Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social el acceso a dos expedientes de actuaciones inspectoras que afectan a su empresa. El interesado alegó tener interés legítimo y denunció irregularidades en la gestión de los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el procedimiento está en curso y debe regirse por su normativa específica.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar la licencia de obras, el proyecto técnico y la titularidad de un camino. El Ayuntamiento denegó las copias alegando propiedad intelectual y secreto profesional. La GAIP estima la reclamación, considerando que el derecho de acceso prevalece al no haber fines lucrativos y existir un interés legítimo del solicitante.
El solicitante pidió información sobre la retribución bruta anual, seguridad social y complementos variables del Director de la Fundación para la Transformación de La Rioja. Alegó que la respuesta era incompleta al no desglosar el coste de Seguridad Social. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información facilitada es suficiente.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social las actas de infracción y resoluciones sancionadoras del Ayuntamiento de Madrid desde 2013. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de jurisprudencia firme del Tribunal Supremo.
La reclamante solicitó al Servicio Riojano de Salud datos sobre contrataciones temporales, procesos selectivos y actas de mesas sectoriales. La administración denegó parte de la información alegando protección de datos, falta de concreción o que la información estaba en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los datos de contrataciones y las actas aprobadas.
La Plataforma Ciudadana contra la Subestación Eléctrica en Torrox Park solicitó al Ayuntamiento de Torrox el acceso digital a la documentación de un proyecto eléctrico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a permitir la consulta de los proyectos, ya que no se justificó el límite de propiedad intelectual.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sitges el contrato de limpieza viaria y residuos, incluyendo costes detallados de mantenimiento y maquinaria. El solicitante alegó que la respuesta inicial fue parcial. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó posteriormente la información y el interesado manifestó su conformidad.
El solicitante pidió a la AEMPS el expediente completo sobre un producto de ortopedia defectuoso. Alegó que no se aportó la totalidad de la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la denegación parcial de la AEMPS basada en la protección de secretos comerciales y propiedad industrial (know-how) de las empresas implicadas.
La interesada solicitó al Colegio de Abogados de Castellón acceso a resoluciones, alegaciones y pruebas testificales de expedientes disciplinarios. Alegó que la administración no contestó la solicitud. El Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación existente en el momento de la solicitud, pero denegando la futura.
Se solicitó al Ayuntamiento de Granollers el proyecto técnico de un proceso de promoción interna en formato digital. El solicitante alegó que el acceso presencial fue insuficiente. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, permitiendo el acceso presencial con tiempo suficiente (2 horas) para proteger la propiedad intelectual.
El solicitante pidió a la Xunta de Galicia el detalle del gasto en publicidad institucional (2022-2023) desglosado por medio, empresa y CIF. Alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes y no requerían reelaboración. La Comisión de la Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible vía portal y que el desglose solicitado implicaría una reelaboración abusiva.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información detallada sobre incidentes causados por aficionados del Feyenoord en Madrid. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional, perjuicio a investigaciones penales y régimen judicial específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
El solicitante pidió al Instituto para la Transición Justa (ITJ) el plan de cierre de la minería del carbón de 2011 y comunicaciones relacionadas con la UE. El ITJ admitió parcialmente la solicitud entregando una versión pública de 2016. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el ITJ no motivó la inadmisión ni justificó los límites de confidencialidad.
El reclamante solicitó al Instituto Menorquín de Estudios copia de proyectos de investigación y sus informes de evaluación. La administración denegó el acceso a los proyectos alegando secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que se dé audiencia a los terceros afectados antes de resolver.
El interesado solicitó acceso a información sobre la gestión de la subvención para la digitalización de la administración pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información solicitada al no acreditarse límites legales que justifiquen la denegación.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información detallada sobre las UTEs (denominación, NIF, socios y participaciones). La AEAT denegó el acceso alegando reserva de datos tributarios e intimidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos generales de las UTEs, pero no la composición societaria.
Se solicitó información a la Administración reclamada. No se alegaron motivos concretos en el texto proporcionado. El organismo de transparencia desestimó la reclamación por falta de fundamentación o por considerar que la solicitud no cumplía los requisitos formales, sin estimar la pretensión del interesado.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los listados de depósitos y bienes en presunción de abandono remitidos por entidades financieras en 2022 y 2023. El reclamante alegó que la denegación era vaga y que los datos podían disociarse. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Almería información sobre las licencias de obras y actividad de una empresa específica. Tras una denegación por protección de datos y secreto comercial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información no protegida tras realizar la debida separación de datos sensibles.
Una persona solicitó al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía copias de anteproyectos y proyectos de regadío. El Colegio denegó el acceso alegando seguridad pública, funciones de control y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos omitiendo solo la información técnica que comprometa la seguridad pública.
La reclamante solicitó al Servicio Riojano de Salud datos estadísticos sobre la terapia electroconvulsiva (número de sesiones, edades, centros, costes y resultados clínicos). La administración facilitó datos generales pero denegó el desglose detallado alegando la necesidad de realizar búsquedas manuales en historias clínicas y proteger datos personales. El CTBG desestima la reclamación.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente de contratación de una réplica del Submarino Peral. La APC denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual y ejercicio abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación ya que la APC facilitó la información durante el proceso, obligándola a formalizar la resolución.
Se solicitó al Ayuntamiento de Collbató el expediente completo del proceso selectivo para Jefe de la Guardia Municipal. El reclamante alegó posibles irregularidades y plagios. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso presencial al proyecto del candidato seleccionado, pero deniega el acceso a títulos académicos y proyectos de candidatos no seleccionados.
Olindias Centro de Actividades, SL solicitó a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat la relación de pagos de las concesiones de casetas del puerto de Benidorm desde 2020. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y reserva tributaria. El Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación por no justificarse dicha confidencialidad en los pagos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Marbella el proyecto que ampara una licencia, alegando que la denegación basada en propiedad intelectual era improcedente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona copia de demandas y documentos de recursos contencioso-administrativos sobre disciplina urbanística. El reclamante alegó que no se justificó la afectación real de los bienes protegidos. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que concurren límites relativos a la tutela judicial efectiva y la propiedad intelectual.
Un representante sindical solicitó a la Conselleria de Sanitat listas de ocupación de puestos de trabajo. La administración denegó el acceso a nombres, apellidos y DNI alegando protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los nombres y apellidos, y el DNI parcialmente anonimizado según criterios de la AEPD.
Un periodista solicitó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya informes de seguridad de los depósitos de la empresa ERCROS en Vila-seca. Tras la entrega extemporánea de cuatro informes, la GAIP declara la pérdida parcial del objeto y estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar cualquier otro informe de seguridad existente que encaje en la solicitud inicial.
Una persona jurídica solicitó al Servei Català de Trànsit (SCT) el acceso al expediente de contratación SCT-2023-151, incluyendo propuestas técnicas de licitadores. El reclamante alegó que se denegó información pública sin motivación. La GAIP desestimó la reclamación porque el SCT actuó conforme a la doctrina sobre la protección de secretos comerciales e industriales.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad la documentación de varias ponencias de un webinar sobre chemsex. El Ministerio concedió acceso parcial alegando propiedad intelectual para el resto. El reclamante impugnó la falta de motivación y la contradicción de la Administración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del límite legal.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Valdés copia de un expediente urbanístico y su proyecto técnico. El Ayuntamiento denegó el proyecto técnico alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no resolvió en plazo, aunque valida la denegación parcial basada en derechos de autor.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado detallado de las inspecciones de control de jornada de 2022. El solicitante alegó que la información es pública y que no existe reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la tramitación a la espera de una sentencia judicial firme sobre un caso similar.
El solicitante pidió a la Consejería de Salud y Políticas Sociales de La Rioja actas de inspección de seguridad alimentaria de varios establecimientos. La administración denegó las actas alegando un régimen específico de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que prevalece el interés público sobre la confidencialidad en materia de salud pública.
Opera Desarrollo Inmobiliario SL solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras el expediente de modificación de la concesión de ALCAIDESA SERVICIOS SA. Tras una concesión parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso a la Memoria Económica y al Proyecto Básico por no acreditarse perjuicios reales a intereses económicos o secretos profesionales.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de Madrid las fechas de concesión y tipos de comisiones de servicio de la plantilla del IES San Mateo y los nombres de los docentes. Tras una denegación parcial basada en protección de datos y abuso de derecho, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, obligando a entregar las fechas de forma disociada.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Gargüera copia del expediente y proyecto de unas obras viales. El Ayuntamiento denegó las copias alegando propiedad intelectual y que el expediente no estaba finalizado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el expediente y a retrotraer el proceso para consultar al autor del proyecto.
La Asociación Alianza contra la corrupción solicitó al Servicio Andaluz de Salud el número y coste de recetas de ortopedia emitidas por tres médicos específicos en 2022, desglosado por ortopedia. El organismo denegó parcialmente alegando secreto profesional y libertad de prescripción. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre el riesgo leve al profesional.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat el acceso digital a exámenes psicotécnicos y similares desde 2015. El reclamante alegó que el copyright no justificaba la denegación. La GAIP declara la pérdida parcial del objeto por la entrega de pruebas teóricas y desestima el acceso a los psicotécnicos por afectar la eficacia de los procesos y por derechos de propiedad intelectual.
Un aspirante solicitó al Ayuntamiento de Gavà acceso a enunciados, plantillas de corrección e informes de valoración de un proceso selectivo para caporal de policía. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando copyright. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a criterios de corrección y a informes personales, y el acceso solo mediante consulta visual para las pruebas psicotécnicas.
La Asociación Animalius solicitó al Ayuntamiento de Coripe copia del expediente de autorización del festejo taurino de 2018. El Ayuntamiento denegó las copias alegando protección de datos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
Una representante sindical solicitó al Ministerio de Trabajo las actas de infracción y requerimientos de la empresa Servicios Especiales S.A.U. El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva y normativa específica de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información.
El reclamante solicitó al Ministerio de Presidencia (derivado al de Hacienda/IGAE) información detallada sobre auditorías y detección de irregularidades en fondos del Plan de Recuperación. Tras una denegación parcial de datos específicos de expedientes, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el acceso perjudicaría la investigación de ilícitos.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un listado detallado y anonimizado sobre el uso del descuento 'Verano Joven'. El solicitante alegó que los datos brutos deberían facilitarse y que no se especificó el plazo de publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información estaba en curso de elaboración.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de La Garrovilla el expediente de licencia de obras de una vivienda colindante. La administración denegó el acceso alegando la falta de consentimiento de los terceros afectados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al expediente y datos básicos del proyecto, excluyendo los detalles técnicos protegidos por propiedad intelectual.
El interesado solicitó información detallada sobre los archivos de oficina, responsables, niveles de acceso y procedimientos de transferencia documental del CHUIMI. Alegó que la respuesta de la administración fue inespecífica y no identificaba a los responsables. El Comisionado de Transparencia de Canarias desestima la reclamación al considerar que la entidad ha informado lo más acertadamente posible.
El solicitante pidió copia de una liquidación tributaria, resoluciones de recursos y del TEAR de un tercero. La Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha denegó el acceso por proteger la intimidad y los datos de carácter personal del afectado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el interés público no prevalece sobre la protección de datos.
El interesado solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara los expedientes de nombramiento y cese del personal eventual de la legislatura 2019-20. La administración denegó la documentación con datos personales (DNI, Seguridad Social). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información facilitada y los enlaces proporcionados son suficientes.
Una persona solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el expediente de investigación de una empresa. Tras la denegación basada en el deber de reserva y normativas específicas de inspección, el reclamante alegó su condición de denunciante y representante sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información.
El solicitante pidió acceso electrónico a la información no ambiental del expediente del Parque Eólico Monte Peón. Alegó que la denegación del formato digital basándose en el volumen de datos era arbitraria. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación, considerando justificada la modalidad de toma de vista presencial debido al volumen de datos y la necesidad de disociar datos personales y secretos.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el número de denuncias y sanciones en centros penitenciarios desde 2001. El solicitante acotó la petición a los últimos tres años y excluyó Cataluña y País Vasco. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información estadística solicitada.
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