Solicitud de detalle de sanciones por no circular por la derecha entre 2012 y 2017

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-020953 N/REF: R/0262/2018 (100-000767) FECHA: 19 de julio de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 26 de abril de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó a la Dirección General de Tráfico del MINISTERIO DEL INTERIOR, el día 6 de febrero de 2018 y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), la siguiente información: - Detalle de todas y cada una de las sanciones tramitadas por no circular por la derecha por la Dirección General de Tráfico en los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. En concreto, para cada sanción o registro solicito la siguiente información: 1. Fecha y hora de la infracción. 2. Vía y punto kilométrico en el que se produjo la infracción. 3. Municipio y provincia donde se produjo la infracción. 4. Tipo de vehículo. 5. Calificación de la infracción: leve, grave o muy grave. 6. Cuantía de la multa económica impuesta y cuantía pagada por el conductor. 7. Puntos retirados por la infracción. 2. Mediante Resolución de fecha 5 de abril de 2018, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó a en los siguientes términos: En respuesta a su consulta le facilitamos en un archivo Excel la información solicitada, con las siguientes salvedades: a] Los datos relativos a la fecha, hora y pk de la infracción, no se facilitan al tratarse de una causa de inadmisión prevista en el art.14.1 j] de la Ley de Transparencia, que establece como límite al derecho de acceso a la información el secreto profesional. Enlazando con lo anterior debemos remitirnos a la Ley 12 /89 de 9 de mayo de la función estadística cuyo art. 13 establece que “serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico los datos personales que obtengan los servicios estadísticos tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas”. Se entiende que son datos personales los referentes a personas físicas que o bien permitan la identificación inmediata de los interesados, o bien conduzcan por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación indirecta de los mismos. Aunque no se ofreciese información de carácter personal de las personas implicadas, en algunos casos, se podría llegar a deducir la identidad de la persona física por lo que se estaría vulnerando dicho secreto. El secreto estadístico obliga a los servicios estadísticos a no difundir en ningún caso los datos personales cualquiera que sea su origen. b] Por lo que respecta al punto 4 de su petición “tipo de vehículo”, no se proporciona información por cuanto nos encontramos ante una acción de reelaboración prevista en el art. 18.1 de la Ley 19/2013. Debemos traer a colación al caso que nos ocupa el Criterio Interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En este sentido debido al carácter relacional de las bases de datos de la Dirección General de Tráfico, una gran mayoría de las explotaciones estadísticas requieren de la unión de bases de datos a partir de identificadores comunes, en muchos casos protegidos [documento nacional de identidad, matrícula, número de expediente sancionador]. A estas operaciones de unión de bases de datos se añaden otras operaciones complejas como filtrados o recodificaciones de variables, que implica el cruce de diversas fuentes de información, lo que conlleva una clara acción de reelaboración. Aprovecho la ocasión para informarle de que la DGT dispone de un portal estadístico donde está disponible, tanto en forma de tablas personalizadas como en formato reutilizable, una gran cantidad de información estadística sobre las materias de nuestra competencia: vehículos, conductores, accidentes y gestión del tráfico. La dirección del portal es: 3. A la vista de esta contestación, presentó Reclamación ante este Consejo de Transparencia, con entrada el 26 de abril de 2018, al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en la que argumentaba básicamente lo siguiente: 1. A la hora de resolver esta reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debe tener en cuenta una solicitud de acceso a la información similar relativa al detalle de las sanciones tramitadas por exceso de velocidad (expediente Gesat 001-011176), cuya reclamación fue estimada en todos su términos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (resolución R-0064-2017). En ese caso, las categorías de información que no se han facilitado en la solicitud que motiva esta reclamación (fecha, hora, pk y tipo de vehículo) sí se facilitaron a instancias del Consejo de Transparencia. Por esta razón, no es posible denegar ahora el acceso a las mismas categorías de información de las mismas bases de datos que se facilitaron por aquel entonces. 2. En el expediente Gesat 001-011176, la Dirección General de Tráfico se refiere a cuatro bases de datos: la de permiso por puntos, la de conductores denunciados, la de vehículos denunciados y la de radares, de las cuales las tres primeras albergan la información solicitada en la solicitud que motiva esta reclamación. Por tanto, si en aquel momento la Dirección General de Tráfico facilitó esta misma información, no se entiende que ahora busque otro tipo de excusas para denegar el acceso a la misma información solicitada, cambiando únicamente la infracción que motiva la sanción. 3. En la resolución R-0064-2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno afirma: "En el caso que nos ocupa, queda acreditado que la Administración dispone de los datos que le son solicitados, no sólo porque ya los ha proporcionado con anterioridad respecto de otros años, sino también porque así lo reconoce en su escrito de alegaciones donde se indica que es precisamente porque tiene que extraer la información y cruzar la que se recoge en las diferentes bases de datos donde se contienen las informaciones solicitadas por lo que inadmite la solicitud. Dicha argumentación, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no puede sostenerse. En efecto, para atender la solicitud no tiene que volver a elaborar los datos ni crear la información, ex profeso para el solicitante, ya que no puede entenderse que así deba ser calificada la extracción de los datos de las diferentes aplicaciones donde están recogidos. Igualmente, no puede entenderse que exista reel aboración porque ahora el organismo concernido entienda que no dispone de los recursos necesarios cuando, debe recordarse, si se atendió una solicitud previa con el mismo objeto pero con un alcance temporal mucho más limitado". 4. En cuanto a la mención al secreto estadístico, cabe insistir en que la Dirección General de Tráfico facilitó entonces las mismas categorías de información que ahora se deniegan y que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no apreció ninguna violación del secreto profesional y la propiedad intelectual, tal y como alega la Dirección General de Tráfico. De hecho, la supuesta relación entre secreto profesional, propiedad intelectual y secreto estadístico aludida por la Dirección General de Tráfico no hay por donde cogerla. De acuerdo a esta interpretación, si se conoce, por ejemplo, que un turismo fue sancionado en el kilómetro 70 de la A-1 a las 10:51 horas del 25 de junio de 2016 por conducir irregularmente por la izquierda, que le pusieron una sanción muy grave de 500 euros, pero al final pagó 250 euros, y no le restó ningún punto del carné de conducir pueda deducirse que la conductora sea, por ejemplo, , sin más información sobre la marca del coche o la matrícula, información que no solicito en ningún momento, es más propio de un supuesto adivino o de una cábala que estar sustentado en datos fácticos y hechos verificables. 4. El día 27 de abril de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que pudiera realizar las alegaciones que considerara conveniente. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 29 de junio de 2018 y en el mismo se señala lo siguiente: Una vez analizada la reclamación presentada por el interesado, la DGT informa lo siguiente: "Con fecha 22 de junio de 2018 se ha enviado información complementaria a la suministrada en la resolución de fecha 5 de abril de 2018, en la que se facilitan en archivo adjunto la información solicitada. Se adjunta copias de la documentación complementaria y de las tablas Excel facilitadas al interesado, así como el justificante de registro de su comparecencia de la notificación." 5. A la vista de lo anterior y en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procedió a la apertura de un trámite de audiencia al objeto de que por parte del se analizara la información complementaria remitida y pudiera formular alegaciones sobre la misma. Con fecha 3 de julio de 2018, el interesado comunicó lo siguiente en respuesta al mencionado trámite de audiencia: Teniendo en cuenta que la información solicitada me ha sido remitida por la Dirección General de Tráfico (DGT) en los términos previstos en mi solicitud de acceso a la información original en el trámite de alegaciones tras la interposición de la reclamación pertinente ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), solicito al CTBG que archive mi reclamación, señalando en la resolución que el archivo de la misma se produce tras la entrega de la información solicitada durante el trámite de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En atención a los hechos recogidos en los antecedentes y con independencia de que lo deseable es que la información hubiera sido suministrada de forma completa en la respuesta a la solicitud de información, en el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: 1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del Reclamante y no habiéndose personado en el pr ocedimiento terceros interesados que insten su continuación ni existiendo causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de Reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la Reclamación presentada por , con entrada el 26 de abril de 2018, contra la Resolución de 5 de abril del MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda