Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una empresa reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia contra la resolución de la Xefatura Territorial da Coruña que permitía el acceso a expedientes mineros. La empresa alegó que la información contenía secretos industriales y know-how. La Comisión desestimó la reclamación por falta de concreción del perjuicio, aunque se abstuvo de pronunciarse sobre los planes de restauración y labores por ser información ambiental.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social los expedientes de inspección de trabajo incoados a la formación política Podemos. El Ministerio denegó el acceso alegando deber de reserva y límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para dar audiencia a los afectados y resolver nuevamente.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior de Navarra exámenes y correcciones de opositores que obtuvieron plaza en 2009, previa disociación de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación porque la entrega vulneraría la protección de datos personales, al ser los exámenes identificables pese a la anonimización.
Se solicitó al Departamento de Empresa y Conocimiento la identificación de las administraciones públicas sancionadas por seguridad industrial en 2020 y la cuantía de las multas. El organismo no respondió inicialmente. La GAIP estima la reclamación, considerando que el hecho de ser sancionada es información pública relevante para el control social de las administraciones.
El reclamante solicitó información sobre la identidad del arquitecto municipal de Villaviciosa en el periodo de enero a marzo de 2008. El Ayuntamiento alegó que la información ya se había facilitado parcialmente y que otras peticiones eran repetitivas o requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando al Ayuntamiento a remitir la información solicitada.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Terrassa el expediente de unas obras que afectaban a su propiedad. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y propiedad intelectual. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento acabó facilitando la información tras un informe favorable de la APDCAT.
El reclamante solicitó acceso a la documentación de una licencia de obras para verificar el cumplimiento de la normativa de protección del arbolado. Tras la denegación por parte del Ayuntamiento, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la administración ha ponderado correctamente los límites de propiedad intelectual y secreto profesional.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el detalle de las multas impuestas por la Policía Municipal por incumplir el toque de queda en octubre de 2020. La administración denegó el acceso alegando que la información requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aunque considera que la reelaboración es una causa válida, decide retrotraer el procedimiento porque el Ayuntamiento debió remitir la solicitud a la Consejería de Sanidad.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre si los miembros del Gobierno y altos cargos habían presentado sus declaraciones de bienes y las de sus cónyuges. La administración denegó el acceso alegando un régimen jurídico especial y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que dicha información es pública.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre si los altos cargos y sus cónyuges presentaron sus declaraciones de bienes y la fecha de entrega. La Administración denegó el acceso alegando el carácter reservado del Registro de Bienes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que saber si se presentó la declaración no requiere acceder al contenido reservado del registro.
La ANPBA solicitó copia de un documento donde el alcalde de Sineu reconoce responsabilidad en un expediente sancionador contra el Ayuntamiento. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación denegó el acceso alegando la protección de la intimidad del alcalde. La Comisión para las reclamaciones estima la reclamación al considerar que el documento es información pública.
Un ciudadano solicitó al Concello da Coruña la justificación de un dispositivo policial de vigilancia en un edificio. El Ayuntamiento denegó los informes alegando secreto profesional. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información, ya que no se acreditó un perjuicio real a la seguridad pública.
La aerolínea Ryanair solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social las denuncias presentadas por los sindicatos USO y SITCPLA sobre cesiones ilegales de trabajadores. El Ministerio denegó el acceso alegando deberes de sigilo y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de diligencias policiales del SEPRONA sobre maltrato animal. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de seguridad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que, al formar parte de un proceso judicial, rige la normativa específica de acceso judicial y no la LTAIBG.
Un grupo de docentes solicitó a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) copias de recursos, informes y resoluciones sobre comisiones de selección de los últimos 2,5 años. La UPV inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que la reducción del periodo temporal hace que la solicitud no sea repetitiva.
El Real Aero Club de España solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copias de resoluciones sancionadoras en aviación general o, subsidiariamente, una relación de expedientes detallada. La Administración denegó las copias por dificultad de anonimización y entregó un listado resumido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información facilitada cumple con lo solicitado.
El solicitante pidió copia de un estudio diagnóstico sobre la red de alcantarillado al Ayuntamiento de Arganda del Rey. El Ayuntamiento remitió parte de la información pero derivó la decisión final al Canal de Isabel II por ser el autor del estudio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la aplicación del art. 19.4 de la Ley 19/2013.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón datos estadísticos sobre quejas y sanciones disciplinarias de la Policía Municipal (2018-2020). La administración denegó el acceso alegando protección de datos y reserva de las actuaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es estadística y no identifica personas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Ribera de Arriba la identidad de los destinatarios de unos bolígrafos institucionales. La administración alegó que no existe registro de dichos destinatarios y que la información no consta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que, si el Ayuntamiento afirma no poseer la documentación, el Consejo no puede rebatirlo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón información estadística sobre quejas y sanciones disciplinarias de la Policía Municipal entre 2018 y 2020. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información puede entregarse de forma estadística sin identificar a los agentes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Arganda del Rey el Estudio Diagnóstico de la red de alcantarillado. El Ayuntamiento alegó que el documento fue elaborado por una empresa privada para el Canal de Isabel II. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima que, según el art. 19.4 LTAIBG, la solicitud debe remitirse al Canal de Isabel II por ser quien generó la información.
Un representante sindical solicitó a la Dirección General de Tráfico los datos mensuales de complementos de productividad del personal directivo de Zaragoza (2016-2020). La administración denegó el acceso alegando reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El reclamante solicitó una copia literal de un informe técnico interno sobre la valoración de ofertas de un procedimiento de contratación a EMSULE. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar, que el solicitante no era interesado y por proteger intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse los límites alegados.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander copia del expediente de nombramiento por interinidad de un ingeniero técnico. El Ayuntamiento denegó el acceso y el recurrente presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación por considerar que prevalece la protección de datos de carácter personal sobre el interés público.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Dénia copia de la titulación que habilita a la directora de la residencia municipal Santa Lucía. La administración reconoció el derecho de acceso pero denegó la entrega de copias para proteger datos personales, permitiendo solo la consulta mediante comparecencia. El Consell de Transparència desestimó la reclamación por considerar que la administración actuó correctamente.
Un regidor del Pobl Nou de Benitxatell solicitó acceso a expedientes de Pleno, libros de actas y registros municipales. La administración alegó falta de competencia del Consejo y que el acceso a la aplicación 'Gestiona' es exclusivo para empleados. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó los puntos por ser genéricos o ya atendidos, pero estimó parcialmente la reclamación respecto al acceso a la información de los libros de registro y actas.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid copias de resoluciones y requerimientos sobre publicidad de medicamentos. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva por la carga de trabajo de anonimización y el riesgo a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar la solicitud abusiva.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Tres Cantos documentación técnica y estudios de aislamiento sobre la licencia de un bar. Tras una respuesta incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que las actas de inspección y los informes de medio ambiente son información pública que debe ser facilitada.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el detalle de personas alojadas gratuitamente en Paradores (2019-2020), incluyendo nombres, cargos, fechas, parador, coste equivalente y motivo de la invitación. La administración denegó la información alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
La reclamante solicitó documentación sobre la decisión de la ausencia del Rey en un acto en Barcelona a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Tras no recibir respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación debido a que la administración no respondió en plazo y, en sus alegaciones, no motivó adecuadamente la supuesta naturaleza auxiliar de la información.
La reclamante solicitó información al Ministerio de Hacienda respecto a deudas por embargos de fincas. Tras una denegación expresa y un recurso de reposición sin respuesta, interpuso reclamación ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea y por impugnar la desestimación por silencio de un recurso administrativo.
La Associació Veïnal Independent de Puçol solicitó al Ajuntament de Puçol información sobre licencias de obstáculos en la vía pública y medidas contra su instalación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestima la reclamación porque la información sobre licencias requeriría una labor de investigación y reelaboración previa, y parte de la petición no era de acceso a la información.
Un docente solicitó al IES Victoria Kent las convocatorias y actas de las reuniones del Departamento de Comercio de los últimos siete años, además de un certificado de legalidad de las mismas. El centro denegó el acceso alegando que el solicitante no pertenecía al departamento en ese curso y por la situación de la COVID-19. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo e INSST informes sobre Equipos de Protección Individual (EPI) y mascarillas durante la pandemia. El INSST denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes técnicos, pero deniega la identidad de quienes los solicitaron.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo e INSST informes sobre Equipos de Protección Individual (EPI) y mascarillas por COVID-19, incluyendo quién los solicitó. El INSST denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes técnicos.
La solicitante pidió acceso a los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Petra. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de carácter personal. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y que la protección de datos no justifica la denegación total.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información sobre expedientes disciplinarios de trabajadores de Aena en el Aeropuerto de Santiago desde 2010. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración, carácter abusivo y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por prevalecer el derecho a la protección de datos personales.
La Asociación Medioambiental Arcense Natura solicitó acceso a expedientes de concesiones mineras a la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la solicitud de personación como interesada y ordena a la Administración tramitar el acceso a la información, retrotrayendo el proceso para dar audiencia a terceros.
Una asociación solicitó al Concello de Teo copias digitales de licencias y expedientes sancionadores de la empresa Residuos e Reciclaxes de Santiago, S.L. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento por no haberse dado audiencia a la empresa afectada y por exigir indebidamente la acreditación de la condición de interesado.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el expediente urbanístico y planos del gimnasio Go-Fit para verificar el cumplimiento de la normativa de arbolado urbano. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, secreto profesional y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar correcta la ponderación del Ayuntamiento.
El ciudadano solicitó a Puertos del Estado la relación nominal y cuantías de bajas incentivadas e indemnizaciones por despido en el sistema portuario. El organismo denegó el acceso alegando protección de datos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para realizar la ponderación correcta.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Torrelodones el expediente completo de la licencia de obra mayor 153/2018 y proyectos vinculados. El Ayuntamiento denegó el acceso al proyecto de construcción alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la protección de la propiedad intelectual de la autora es legítima.
Se solicitó al Ayuntamiento de Jorba el acceso a expedientes sobre un proyecto de hípica y una licencia de obras. El Ayuntamiento alegó límites de propiedad intelectual, datos personales y el trámite de información pública. La GAIP estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid información sobre vacantes cubiertas por interinos durante el estado de alarma, peticiones de centros y anuncios en centros concertados. La administración alegó que la información no existía (reelaboración) y que no podía facilitarse la lista de rechazados por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la documentación sobre anuncios y procedimientos en centros concertados.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior las propuestas de las empresas que pujaron por un contrato de suministro de mascarillas FFP2 y las razones de la adjudicación. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de las propuestas (protegiendo secretos comerciales) y de la resolución de selección.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el listado de miembros y detalles de los comités de expertos que asesoraron sobre el coronavirus y el plan de desescalada. El interesado alegó falta de respuesta tras la ampliación de plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, dado que la administración respondió fuera de los plazos legales.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid copias de enunciados, criterios de corrección, actas del tribunal y exámenes con nota igual o superior a 7 de las oposiciones de secundaria. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y afectaba a la igualdad y protección de datos. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Torrelavega la información sobre las retribuciones anualas percibidas por una funcionaria por su asistencia a tribunales de selección entre 2017 y 2020. Tras la entrega de datos por la administración, la reclamante mostró discrepancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que prevalece la protección de datos.
El interesado solicitó información sobre el impacto del Covid-19 en las residencias de mayores de Galicia a la Consellería de Política Social. Ante la denegación de los datos desagregados de centros privados (alegando necesidad de consentimiento), el reclamante impugna. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena la retroacción del expediente para realizar el trámite de audiencia.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles copia de un examen y su hoja de respuestas. La Mancomunidad denegó el acceso alegando confidencialidad del proceso y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, obligando a entregar la información al no concurrir límites legales.
701–750 de 1321