Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó copia de un expediente de denuncia al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Ante la falta de respuesta, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia. El Consejo desestima la reclamación ya que la Administración facilitó la información durante el trámite y el expediente administrativo original sigue en curso.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a la documentación de un expediente de inspección. La administración denegó el acceso alegando un régimen de sigilo especial derivado de la Ley 23/2015. El Consejo de Transparencia decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre la naturaleza de dicho régimen especial.
Se solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la investigación finalizada y documentación de multas impuestas a consultoras (Deloitte, PwC, KPMG, EY). El CTBG suspende la resolución de la reclamación de acceso, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si los artículos 10 y 20.4 de la Ley 23/2015 constituyen un régimen específico de acceso que excluya la Ley de Transparencia.
Se solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social documentación de un expediente sobre el impago de una guardia médica y cambios en condiciones laborales. El Consejo de Transparencia suspende su resolución, a la espera de que el Tribunal Supremo determine si los artículos 10 y 20.4 de la Ley 23/2015 constituyen un régimen específico de acceso a la información que excluya la aplicación de la Ley de Transparencia.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad datos sobre contratos y precios de las vacunas COVID-19. El Ministerio alegó la aplicación de límites de acceso por intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha decidido inadmitir la reclamación por ser extemporánea, al haberse presentado fuera del plazo de un mes.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre farmacéuticas, precios y cantidades de vacunas COVID-19, así como copias de contratos. El Ministerio concedió acceso parcial a cantidades, pero denegó precios y contratos por confidencialidad. El Consejo de Transparencia inadmitió la reclamación por extemporánea, al haberse presentado un día fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda la relación nominal y retribuciones del personal eventual y asesores de libre designación. El Ministerio facilitó un enlace al portal de transparencia y datos retributivos de 2023, pero omitió la identidad de los asesores alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que prevalece el interés público.
Un agente de la Autoridad Portuaria de Valencia solicitó copia de los expedientes de una denuncia por acoso laboral y el expediente disciplinario resultante. La administración inadmitió la solicitud alegando que es información de carácter laboral y privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución final del Director General.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible los documentos que justificaran la ausencia de una línea AVLO entre Granada y Madrid. Alegó que, al ser Renfe una empresa pública, dicha información debe ser accesible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se pedía una justificación de decisiones y no información preexistente.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible/RENFE Operadora los documentos que justifican la inexistencia de una línea AVLO entre Granada y Madrid. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que la petición busca una justificación o informe ad hoc sobre una decisión, no información pública preexistente, lo cual no se ajusta al concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Alcacer el acceso telemático a expedientes de un periodo de 10 años. El Ayuntamiento ofreció acceso presencial alegando protección de datos y volumen excesivo de información. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación al considerar correcta la oferta de acceso presencial para garantizar la protección de datos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Alcocer el acceso telemático a expedientes administrativos de un periodo de 10 años. Alegó que la administración le obligaba a acudir presencialmente. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación, considerando correcta la vía presencial para garantizar la protección de datos sensibles.
La asociación Escoles Solidàries solicitó a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda documentación sobre subvenciones a ONGD. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación y justificación del límite alegado.
D. XXX y D.ª XXX solicitaron al Ayuntamiento de Villalobón proyectos técnicos y licencia de obra de una vivienda. Ante la denegación parcial por propiedad intelectual, reclamaron. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, ordenando el acceso a los proyectos, al considerar que la propiedad intelectual no es un límite general para la información en expedientes urbanísticos.
Se solicitó a la Agencia Tributaria de Andalucía el acuerdo de fraccionamiento de pago de 36 millones de euros concedido al sindicato UGT. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para dar trámite de alegaciones a los terceros afectados.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre un sistema de medición de flujo turístico y su impacto en la protección de datos. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y que parte de la información no existía o requería elaboración. El CTBG estima formalmente la reclamación por falta de respuesta en plazo para los ítems 1 y 2, aunque la información fue finalmente aportada. Desestima el resto por afectar a intereses económicos y propiedad intelectual de la empresa adjudicataria (ítem 3) y por requerir la elaboración de nueva información (ítems 4, 5 y 6).
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el "Plan de Limpieza" de los centros de salud de OSI Araba, alegando incumplimiento del contrato de limpieza (barrido en seco). El Departamento denegó parcialmente el acceso por confidencialidad. La Comisión Vasca desestima la reclamación, considerando que el Plan contiene secretos comerciales cuya divulgación dañaría a la empresa adjudicataria, y que la solicitud era desproporcionada dado que la información específica sobre el barrido ya fue proporcionada.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes la oferta técnica de la empresa adjudicataria del servicio aéreo de salvamento marítimo (expediente EM23-784). SASEMAR EPE denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, reconociendo que la oferta contiene elementos confidenciales, pero insta al Ministerio a proporcionar la parte no confidencial, ya que no se consideró el acceso parcial.
Un ciudadano solicitó a la Agencia Estatal de Investigación información sobre tres ayudas de investigación de 2014 (duración, importe, informes de seguimiento y evaluación). Tras una denegación parcial y tardía, el reclamante acudió al Consejo. Este estima parcialmente la reclamación: confirma la denegación de informes de seguimiento por intereses económicos y propiedad intelectual, pero concede el acceso a las conclusiones de los informes de evaluación, al no ser información auxiliar y ser relevante para la transparencia.
Un copropietario solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra el expediente urbanístico completo (proyectos y planos) de un edificio. Tras una denegación parcial basada en protección de datos y propiedad intelectual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía impulsa el proceso, resultando en una resolución municipal que concede el acceso previa disociación de datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona y a BSM los informes sobre la evolución de la indisciplina de estacionamiento (2019-2023). La administración alegó que eran documentos de trabajo internos y protegidos por propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación porque son informes facultativos contratados a terceros y no se justificó reserva de derechos.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santa Olalla la documentación del proyecto de unas obras públicas que afectaron a su vivienda. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por ser extemporánea y por considerar que el acceso presencial al documento fue suficiente, no siendo obligatoria la entrega de copias.
Se solicitó al Ayuntamiento de Fuengirola copia electrónica de un expediente de licencia de segregación de aparcamiento. Tras alegar la falta de respuesta y la denegación parcial de documentos técnicos por propiedad intelectual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por haberse satisfecho la solicitud.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y a Correos S.A. copia de la memoria y propuesta técnica para la gestión del Bono Joven Cultural 2022. El reclamante alegó que la información es pública y sugirió la anonimización de datos sensibles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información constituye un secreto empresarial protegido.
Una persona física solicitó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya datos del registro RITSIC sobre ascensores. El reclamante alegó que el derecho de acceso es expreso según normativa de seguridad industrial. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la denegación se ajusta a la ley por proteger intereses económicos, secretos comerciales y datos personales.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Carrizo de la Ribera la demanda judicial interpuesta por este, la identificación de los letrados y demandados, y el presupuesto de honorarios. El Ayuntamiento denegó la información alegando que estaba en sede judicial, que los honorarios no eran definitivos y que la divulgación perjudicaría la defensa y la propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la demanda por ser documento procesal en curso, pero obligando a facilitar la identificación de letrados y demandados (si no son personas físicas) y la documentación de encargo y honorarios.
Una persona solicitó al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya el acceso a expedientes, CVs, proyectos y baremos de un proceso de selección del IOC. Alegó falta de transparencia y arbitrariedad. La GAIP inadmitió la petición de publicación activa, desestimó lo ya entregado y estimó parcialmente el acceso a datos de seleccionados y puntuaciones superiores.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades información detallada sobre tres proyectos de investigación fundamental de 2011 (datos económicos, informes de seguimiento, memoria técnica y evaluaciones). La Agencia Estatal de Investigación concedió parcialmente los datos económicos, denegando el resto por límites legales e inadmitiendo las evaluaciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, confirmando la denegación de informes y memoria técnica, pero ordenando la entrega de las conclusiones de las evaluaciones al no ser información auxiliar.
Un solicitante pidió al Ayuntamiento de Zafra copias de documentos de la Asociación Garabato sobre el "Desafío Solidario 2024". El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que contenía información de terceros (art. 14.1 k LTAIBG) sin justificación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que el Ayuntamiento dé audiencia a la asociación afectada, conforme al art. 19.3 LTAIBG.
El Comité de Empresa de SEDENA S.L. solicitó al Ayuntamiento de Pamplona acceso al organigrama y funciones del personal del proyecto técnico para la gestión de la Red Civivox. El Ayuntamiento denegó la información alegando secreto comercial. El Consejo de Transparencia de Navarra estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó un daño real a los intereses comerciales y que prevalece el interés público y el derecho del Comité a ejercer sus funciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Lekunberri acceso a las preguntas de una prueba de un proceso selectivo de Técnico/a de Cultura. El Ayuntamiento alegó que la información no era pública, posible propiedad intelectual y abuso. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, considerando la información pública y rechazando las limitaciones alegadas por falta de justificación, ordenando la entrega de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Martorell el expediente completo de un proceso selectivo para sotsinspector, alegando sospechas de nepotismo y plagi. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: permite el acceso a datos de publicidad activa y al proyecto del candidato (de forma presencial), pero deniega el acceso a méritos y pruebas concretas por protección de datos.
Un aspirante a la Policía Local solicitó informes de criterios evaluativos, calificaciones del grupo, su propio informe psicotécnico y actas del tribunal al Ayuntamiento de La Palma del Condado. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando el acceso a la documentación (con anonimización) y retrotraer el trámite del informe individual.
Se solicitó al Ayuntamiento de Maó-Mahón el expediente de contratación E0053-2022. La administración inadmitió la petición alegando información en elaboración, falta de interés del solicitante, secreto profesional y recurso de tercero. El Consejo estima parcialmente la reclamación, ordenando retroacción para dar audiencia a terceros, pues la información no está en elaboración y el enlace no satisface la solicitud.
Un ciudadano solicitó al Servicio Extremeño de Salud informes de seguimiento de un contrato de mantenimiento. La administración denegó el acceso alegando que era información interna, falta de interés del solicitante y perjuicio a funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, desestimando las causas de inadmisión y los límites, e insta a entregar la información anonimizada.
Un reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud informes de seguimiento de un contrato de mantenimiento. La administración denegó el acceso alegando que la información era interna, que el solicitante no era interesado y que afectaría a funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, rechazando los límites invocados y ordenando la entrega de los informes anonimizados, al considerar que no se justificó el perjuicio ni se valoró el acceso parcial.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía informes del Consorcio de Compensación de Seguros sobre inundaciones en Erandio. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar y, posteriormente, secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información no es auxiliar y que los límites invocados no fueron justificados de forma proporcionada, instando a la entrega del informe.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa copia de un informe independiente del Consorcio de Seguros sobre las inundaciones de Erandio. El Ministerio denegó el acceso alegando que era un informe interno. El reclamante argumentó que se había entregado a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que el informe no es auxiliar y el límite de propiedad intelectual no fue justificado ni proporcional.
Un solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el código fuente y especificaciones técnicas de la aplicación del INSS para la gestión de bajas laborales. La Gerencia de Informática de la Seguridad Social concedió parcialmente la información, denegando el código fuente por propiedad intelectual. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estimó la reclamación, ordenando la entrega del código fuente al no justificarse el perjuicio a la propiedad intelectual y prevalecer el interés público.
La asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio solicitó acceso al expediente del Permiso de Investigación 'Depósito Toral n.º 15.199'. La empresa titular se opuso alegando secreto comercial y propiedad industrial. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación de la empresa y confirma el acceso parcial a los planes de labores e informes medioambientales.
Una solicitante pidió al Ministerio de Cultura la memoria y propuesta técnica de Correos y Telégrafos para las tarjetas del Bono Joven Cultural 2022. El Ministerio no respondió en plazo, alegando complejidad y posibles límites, y posteriormente trasladó la solicitud a Correos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo legal.
Ryanair DAC solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social acceso a las denuncias presentadas por los sindicatos USO y SITCPLA sobre cesión ilegal de trabajadores. El Ministerio denegó la solicitud y los sindicatos alegaron protección de datos, privacidad, libertad sindical y pérdida sobrevenida de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de los datos personales, al considerar que no se vulneran los límites legales ni los derechos fundamentales.
Se solicitó a la Dirección General de Comunicación Social el desglose por medios del gasto de la campaña publicitaria del 28 de febrero (879.100 €). La entidad denegó el detalle alegando secreto comercial de las agencias. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que el interés público prevalece sobre los intereses comerciales.
AIXA CORPORE SL solicitó a la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas la justificación de la oferta anormalmente baja de la empresa adjudicataria. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos personales y exclusión de secretos comerciales.
El interesado solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM copia de todos los informes de la Intervención General sobre contratos menores, licitaciones y subvenciones desde 2019. La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva, requerir reelaboración y afectar al secreto profesional. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
Una persona física solicitó a la Diputació de Barcelona la publicación proactiva de información ambiental e inventarios de patrimonio, así como una copia del Inventari de Vilanova i la Geltrú. La GAIP inadmitió las peticiones de publicidad activa por no ser competencia de la Comisión, pero estimó parcialmente el acceso al inventari, obligando a su entrega previa anonimización de datos personales.
Una persona jurídica solicitó al Departament d’Empresa i Treball documentación detallada de un expediente de inspección de trabajo y datos privados de una empresa. El reclamante alegó ser parte interesada en el procedimiento sancionador derivado. La GAIP desestimó la solicitud por vulnerar intereses económicos y comerciales privados de la empresa.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó a COMUJESA el coste y detalles técnicos de un estudio de movilidad. COMUJESA denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse un perjuicio real y tras la conformidad de la empresa autora del estudio.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible un listado detallado del uso del descuento 'Verano Joven'. La solicitante alegó que la información ya debería estar disponible tras finalizar el programa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información sigue en curso de elaboración debido a que faltan datos de algunos operadores.
El interesado solicitó detalles sobre procesos de selección y retribuciones de la Fundación para la Transformación de La Rioja. La Fundación denegó el número de candidaturas y las retribuciones alegando protección de datos y falta de obligación legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar datos numéricos y condiciones económicas.
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