Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La parte reclamante solicitó al Ayuntamiento de Valdepeñas de la Sierra información sobre la calificación de un camino y acceso al expediente técnico de una obra de 2010, incluyendo la identidad del técnico firmante. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la documentación técnica pero denegando la identidad del técnico.
El reclamante solicitó acceso a una tesis doctoral presentada ante la Universidad Politécnica de Madrid. El autor de la tesis alegó la protección de sus derechos de propiedad intelectual y prohibió su reproducción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que prevalece el derecho de propiedad intelectual del autor sobre el derecho de acceso.
Se solicitó el expediente administrativo del proyecto de subvención concedido a la Asociación Centro TRAMA por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de menores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no hay datos de menores y que se puede acceder mediante la disociación de datos personales.
Una regidora del Ayuntamiento de Valencia solicitó documentación detallada de la empresa pública Mercavalència (facturas, contratos, personal, auditorías, etc.). La administración alegó confidencialidad en datos personales y técnicos, y ofreció consulta in situ. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima la solicitud, ordenando la entrega electrónica y la disociación de datos sensibles.
Se solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid una copia de una tesis doctoral de 1993 y las resoluciones de compatibilidad de su autora. La Universidad alegó propiedad intelectual y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, argumentando que la tesis es información pública por su naturaleza de divulgación científica y que las resoluciones de compatibilidad deben ser públicas por ley.
El interesado solicitó una copia de una tesis doctoral de 1989 a la Universidad Politécnica de Madrid. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la tesis es información pública, ya que ha sido elaborada en el ejercicio de funciones universitarias y su naturaleza es de divulgación científica.
Se solicitó diversa información (estatutos, censos, planos y actas) a la Comunidad de Regantes Collarada 2ª Sección de Montesusín. La solicitante alegó falta de motivación en los límites aplicados y carácter no abusivo de la petición. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, concediendo acceso solo a los planos geométricos y denegando el resto por no ser actividades administrativas.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid los listados de funcionarios de carrera desglosados por especialidades para el sorteo de tribunales docentes. La administración denegó el acceso por considerarlo abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al entender que la solicitud no está justificada con la finalidad de la Ley.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Empresa copia de la documentación de méritos de otro aspirante en un proceso selectivo. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al ser el solicitante interesado en un procedimiento en curso, debe aplicar la normativa de procedimiento administrativo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Altea copias electrónicas de diversos expedientes de planes parciales. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestima las reclamaciones al considerar que la solicitud tiene un carácter abusivo, debido a su carácter masivo, la similitud de peticiones en distintos municipios y la carga de trabajo que supone.
El interesado solicitó copia digital de una tesis doctoral al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tras una resolución previa que instó al traslado de la solicitud a la Universidad Camilo José Cela, la universidad denegó el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por no ser la universidad una entidad sujeta a la Ley de Transparencia.
Los reclamantes solicitaron al Ayuntamiento de Alicante información sobre licencias de construcción en una parcela rústica o, en su defecto, la identidad de los propietarios de las naves industriales allí edificadas para evitar un perjuicio tributario. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando facilitar la identidad de los propietarios tras realizar una ponderación de derechos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Loriguilla una copia de la propuesta de condecoraciones (Orden del Mérito Civil) otorgadas a agentes de la policía y guardia civil. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima la reclamación, ordenando facilitar la exposición de méritos previa anonimización de datos.
Se solicitó a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el acceso a la ejecución presupuestaria y facturas de varios proyectos de investigación. La UAB alegó protección de datos personales y falta de competencia sobre un proyecto. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar las facturas (con anonimización mínima) y a derivar la solicitud a la fundación correspondiente.
Una asociación solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Lugo las actas de los dos últimos procesos electorales. El Colegio alegó falta de identidad, carácter abusivo y protección de datos. La Comisión de la Transparencia estima la reclamación, obligando al Colegio a entregar la información por no prosperar los motivos de denegación alegados.
Se solicitó información detallada sobre programas de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEMA), incluyendo costes y presupuestos. La administración alegó confidencialidad contractual y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información económica de contratos públicos debe ser transparente para el control ciudadano.
El interesado solicitó la copia de la nómina con sus respectivos embargos del Alcalde de Castañeda. La administración denegó la copia alegando la protección de datos personales (LOPD) y la irrelevancia de los detalles para el cargo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información facilitada (importe bruto anual y mención al embargo) es suficiente.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Castañeda copias del Libro Diario Mayor de Cuentas desde 1992 hasta 2017/2018. El Ayuntamiento permitió la visualización pero denegó la entrega de copias por volumen y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y manifiestamente repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Regantes de Zaidín el Proyecto de Modernización del Riego. El solicitante alegó que la respuesta fue incompleta y que se aplicaron límites injustificados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser extemporánea y por considerarse la solicitud manifiestamente repetitiva.
El ciudadano solicitó la identificación de todos los asesores eventuales de la Junta de Andalucía. La Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ordena retrotraer el procedimiento por no haberse dado traslado a los afectados según el art. 19.3 LTAIBG.
ANFI SALES, S.L. solicitó copia de un expediente sancionador a la AEPD por ser denunciante y afectado por el tratamiento de datos. La AEPD denegó el acceso alegando secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente tras eliminar la información que afecte a secretos o intereses comerciales de la empresa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Rubí información sobre el plan de mantenimiento e inspecciones de instalaciones eléctricas municipales. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando seguridad pública y secreto profesional. La GAIP estima la reclamación al considerar que la administración no motivó debidamente los límites invocados, resultando la denegación arbitraria.
El solicitante pidió información a la Universidad Politécnica de Madrid sobre convenios con el CNI, gastos en Irán, viajes al extranjero y datos de empleados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar información contable y de financiación, pero deniega los datos personales y los listados de viajes por requerir reelaboración y vulnerar la privacidad.
El reclamante solicitó información sobre la identidad y compatibilidades de empleados públicos y altos cargos. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la publicación de nombres, apellidos y datos de compatibilidad en el Portal de Transparencia, tras considerar que la protección de datos no impide la identificación necesaria para la transparencia.
El ciudadano solicitó a la AEAT datos sobre importes de cuotas deducibles de IVA que caducaron sin haber sido compensadas ni solicitada su devolución. Tras una concesión parcial por parte de la AEAT, el interesado reclamó alegando que no se respondió al fondo de la cuestión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la respuesta fue adecuada al objeto solicitado.
Un periodista solicitó al Ministerio de Defensa actas y documentos de la Comisión de Seguimiento de un contrato de seguridad. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas y órdenes del día.
La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó a la FNMT protocolos de identificación de certificados digitales y documentación de las últimas diez asociaciones que los renovaron. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación, ordenando la entrega de los protocolos y de la documentación de las asociaciones previa anonimización de datos.
El interesado solicitó información al Ayuntamiento de Alía sobre el sistema de abastecimiento de agua de Cíjara. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve estimar parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a documentos de solicitud de la ETAP y datos de inversión, pero denegando el acceso a denuncias de vecinos por protección de datos.
La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó a la FNMT protocolos de identificación de certificados digitales y la documentación de las últimas diez asociaciones que los renovaron. La FNMT alegó que no había sido una solicitud de transparencia formal y que la entrega de documentos con datos personales supondría una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El sindicato IAC CATAC solicitó al Departamento de Enseñanza datos de aspirantes y seleccionados en ofertas de trabajo del portal ATRI. Tras una inadmisibilidad parcial basada en la complejidad de la información, la GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados pero manteniendo la denegación para los no seleccionados por protección de datos y complejidad de anonimización.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el detalle de sanciones por no circular por la derecha entre 2012 y 2017. Tras una denegación parcial basada en secreto profesional y reelaboración, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Finalmente, el organismo archiva la reclamación ya que la administración entregó la información durante el trámite de alegaciones.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de la Pobla de Farnals copias de expedientes de nombramientos interinos de auxiliares administrativos. Alegó que la administración debía facilitar el acceso por vía electrónica y que no debían aplicarse límites de protección de datos por tratarse de procesos selectivos. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación.
El reclamante solicitó copia de un expediente sancionador urbanístico al Ayuntamiento de Santa María del Camí. Ante la falta de respuesta, alegó silencio administrativo. La Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ayuntamiento retroceder en el procedimiento para verificar si los sancionados son personas físicas o jurídicas.
Se solicitó copia de las actas del Consejo de Administración del Canal de Isabel II (2007-2015) a dicha empresa pública. La entidad denegó el acceso alegando la confidencialidad de las deliberaciones estratégicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto y que prevalece el interés público en el control de la gestión pública.
Un ciudadano solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) información sobre remuneraciones de directivos, contabilidad de honorarios, ingresos por justicia gratuita y copias de expedientes. El ICAM denegó el acceso alegando carácter privado y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre subvenciones de justicia gratuita.
El interesado solicitó copia del expediente administrativo sobre la habilitación de asignaturas para impartir clase en un centro educativo. La Consejería de Educación denegó el acceso íntegro al informe de inspección alegando protección de datos y carácter interno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la disociación de datos.
El interesado solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura los nombres y regímenes de los titulares de los puestos objeto de comisión de servicios. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar la concurrencia de la causa de reelaboración.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de Andalucía criterios de catalogación de vehículos históricos y expedientes de autorización de laboratorios. Tras alegar los terceros afectados la protección de datos y secretos industriales, la administración concedió acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por inexistencia de los documentos solicitados y por no rebatir los límites aplicados.
El ciudadano solicitó a la AEMPS información sobre la autorización y posible prórroga de comercialización del producto Oscillococcinum. Tras una denegación parcial basada en la confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información solicitada es inexistente o no constituye información pública según la LTAIBG.
El interesado solicitó acceso al Proyecto de Gestión presentado por el candidato ganador de un proceso selectivo para Jefe de Servicio al Servicio de Salud del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso alegando derechos de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión a trámite porque el reclamante ya había interpuesto un recurso de alzada.
La reclamante solicitó documentación referenciada en diversas actas de comisiones a Radio Televisión de Castilla-La Mancha. La administración inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y repetitiva/abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar un contrato de servicios, pero deniega el resto por ser información de apoyo o por proteger datos personales.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Móstoles las retribuciones mensuales de un sargento de la Policía Local. Tras la denegación por carácter personal, alegó que solo pedía conceptos públicos (salario base y complementos). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información original no coincidía con la nueva pretensión y los datos técnicos ya habían sido facilitados.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza las listas de admitidos, excluidos y notas de todos los procesos selectivos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y solicitando la acreditación de la identidad del interesado. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación por considerar la solicitud abusiva y genérica.
El presidente del Comité de Empresa de la Agencia Tributaria Canaria solicitó información sobre baremación de productividad, formación, trabajos de superior categoría y comisiones de servicio. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información, aunque limitando la identificación de los datos de productividad al personal directivo y de confianza.
El sindicato IAC CATAC solicitó a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) los baremos y valoraciones de candidatos no seleccionados en procesos de provisión de trabajo. La GAIP desestima la reclamación porque la anonimización de datos de casi 5.500 procesos supondría una tarea de una complejidad desproporcionada, habiéndose ya facilitado la información de los seleccionados.
El solicitante pidió al SERVEF la lista nominativa de los candidatos seleccionados para una oferta de empleo de la Autoridad Portuaria de Alicante. El SERVEF denegó el acceso alegando protección de datos y que no era un proceso selectivo formal. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestimó la reclamación al considerar que prevalece el derecho a la intimidad de los candidatos.
Una concejala y portavoz de un grupo municipal reclama al Ayuntamiento de Burjassot el acceso a múltiples documentos y denuncia la falta de respuesta a sus escritos y las malas condiciones de consulta física. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de la información y señalando la necesidad de mejorar las condiciones de acceso para los regidores.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Resolución 906 de 2017 sobre retribuciones de la nueva estructura organizativa. La administración denegó el acceso al complemento de productividad por considerarlo dato personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación parcialmente, ordenando facilitar dichos datos solo para personal de confianza o directivo.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Rionansa copias de memorias, informes de fin de obra, relación de trabajadores y órdenes de trabajo de un proyecto de mejora de hábitat. El Ayuntamiento remitió la respuesta indicando que la documentación estaba disponible en sus dependencias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación técnica pero denegando el acceso a los datos personales de los trabajadores.
Un sindicato solicitó información sobre procesos de provisión de puestos en el portal ATRI a la Generalitat de Catalunya. Tras una reclamación previa y una resolución estimatoria, el sindicato alegó que no había recibido la información. La GAIP decide inadmitir la reclamación por falta de objeto, ya que la administración acreditó haber puesto la información a disposición del solicitante previamente.
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