Reclamación sobre el acceso del grupo municipal Navarra Suma a los documentos del Registro Electrónico de Entradas del Ayuntamiento de Zizur Mayor

Reclamación 10/2020 ACUERDO AR 16/2020, de 31 de agosto del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada por el grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia. Antecedentes de hecho. 1. El 23 de junio de 2020 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió un escrito firmado por don XXXXXX, actuando en representación del grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, mediante el que interponía una reclamación ante la resolución de 11 de marzo de 2020 del Alcalde de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, que denegó la petición de dicho grupo municipal, presentada el 18 de febrero, para que el Registro Electrónico de Entradas del ayuntamiento les permitiera la visión de los escritos y documentos que son objeto de registro por medio de la unión, como documento adjunto, de una imagen escaneada del texto íntegro que se presente. 2. El 30 de junio de 2020 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra dio traslado de la reclamación al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, solicitándole que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de observaciones y alegaciones que estimase oportuno, a los efectos de resolverse la reclamación presentada. 3. El 14 de julio de 2020 se recibió en el Consejo de la Transparencia de Navarra la documentación e información solicitada al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, mediante resolución de 14 de julio de 2020, del Alcalde, aprobó el informe de alegaciones emitido al efecto por una consultoría el 10 de julio de 2020, para su remisión al Consejo de Transparencia de Navarra. De dicho informe se deduce que las alegaciones municipales proponen la desestimación de la reclamación por considerar que: a) la reclamación realizada se ha realizado en una forma de actuar que el Tribunal Supremo denomina “técnica del espigueo” (STS 15 de septiembre de 2014), que consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar las de otras que puedan tener relación con ellas pero que no interesan o en seleccionar los artículos más favorables o parte de ellos; b) el derecho de acceso a la Página 1 de 7 información de los miembros de las entidades locales no es un derecho de absoluto, sino que está supeditado a la función de control pretendida y que no procede cuando la información no resulte necesaria para este fin; c) la reclamación no tiene en cuenta la normativa de protección de datos de terceros y de intimidad, ni la Ley General Tributaria; d) cuando el derecho de acceso entra en conflicto con otros derechos, entre ellos el de la protección de datos personales, requiere para decidir de una ponderación de los diferentes derechos en juego, con el fin de sopesar y concluir cuál debe prevalecer y en qué medida; e) ya existe habilitado el acceso informático al registro de entrada y salida; y f) el recurrente, con su petición, solicita acceso a información existente, sin realizar ningún tipo de ponderación y a documentación que a futuro se pudiera recibir. Fundamentos de derecho. Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se dirige frente a la resolución de 11 de marzo de 2020 del Alcalde de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, que denegó la petición del grupo municipal de Navarra Suma, presentada el 18 de febrero, en la que se solicitaba que el Registro Electrónico de Entradas del ayuntamiento permitiera ver los escritos y documentos que son objeto de registro por medio de la unión, como documento adjunto, de una imagen escaneada del texto íntegro que se presente. Segundo. A tenor de lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, competente para conocer y resolver las reclamaciones que se le presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública, emanadas, entre otros sujetos, de los ayuntamientos de Navarra [artículo 64, en relación con el artículo 2.1, letra c)] y, en caso de ser necesario, para garantizar el derecho de acceso a la información pública. El número dos de la disposición adicional séptima de dicha Ley Foral aclara que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente para velar por el derecho de acceso a la información pública y examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública, “en todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable”. Página 2 de 7 De este modo, el Consejo de Transparencia de Navarra tiene atribuida la competencia para examinar las reclamaciones contra las resoluciones municipales que denieguen el derecho de los miembros de las corporaciones locales a la obtención, en ejercicio de sus funciones, de las informaciones que obren en poder de los servicios de la corporación. Tercero. Para la resolución de esta reclamación, ha de estarse a: a) Por lo que se refiere a la cuestión de fondo de la solicitud de información, realizada el 18 de febrero de 2020, a lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, por ser la normativa vigente y aplicable en el día de la solicitud. Esta es la normativa específica que regula el acceso por los miembros de los municipios a la información local en una norma con rango de ley, siendo supletoria en lo que no esté prevista en ella la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. b) Por lo que atañe a su tramitación, a lo establecido en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, dada la consideración legal de la reclamación como sustitutiva de los recursos administrativos [artículo 45.2 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo]. Cuarto. Con carácter previo, y a estos efectos de su tramitación, procede declarar la admisión de esta reclamación, aun cuando entre el 11 de marzo y el 23 de junio de 2020 haya transcurrido más de un mes, puesto que los plazos administrativos para la interposición de recursos administrativos han estado suspendidos durante el tiempo que ha durado el estado de alarma por la pandemia de la covid-19. Quinto. El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Las solicitudes para el ejercicio de este derecho han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado. Página 3 de 7 Este artículo 77 establece el derecho de los concejales, individualmente, a acceder a la información que precisen para el ejercicio de sus funciones y que ya obre en poder de los servicios de la corporación local mediante la presentación de una solicitud que identifique esa información preexistente y tras un procedimiento reglado para la resolución de la solicitud concreta de los miembros de la corporación, siendo competente para conceder o denegar la información el alcalde o la comisión de gobierno. De este modo, el precepto legal requiere que este derecho se ejerza mediante solicitud previa y que se resuelva por el órgano competente en cada caso concreto y dentro del plazo de cinco días naturales siguientes al día de la solicitud. Sexto. El artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos, con alcance para todas las entidades locales de Navarra. Conforme a este precepto, los miembros electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. Este ejercicio puede ser regulado en el correspondiente Reglamento. La petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local. Séptimo. La legislación de régimen local requiere, por tanto, para el acceso por los concejales a la información municipal: a) que exista una solicitud puntual del concejal; b) que esta se presente en el registro de la entidad local; c) que contenga la petición de una documentación o información determinada o determinable; d) que la información solicitada obre en poder de los servicios de la corporación; e) que tal información esté relacionada con el ejercicio de las funciones del concejal, f) que haya una resolución del órgano competente, esto es, del alcalde o de la junta de gobierno local, en el plazo máximo de cinco días naturales; y g) que esta resolución se emita tras haber analizado y constatado el órgano competente que no existen motivos legales que impidan la entrega total o parcial de la información. Por ello, el Consejo de Transparencia de Navarra entiende que, ni la legislación de régimen local aplicable en Navarra, como normativa específica, ni tampoco la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública como norma supletoria, configuran el derecho de acceso a la información municipal por los concejales en los términos expuestos en la reclamación, esto es, como un mecanismo instituido de forma atemporal y general para el acceso inmediato o muy temprano por Página 4 de 7 un grupo municipal al contenido documental del registro electrónico del ayuntamiento a medida que vaya entrando la documentación en el futuro. Tanto la petición que da lugar la reclamación como esta misma se presentan más como una propuesta que plantea, en el fondo, una solución nueva, innovadora, imaginativa, un futurible de cómo podría ser el acceso de los concejales -en particular, de los que conforman la “oposición” municipal-, y que podría instaurarse para prácticamente toda la documentación que los ciudadanos y administrados registren en adelante ante el ayuntamiento, cualquiera que sea la forma, el contenido y la materia sobre la que verse: peticiones, recursos, reclamaciones, contratos…, esto es, de todo documento que en el futuro acceda al registro. El mismo grupo reclamante lo viene a reconocer cuando manifiesta que “pedimos al Consejo que sea valiente e innovador en cuanto al reconocimiento de los derechos de los representantes políticos a ejercer su cargo en condiciones de eficacia e igualdad entre equipo de gobierno y oposición”. Sin embargo, dicha propuesta que propone el grupo municipal reclamante no se corresponde con el derecho de acceso a la información municipal por parte de los concejales. Tal petición que formula no es, en sí misma, la solicitud que se corresponde legalmente con el derecho de acceso de los concejales que diseña la legislación reguladora de régimen local. De la vigente configuración legal, a la que debe estar indefectiblemente el Consejo de Transparencia de Navarra en cuanto órgano que resuelve las reclamaciones conforme a Derecho, se deduce que el derecho de acceso de los concejales no está diseñado normativamente para que, en el marco del control de los grupos municipales a los órganos ejecutivos responsables de la dirección municipal, el registro municipal de entrada envíe, como un deber exigible ex iure, toda la documentación que los ciudadanos presenten en el registro electrónico de entradas municipales a esos grupos (o permita su acceso), previo su escaneo y anexo con el índice del registro, sin decisión del alcalde o de la junta de gobierno local sobre cada solicitud y obviando las limitaciones que puedan imponer la protección de datos de las personas físicas o las leyes protectoras de determinados intereses y bienes jurídicos. El derecho de los concejales de acceso a la información configurado legalmente no se erige como un mecanismo que ampare el acceso o el traslado de la información y documentación relacionada con la actividad administrativa y que se presente en el registro electrónico de entrada, a uno o varios grupos municipales o concejales con el fin de servir de control, por legítimo que desde luego este es, sobre la acción de los órganos ejecutivos que dirigen el municipio. Página 5 de 7 Como quiera que, como conforme al ordenamiento jurídico vigente, no es la reclamación la vía procedimental adecuada para solicitar y conseguir que toda o casi toda la información vinculada con la actividad administrativa de un municipio que pase por el registro electrónico de entrada de documentos se adjunte escaneada a los grupos municipales de modo automático o cuasiautomático y masivo, incluso conteniendo datos de personas físicas, el Consejo de Transparencia de Navarra debe proceder a desestimar la reclamación. En su virtud, siendo ponente don Francisco Javier Enériz Olaechea, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ACUERDA: 1º. Desestimar la reclamación formulada por don XXXXXX, actuando en representación del grupo municipal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, frente a la resolución de 11 de marzo de 2020 del Alcalde de Zizur Mayor/Zizur Nagusia, por la que le denegó la petición de dicho grupo municipal, presentada el 18 de febrero, para que el Registro Electrónico de Entradas del ayuntamiento les permitiera la visión de los escritos y documentos que son objeto de registro mediante la unión, como documento adjunto, de una imagen escaneada del texto íntegro que se presente. 2º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX, en representación del grupo municipal de Navarra Suma, y al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Nagusia. 3º. Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Página 6 de 7 4º. Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación al interesado y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento. El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria Juan Luis Beltrán Aguirre Página 7 de 7