Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó a la Consejería de Salud de Cantabria las actas, informes y protocolos de inspección de dos establecimientos alimentarios entre 2018 y 2023. La administración denegó el acceso a las actas alegando secreto profesional e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas.
Se solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Extremadura la identidad de personas jurídicas con más de 50 viviendas en alquiler, el número de viviendas y el monto de sus fianzas. La administración no respondió, alegando posteriormente que el depósito de fianzas no es obligatorio y que se vulneraría la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
La reclamante solicitó información sobre los ingresos y fechas del canon de saneamiento recaudados por el Ayuntamiento de Gata. La administración alegó secreto de datos tributarios (art. 95 LGT). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los ingresos por canon desglosados por hecho imponible, pero desestimando lo relativo a la tasa de agua municipal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Llanes copia de las relaciones de gasto de 2020 a 2024. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando régimen especial para concejales, protección de datos, necesidad de reelaboración y falta de medios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificaron los límites ni las causas de inadmisión invocadas.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón información sobre comunicaciones enviadas a un periódico y emplazamientos individuales relacionados con un acuerdo municipal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la inexistencia de expedientes y que los emplazamientos se rigen por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó datos sobre las listas de espera para consultas externas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ante la falta de respuesta inicial, presentó reclamación. La administración alegó la protección de datos de los pacientes. El Consejo de Transparencia resuelve retrotraer las actuaciones para que la administración intente recabar el consentimiento de los afectados.
El solicitante pidió al Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha la relación y documentación de todos los procedimientos disciplinarios desde 2020. El Colegio alegó protección de datos, secreto profesional y límites en la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando entregar la relación y los expedientes archivados previa anonimización.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Oropesa copias de la documentación contractual (licitaciones, contratos, facturas y justificantes de pago) de una empresa de cerrajería entre 2019 y 2023. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era indiscriminada y protegida por intereses económicos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la administración no motivó debidamente la denegación y que la información es de naturaleza contractual y de obligado cumplimiento por publicidad activa.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar información sobre la legalidad de los aparcamientos reservados y la identidad de sus titulares. La administración alegó que la solicitud era abusiva, repetitiva y vulneraba la protección de datos. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar matrículas y cargos.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Albacete una relación de expedientes tributarios de 2018-2020 donde intervino personal laboral y la lista de dichos empleados. La administración denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios y la intimidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la relación de expedientes sin datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de un expediente de investigación de la Inspección de Trabajo de Segovia. El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva y normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la documentación.
Se solicitó al Defensor del Pueblo el estudio completo de la encuesta GAD3 sobre abusos sexuales en la Iglesia católica. El Defensor denegó el acceso alegando deber de reserva y propiedad intelectual de la empresa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) inadmitió la reclamación por carecer de competencia administrativa sobre este órgano.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el proyecto y la resolución de una subvención concedida a la organización CATS. La solicitante alegó falta de motivación en los límites aplicados y vaguedad de la información recibida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información facilitada es suficiente y protege datos personales sensibles.
Un funcionario solicitó al Ministerio de Hacienda las fórmulas y datos numéricos utilizados para calcular los módulos de retribuciones en el extranjero. El Ministerio denegó el acceso alegando que eran datos auxiliares y confidenciales por contrato con una consultora. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El interesado solicitó información detallada sobre las licencias de actividad de diversos locales públicos y actividades municipales al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. El ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia debido al silencio administrativo. El Consejo declaró la pérdida de objeto y el archivo del expediente al haberse dictado una resolución expresa de la administración.
Una fundación solicitó al Ministerio de Sanidad las condiciones de financiación y precio del medicamento Beyfortus. Tras la denegación del Ministerio basada en la confidencialidad comercial, la solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de sus hospitales desde octubre de 2021. La Administración denegó la petición alegando que requería una reelaboración de la información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando a facilitar las actas.
La interesada solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte el desglose de las puntuaciones del apartado "Otros méritos" de un proceso selectivo. El Ayuntamiento denegó el detalle alegando protección de datos, falta de existencia del documento desglosado y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
Se solicitó al Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha (CMMedia) un informe de gestión (2011-2015) y la actualización de su portal de bienes. El ente denegó el informe alegando protección de datos y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el informe, desestimando la parte de los bienes por estar en curso de publicación.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por Ayuntamientos desde 2018. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por falta de respuesta. El CTBG desestima la solicitud de fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, aunque estima la reclamación por motivos formales debido al silencio administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por CCAA desde 2018. El solicitante alegó la aplicación de la Resolución 707/2019. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima el fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, pero estima la reclamación por motivos formales ante la falta de respuesta inicial.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el acceso a expedientes de infracciones y sanciones de seis entidades consultoras (2016-2022). El solicitante alegó la existencia de precedentes favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones para que se realice el trámite de audiencia a los terceros afectados.
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo a expedientes sobre la supervisión de costes COVID de AENA. Tras una estimación parcial de la CNMC que denegó la contabilidad analítica, Ryanair reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestimó la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de los datos estratégicos.
RYANAIR solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA 2023. Tras una estimación parcial de la CNMC, la empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de la contabilidad analítica de AENA.
Se solicitó al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social el acceso a actas de inspección y expedientes sancionadores de CMMedia. El Ente Público RTV de Castilla-La Mancha no presentó alegaciones en el trámite de audiencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información salvo datos confidenciales.
Un aspirante a controlador aéreo solicitó a ENAIRE el desglose de sus puntuaciones en la prueba FEAST I tras ser calificado como no apto. El reclamante alegó su derecho como interesado y la falta de respuesta motivada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al estar el proceso selectivo en curso, se aplica la normativa del procedimiento administrativo y no la LTAIBG.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid datos enviados al Ministerio de Sanidad sobre IVE entre 2010 y 2021. La administración inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al considerar que los datos son de carácter personal especialmente protegido (salud y vida sexual) y constituyen información auxiliar.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid información sobre las zonas del municipio y las condiciones económicas específicas del realojo de familias de la Cañada Real. Tras alegar que la administración no respondió a lo solicitado, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación para proteger la privacidad y seguridad de las familias.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el acceso a las minutas de honorarios de servicios jurídicos y documentación de procesos judiciales. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración, propiedad intelectual y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la documentación forma parte de expedientes judiciales, sujetos a un régimen especial.
El solicitante pidió a la Consejería de Salud de Cantabria las actas de inspección (2018-2022) y fechas de registro de dos establecimientos alimentarios. La administración denegó las actas alegando secreto profesional e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar las actas por primar el interés público en salud pública.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria actas de inspección de establecimientos alimentarios. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las actas anonimizadas al primar el interés público sobre la salud.
Dos ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento de Mendaza el acceso al proyecto técnico de una nave agrícola colindante a su propiedad. El Ayuntamiento denegó la solicitud verbalmente. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a dar vista del proyecto ya que no existe perjuicio a la propiedad intelectual ni es relevante el interés privado.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad el expediente completo de certificación de la aeronave TECNAM P-96-GOLF. Alegó que se denegó acceso a información pública, como la normativa JAR-VLA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la difusión de detalles técnicos del prototipo perjudicaría la posición competitiva del fabricante.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de instalación de fibra rural en O Porriño y los informes de cumplimiento para subvenciones. Tras una denegación basada en secretos comerciales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los informes y el proyecto con acceso parcial.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de instalación de fibra rural en O Porriño y los informes de cumplimiento de obras. El reclamante alegó que era afectado directo y criticó la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los informes y el proyecto (este último de forma parcial).
La Asociación HUERMUR solicitó a la Universidad de Almería un estudio de riesgo sísmico de Murcia. La Universidad denegó el acceso alegando confidencialidad contractual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la propiedad intelectual del estudio pertenece al Ayuntamiento de Murcia, no a la Universidad.
El interesado solicitó copias anonimizadas de resoluciones sancionadoras contra farmacias de la Comunidad de Madrid a la Consejería de Sanidad. La administración denegó el acceso alegando riesgo para la protección de datos de personas físicas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de extractos del contenido jurídico sin datos personales.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Economía Sostenible el expediente de autorización de un centro comercial en Valencia. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo Valenciano de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar casi toda la documentación excepto el plan de negocio e inversión.
Un periodista solicitó a EMATSA los libros mayores de cuentas (grupo 6) de diversos periodos entre 2003 y 2022. EMATSA denegó el acceso alegando que eran documentos internos, que su extracción era compleja y que afectaba a secretos comerciales. La GAIP estima la reclamación, obligando a la entidad a entregar la información por prevalecer el interés público.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Venturada informes técnicos/jurídicos de licencias de obra de 2022, relación de expedientes de un técnico, su contrato y la motivación de las licencias. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes y la información de la plantilla (RPT).
Se solicitó a la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau los modelos exactos de aparatos médicos adjudicados a la empresa Fuji. El solicitante alegó que el nombre comercial es información pública y no un secreto. La GAIP estima la reclamación porque la Administración no motivó el perjuicio real, limitándose a aceptar la declaración de confidencialidad de la empresa.
El solicitante pidió a la CNMV copia del expediente administrativo sobre una OPA de Minor International sobre NH Hotel Group. Tras la denegación de la CNMV basada en el deber de secreto, el interesado reclamó alegando ilegalidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Cobos de Cerrato copia de una ordenanza sobre ayudas a la natalidad e información sobre la adjudicación de parcelas municipales. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la referencia del boletín oficial y el expediente completo de arrendamientos.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los motivos de la no convocatoria del concurso unitario de funcionarios de habilitación nacional en 2022, la identificación de los responsables y la documentación del expediente. El reclamante alegó respuesta incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar la respuesta completa.
Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el año de puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas (datos del registro PRETOR). El Ministerio denegó la información alegando un régimen jurídico específico y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar los datos.
La empresa Carmarney SL solicitó a la GAIP la oposición al acceso de un tercero a información pública held by el Departament d’Acció Climàtica, alegando vulneración de intereses comerciales, secretos empresariales y privacidad. La GAIP desestima la reclamación, validando la decisión del Departamento de facilitar la información anonimizada.
Un delegado sindical solicitó al Instituto Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona los expedientes disciplinarios desde 2022. El organismo denegó el acceso alegando protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a sanciones por infracciones muy graves y a expedientes de afiliados al sindicato, y sugiere anonimización o resúmenes para el resto.
Se solicitó al Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) el temario y material didáctico del Taller de asesoramiento para la evaluación de las prácticas policiales. El ISPC denegó el acceso alegando riesgo de falseamiento del perfil competencial e infracción del principio de igualdad. La GAIP estima la reclamación por existir un interés legítimo para la defensa judicial del solicitante.
La solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el número total de empleados en unidades de comunicación hospitalaria y cuántos tienen discapacidad. Alegó que la administración no respondía a su pregunta por proteger la privacidad. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la administración rectificó y facilitó el porcentaje, permitiendo deducir el dato.
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