Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un sindicato solicitó información sobre procesos de provisión de puestos en el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Tras una reclamación previa y una resolución de la GAIP, el sindicato alegó que no había recibido la información. La GAIP decide inadmitir la reclamación por falta de objeto, ya que la administración ya había puesto la información a su disposición.
El interesado solicitó una copia auténtica de una tesis doctoral a la Universidad Politécnica de Madrid. La universidad denegó el acceso alegando derechos de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la Ley de Transparencia no ampara la solicitud de copias auténticas o certificadas, siendo este un trámite administrativo distinto.
El interesado solicitó documentación sobre el contrato de gestión de alumbrado exterior al Ayuntamiento de Malagón. Alegó falta de respuesta y dificultades de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: denegó el acceso a datos de formación por protección de datos y a certificaciones por ser actos futuros, pero ordenó entregar la información contractual e informes.
El solicitante pidió información sobre una promoción de viviendas protegidas al Ayuntamiento de Robledillo de la Jara. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve estimar parte de la reclamación, retrotraer la solicitud de proyectos arquitectónicos para proteger la propiedad intelectual y desestimar la parte relativa a escrituras y medio ambiente.
El interesado solicitó información detallada sobre el contrato de gestión de alumbrado público al Ayuntamiento de Calzada de Calatrava. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la información sobre contratos e informes, pero deniega la formación de técnicos por protección de datos y las certificaciones por no ser información pública.
Un sindicato solicitó al Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya las valoraciones de candidatos no seleccionados en procesos de provisión de plazas. Tras alegar la administración la protección de datos y la complejidad técnica, la GAIP desestima la reclamación por considerar que la anonimización masiva de los datos sería una tarea desproporcionada.
El sindicato IAC CATAC solicitó al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la valoración de candidatos no seleccionados en procesos de provisión de personal. El sindicato alegó que se aplicaban límites excesivos a la transparencia. La GAIP desestimó la reclamación debido a la complejidad técnica y el volumen masivo de datos para realizar una anonimización segura y efectiva.
El interesado solicitó información sobre los expedientes de declaración como agua minero-medicinal de "Aguas de Potoco" en la Consejería de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar ciertos informes técnicos y retrotrae el procedimiento para dar audiencia al Ayuntamiento de Alía.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón expedientes sobre la caza de gatos, contratos de mantenimiento de animales y la relación de microchips de mascotas. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó el fondo (acceso a datos personales) pero estimó la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de plazos.
Se solicitó a la Consellería de Sanidade el acceso a los anexos de acuerdos de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde y Medtronic, S.A. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad industrial. La Comisión da Transparencia estima la reclamación y ordena retrotraer el expediente por omitir el trámite de audiencia a la empresa afectada.
El ciudadano solicitó al Banco de España y a IMBISA los costes de producción de billetes desglosados por facial y su variación respecto a 2016. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la difusión de estos datos perjudicaría la política económica y monetaria, así como los intereses económicos y comerciales de la entidad.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid copia de informes de la Comisión Europea y estudios de asesoramiento jurídico. La Universidad denegó el acceso alegando que eran procedimientos no terminados y que la Ley 19/2013 no era aplicable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación en parte, ordenando retrotraer el procedimiento para subsanar la solicitud y consultar a terceros.
Se solicitó al Colegio Notarial del País Vasco copia de un informe jurídico que fundamentó la decisión de no recurrir en casación una sentencia judicial. El Colegio alegó que el informe no era un acto administrativo y se basó en el secreto profesional. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
El interesado solicitó las actas de valoración final de funcionarios en prácticas a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que no era obligatorio publicarlas y por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser un procedimiento administrativo regido por su propia normativa.
Un representante de Ciudadanos de Talavera de la Reina solicitó el expediente de selección de un profesor de Educación Física al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. El Ayuntamiento alegó que la información estaba en trámite y que debía proteger datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que la información debe facilitarse previa disociación de datos.
El ciudadano solicitó a la AEMPS información sobre la autorización y publicidad de un medicamento homeopático. La administración denegó parte de la solicitud alegando confidencialidad e incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la fecha de solicitud de autorización y la información sobre la publicidad del producto.
El ciudadano solicitó a la AEMPS datos sobre la autorización del producto Calflusar. La administración denegó la información alegando confidencialidad de los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la fecha de solicitud, pero deniega la identidad del solicitante y la certificación de silencio administrativo.
El reclamante solicitó la copia íntegra de un informe de información reservada a la Conselleria d'Educació, Investigación, Cultura y Deporte tras una denuncia contra una inspectora. La administración entregó solo un extracto. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, indicando que la anonimización fue excesiva y desvirtuó el contenido de la información.
Se solicitó el envío por correo electrónico de la Programación General Anual (PGA) del IES Alameda de Osuna y su publicación en la web del centro a la Dirección del Área Territorial de Madrid Capital. La administración denegó el acceso alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando el envío por email y la publicación web.
Se solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un listado de profesores universitarios con sexenios de investigación reconocidos por la ANECA, incluyendo datos personales y académicos. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información disponible.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Zaragoza información detallada sobre gastos e ingresos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). Tras una concesión parcial, el Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos de retribuciones, gastos de la nave de Alcañiz y costes de proyectos, aunque desestima el desglose de gastos de viaje.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el desglose detallado de los gastos (alojamiento, dietas, desplazamientos, etc.), el número de agentes y sus unidades de procedencia en la Operación Copérnico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando aportar el coste de alojamientos (hoteles y militares) y las unidades de origen de los agentes.
La parte reclamante solicitó la identidad de las personas que ocupan diversos puestos de trabajo en Radio Televisión Castilla-La Mancha. La administración solo facilitó la identidad de los cargos de confianza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que los puestos indicados por el interesado no califican como personal de especial confianza o alto nivel.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Santander copias de los oficios de entrada y salida de un borrador sobre un Plan de Acción ante episodios de contaminación. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que eran documentos de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vilallonga del Camp el enunciado y el examen de una convocatoria para arquitecto interino. La administración denegó el acceso alegando que el examen era una obra de creación del tribunal. La GAIP estima la reclamación, determinando que los documentos de tribunales de selección son información pública y no están protegidos por propiedad intelectual.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de les Franqueses del Vallès el expediente de un proceso selectivo de archivero. Tras alegar el ciudadano la estimación por silencio positivo, la GAIP analiza la ponderación entre el derecho de acceso y la protección de datos. La GAIP decide archivar el expediente por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento accedió extemporáneamente a la información.
La reclamante solicitó las actas de la Comisión Paritaria de 2016 al Ente Público de Radio Televisión Castilla-La Mancha. Alegó que la administración aplicó una disociación de datos (tachado de nombres) que no se había realizado en solicitudes anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la anonimización para proteger datos personales.
Se solicitó a la Agencia EFE información sobre tarifas y listas de colaboradores nacionales e internacionales, así como el gasto total en dichas colaboraciones durante 2017. La administración denegó las listas y los desgloses por colaborador alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los gastos totales desglosados por sección y tipo, pero sin identificar a las personas.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los proyectos de construcción de la red ciclista. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad en la toma de decisiones. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación al considerar que dichos límites no están motivados ni son aplicables a este tipo de proyectos técnicos.
Una empresa solicitó al Hospital General de Requena el acceso a las ofertas técnicas de un concurso de radiología. Tras una denegación inicial por confidencialidad, la administración rectificó y facilitó la documentación. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la pretensión tras la reclamación.
Una madre solicitó acceso a las actas de valoración de admisión de alumnos para verificar la legalidad de la puntuación de su hijo en un centro concertado. La Conselleria denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información de forma anonimizada.
APEDANICA solicitó al Consejo General de la Abogacía Española copia de contratos y un informe técnico elaborados por la empresa IBM. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que decidió inadmitir la reclamación al considerar que la documentación de una sociedad mercantil privada no está sometida a la Ley 19/2013.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de las solicitudes de acceso a la información en la herramienta GESAT, reclamando específicamente el texto literal del 'asunto'. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación debido a que la anonimización de miles de registros de texto libre es inviable técnica y humanamente.
El reclamante solicitó acceso a informes de la Inspección de Educación relacionados con una denuncia de acoso laboral presentada ante la Dirección Provincial de Educación de Ciudad Real. La administración denegó el acceso a dichos informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por proteger la confidencialidad y los datos personales de terceros.
Un partido político solicitó al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias el coste de un vuelo chárter para la feria FITUR 2017 y la identidad de sus pasajeros. La Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural de Asturias denegó la identidad por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información sobre criterios y costes ya fue suficiente.
El reclamante solicitó a la Universidad Autónoma de Madrid información sobre la compatibilidad de funciones, horas impartidas y retribuciones de un profesor/director de un máster. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de la información retributiva por prevalencia de la protección de datos.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa solicitó al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón las cuantías percibidas por un vocal del TACPA (2013-2016). El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación al considerar que prevalece la protección de datos personales sobre el interés público en este caso.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Alcorcón información sobre el expediente de una licencia de obra de una vivienda. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información contenía datos de carácter personal. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la aplicación de técnicas de anonimización.
El reclamante solicitó información técnica sobre una estación de servicio al Ayuntamiento del Campello. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación ante el Consell de Transparència de la Comunidad Valenciana. El organismo estimó la reclamación e instó al Ayuntamiento a proporcionar la información en el plazo de un mes, dado que la documentación forma parte de expedientes de permisos municipales.
El ciudadano solicitó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias (APMUN) diversa documentación sobre un expediente de demolición de vivienda. Tras una desestimación presunta por silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto de demolición y presupuesto.
Una concejal del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada solicitó identificar a la persona que firmó un informe de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. La administración alegó que el informe ya estaba rubricado por la Agencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la identidad del autor no tiene incidencia pública y está protegida por el límite de protección de datos.
El reclamante solicitó diversos documentos urbanísticos y de expropiación al Ayuntamiento de Sinarcas ante la falta de respuesta a múltiples peticiones previas. El Ayuntamiento alegó que no había desatendido al interesado y que sus peticiones eran genéricas o infundadas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de gran parte de la documentación.
El Comité de Empresa de la Agencia EFE solicitó al organismo información sobre colaboradores, contratos, retribuciones y gastos. La administración denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el solicitante ejercía abusivamente el derecho de acceso para cumplir funciones sindicales, un ámbito que debe resolverse por cauces laborales específicos y no mediante la Ley de Transparencia.
El Consell Valencià de Col·legis de la Comunitat Valenciana solicitó acceso al expediente completo de elaboración del Protocol de manipulación de medicamentos peligrosos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Tras una respuesta parcial de la administración, el reclamante interpuso recurso alegando falta de transparencia y mala praxis. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación al considerar que se facilitó la documentación pertinente y que las pretensiones de acceso a notas o borradores no son exigibles.
El ciudadano solicitó al Concello de Valdoviño información sobre licencias de obra de 2016, órdenes de paralización desde 2015 y expedientes específicos. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando falta de medios y secreto profesional/propiedad intelectual. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena entregar la información.
La Asociación Verdegaia solicitó copia digital de expedientes mineros a la Consellería de Economía, Emprego e Industria. Tras una denegación basada en la falta de precisión de la solicitud y límites de confidencialidad, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, instando a la administración a entregar la información previa ponderación de los límites.
El interesado solicitó informes jurídicos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid sobre la necesidad de rectificación registral para cambiar la identidad en la tarjeta sanitaria. La administración denegó el acceso alegando inexistencia y carácter auxiliar de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al acreditar la existencia y relevancia de los informes.
Un ciudadano solicitó el expediente completo de un proceso selectivo a la Comunidad de Madrid. Alegó que la administración no respondía (silencio administrativo) y que la protección de datos no impedía el acceso mediante anonimización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el solicitante no es interesado y que prevalece el derecho a la protección de datos.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta solicitó la nómina del Gerente de EMVICESA a dicha entidad municipal. La administración alegó que la información ya era pública en su portal y que contenía datos personales protegidos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al constatar que no se había respondido formalmente al interesado.
La Asociación Centaurea solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (remitida al Consejo de Seguridad Nuclear) el expediente completo de informes técnicos sobre la planta de uranio Retortillo. Alegó que la información entregada estaba excesivamente censurada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar justificados los límites aplicados.
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