos académicos (pliegos, adjudicatarios e informes de laboratorios) a la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2019. La administración alegó carácter abusivo, intereses comerciales y falta de retroactividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid la ubicación (dirección y coordenadas) de los desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario. La administración alegó protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la ubicación no es un dato personal y no requiere reelaboración.
El interesado solicitó acceso al expediente de un procedimiento de disciplina urbanística al Ayuntamiento de Llucmajor. La administración denegó parcialmente la solicitud alegando secreto profesional e información auxiliar. La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública de las Illes Balears estima la reclamación porque el solicitante es interesado en el expediente y la denegación carecía de motivación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social nombres de miembros de comités, número de expedientes de talidomida con sus resultados y actas de reuniones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el proceso de diagnóstico no ha finalizado y las actas contienen datos de salud cuya anonimización es inviable sin desnaturalizar la información.
Se solicitó a la Agència Catalana de l'Aigua el proyecto constructivo de un depósito y red de agua. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, anulando la denegación por falta de acreditación de un perjuicio real y tangible que justifique dichos límites.
El reclamante solicitó al ICAC (Ministerio de Economía y Empresa) copia digital del expediente sancionador contra PricewaterhouseCoopers. La administración denegó el acceso alegando el secreto de la contabilidad y la protección de intereses de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió suspender el plazo para resolver debido a la existencia de un proceso judicial pendiente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Soto del Real el expediente de nombramiento del Juez de Paz. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó parcialmente la solicitud, ordenando la entrega del expediente pero excluyendo los datos de capacidad de los elegidos por ser información especialmente protegida.
La reclamante solicitó las listas de admitidos y excluidos de un proceso de libre designación de un técnico de apoyo en la Comunidad de Madrid. Alegó que la normativa de transparencia debe prevalecer sobre las normas sectoriales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la divulgación de tales listados vulneraría la protección de datos personales.
El reclamante solicitó a la Universidad de Oviedo datos sobre la impresión y expedición de títulos oficiales y suplementos europeos entre 2001 y 2019. La Universidad denegó parte de la información alegando la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
La reclamante solicitó a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha copia de su expediente personal y documentación sobre la gestión del CEPA Río Sorbe. Ante la falta de respuesta, recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los documentos, pero denegando la lista de responsables y peticiones genéricas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes sobre un accidente mortal en el aeropuerto de Madrid-Barajas. La administración denegó el acceso alegando que la información formaba parte de un proceso judicial y estaba sujeta a secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la entrega de la información por no acreditarse un perjuicio concreto.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat copia de memorias de convocatorias de empleo. El ciudadano alegó que el acceso parcial era insuficiente para su defensa. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración se comprometió a facilitar la documentación solicitada.
Se solicitó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la denominación de bodegas con un rango específico de ventas anuales de vino Albariño D.O.P. Rías Baixas. No hubo alegaciones por parte del solicitante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud por vulnerar el secreto tributario y carecer de interés público.
El solicitante pidió a la CRTVE las maquetas, partituras, letras y datos de los autores de las canciones candidatas a Eurovisión 2019. Alegó que la información es de interés público para controlar el proceso de selección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por vulnerar la propiedad intelectual y cláusulas de confidencialidad de los autores.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes sobre fallecimientos en los CIE de Zona Franca y Aluche. La administración inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y alegó límites de secreto profesional e investigación de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la entrega de la información.
Se solicitó al Consell Comarcal del Montsià información sobre subvenciones a grupos políticos (2011-2018), control financiero y facturas. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que parte de la información fue entregada y el resto es inexistente al no realizarse el control financiero solicitado.
El interesado solicitó al Servicio Murciano de Salud información sobre el nivel profesional de ciertos facultativos y si ejercían la objeción de conciencia frente a la ley del aborto. Tras una respuesta parcial de la administración, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia de la Región de Murcia. El Consejo confirmó la desestimación de la parte relativa a la objeción de conciencia.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad información detallada sobre el ensayo clínico "REFINE", incluyendo dictámenes, autorizaciones y protocolos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación confirmando la denegación parcial, ya que la información técnica y el 'know-how' del promotor (Biogen) están protegidos por límites a los intereses económicos y comerciales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades los resultados finales y la memoria económica de un proyecto de I+D+I. La administración denegó el acceso alegando propiedad intelectual e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, denegando los resultados pero obligando a entregar la memoria económica anonimizada.
Se solicitó al Ministerio de Justicia el listado de resoluciones de un proceso selectivo de 2011 y el expediente de prorrateo de notas. El Ministerio alegó falta de competencia, carácter auxiliar de la información y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el listado de resoluciones pero denegando el expediente de prorrateo.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid información detallada sobre retribuciones del personal, copias de nóminas, autoridad competente, partidas presupuestarias y criterios de libre designación. Tras no obtener respuesta, se recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos retributivos (con límites) y otros datos administrativos, pero denegando el acceso a las nóminas por riesgo a la protección de datos.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Valdoviño información sobre los días de permiso por paternidad disfrutados por el arquitecto técnico municipal en 2017. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación al considerar que la información afecta a la intimidad familiar del empleado.
La Asociación Galega de Áridos reclama contra la resolución de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas que concedió acceso parcial a la documentación de subvenciones de la Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins. La reclamante alegó que la información es reservada por secreto empresarial y protección de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa los informes técnicos utilizados para puntuar las propuestas del concurso de Televisión Digital de 2015. El interesado alegó que la información es esencial para conocer la motivación de la adjudicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por prevalecer la protección de secretos comerciales de los adjudicatarios.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa copia de las ofertas técnicas de los adjudicatarios de 6 licencias de televisión digital. Alegó que dicha información es esencial para conocer los compromisos asumidos y la motivación de la adjudicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por prevalecer la protección de secretos empresariales.
La reclamante solicitó información detallada sobre los Pactos de Trabajo y Complementos Personales de CMMedia. Alegó que la administración había disociado datos que no eran personales, como los nombres de los complementos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la información sobre complementos de personal de plantilla no es de interés público frente a la protección de datos personales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social el detalle de ingresos y gastos de la Seguridad Social desde 1985 y diversos informes de intervención. El Ministerio remitió enlaces web y alegó secreto profesional para los informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los datos y ciertos informes de auditoría.
Una sociedad solicitó a SEITT S.M.E. S.A. el estudio de demanda y tarifas de autopistas elaborado por TYPSA. La administración denegó el acceso alegando perjuicios económicos y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha acreditado un perjuicio concreto y evaluable.
El solicitante pidió a la IGAE (Ministerio de Hacienda) documentos contables y resultados de fiscalización de nóminas. Alegó que la administración rechazó el registro de su solicitud por incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, instando a la IGAE a trasladar la solicitud al Ministerio de Justicia e informar al interesado.
Se solicitó a la Consejería de Educación de La Rioja documentación sobre el uso del velo islámico en centros educativos. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información era auxiliar y que, además, no existía tal documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que no existe el objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso.
Una plataforma solicitó al Ajuntament de l'Alcora la copia íntegra de la documentación de una mercantil para un certificado de compatibilidad urbanística. La administración denegó parte de la información alegando secreto comercial e industrial. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación, indicando que la administración debe motivar y acreditar fehacientemente la confidencialidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcanar información sobre expedientes de restauración de la legalidad urbanística. La administración alegó la protección de datos personales. La GAIP estima la reclamación, determinando que el acceso es posible mediante la anonimización de datos de terceros, aunque debe facilitarse la identidad de las autoridades y personal municipal intervinientes.
Se solicitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la copia completa del expediente sancionador contra Banco Popular Español, S.A. La CNMV denegó el acceso alegando la prevalencia de su régimen sectorial de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones para dar audiencia al banco afectado.
El solicitante pidió al ICAC el texto completo de una resolución sancionadora contra PriceWaterhouseCoopers y su informe de propuesta. La administración denegó el acceso alegando deber de secreto y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información es pública y necesaria para la rendición de cuentas.
El ciudadano solicitó información detallada sobre la contratación de títulos universitarios a la Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Alegó que la respuesta fue incompleta. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación porque la administración no proporcionó toda la información ni justificó adecuadamente las omisiones en su resolución inicial.
Se solicitó al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas información sobre el número de etiquetas de Albariño enviadas y la relación de bodegas con ciertos rangos de viñedos. La administración denegó el acceso alegando carácter privado de los datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación parcialmente, al considerar que los datos de registro de viñedos son públicos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los informes policiales y administrativos sobre la muerte de un coreógrafo en el festival Mad Cool 2017. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al no acreditarse el abuso ni límites legítimos.
Un Diputado solicitó al Departamento de la Vicepresidencia y Economía y Hacienda (ICF) datos sobre transferencias de crédito a Panrico SAU. Tras la denegación, recurrió a la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación porque la solicitud se tramitó como pregunta parlamentaria de control y no como solicitud de acceso a la información.
El ciudadano solicitó a la AEPD el detalle de todas las notificaciones de brechas de seguridad recibidas entre mayo de 2018 y enero de 2019. La AEPD inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando que el volumen de información y el esfuerzo de revisión no se justifican con la finalidad de la Ley.
El reclamante solicitó copia digital del libro mayor de cuentas (2015-2018) al Ayuntamiento de Gijón. El Ayuntamiento entregó la información parcialmente, omitiendo datos personales y descripciones para proteger la privacidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no cumplió con los plazos legales de respuesta.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el número y fecha de las contestaciones vinculantes de 2014 no publicadas. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y basándose en la normativa tributaria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que dicha información no constituye información pública útil para el control administrativo.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda el número y fecha de las contestaciones vinculantes de 2013 no publicadas. Alegó que no solicitaba el contenido íntegro, evitando así límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que la información no es útil para el control público y prevalece la normativa tributaria específica.
El ciudadano solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza las actas de los dos últimos procesos electorales y sus fechas de inscripción. El Colegio inadmitió la solicitud alegando falta de identidad, carácter abusivo y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Aragón decide no entrar a conocer la reclamación por existir un proceso judicial pendiente sobre el mismo asunto.
Dos representantes sindicales solicitaron al Servicio Aragonés de Salud las condiciones y ofertas técnicas de los contratos de limpieza. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación suficiente y prevalece el interés general y la defensa de los trabajadores.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades los resultados finales y la memoria económica del proyecto FURIAM. La administración denegó el acceso alegando propiedad intelectual y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, denegando los resultados pero obligando a entregar la memoria económica anonimizada.
El reclamante, delegado de personal, solicitó a la Mancomunidad del Valle del Nalón la relación de funcionarios que percibieron el complemento de productividad desde 2015, con detalles de cuantía y periodos. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, limitando el acceso a cargos de alta responsabilidad.
El reclamante solicitó a la Universidad Autónoma de Madrid la relación de nombres, títulos y datos de los Trabajos Fin de Máster de la especialidad inglés (ESO) del curso 2017-2018. La Universidad denegó el acceso alegando interés personal y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud no tiene una finalidad de transparencia.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid el acceso a un expediente sancionador de tráfico y su boletín, pidiendo la anonimización de datos personales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que los datos sobre infracciones son especialmente protegidos y no hay consentimiento.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad datos detallados sobre medicamentos homeopáticos y tasas asociadas. La administración denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad de expedientes bilaterales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que la información está en proceso de adopción de decisión pública.
Se solicitó a la AEPD el acceso a todas las notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales entre mayo y diciembre de 2018. La interesada alegó que la solicitud no era abusiva sino compleja y que se podía anonimizar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
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