Solicitud de resultados finales y memoria económica del proyecto FURIAM

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 132/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 11 de enero de 2019, la siguiente información: Al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, me gustaría obtener información sobre el proyecto “Fuentes Ultrarrápidas de Radiación Ionizante para Aplicaciones Médicas” (FURIAM, FIS2013-47741- R) concedido al Centro de Láseres Pulsados de Salamanca en la convocatoria “Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos de I+D+I” de 2013. S/REF: 001-031980 N/REF: R/0132/2019; 100-002206 Fecha: 22 de mayo de 2019 Dirección: Administración/Organismo: C entro de Láseres Pulsados/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Información solicitada: Proyecto I+D+i concedido al Centro de Láseres Pulsados Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Concretamente me gustaría conocer: a.- resultados finales. b.- memoria económica. 2. Mediante resolución, de fecha 13 de febrero de 2019, la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, adscrita al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, informó al reclamante de lo siguiente: Con fecha 4 de febrero de 2019, esta solicitud se recibió en esta Agencia Estatal, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Agencia Estatal considera que no puede ser atendido el acceso a la información solicita el interesado, al considerarse de aplicación lo establecido en el artículo 14. j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”, propiedad intelectual que corresponde a su autor por el mero hecho de su creación, según lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto ref undido de la Ley de Propiedad Intelectual. 3. Ante esta contestación, el reclamante presentó, mediante escrito de entrada el 26 de febrero de 2019, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Sin entrar en el fondo jurídico del asunto, sí me gustaría resaltar lo desproporcionado de esta denegación más aún si tenemos en cuenta el propio criterio interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, del Consejo de Transparencia, elaborado en función de las competencias otorgadas por su artículo 38.2 a). Basado en lo anteriormente expuesto solicitó el acceso a la información pública relativa al proyecto antes indicado. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 27 de febrero de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 20 de marzo de 2019, el Ministerio presentó sus alegaciones, acompañando también las del CENTRO DE LÁSERES PULSADOS. Este último manifestó lo siguiente: “En relación a la solicitud de acceso a los resultados finales y dado el carácter científico del proyecto, el instrumento de difusión de dichos resultados son las publicaciones en revistas indexadas tal y como se detalla en el apartado E.1 del Informe final del proyecto. Estas publicaciones son las que se detallan a continuación y el acceso a la documentación completa de las mismas se realiza a través de las herramientas existentes conforme a las normas, permisos y autorizaciones habituales en el ámbito de la investigación, figurando el propio solicitante como coautor en alguna de ellas. Pero además, el proyecto ha dado lugar a una serie de resultados de carácter tecnológico con un impacto potencialmente alto, en cuya dirección el proyecto presenta avances interesantes, entre ellos los señalados por la Subdivisión de Programa s Temáticos Científico- Técnicos en su informe de evaluación final, tales como la consecución de las primeras fuentes de protones acelerados a energías de MeV, las primeras fuentes de rayos X blandos de bremsstrahlung y la primera fuente de radiación betatron, que deben ser protegidos, por lo que su divulgación puede afectar a secretos profesionales y derechos de propiedad intelectual e industrial de los miembros de los equipos de investigación y de trabajo y del propio Consorcio del CLPU, ya que está previsto continuar trabajando en las nuevas líneas de investigación abiertas. Por ello, una vez efectuado el test del daño señalado en el CI/002/2015 del CTBG con carácter previo a la aplicación del artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estimamos que facilitar información más allá de la aquí proporcionada podría afectar a los derechos e intereses del Centro, de manera que consideramos justificada la limitación al derecho de acceso a esta información tanto en base al artículo 14.1. j), como al artículo 14.1. h), puesto que conforme al artículo 17.3 de los Estatutos del Consorcio recogidos en la Resolución de 30 de septiembre de 2008, de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica (B.O.E núm. 251 de 17 de octubre de 2008) entre los recursos económicos del Consorcio se encuentran los ingresos que pueda obtener por sus actividades, así como los rendimientos de su patrimonio. Por lo que respecta a la solicitud de acceso a la memoria económica, indicar que los datos detallados de esta naturaleza se cargan directamente en la web de justificación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sin embargo, hemos de manifestar que entre los mismos se encuentran cuantiosos datos de carácter personal, como son los de las personas contratadas para la ejecución del proyecto, con su identificación y retribuciones salariales o la identificación, destinos, fechas e importe de los gastos de los viajes realizados por los miembros del equipo de investigación y el equipo de trabajo. En este caso y realizada la ponderación señalada en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, 9 de diciembre, al entender que los datos personales contenidos en la memoria económica no son meramente identificativos, pues están asociados intrínsecamente a otra información personal, consideramos necesario garantizar los derechos de los afectados al no poder garantizar que la revelación de esos datos no afecte a su intimidad o seguridad. Por tanto y en base a lo expresado en estas alegaciones, el CLPU considera que el solicitante no está legitimado para acceder a esta información, no considerando desproporcionada tal consideración y coincidiendo con el criterio manifestado por la Agencia Estatal de Investigación.” Por su parte, el Ministerio, a través de la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, manifestó lo siguiente: Se considera que las alegaciones no modifican la decisión inicial de este organismo público, contenida en la resolución que se impugna . En el presente caso, la concesión del acceso a la información supondría un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, así como afectaría a datos personales contenidos en la memoria económica, que no son meramente identificativos, al estar asociados a otra información personal, tal y como ha puesto de manifiesto el Centro de Láseres Pulsados, por lo que se considera de aplicación el artículo 15.3 y el límite establecido en el artículo 14 h) y j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En atención a los hechos recogidos en los antecedentes, debe analizarse en primer lugar la aplicación a la solicitud de información realizada- resultados finales y memoria económica del proyecto “Fuentes Ultrarrápidas de Radiación Ionizante para Aplicaciones Médicas” (FURIAM, FIS2013-47741-R) concedido al Centro de Láseres Pulsados de Salamanca en la convocatoria “Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Proyectos de I+D+I” de 2013- de los límites invocado para denegar el acceso al documento requerido. El primero de los límites invocados es el relativo al artículo 14. j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, según el cual “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial” Debe recordarse que la aplicación de los límites contemplados en la LTAIBG debe ser acorde con el Criterio Interpretativo CI/002/2015, de 24 de junio, de este Consejo de Transparencia, elaborado en función de las competencias otorgadas por su artículo 38.2 a), Criterio en el que se indica que: “Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados. De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).” Asimismo, debe tenerse en cuenta los pronunciamientos adoptados por los Tribunales de Justicia respecto de la aplicación de esos límites, entre los que destacan los siguientes: Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015: “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En la Sentencia de 7 de noviembre de 2016, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instancia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que “Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo” Sentencia nº 46/2019, de 22 de junio de 2019, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. " Sentencia nº 98/2019, de 22 de junio de 2019, del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016: "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, señala lo siguiente: (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley;” En el presente caso, a pesar de que la Agencia Estatal de Investigación se limita a invocar el límite, sin justificarlo mínimamente, sí entendemos que el Centro de Láseres Pulsados- directamente afectado por la solicitud de información- ha realizado un análisis más concreto de las circunstancias presentes en el caso concreto y ha expuesto- en criterio que ya adelantamos compartimos- las razones por las que proporcionar la información solicitada podría producir un perjuicio razonable y no meramente hipotético. 4. Así, el Centro de Láseres Pulsados sostiene que el proyecto ha dado lugar a una serie de resultados de carácter tecnológico con un impacto potencialmente alto, en cuya dirección el proyecto presenta avances interesantes, entre ellos los señalados por la Subdivisión de Programas Temáticos Científico-Técnicos en su informe de evaluación final, tales como la consecución de las primeras fuentes de protones acelerados a energías de MeV, las primeras fuentes de rayos X blandos de bremsstrahlung y la primera fuente de radiación betatron, que deben ser protegidos, por lo que su divulgación puede afectar a secretos profesionales y derechos de propiedad intelectual e industrial de los miembros de los equipos de investigación y de trabajo y del propio Consorcio del CLPU, ya que está previsto continuar trabajando en las nuevas líneas de investigación abiertas. En este sentido, el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual establece que Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: 1º Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2º Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente. (…….) Dicho Real Decreto Legislativo protege las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio, tales como libros, escritos, composiciones musicales, obras dramáticas, coreografías, obras audiovisuales, esculturas, obras pictóricas, planos, maquetas, mapas, fotografías, programas de ordenador y bases de datos. También protege las interpretaciones artísticas, los fonogramas, las grabaciones audiovisuales y las emisiones de radiodifusión. Sin embargo, se excluyen las ideas, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí, aunque no la expresión de los mismos. También se excluyen las disposiciones legales o reglamentarias, sus correspondientes proyectos, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales y los actos de los organismos públicos, así como las traducciones de dichos textos. Según esta norma, el plazo general de los derechos de explotación de la obra es la vida del autor y 70 después de su muerte. Existen otros plazos para los derechos morales y para otras prestaciones, así como para las obras de autores fallecidos antes de 1987 (Disposición transitoria cuarta). Los derechos de explotación de la obra colectiva durarán también 70 desde la divulgación lícita de la obra. Cuando el plazo de protección de los derechos ha expirado, la obra o prestación pasa al dominio público, pudiendo ser utilizada por cualquiera, de forma libre y gratuita. Por otro lado, cabe señalar que no existe la obligación de registrar o marcar la obra para que sea protegida por los derechos de autor, sino que los derechos de autor nacen con la creación de la misma. El apartado 1, del artículo 10, de la Ley de Propiedad Intelectual establece que son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. Ciertamente, el proyecto al que se pretende acceder contiene información que pondría en manos de terceros la innovación tecnológica llevada a cabo por el personal investigador del Centro de Láseres Pulsados, contenida en actuaciones pioneras como se señala en el escrito de alegaciones de dicho Centro. Esto determina e nuestra opinión que el acceso a los resultados finales del proyecto “Fuentes Ultrarrápidas de Radiación Ionizante para Aplicaciones Médicas” (FURIAM, FIS2013-47741-R) no es permisible, dado que no se pueden disociar estos resultados de los estudios, criterios, formulas, razonamientos, técnicas empleadas u otros procedimientos o aspectos técnicos previos que gozan de protección legal. Lo contrario supondría poner en peligro los derechos de propiedad industrial e intelectual (derechos de autor) de la entidad investigadora, igual que podría poner en evidencia secretos comerciales dignos de protección, limitados también al público en virtud del artículo 14.1 h) de la LTAIBG. Asimismo, ha de recordarse que la LTAIBG tiene como objetivo el control de la actuación pública a través del conocimiento de las decisiones de los organismos públicos y la rendición de cuentas por las mismas. En este sentido, pretender obtener conocimiento de los resultados de un proyecto de investigación, por más que el mismo haya estado financiado con fondos públicos, sin observar la necesaria protección a la propiedad industrial e intelectual de los resultados alcanzados con las investigaciones no se corresponde con la finalidad última de la LTAIBG. Por ello, la reclamación debe ser desestimada en este apartado. 5. El reclamante se interesa también por acceder a la memoria económica del proyecto “Fuentes Ultrarrápidas de Radiación Ionizante para Aplicaciones Médicas” (FURIAM, FIS2013-47741-R). El Centro de Láseres Pulsados sostiene que en esa memoria se encuentran cuantiosos datos de carácter personal, como son los de las personas contratadas para la ejecución del proyecto, con su identificación y retribuciones salariales o la identificación, destinos, fechas e importe de los gastos de los viajes realizados por los miembros del equipo de investigación y el equipo de trabajo. En este punto, hay que tener en cuenta que el Centro de Láseres Pulsados es un consorcio del sector público administrativo, participado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, y la contratación de su personal está prevista en la Disposición Adicional 31 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, según la cual “la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido en el apartado Uno, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública. Asimismo la contratación temporal en los citados consorcios además de las condiciones establecidas en el apartado Uno de esta disposición, requerirá la previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Función Pública.” Por lo tanto, y a salvo de otra información que no ha sido proporcionada por el citado Consorcio a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sus trabajadores e investigadores son pagados con dinero público. Asimismo, hay que hacer constar que los miembros de su área científica están identificados con nombre y apellidos y breve reseña curricular en la propia página web del Centro Aún admitiendo la existencia de información personal confidencial de cada participante, lo que permitiría la LTAIBG es aplicar el límite de manera parcial a esa parte de la documentación ex artículo 16 de la LTAIBG , pero no a todo el documento en su conjunto. Eliminando la parte que pudiera afectar directamente a los datos personales protegidos de los miembros del equipo de investigación y del equipo de trabajo, sería posible facilitar el resto del documento, guardando así el debido equilibrio entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública, puesto que el objeto de la Ley de Transparencia, recogido en su artículo 1 es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad. En este sentido, su Preámbulo es claro al afirmar que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Sin embargo, no puede protegerse aquella información personal íntimamente ligada al desempeño de funciones públicas, salvo excepciones, como se recoge en el CI/001/2015, de 24 de junio, dictado conjuntamente entre este Consejo de Transparencia y la Agencia Española de Protección de Datos, según el cual a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Y ello porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal. b) En este sentido -y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto-, con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a: - Personal eventual de asesoramiento y especial confianza -asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. Personal directivo, esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; e) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y e) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 -éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalentes, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados. C. En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias y datos refere ntes al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Si la solicitud de información requiere expresamente el desglose de las retribuciones o su importe líquido habrán de aplicarse las normas del mencionado precepto de la LOPD. D. También en todo caso, y en el supuesto de que resulte obligado facilitar la información, se observará lo señalado en la regla 8 del precedente epígrafe 1 respecto a la aplicación del artículo 14.1 de la LTAIBG y a las situaciones especiales de los funcionarios o empleados públicos que desaconsejen el suministro de la información. Der este criterio se desprende lo siguiente: El dinero público que el Centro de Láseres Pulsados gasta en pagar a sus investigadores, bien sea por su trabajo o por sus desplazamientos, debe ser de conocimiento público. De hecho, como reconoce la Administración, los datos detallados de esta naturaleza se cargan directamente en la web de justificación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Si el investigador contratado o los trabajadores del Centro desempeñan funciones de especial confianza o participan en la toma de decisiones del Centro, de acuerdo con el criterio anteriormente reproducido, se debe conocer también el detalle de sus ingresos, así como su identificación personal y destino. Caso contrario, las retribuciones se facilitarán únicamente en términos íntegros, sin identificación personal, Atendiendo a estas conclusiones, ha de señalarse que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desconoce si algunos de los investigadores y personal identificados en la memoria económica solicitada desempeñan funciones de especial confianza o participan en la toma de decisiones del Centro que, de acuerdo a lo indicado anteriormente, han de ser identificados. En ese caso, y al objeto de garantizar todos los derechos e intereses que pudieran verse afectados, ha de recordarse que el artículo 19.3 de la LTAIBG dispone lo siguiente: Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. Por lo tanto, y sin perder de vista que, a juicio de este Consejo de Transparencia, la información debe hacerse pública, con los condicionantes expuestos, en caso de que en la documentación solicitada existiera personal con las características señaladas, deberán retrotraerse actuaciones para, una vez realizado el oportuno trámite de audiencia, dictar nueva resolución. En el supuesto de que no existiera personal con dichas características, la documentación deberá proporcionarse con la anonimización de los datos personales que contenga. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por , con entrada el 26 de febrero de 2019, contra la resolución, de fecha 13 de febrero de 2019, de la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, adscrita al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES. SEGUNDO: INSTAR a la AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, adscrita al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proceda a abrir un plazo de alegaciones a aquellos otros terceros que pudieran resultar afectados en sus derechos o intereses (los investigadores y los trabajadores participantes en el proyecto “Fuentes Ultrarrápidas de Radiación Ionizante para Aplicaciones Médicas” (FURIAM, FIS2013-47741-R)) en caso de facilitarse la información solicitada, suspendiendo el plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación y comunicando al solicitante esta circunstancia. En el supuesto de no existir personal que desempeñe funciones de especial confianza o participen en la toma de decisiones del Centro de acuerdo a lo recogido en el criterio nº 1 de 2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, se deberá proporcionar en ese mismo plazo máximo de 10 días hábiles copia anonimizada de la memoria económica del proyecto referenciado. TERCERO: INSTAR al CENTRO DE LÁSERES PULSADOS, adscrito al MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES, a que, en el mismo plazo, remita a este Consejo de Transparencia certificación de la realización del mencionado trámite o copia de la documentación enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda