Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Economía y Competitividad el informe anual y final de un proyecto de I+D+I. Tras una denegación parcial basada en propiedad intelectual y datos personales, el ciudadano interpuso una nueva solicitud y reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva.
La Asociación Centaurea solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (remitida al Consejo de Seguridad Nuclear) los informes técnicos que soportan la Propuesta de Dictamen Técnico sobre la explotación de yacimientos de uranio en Retortillo-Santidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar justificados los límites aplicados.
Un sindicat solicitó a la Dirección General de Función Pública (DGFP) información sobre ofertas de trabajo en el portal Atri. La DGFP inadmitió la solicitud por complejidad técnica. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la inadmisión por incompetencia del órgano y ordenando retrotraer el procedimiento para derivar la solicitud a los departamentos competentes.
Una concejal del Ayuntamiento de Torres de la Alameda solicitó copia de las nóminas de los trabajadores municipales (excluyendo datos personales). La administración denegó el acceso alegando la necesidad de consentimiento y la protección de datos sensibles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la cuantía global de productividad y pagas extra de ciertos cargos.
El interesado solicitó acceso a las actas de la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid. La Universidad denegó el acceso alegando la protección de datos personales de los asistentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, determinando que la administración debe facilitar la información mediante la anonimización de los datos sensibles.
Se solicitó acceso a las memorias de trabajo y a los informes previs de los responsables en un proceso de libre designación para cargos de dirección en el IMLV. La Conselleria denegó las memorias alegando propiedad intelectual y la inexistencia de los informes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar las memorias tras el plazo de recurso.
El solicitante pidió acceso a las actas de la Junta de Gobierno de la Universidad de Córdoba de los años 2015 y 2016. La Universidad denegó el acceso alegando que la información contenía datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la administración podía haber aplicado la técnica de anonimización.
Se solicitó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la identidad y retribuciones de directivos de tres empresas privadas de transporte. La AMB denegó los nombres y la información anterior a 2015 alegando protección de datos y falta de vigencia legal. La GAIP estima parcialmente la solicitud, reconociendo el derecho a los nombres y retribuciones desde julio de 2015.
Se solicitó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) la identidad y retribuciones de directivos de tres empresas privadas gestoras de transporte público (2011-2017). La AMB alegó protección de datos y falta de obligatoriedad previa a 2015. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a la identidad y retribuciones desde julio de 2015 y antes si la AMB posee la información.
Se solicitó al ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) el listado y copia de los proyectos audiovisuales presentados en septiembre de 2016 para la nueva programación. La administración alegó que, al ser la solicitante miembro del Consejo Rector, se aplicaba la Ley 40/2015 y no la de transparencia. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación por considerar que los cargos públicos mantienen su derecho de acceso como ciudadanos.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Altea acceso a la información sobre las licencias de ocupación de la vía pública y de terrazas de los años 2014, 2015 y 2016. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información de forma anonimizada.
El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Socuéllamos solicitó las lecturas del reloj de control de tiempo de sus empleados. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información contiene datos sensibles (huellas, bajas médicas) y no existe un interés público que prevalezca.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boltaña documentación urbanística sobre la Unidad de Actuación «Condes de Sobrarbe». El Ayuntamiento permitió el acceso solo presencial alegando propiedad intelectual y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso electrónico y desestimando los límites alegados por falta de motivación.
Se solicitó acceso a la copia de una denuncia, un escrito de interés y la resolución de un expediente sancionador contra una residencia de mayores a la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia de La Rioja. La administración denegó la resolución alegando la protección del honor de la persona jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de motivación.
El interesado solicitó acceso a información sobre las subvenciones concedidas por la administración. La administración denegó el acceso alegando que la información no es accesible por contener datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación, indicando que la administración debe facilitar la información realizando una anonimización de los datos sensibles.
El interesado solicitó acceso a la información relativa a las bases de una convocatoria de ayuda al empleo. La administración denegó la información alegando la protección de datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia ha estimado la reclamación, determinando que la administración debe facilitar la información previa anonimización de los datos personales.
El Grupo municipal ERC solicitó diversa información municipal al Ayuntamiento de Olèrdola. Tras la intervención de la GAIP, el Ayuntamiento entregó la documentación y la parte reclamante admitió haberla recibido. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida de objeto.
El Grupo municipal ERC solicitó diversa información municipal al Ayuntamiento de Olèrdola. Tras presentar reclamaciones ante la GAIP, el Ayuntamiento entregó la documentación y la parte reclamante admitió haberla recibido. La GAIP decide finalizar los expedientes por pérdida de objeto.
El Grupo municipal ERC solicitó diversa información municipal al Ayuntamiento de Olèrdola. Tras presentar reclamaciones ante la GAIP, el Ayuntamiento entregó la documentación y la parte reclamante admitió haberla recibido. La GAIP decide finalizar los expedientes por pérdida de objeto.
Una concejal del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada solicitó la identificación de la persona física que elaboró un informe de la Agencia de Empleo. El Ayuntamiento alegó que el informe estaba rubricado por la Agencia y remitió a la concejal a los procedimientos de régimen local. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por protección de datos.
El interesado solicitó el expediente de dependencia de su madre a la Comunidad de Madrid para conocer su residencia asignada. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información contiene datos de salud, considerados especialmente protegidos, sin consentimiento del afectado.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Alcorcón información sobre los contratos de suministros de agua y gestión de residuos de 2013 a 2015. Tras una denegación parcial por protección de datos de terceros, el recurrente alegó que la información era necesaria para controlar el gasto público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
El reclamante solicitó copia íntegra de un expediente de expropiación a la Comunidad de Madrid. Tras el silencio administrativo, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación parcialmente, ordenando la entrega del expediente pero permitiendo la exclusión de documentos que contengan datos personales protegidos (cuentas bancarias y domicilios).
Se solicitó acceso a los informes del Programa Nacional de Reformas 2017 y del Programa de Estabilidad 2017-2020 a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El interesado alegó falta de motivación y aplicación indebida de límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no es auxiliar, sino principal para la rendición de cuentas.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Almería acceso a los expedientes de licitación y adjudicación de un contrato de servicios de limpieza. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia de Andalucía estimó la reclamación, obligando a la entrega de la información tras la subsanación de datos sensibles.
Se solicitó al Ministerio del Interior información estadística desglosada sobre delincuencia (robos, violencia de género, etc.) en varios municipios para los años 2014-2016. El recurrente alegó que los datos no requerían reelaboración pues constan en actas de juntas de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud exige una acción previa de reelaboración.
El representante de Agrupació RadioTaxi Tarragona solicitó acceso al expediente de un concurso de servicios de transporte para personal de cercanías. RENFE-Operadora denegó la solicitud alegando un carácter abusivo y la existencia de un régimen de contratación específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación.
El reclamante solicitó a la CNMV el texto completo de las resoluciones sancionadoras publicadas en el BOE contra Popular Banca Privada y Banco Popular Español. La CNMV denegó el acceso alegando secreto profesional y reserva de actuaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que la publicación en el BOE ya hace pública la sanción y no debe impedir el acceso.
La Asociación POKERCSI solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría y certificación de los generadores de números aleatorios del póker online. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio al secreto profesional, propiedad intelectual y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de dichos informes revelaría know-how técnico y parámetros criptográficos protegidos, vulnerando los límites del art. 14 de la LTAIBG sin posibilidad de acceso parcial.
Se solicitó el informe de auditoría de cuentas de 2013 de la Fundación Especial Caja Madrid al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El recurrente alegó que la Ley de Transparencia es aplicable a pesar de no ser parte interesada en el procedimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por la existencia de un deber legal de confidencialidad.
Se solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social información estadística detallada sobre sectores económicos, formación y municipios. La TGSS inadmitió la solicitud alegando la necesidad de una reelaboración compleja y la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la consulta requiere una búsqueda y tratamiento específicos.
Dos propietarias solicitaron al Departamento de Desarrollo Rural de Navarra información sobre los beneficiarios y cuantías de las ayudas PAC de sus parcelas. La administración denegó la identidad y los importes alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a conocer la identidad de los beneficiarios y ordenando retrotraer las actuaciones sobre las cuantías.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Valdizarbe información y documentación sobre la implantación de un Punto Limpio. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos existentes pero inadmitiendo las solicitudes que requerían la elaboración de justificaciones o informes nuevos.
El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana solicitó acceso al expediente sancionador S/0472113 a la CNMC. El solicitante alegó que el expediente ya estaba concluido y era accesible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la normativa de competencia establece un régimen específico de secreto y confidencialidad prevalente.
Se solicitó acceso a los informes de auditoría de cumplimiento de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (2013-2016) a la Intervención General de la Seguridad Social. La administración no admitió la solicitud alegando régimen especial y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que procede el límite del secreto profesional.
El interesado solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras el listado de trabajadores fuera de convenio con sus puestos y retribuciones percibidas en 2016. La administración respondió facilitando masas autorizadas y un organigrama, pero no los datos reales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las retribuciones reales.
La entidad Castañas y Buñuelos, S.L. solicitó información sobre precios, servicios y contratos de Madrid Destino (Caja Mágica y Festival Mad Cool) al Ayuntamiento de Madrid. La administración alegó confidencialidad y naturaleza privada de los contratos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de motivación de los límites y por incumplimiento de plazos.
Se solicitó al Ministerio de Fomento acceso a informes de auditoría externa, informes de gestión y datos de explotación detallados de contratos de transporte de viajeros. La administración denegó el acceso alegando la protección de intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que dicha información constituye un secreto comercial.
El interesado solicitó el acceso a las memorias (informe anual y final) de un proyecto de investigación a la Agencia Estatal de Investigación. Tras una resolución previa del CTBG que obligó a retrotraer actuaciones, la administración concedió acceso parcial alegando propiedad intelectual. El CTBG decide archivar la reclamación al haberse notificado finalmente la resolución administrativa.
Una fundación solicitó a la Diputación Provincial de Zaragoza copia de un proyecto de subvención de otra entidad para comprobar un posible plagio. La administración denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y remitiendo a datos ya publicados en el BOPZ. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar la documentación.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el detalle de las incidencias registradas en el sistema AQUATICUS (accidentes en zonas de baño) desde 2015. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de salud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información excluyendo únicamente la edad de los afectados para permitir la anonimización.
El interesado solicitó al Banco de España los costes de producción de billetes fabricados por IMBISA, S.A. Tras recibir una respuesta tardía y parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera del plazo legal establecido en la Ley 19/2013.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Sant Joan de Mollet copia electrónica de los expedientes de obras del Casal del poble. Alegó que la consulta presencial era insuficiente y exigió la digitalización de los documentos. La GAIP desestimó la reclamación por considerar justificado el cambio de formato, ya que la administración no dispone de los archivos en soporte electrónico y debe proteger la propiedad intelectual.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Aiguamúrcia el requerimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya y la documentación preparada para responderlo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y derecho al honor de la alcaldesa. La GAIP estima la reclamación, considerando que la información es necesaria para la función de control del concejal.
El interesado solicitó al Consejo General de la Abogacía Española acceso a memorias anuales, cuentas de entidades dependientes (fundación y sociedad mercantil) y un informe de IBM sobre LexNet. El Consejo denegó parte de la información alegando que las entidades no son públicas y que el informe es confidencial. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el link directo a las cuentas anuales.
Se solicitó al Institut Català de Finances (ICF) el detalle de los 25 créditos más relevantes concedidos a empresas privadas en los últimos cinco años. El ICF denegó el acceso alegando deber de reserva y secreto profesional. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los datos del crédito pero mantiene la reserva de la identidad de las empresas.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente información sobre el origen de fondos, destinatarios, valor y costes de distribución de botellas de aceite premiadas. El reclamante alegó que la respuesta era insuficiente y generalista. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información aportada es adecuada.
El interesado solicitó datos de productividad y gratificaciones extraordinarias de la Secretaría General del INSS. La administración denegó la información salvo para puestos de libre designación, alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando que se facilite la cuantía global de dichas productividades para evitar la identificación.
Se solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el detalle de accidentes de trabajo con baja registrados en 2016 (Sistema Delt@) con múltiples variables específicas. La administración denegó el acceso alegando secreto estadístico y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los datos.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes definitivos de auditoría operativa y de cumplimiento de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras (2014-2016). La Administración inadmitió la solicitud alegando un régimen jurídico específico de secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el deber de secreto impide el acceso a la autoridad de control.
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