Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Sant Joan de Mollet copia electrónica de los expedientes de obras del Casal del poble. Alegó que la consulta presencial era insuficiente y exigió la digitalización de los documentos. La GAIP desestimó la reclamación por considerar justificado el cambio de formato, ya que la administración no dispone de los archivos en soporte electrónico y debe proteger la propiedad intelectual.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Aiguamúrcia el requerimiento de la Oficina Antifrau de Catalunya y la documentación preparada para responderlo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y derecho al honor de la alcaldesa. La GAIP estima la reclamación, considerando que la información es necesaria para la función de control del concejal.
El interesado solicitó al Consejo General de la Abogacía Española acceso a memorias anuales, cuentas de entidades dependientes (fundación y sociedad mercantil) y un informe de IBM sobre LexNet. El Consejo denegó parte de la información alegando que las entidades no son públicas y que el informe es confidencial. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el link directo a las cuentas anuales.
Se solicitó al Institut Català de Finances (ICF) el detalle de los 25 créditos más relevantes concedidos a empresas privadas en los últimos cinco años. El ICF denegó el acceso alegando deber de reserva y secreto profesional. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los datos del crédito pero mantiene la reserva de la identidad de las empresas.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente información sobre el origen de fondos, destinatarios, valor y costes de distribución de botellas de aceite premiadas. El reclamante alegó que la respuesta era insuficiente y generalista. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información aportada es adecuada.
El interesado solicitó datos de productividad y gratificaciones extraordinarias de la Secretaría General del INSS. La administración denegó la información salvo para puestos de libre designación, alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando que se facilite la cuantía global de dichas productividades para evitar la identificación.
Se solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el detalle de accidentes de trabajo con baja registrados en 2016 (Sistema Delt@) con múltiples variables específicas. La administración denegó el acceso alegando secreto estadístico y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los datos.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes definitivos de auditoría operativa y de cumplimiento de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras (2014-2016). La Administración inadmitió la solicitud alegando un régimen jurídico específico de secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el deber de secreto impide el acceso a la autoridad de control.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Economía y Competitividad información sobre el coste presupuestario de la norma UNE 166002:2006 y copias de varias normas UNE. El Ministerio remitió al solicitante a AENOR. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a informar sobre el gasto público, pero deniega las copias de las normas por ser propiedad privada.
El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Socuéllamos solicitó bases, normativa y listado de la Bolsa de Auxiliares Administrativos. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve estimar parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las bases de la bolsa, pero denegando la normativa aplicable (por ser consulta) y el listado de personas (por protección de datos).
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Lleida el expediente de selección del Director del Consorcio del Turó de la Seu Vella y el recurso contencioso asociado. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y que la información pertenecía al Consorcio. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho de acceso pero limitándolo a la consulta (vista) sin entrega de copias.
Una empresa solicitó la anulación del acceso a información técnica de una mina de caolín alegando secretos industriales. La Comisión de Transparencia de Galicia analiza la convalidación de la resolución de acceso y decide que dicha convalidación no puede tener efectos retroactivos, instando a dictar una nueva resolución con efectos desde su fecha de emisión.
El reclamante solicitó acceso a expedientes de ayudas y planes de comunicación sobre minería a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Galicia. Alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. La Comisión da Transparencia de Galicia decide la inadmisión de la reclamación porque la administración resolvió el asunto dentro del plazo legal antes de la interposición.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios una amplia lista de información presupuestaria, personal, sueldos, declaraciones de renta de cargos públicos y proyectos de empleo. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando entregar datos presupuestarios, patrimoniales y de empleo, pero denegando las declaraciones de renta por protección de datos.
Se solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el acceso a las cuentas anuales de 2015 de la Fundación Marqués de Suanzes y sus requerimientos de subsanación. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información era auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las cuentas y las peticiones de subsanación.
Se solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el detalle de las variaciones de actividad (altas, bajas, suspensiones) de un colegiado desde 2014. La administración alegó que era información protegida por la LOPD y no sujeta a la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la situación de habilitación es información pública.
El Grup Municipal del Comú de Lleida solicitó al Ayuntamiento de Lleida acceso a la base de datos de decretos y la relación de los mismos desde 2006. El Ayuntamiento alegó protección de datos y volumen de trabajo. La GAIP estima parcialmente la solicitud: deniega el acceso total a la base de datos por riesgo para datos sensibles, pero obliga a entregar la relación de decretos en PDF cercable.
La solicitante pidió copia de resoluciones o informes que acreditaran conflictividad vecinal para su unidad familiar. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid denegó el acceso alegando protección de datos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, indicando que la información debe entregarse de forma anonimizada.
La recurrente solicitó acceso al expediente administrativo que motivó la denegación de la regularización de su vivienda por supuesta conflictividad vecinal ante la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la información de forma anonimizada.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acceso a diversas actas, informes jurídicos, estadísticas de sanciones y datos de gestión. La administración alegó que parte de la información era privada o no sujeta a derecho administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó acceso a información sobre el uso de fondos públicos en el ámbito de la salud. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, considerando que la administración no justificó adecuadamente la denegación ni propuso una versión anonimizada.
El interesado solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el desarrollo de las soluciones de los problemas del proceso selectivo de Diplomados en Meteorología de 2015. La Administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que dicha información es necesaria para el escrutinio público de las decisiones del Tribunal.
El reclamante solicitó a la CNMV la copia completa de un expediente sancionador contra Banco Popular Español. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la normativa sectorial del mercado de valores no impide el acceso y que los límites alegados por la CNMV no concurren en un procedimiento ya finalizado y publicado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente las soluciones numéricas detalladas de los exámenes de meteorología y climatología del Cuerpo Superior de Meteorólogos de 2009. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es necesaria para la rendición de cuentas.
El interesado solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid información desglosada (nombre, dirección y resultados) de las inspecciones higiénico-sanitarias en bares y restaurantes, así como copia de las actas. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Xixona información detallada sobre la gestión de colonias de gatos (nombres de técnicos, criterios de castración, ubicaciones, responsables y quejas ciudadanas). El Ayuntamiento no respondió inicialmente. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la solicitud, limitando el acceso a documentos existentes y protegiendo datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes el acceso a las grabaciones de las sesiones del pleno (no a las actas) realizadas entre septiembre y diciembre de 2015. El recurrente alegó la necesidad de las grabaciones para ejercer acciones legales por posibles injurias sufridas durante su baja laboral. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación.
El interesado solicitó a la CNMV información sobre la existencia de investigaciones relacionadas con la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Tras la denegación de la entidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, argumentando que confirmar o negar una investigación podría perjudicar el desarrollo de las funciones de vigilancia y control.
El interesado solicitó acceso a una tesis doctoral específica al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tras ser derivado a la Universidad Politécnica de Madrid, la universidad no respondió, incurriendo en silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la tesis es información pública y no se vulneran derechos de propiedad intelectual.
Se solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid el acceso a las autorizaciones de compatibilidad de sus funcionarios de los últimos cinco años. La Universidad alegó protección de datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, señalando que la identidad de los beneficiarios debe ser pública según la Ley 19/2013.
Se solicitó a RTVE el desglose de costes de programas y emisiones especiales (Nochebuena y Nochevieja). La administración alegó que la información requería reelaboración, afectaba a intereses comerciales y vulneraba la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los costes de producción pero excluyendo salarios.
Se solicitó el sueldo anual de diversos directivos de Televisión Autonomía Madrid, S.A. durante el periodo 2010-2016. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, protección de datos y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany información sobre el estado de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la identificación de los responsables de dicho trámite y copia digital de la RPT vigente. Ante la falta de respuesta, la Comisión para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública estima parcialmente la reclamación.
El interesado solicitó al Gobierno de Cantabria copias de notificaciones y declaraciones juradas de aprovechamiento forestal del Ayuntamiento de Castañeda desde 2008. La administración alegó falta de concreción y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer el procedimiento para que la administración traslade la solicitud al Ayuntamiento y estima parcialmente la reclamación.
Un tercero solicita copia del expediente de autorización de un salón de juegos tras la denegación de su propia solicitud. La administración reconoció el acceso parcial a documentos de actividad pública, pero denegó datos personales y tributarios. El reclamante impugna esta decisión, pero el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestima la reclamación al no haber solicitado el recurrente más información de la ya concedida.
La declaració de confidencialitat feta per les empreses interessades a l'empara de l'article 140.1 TRLCSP no és vinculant per a l'òrgan de contractació (ni per a les institucions de control), que ha de valorar si és justificada i decidir motivadament si procedeix mantenir-la. La confidencialitat de l'article 140.1 TRLCSP ha de ser invocada expressament pels licitadors interessats; forma part del seu deure de diligència entendre que li pertoca al licitador declarar i argumentar la confidencialitat, doncs és qui més hi arrisca si no es respecta i qui més coneix les raons de la seva invocació. La confidencialitat derivada de l'article 140.1 TRLCSP constitueix una excepció al principi general de transparència i dret d'accés a la informació pública i, com a tal excepció, ha de ser degudament argumentada i la seva aplicació convenientment justificada i fonamentada en les circumstàncies del cas. La declaració de confidencialitat que facin els licitadors no pot abastar la totalitat de la documentació presentada. La declaració de confidencialitat feta pels licitadors no pot tenir només una motivació genèrica, sinó que ha d'indicar amb precisió els documents concrets afectats i les raons objectives i específiques que la justifiquen. La posterior promulgació en el nostre ordenament jurídic de la legislació de transparència (a partir del 2013), respecte de la confidencialitat de les ofertes reconeguda per la legislació de contractes del sector públic, porta necessàriament a què aquesta darrera (i en tot cas l'article 140.1 TRLCSP) hagi de ser interpretada i matisada a la llum de l'especial vigor que han assolit els darrers anys en el nostre ordenament jurídic les institucions de la transparència i del dret d'accés a la infor
Un representante sindical solicitó acceso a un informe de Prevención de Riesgos Laborales a la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de Asturias. El interesado alegó que podía acceder mediante la omisión de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el informe contiene datos de salud especialmente protegidos.
Se solicitó una lista desglosada de personal docente interino por cuerpos, especialidad y número de trienios a la Consejería de Educación (implícita por el contexto de personal docente). El reclamante consideraba que la información entregada era insuficiente. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación al considerar que la información facilitada es suficiente.
Se solicitó al Gobierno de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo) acceso a las poligonales o coordenadas de vértices de proyectos eólicos presentados en concursos de priorización. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación, al considerar que la información afecta al secreto profesional y la propiedad intelectual/industrial de las empresas, sin que exista un interés público superior que prevalezca sobre los intereses económicos y comerciales de los participantes.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento información sobre la firmeza de una sentencia judicial y el importe de la indemnización abonada en un proceso de responsabilidad patrimonial. La administración denegó el acceso alegando que la información era judicial y protegida por datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando informar sobre la firmeza de la sentencia.
Se solicitó a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de Galicia la documentación técnica de los proyectos premiados en el concurso de ideas de la 'Cidade da Xustiza' de Vigo. El interesado alegó que la propiedad de los trabajos fue cedida a la administración. La Comisión da Transparencia inadmitió las reclamaciones por tratarse de un procedimiento en curso.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Reus copia de un informe de detectives sobre una trabajadora de la empresa municipal RELLSA y sus costes. El Ayuntamiento alegó la protección de datos y la eficiencia administrativa. La GAIP desestima la solicitud de copia íntegra por vulnerar la intimidad personal, considerando que el acceso parcial ya obtenido era suficiente para la función de control.
El reclamante solicitó al Autoridad Portuaria de Baleares el acta de un Consejo de Administración y un informe de la Abogacía del Estado. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional e igualdad de las partes en un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un daño real ni la afectación de los límites invocados.
La empresa Villaricos, S.L. solicitó copia del Plan de Rehabilitación de Palomares al CIEMAT. La administración denegó el acceso alegando que el plan es un documento en desarrollo y que su difusión afectaría a negociaciones internacionales y funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información detallada sobre inmuebles vendidos mediante un programa estatal (uso residencial, compradores y personalidad jurídica). La administración alegó necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos de viviendas vendidas, pero desestimando la identificación de compradores por requerir reelaboración.
La mercantil ÁREA DE SERVICIO EL ALBA, S.A. solicitó al Ayuntamiento de Sobrescobio copia de un expediente de concesión de agua mineral. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de interés, carácter repetitivo, información en curso y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
La mercantil ÁREA DE SERVICIO EL ALBA, S.A. solicitó copia de un expediente de cesión de derechos de superficie al Ayuntamiento de Sobrescobio. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la petición era repetitiva, abusiva, trataba sobre expedientes en curso y contenía datos protegidos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega previa disociación de datos.
Se solicitó copia del expediente de licitación de parcelas en el Polígono de Comillerra al Ayuntamiento de Sobrescobio. La administración alegó que la solicitud era repetitiva, abusiva, que los expedientes estaban en curso y que contenían datos personales y secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que es información pública.
El reclamante solicitó copia del expediente del Plan Parcial del Área Industrial de La Comillera al Ayuntamiento de Sobrescobio. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva, abusiva, que el expediente estaba en curso y que contenía datos personales y secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega con disociación de datos.
Se solicitó acceso a convocatorias, órdenes del día, actas e informes técnicos de la Comisión de Evaluación de candidaturas a Instituciones Financieras Internacionales al Ministerio de Economía y Competitividad. El recurrente alegó que la respuesta fue una mera explicación sin entrega de documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas, propuestas y criterios legales, pero denegando la identidad y CV de los candidatos por protección de datos.
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